Los extraordinarios retos y la incertidumbre que generó el COVID-19 implican que los encargados de la toma de decisiones son objeto de una creciente presión para determinar la forma de gestionar los efectos y consecuencias de la pandemia respecto de los plazos y secuencias de los comicios.

Las decisiones que adopten no pueden tomarse a la ligera, dado que podrían comprometer la salud pública y moldear el estado de la democracia de sus países, estados o territorios por muchos años.

La pandemia no tardó en poner a prueba a los sistemas electorales, además de imponer exigencias nuevas y apremiantes a sus mecanismos de gestión. La principal amenaza a la salud pública que surge de los comicios es la exigencia de que los votantes sufraguen en centros de votación de modo presencial, generalmente en un mismo día. La convergencia en dichos centros y la manipulación del material electoral que puede haber sido tocado por otras personas, sumada a la necesidad de confinamiento en espacios muy concurridos mientras se intenta mantener la distancia social puede resultar difícil, e incluso imposible, lo cual se ha tornado súbitamente en un nuevo desafío.

La elaboración de soluciones oportunas, adecuadas y sostenibles basadas en experiencias propias o de terceros permite un potenciamiento gradual de los marcos de la democracia electoral para que logren soportar presiones.