El documento señala que la desinformación —especialmente a través de narrativas infundadas de fraude electoral— constituye un riesgo sistémico que puede erosionar la confianza pública en los resultados y en las instituciones democráticas.

Asimismo, examina el papel de las plataformas digitales y servicios de mensajería en la circulación de contenidos engañosos, en un entorno marcado por la polarización.

También aborda riesgos emergentes asociados al uso de inteligencia artificial, creadores de contenido y dinámicas de violencia digital, junto con recomendaciones de política pública para fortalecer la integridad electoral y la confianza ciudadana.