Desinformación electoral en Colombia

Resumen ejecutivo

El presente policy brief analiza los principales riesgos que la desinformación plantea para la integridad electoral en Colombia, en un contexto marcado por la digitalización, la polarización política y la transformación del ecosistema informativo. Si bien el país cuenta con una institucionalidad electoral robusta y procesos ampliamente reconocidos por su calidad, enfrenta desafíos estructurales como la violencia política, la fragmentación del entorno mediático y la creciente circulación de contenidos engañosos en plataformas digitales.

La desinformación, entendida como la difusión estratégica de información falsa o manipulada, se ha convertido en un riesgo sistémico, especialmente a través de narrativas infundadas de fraude electoral que buscan erosionar la confianza pública. Estas narrativas suelen aprovechar la complejidad inherente de los procesos electorales y amplificarse en entornos digitales caracterizados por cámaras de eco, alta emocionalidad y baja regulación. Las narrativas infundadas de fraude no solo distorsionan la comprensión pública del proceso electoral, sino que, al desplazar los canales institucionales de resolución de controversias, erosionan progresivamente la legitimidad de los resultados y debilitan la confianza en la democracia representativa.

El documento destaca además riesgos emergentes asociados al uso de inteligencia artificial, la participación de creadores de contenido, la proliferación de discursos de odio y la violencia política digital de género, que intensifican la desinformación y afectan la equidad en la competencia electoral. A pesar de ello, la evidencia comparada muestra que estas amenazas se materializan principalmente cuando actores políticos y sociales las instrumentalizan.

Frente a este escenario, el policy brief propone fortalecer la coordinación interinstitucional, la comunicación preventiva y pedagógica, y la corresponsabilidad entre actores públicos, privados y sociales. Asimismo, recomienda consolidar capacidades de monitoreo y auditoría, regulación del entorno digital y marcos legales específicos para el uso de tecnologías como la IA en los procesos electorales, con el objetivo de proteger la integridad de la información y reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales.

I. Diagnóstico del ecosistema informativo electoral en Colombia

Las elecciones son el corazón de la democracia. Reflejan el ideal de soberanía popular otorgando a la ciudadanía la posibilidad de elegir el rumbo que tomará el país a través de la selección de sus representantes y permiten la alternancia pacífica del poder en un marco de participación ciudadana. Pero para que ello sea posible, dependen del cumplimiento de estándares globales que aseguren su credibilidad y legitimidad durante todo el ciclo electoral (IDEA Internacional, 2024a).

El entorno informativo es un factor habilitante para que la formación de preferencias y la interacción entre ciudadanos y candidaturas ocurra en un contexto de igualdad política, con derechos civiles y políticos plenos, que aseguren la libre expresión y el acceso a la información. Un entorno que además esté libre de violencias, distorsiones u otras opacidades, con un sistema de medios que permita la expresión de todas las corrientes políticas, que afectan la integridad electoral (IDEA Internacional, 2025a). La información es un bien público y su buena calidad contribuye a la justa competencia electoral entre representantes y vincula a la ciudadanía con los aspectos más complejos de la gestión electoral (campaña, preconteo, trasmisión, escrutinio, reclamación y proclamación de resultados) dotando de legitimidad social al proceso (IDEA Internacional, 2025c; UN, 2024). Por eso, los ecosistemas de integridad electoral deben adaptarse a los nuevos retos que plantean las tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo con el índice sobre credibilidad de las elecciones dentro del Estado Global de la Democracia producido por IDEA Internacional (2025b), Colombia ha logrado consolidar un núcleo institucional relativamente robusto, aunque no por ello exento de riesgos estructurales. La persistencia de la violencia política y el control territorial de grupos armados u organizaciones criminales, la fragmentación y polarización de la política y las debilidades en materia de fiscalización del financiamiento electoral han sido retos constantes para la integridad electoral en Colombia (IRI, 2026; MOE, 2026). Sin embargo, el país ha logrado llevar a cabo procesos electorales de una calidad reconocida por organismos internacionales (MOE-OEA, 2026; MOE-UE, 2022).

El entramado institucional detrás de esta resiliencia electoral tiene como eje operativo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada del registro de ciudadanía, la organización, logística y gestión del proceso electoral. Mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerce funciones fiscalizadoras sobre la actividad electoral de organizaciones políticas, candidaturas y campañas. A estos actores se suman órganos como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que intervienen desde el control disciplinario, la investigación penal, la prevención de riesgos y la protección de derechos. De igual modo, la Contraloría General de la República ejerce el control preventivo y concomitante para prevenir el uso indebido de los recursos públicos en campañas políticas (Ley 996 de 2005, de Garantías Electorales). El cuadro se completa con el Ministerio del Interior que, a través de múltiples instancias tales como la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, está a cargo de la coordinación interinstitucional para salvaguardar los derechos y deberes de los involucrados en los comicios.

Además de esta base institucional, debemos también considerar la entrada de nuevos actores al ecosistema de la integridad electoral a raíz de la digitalización de Colombia. El último Boletín Trimestral de las TIC del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTic, 2025) registró 49,7 millones de accesos móviles a internet y 95,6 millones de líneas de telefonía móvil. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025) constató, a su vez, que el 79,3% de las personas mayores a 5 años usaron internet desde cualquier lugar y dispositivo; y el 80,2% de ellas declararon usar redes sociales. Tales cifras revelan una masividad que hace imposible pensar la esfera digital como un mundo paralelo, por el contrario, existe un entrelazamiento constante con la realidad del espacio público y, por ello, de los procesos que forman las decisiones electorales.

La información de esta esfera virtual circula a grandes velocidades y de manera descentralizada entre plataformas digitales, servicios de mensajería privada, creadores de contenido, medios de comunicación digitalizados, verificadores de información y observatorios ciudadanos. Una realidad que impacta en las dinámicas de consumo y es que, a diferencia de la imagen de un ciudadano que compra el periódico para informarse, las personas se informan a través de medios digitales desde otras prácticas, mediadas por plataformas diseñadas para captar y detener la atención a través de algoritmos que analizan patrones de comportamiento en línea y priorizan contenidos emocionalmente atractivos y afines a las creencias previas de cada usuario. Ello favorece la aparición de cámaras de eco donde personas con visiones políticas similares pueden coexistir como comunidades digitales cohesionadas. Las personas todavía conviven con otras perspectivas en línea, pero tal exposición suele producirse en discusiones o contextos socialmente polarizados. Las cámaras de eco no son una totalidad hermética, pero Las cámaras de eco afectan la convivencia democrática en la medida que dificultan la deliberación pública en base a argumentos, especialmente en grupos con fuertes niveles de involucramiento político y permite la activación de la polémica por parte de liderazgos y élites políticas (Barberá, 2020; Ross, Robertson, Fletcher & Nielsen, 2022; Dubois & Renna 2023).

La información digital aparece inserta en prácticas cotidianas de navegación en redes, de allí el carácter de su consumo (Boczkowski, Mitchelstein & Matassi, 2018; Gil de Zúñiga, Weeks y Ardèvol-Abreu, 2017). Ello ha dado paso a la competencia por la atención y a la movilización de emociones viscerales como recurso principal. Junto a la irrupción de mediadores, productoras individualizadas y medios nativos digitales con líneas editoriales polarizantes, se ha favorecido un entorno informativo permeado por intereses económicos y políticos, muchas veces, en condiciones de opacidad potenciadas por la concentración de la propiedad mediática y la escasa o nula regulación del funcionamiento de las plataformas digitales¹.

Esto es consistente con los hábitos reportados por Digital News Report en 2025, donde la principal fuente de noticias en Colombia entre los encuestados fue el acceso en línea (76%) seguido de las redes sociales como portal específico (58%). Entre ellas, 47% utilizó Facebook como principal plataforma de consumo informativo, seguido por WhatsApp (35%), YouTube (34%), Instagram (28%), TikTok (27%) y X (13%) (Reuters Institute & University of Oxford, 2026). Y aunque este mayor espacio en las dinámicas de consumo informativo de la ciudadanía ilustra la transformación de los canales tradicionales de la información, no implica un estándar más elevado de credibilidad respecto a los llamados “medios tradicionales”. Encuestas de opinión pública (en línea) como Edelman Trust Barometer (2025) muestran que en Colombia existe un 54% de confianza en los medios tradicionales frente al 39% de las redes sociales, mientras que la última medición de Colombia Opina (Invamer, 2026) no revelan diferencias estadísticas relevantes -52,7% y 52,3% respectivamente-. Emerge de ello un paisaje donde la fragmentación del entorno informativo avanza en conjunto a una mella de la credibilidad de los medios. Esta tendencia a la baja en la confianza, sin ser un desmoronamiento, debilita la capacidad de la prensa para actuar como un contrapeso del poder y su capacidad de ejercer su rol de rendición de cuentas de cara al público.

Diferentes razones pueden estar detrás de este aparente escepticismo a la información del entorno digital, una de ellas es la irrupción de la desinformación como un problema público. No hay una interpretación única sobre este fenómeno, en especial, porque puede presentarse en diferentes modalidades, pero ellas suelen compartir rasgos comunes². Se trata de información falsa, engañosa o manipulada difundida, generalmente de manera estratégica, con la intención de influir en las percepciones públicas de la ciudadanía para causar daño en diferentes niveles, por ello suele tener como blanco de ataques a actores del entorno político e instituciones e involucra una amenaza constante al normal desarrollo de los procesos electorales (IDEA Internacional, 2025d, 2024b).

La desinformación, como práctica, no es una novedad en la política. La institucionalidad electoral de las democracias supo responder en su momento a los retos de una sociedad de masas reforzando sus niveles de transparencia y comunicación (IDEA Internacional, 2025f, 2024c). El riesgo ahora reside en la masividad sin precedentes que ha adquirido con la digitalización, los incentivos e intereses de las empresas tecnológicas, en contextos con baja regulación y poca competencia para controlar el diseño algorítmico en que funcionan redes y plataformas, así cómo los actores del sistema político se han adaptado a ella (IDEA Internacional, 2025e, 2025g). Partidos políticos, agencias estatales, dirigentes y organizaciones de la sociedad civil, y los propios medios, utilizan plataformas digitales para crear y difundir en línea contenidos políticos relacionados con los procesos electorales. La capacidad de crear, distribuir a nuevas velocidades, micro-segmentar y personalizar automatizadamente contenidos, ha cambiado radicalmente. De allí que el Foro Económico Mundial (2026) posicione a la desinformación como el segundo riesgo global a corto plazo, solo detrás de la confrontación geopolítica.

Colombia ha desarrollado un alto nivel de conciencia sobre las implicancias problemáticas de la desinformación en el ámbito público. El 59% de los ciudadanos se mostró preocupado por las falsedades circulando en internet y la mayoría consideró que el mayor peligro a la veracidad del entorno informativo provenía de la mano de políticos y creadores de contenido (Reuters Institute & University of Oxford, 2025). El 78% de los ciudadanos encuestados por la consultora Kaspersky (2025) afirmó haber visto alguna forma de ella, revelando un alto grado de exposición que resulta un potencial riesgo al considerar que un 41% de los encuestados reconoció no saber con certeza cómo identificarla.

Esa vulnerabilidad se materializa a través de múltiples rutas de difusión. Una de ellas es el uso de redes sociales abiertas como Facebook, X, Instagram o TikTok, donde los contenidos se amplifican por su capacidad de generar interacción (MOE, 2019). Pero existen también otros canales, como la circulación en redes de mensajería privada como WhatsApp, con particularidades más desafiantes, pues se trata de entornos de confianza interpersonal donde el escepticismo se reduce y el escrutinio externo resulta imposible (Udupa & Wasserman, 2025). Ninguno de estos espacios permanece aislado, lo que da lugar a una ruta de traducción multiplataforma en la que una narrativa puede originarse en un espacio digital y, amplificada por creadores de contenido o medios digitales, terminar circulando en redes cerradas como información validada (Wilson & Starbird, 2020).

Tales dinámicas de traducción multiplataforma de la desinformación configuran los desafíos de la integridad electoral de Colombia en la era digital, de allí que resulte relevante un análisis sobre los riesgos sistemáticos y emergentes asociados. A continuación destacamos los principales riesgos que evidenciamos para el contexto actual, sin perjuicio que otros riesgos relacionados a la desinformación latentes adquieran mayor intensidad e impacto en la integridad electoral a futuro.

2. Riesgos sistémicos de la desinformación electoral y las narrativas infundadas de fraude

Las narrativas de fraude electoral son uno de los riesgos más sensibles para la integridad electoral y forman parte de una tendencia más amplia de disputa electoral en el mundo, y también en América Latina. Entre 2020 y 2024, IDEA Internacional (2024a) registró que un 19,5% de las elecciones nacionales a nivel global fueron impugnadas en tribunales, mientras que en América Latina casi 1 de cada 3 fue objeto de impugnación legal, boicot o negacionismo de los resultados por parte de alguna candidatura en la competencia. Los sistemas electorales robustos contemplan mecanismos institucionales destinados a garantizar la transparencia y resolución de controversias legítimas, incluyendo auditorías, controles interinstitucionales y ciudadanos, observación electoral y vías administrativas o judiciales de reclamación. El riesgo surge cuando las denuncias abandonan estos canales y son instrumentalizadas en espacios no institucionales como parte de estrategias de desinformación orientadas a erosionar la confianza pública en el proceso y sus resultados.

Las elecciones suelen describirse como el ejercicio logístico y administrativo más grande que un país realiza en tiempos de paz. La logística electoral es compleja por lo que, con independencia de la calidad objetiva de los procesos, siempre existirán zonas grises para el público no especializado que puedan explotarse para sembrar dudas ante la ciudadanía (IDEA Internacional, 2024a). En ese registro, cuando hay mala intencionalidad de los actores cada error administrativo puede ser interpretado como manipulación, cada demora como encubrimiento, cada diferencia entre resultados preliminares y oficiales como alteración deliberada, y cada componente con uso de tecnología como un dispositivo alterado. En esos casos, la denuncia sin fundamentos pasa a ser un repertorio estratégico más de actores desleales con la integridad electoral, y por extensión natural a la propia democracia, instalando un clima favorable para sus agendas particulares (Ríos Tobar y Liendo, 2026).

Durante los últimos 40 años, uno de los avances más sustantivos que ha dejado la transición a la democracia en América Latina, es que los órganos electorales han consolidado conocimiento para organizar elecciones libres y competitivas. Se ha logrado avanzar en dotar de altos niveles de profesionalización y autonomía a las autoridades electorales, aunque en los últimos años actores iliberales han buscado cooptar a los órganos electorales a partir de distintas tácticas, tales como minar su autonomía vía la imposición de restricciones presupuestarias, la politización de las decisiones técnicas, el hostigamiento y judicialización de las altas autoridades, entre otras. En América Latina, las elecciones presentan altos índices de observación a los estándares internacionales de integridad, sin embargo, en los últimos años hemos visto recorrer la región unas narrativas de fraude infundadas, que se suman al repertorio de tácticas desestabilizantes y que desafían la labor de las instituciones electorales.

El fraude electoral no equivale a un proceso libre de fallas administrativas, ni siquiera irregularidades aisladas. Una cosa es un error humano en el conteo o uno procedimental, otra muy diferente es una acción fraudulenta. Para que haya fraude electoral, se requiere como mínimo la concurrencia de los elementos de dolo y sistematicidad a una magnitud tal que pueda comprometer y alterar la voluntad popular (Icaza, 2026). El dolo refiere al conjunto de acciones de carácter deliberado de personas u organizaciones que buscan alterar el resultado de una elección, mientras que la sistematicidad alude a consecuencias de las posibles irregularidades que afectan todo el proceso electoral. La combinación de ambos factores puede dar lugar a un extenso catálogo de malas prácticas electorales. Pueden existir elecciones distorsionadas con errores sistemáticos sin que concurra dolo; o también acciones dolosas, pero no sistemáticas. De la misma manera en que eventos fortuitos e incidencias puedan afectar un proceso sin que haya intención ni carácter sistemático. El fraude es solo uno de muchos escenarios posibles de un proceso electoral con malas prácticas (Encinas, 17 de julio de 2026), y en la mayoría de los países comporta un delito penal que requiere pruebas robustas para semejante acusaciones. Es por ello, que antes de utilizar el término, es necesario ser muy riguroso con el uso de los términos apropiados en materia electoral, por sus consecuencias para con la democracia.

Colombia enfrenta también la amenaza de estas narrativas de fraude. Su vulnerabilidad a que dichas narrativas se expandan no sólo depende de una hipotética crisis de confianza de la administración electoral, sino también de la combinación de riesgos derivados de la polarización política, la conflictividad territorial, la violencia electoral y la circulación de la desinformación derivada de su confluencia.

Pese a los múltiples riesgos que se presentan en Colombia, las mediciones nacionales apuntan a una imagen positiva y ascendente de la Registraduría, desde abril de 2022 al presente, con niveles superiores al 50% en todo el período, y alcanzando su nivel más alto en la última medición con el 69,7% ³ (Colombia Opina, Invamer Abril 2026).

Estas cifras son concordantes con los informes de las Misiones de Observación Electoral realizadas durante los comicios de 2026 (MOE, 2026a; MOE-OEA, 2026) y con la evaluación del panel de opinión de expertos de Cifras y Conceptos (2025), donde la Registraduría alcanza un 64% de confianza, su registro más alto desde el inicio de la serie.

Colombia posee una trayectoria consolidada de competencia multipartidaria y organización electoral periódica, con alternancia política efectiva y reconocimiento institucional de los resultados por parte de gobiernos y oposiciones de distintos signos ideológicos. A lo largo de las últimas décadas, el país ha celebrado elecciones presidenciales tanto con amplios márgenes de victoria como con resultados estrechos -incluso con reversión de resultados del ganador entre primera y segunda vuelta, tal como ocurrió en 1998 y 2014-. Si bien mantiene niveles relativamente más bajos de participación electoral que el promedio para América Latina, manteniendo el desafío de inclusión efectiva, desde el Acuerdo de Paz con la FARC en 2016, las elecciones posteriores han venido mostrando crecientes niveles de participación electoral (del 47.6% en segunda vuelta de 2014 al 58.2% en la misma instancia de 2022). Esta experiencia acumulada ha contribuido a consolidar una administración electoral capaz de procesar escenarios de alta competitividad política dentro de marcos institucionales estables.

De allí que la nueva amenaza para la gestión electoral, más que solo las capacidades técnicas de los órganos o su compromiso democrático, provenga de cómo los actores políticos, mediáticos, sociales puedan instrumentalizar dudas o temores de la ciudadanía para erosionar la confianza en los procesos electorales. Estas estrategias suelen hacer de los cuestionamientos a los árbitros electorales un blanco de ataques predilectos debido a su centralidad en los procesos. Así se ha visto en varios países de América Latina, incluyendo a instituciones que también cuentan con altos niveles de confianza ciudadana como el Servicio Electoral de Chile durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 (SERVEL, 2026).

Las narrativas de fraude también son acumulativas, se nutren de repertorios de falsedades difundidas en el pasado⁴ Así, se encuentra en el plebiscito de 2016 un antecedente relevante, instalándose mensajes de desinformación cuya intención era deslegitimar los procesos apuntando a la complicidad con la violencia política y la interferencia de actores extranjeros (González, 2017). En las elecciones de 2022 la circulación de falsedades se centró en factores como descuadres entre el preconteo y los resultados definitivos, además de cuestionamientos a vulnerabilidades del diseño del formulario E-14 (MOE-UE, 2022). Durante la segunda vuelta presidencial de 2022, se difundió en redes sociales que imperfecciones como puntos o rayas en la tarjeta electoral invalidaría el voto (ColombiaCheck, 2022). Comienzan a asentarse, de aquella forma, relatos que alimentan el pensamiento conspirativo, denunciando impunemente supuestos complots.

La velocidad con que estos mensajes se esparcen resalta la importancia de medidas como la publicación de las actas E-14 a pocas horas del cierre de mesas por parte de la Registraduría y la presencia de observadores electoral y partidos escrutando el proceso en todas sus fases (MOE-UE, 2022). Ahora bien, estos relatos a menudo se difunden justo antes de la jornada electoral o incluso durante la jornada electoral por lo que, sin importar la pronta respuesta de la institucionalidad encargada, son difíciles de corregir en tiempo real. La refutación está en desventaja frente a la desinformación porque es por definición reactiva, más lenta y menos efectiva en llegar a poblaciones insertas en cajas de resonancia ajenas a las institucionales (IDEA Internacional, 2025d). Por ello, las narrativas fraudulentas pueden afectar negativamente las percepciones sobre procesos aún cuando cumplen con los estándares procedimentales adecuados (IDEA Internacional, 2024a).

Por ejemplo, en Perú los anteriores dos procesos electorales presidenciales de 2016 y 2021 fueron resueltos en segunda vuelta por un ajustado margen (menos de 45.000 votos de diferencia o 0.2%), y se propagaron denuncias cruzadas de fraude. En la primera vuelta de 2026, antes de la elección, volvieron a circular estas denuncias infundadas, y luego de la votación, la encuestadora IPSOS en alianza con Perú 21 (2026) consultó con las y los electores, y mientras un 60% manifestó haber votado con normalidad y sin mayores problemas, y un 15% con inconvenientes mínimos; en otra pregunta un 45% manifestó estar convencidos de que hubo un sabotaje o fraude para beneficiar a determinadas candidaturas. El aprendizaje es que una vez instaladas las consecuencias de esas narrativas suelen permanecer latentes en el tiempo, aun cuando la propia experiencia personal revele transparencia y efectividad.

Debido a la complejidad del ciclo electoral y las cadenas de responsabilidades cruzadas entre actores, la sombra de la duda puede afectar de mayor manera los aspectos más técnicos de una elección, como la logística de registro, conteo y calificación. Una clase de relato también presente en varias elecciones regionales como las acusaciones de manipulación del Programa de Resultados Electoral Preliminares en México durante 2024 a raíz de un error de digitación en una casilla (Reuters, 2024) o las acusaciones de fraude en Argentina mediante videos descontextualizados sobre boletas y material electoral en 2023 (EFE Verifica, 2023).

Si las denuncias infundadas de fraude electoral ya ocurren con mecanismos convencionales de votación como urnas y boletas, la incorporación de cambios procedimentales, incluyendo nuevas tecnologías en distintas etapas del ciclo electoral ha abierto nuevos flancos de ataque. Mientras en el pasado se ha buscado deslegitimar el uso de biometría, u otras herramientas tecnológicas introducidas, en el actual proceso electoral de Colombia algunos sectores han planteado controversias sobre al software de preconteo, escrutinio y consolidación de resultados, al acceso al código fuente, la participación de proveedores privados, y a la plataforma de acreditación de testigos⁵. Estas declaraciones constantes en redes sociales sobre su opacidad y posible instrumentalización vienen siendo amplificadas por actores relevantes del sistema político, poniendo en peligro la confianza de la ciudadanía en la legitimidad del proceso, aun cuando han habido un número récord de observadores internacionales y esas misiones reafirmaron la integridad electoral y la oportuna acción de la Registraduría en la auditoría pública de las herramientas utilizadas (MOE-OEA, 2026; MOE-UE, 2026). De allí la importancia de complementar la innovación técnica con la capilaridad de la comunicación pública.

La integridad del proceso electoral colombiano no depende de una única plataforma tecnológica ni de un sistema centralizado de transmisión de resultados. Por el contrario, las elecciones en Colombia constituyen un proceso eminentemente ciudadano, caracterizado por una amplia participación y múltiples capas de control y verificación.

El actual proceso electoral involucra a más de 850.000 jurados de votación, quienes realizan el escrutinio inicial en cada mesa en presencia de testigos electorales de los partidos y movimientos políticos —que el CNE reportó que en las elecciones legislativas del 8 de marzo superaron el millón—, así como de observadores electorales nacionales e internacionales (más de 400 internacionales y de 2.000 nacionales). A ello se suma la vigilancia ejercida por los órganos de control del Estado.

La trazabilidad del voto, desde su emisión en la mesa hasta la declaratoria oficial de resultados por parte de las comisiones escrutadoras, se encuentra respaldada por un sistema de control múltiple basado en la publicidad y disponibilidad de miles de actas electorales. Estas actas son accesibles a todos los actores del proceso, lo que permite una verificación cruzada independiente y refuerza la transparencia y la confianza en los resultados.

Precisamente, la comunicación institucional y la regulación del entorno informativo en un período de alta fragmentación del entorno mediático ha dado forma a la difusión de encuestas falsas como técnica de desinformación. Bajo la apariencia de insumos técnicos y objetivos, ellas tienen como propósito instalar narrativas que moldeen percepciones ciudadanas en base a realidades inexistentes. En Colombia, verificadores como ColombiaCheck (2026a, 2025) y RedCheq (2023) han documentado esta práctica en distintos ciclos electorales, desde montajes atribuidos a medios reconocidos y firmas encuestadoras hasta supuestas mediciones filtradas o sondeos digitales presentados como verídicos. Esta clase de relatos ha comenzado a extenderse en América Latina, como pudo verse también en Bolivia durante las elecciones de 2025, donde el periodismo de investigación desmintió 44 encuestas falsas (Bolivia Verifica, 2025)⁶.

En última instancia, las consecuencias de la desinformación pueden ir mucho más allá de la pérdida de confianza en la institucionalidad o el incremento de la abstinencia electoral. Su difusión en contextos de polarización puede detonar graves niveles de violencia política; pues al utilizarse la narrativa de fraude electoral como explicación preventiva de la derrota de una opción política, todo resultado será interpretado como un robo, dificultando mucho la aceptación de cualquier explicación alternativa (Mongrain, 2023). Una realidad extendida en la región que alcanzó un punto dramático durante 2022 en Brasil, cuando los reiterados ataques contra el Tribunal Superior Electoral derivaron en movilizaciones antidemocráticas de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro contra las sedes del Congreso, el Poder Ejecutivo y el Supremo Tribunal Electoral (CIDH, 2023)⁷.

En países como Colombia donde se combinan altos niveles de riesgo de coerción y de manipulación informativa, estas acusaciones infundadas pueden combinarse con desenlaces graves. Así, desafortunadamente tuvieron consecuencias letales en el ataque a la Registraduría municipal de Gamarra un día antes de las elecciones regionales de 2023, cuando una turba incendió la sede ocasionando la muerte de una funcionaria y graves heridas para otros trabajadores del estado. Este trágico caso no fue una excepción a la regla en aquel ciclo electoral, pues se registraron 98 eventos de disturbios y protestas relacionados con las elecciones en 86 municipios, 29% asociado a denuncias de posibles irregularidades de fraude electoral (Defensoría del Pueblo, 2023). En consecuencia, ante contextos hiperpolarizados, con riesgos de violencia extrema y desinformación, la responsabilidad de los actores políticos en la competencia para moderar el mensaje adquiere aún más relevancia.

3. Riesgos emergentes

Las narrativas de fraude se articulan con otros fenómenos del entorno informativo que amplifican su alcance y profundizan sus daños. En este conjunto de riesgos emergentes encontramos a la Inteligencia Artificial generativa (IA), el uso encubierto de creadores de contenido, la proliferación de discursos de odio y la emergencia de la violencia política digital de género (VPDG) como fenómenos que explotan las mismas condiciones de desconfianza, polarización y opacidad que hacen posible la desinformación electoral, instalando un clima de hostilidad que puede comprometer la integridad de las elecciones (IDEA Internacional, 2025c, 2025d).

Inteligencia Artificial

El despliegue de la IA ha transformado de manera radical el espacio digital. Se estima que 1 de cada 6 personas interactúa con plataformas de IA, una tendencia en crecimiento que no da indicios de detención (Michelotti, 2026). Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, lo que ha generado nuevas oportunidades para fortalecer la gestión electoral. Su adopción ha permitido a algunos órganos de gestión electoral innovar en materias tan diversas como la automatización de servicios de atención ciudadana o la detección temprana de contenidos engañosos, así como también el análisis de grandes volúmenes de datos para la depuración de padrones o la geolocalización de recintos de votación. La innovación puede robustecer la integridad electoral, de modo tal que no debe temerse a la adopción de nuevas herramientas. Sin embargo, tal incorporación debe realizarse de manera planificada y con atención a los riesgos potenciales de la IA, pues su uso por parte de instituciones estatales o actores informales implica una transformación significativa del entorno informativo y del manejo de datos personales de las/los ciudadanos (IDEA Internacional, 2025c, 2025d).

La IA no siempre repercute de manera directa en las percepciones subjetivas sobre la calidad de las elecciones, ni conduce a las personas a un cambio radical de opinión. La evidencia del súper-ciclo electoral de 2024 sugiere que el impacto de los usos maliciosos de tales tecnologías para alterar los resultados electorales ha sido menor a lo esperado (IDEA Internacional, 2025f. 2025i). Esto es una llamado a considerar que la inundación de contenidos o narrativas falsas, por si sola, no es la única, o principal amenaza a la democracia. Cierto es que la IA reduce los costos de las operaciones de desinformación y amplifica su escala; también permite adaptar mensajes y estrategias de comunicación política a públicos específicos, segmentados de acuerdo a su uso algorítmico, así como dificultar la detección de su autenticidad –incluso para usuarios habituados a internet–, lo que puede ser especialmente dañino en contextos donde ya existe baja confianza institucional y polarización política. Pero tales riesgos se materializan en impactos nocivos sobre los procesos cuando la ‘oferta’ desinformativa encuentra una ‘demanda’ política y social, cuando los actores locales la instrumentalizan con el propósito de confirmar sesgos, sospechas institucionales o movilizar identidades partidarias intensas (IDEA Internacional, 2025i). De ahí, que el problema central para la integridad electoral no sea la existencia o uso de tecnologías per se, sino el rol de los agentes políticos en su utilización.

Esto pudo verse en el uso de la IA para potenciar las narrativas de fraude ya instaladas en el debate público en Colombia. Ello se manifestó de diversas formas como audios falsos atribuidos a autoridades electorales o videos manipulados que asignaban declaraciones inexistentes a candidaturas e imágenes sintéticas presentadas como encuestas (Factual, 2026a, 2026b). El punto central es la inserción de estos contenidos en marcos comunicativos más amplios de sospecha sobre la transparencia e integridad de los procesos. Los contenidos generados o alterados mediante IA no necesitan ser verosímiles para producir daño democrático, basta con que refuercen percepciones ya latentes en la ciudadanía. A ello se suma un efecto adicional, pues al existir una mayor conciencia ciudadana sobre cómo las nuevas tecnologías pueden utilizarse para producir contenido falso que se hace verdadero, también aumenta la probabilidad de que contenido institucional verdadero sea acusado de ser artificial (Goldstein & Lohn, 2024).

El caso de “Gaitana IA” en las elecciones legislativas de 2026 en Colombia muestra cómo la convergencia entre digitalización de la política y uso de la IA puede producir situaciones que podrían comprometer la integridad de una elección que no están contempladas en los marcos vigentes del derecho electoral. En primera instancia, Gaitana IA se presentó como una candidata generada por IA al Senado de Colombia, pero esta descripción es inexacta. La IA no se constituyó como sujeto jurídicamente elegible, ni figuró como candidata en el tarjetón electoral. Más bien, se utilizó la IA para generar un avatar femenino indígena como principal interfaz comunicacional durante el proceso electoral de una candidatura formalmente inscrita por candidaturas humanas. Sin perjuicio de ello, esta experiencia podría ser un punto de partida para la proliferación de candidaturas que empleen técnicas similares, por ende, resulta necesario analizar los posibles riesgos asociados.

En el claroscuro regulatorio donde estos fenómenos toman lugar, el uso de avatares generados por IA podría afectar el acceso a información suficiente al elector y permitir formas más sofisticadas de instrumentalización simbólica y apropiación estratégica de identidades feminizadas o racializadas. Nada impide, por ejemplo, que exista una falta de correspondencia entre el avatar proyectado y las personas que efectivamente diseñan, financian o controlan la campaña, permitiendo que actores políticos utilicen imágenes femeninas, indígenas u otras identidades históricamente excluidas para capitalizar atributos asociados a ellas sin pertenecer realmente a dichos grupos. Además, estas imágenes sintéticas pueden buscar radicalizar a partir de mensajes de odio, reforzar estereotipos o simplificar identidades complejas mediante lógicas de personalización emocional diseñadas para la propaganda electoral. Desde el punto de vista de la competencia electoral, la modalidad también puede generar ventajas comunicacionales difíciles de fiscalizar. Una figura sintética puede producir contenidos permanentes, responder automáticamente a votantes, recolectar datos, adaptar mensajes, ensayar formas de micro-segmentación y beneficiarse de cobertura mediática no regulada debido a su carácter novedoso.

Un ejemplo reciente de desinformación electoral en Colombia ilustra el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para socavar la confianza en las autoridades electorales. En marzo de 2026 circuló masivamente en redes sociales un audio falso atribuido al Registrador Nacional, en el que supuestamente se discutía un plan de manipulación de resultados electorales. Sin embargo, verificaciones independientes demostraron que la grabación presentaba características propias de contenido sintético —como entonación y pausas poco naturales— y que herramientas especializadas arrojaban una alta probabilidad de haber sido generada mediante clonación de voz con IA (ColombiaCheck, 2026b). Asimismo, no existía evidencia de su autenticidad en fuentes informativas confiables, a pesar de la gravedad de las acusaciones. Este caso, desmentido por los actores, evidencia cómo la desinformación incorpora tecnologías emergentes para dotarlas de mayor verosimilitud, amplificando su alcance y potencial impacto sobre la confianza ciudadana en la integridad del proceso electoral.

Creadores de contenido

La sofisticación de la desinformación va más allá de la adopción de tecnologías como la IA. Involucra complejos circuitos de mercado con una diversidad considerable de actores⁸. En estas economías informales, los creadores de contenido se han posicionado como enlaces vitales debido a su capacidad de llegar a audiencias específicas y traducir los conflictos políticos a un lenguaje emocional efectivo para la viralidad. Ahora bien, fuera de estas cadenas informativas maliciosas, la evidencia apunta a un problema de fondo en la comunicación política de estos actores. En una encuesta a influenciadores de 45 países, UNESCO (2024) reportó que 62% tiene dificultades para evaluar la credibilidad de la información que transmite y el 42% utiliza el grado de difusión de una publicación (me gusta y compartidos) como principal indicador.

La participación política de los creadores de contenido no es problemática en sí misma, pero su creciente importancia comunicativa hace necesaria una revisión de la opacidad en su rubro, puesto que su opinión puede mezclarse fácilmente con publicidad electoral, financiamiento y desinformación sin que existan mecanismos claros de rendición de cuentas.

En Colombia, este fenómeno adquirió una dimensión inédita en el ciclo de 2026, cuando la candidatura de 25 influentes como candidatos al Congreso evidenció al menos 18 candidatos con antecedentes documentados de desinformación en sus redes, una tendencia que abarcó todo el espectro político en 11 listas, con casos que incluyeron el uso de videos sintéticos, información económica falsa, frases apócrifas y montajes que imitaban portadas de medios reconocidos (ColombiaCheck, 2026c). Estas formas indirectas de financiación de campañas políticas suponen una ventaja adicional para aquellas candidaturas con cuantiosos recursos, y que escapan a la rendición de cuentas de las candidaturas respecto a sus gastos de campaña, así como que es presentado como contenido auténtico y original, cuando es publicidad política.

Discursos de odio

La desinformación y los discursos de odio también suelen ser fenómenos vinculados en un círculo de retroalimentación negativa. La primera tiende a ser más efectiva al anclarse en prejuicios arraigados en las sociedades, mientras los segundos se nutren de la contaminación y manipulación informativa para sus ataques. De esta manera, la fragmentación y polarización de los entornos digitales ha facilitado la propagación de discursos de odio dirigidos contra grupos históricamente discriminados como mujeres, población LGTQIA+, comunidades indígenas, personas migrantes, minorías religiosas o personas con discapacidad, desincentivando su presencia en la vida pública al reforzar estereotipos dañinos (IDEA Internacional, 2023). La masificación de la IA ha supuesto un desafío adicional a este problema, pues la evidencia del súper-ciclo electoral de 2024 sugiere que, incluso más que para producir desinformación con fines electorales clásicos, tales tecnologías se emplean principalmente para generar contenido humillante contra candidaturas de poblaciones vulnerables (IDEA Internacional, 2025f).

Colombia ha visto la difusión de estos discursos de odio durante el último proceso. Un análisis de MOE (2025) ya había identificado en 2025 la circulación en redes sociales de expresiones peyorativas o discriminatorias basadas en el género, la orientación sexual, la identidad de género y la pertenencia étnico-racial dirigidas contra candidaturas y servidoras públicas, alertando graves riesgos para la participación democrática. Ello anticipó el escenario del ciclo electoral de 2026, donde la Defensoría del Pueblo (2026) evidenció amenazas de muerte, estigmatización y difamación que reproducen desigualdades estructurales con alta recurrencia de violencia contra mujeres en política, ataques por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones racistas contra candidaturas afrodescendientes e indígenas, además de señalamientos que asocian candidaturas con la criminalidad.

La polarización afectiva, en la que el adversario político es percibido como un enemigo ilegítimo, constituye un terreno fértil para la radicalización. Este proceso implica el cierre cognitivo frente al debate pluralista y la adopción de creencias rígidas que rechazan la coexistencia democrática (Pino-Uribe y Cely, 2023). Como señala la literatura comparada, la radicalización no es un estado fijo sino un recorrido dinámico, donde las percepciones de amenaza y exclusión intensifican la disposición a aceptar narrativas antiderechos. En este sentido, la polarización afectiva transforma la diferencia política en antagonismo moral, lo que facilita que individuos y grupos se desplacen hacia posiciones cada vez más cerradas y excluyentes.

Una vez consolidada la radicalización, el paso hacia el extremismo se da cuando esas creencias cerradas legitiman el uso de la violencia como instrumento político. El extremismo supone justificar el daño al adversario —sea mediante ataques, amenazas o hostigamiento— como un deber ideológico o como respuesta a agravios percibidos. Este tránsito, documentado en la tipología de “radicalizados extremistas” y “extremistas anómicos”, muestra cómo la validación de la violencia emerge tanto de convicciones doctrinarias como de frustraciones sociales (Caicedo, Granda & Pino-Uribe, En prensa). En el contexto electoral, la combinación de desinformación y polarización afectiva puede catalizar este proceso, transformando la competencia democrática en un escenario de violencia política contra candidatos, instituciones y ciudadanos.

Violencia política digital de género

La violencia política digital de género constituye una forma específica de exclusión democrática que, aunque involucra desinformación y discursos de odio, no se reduce a ellos. Las barreras que las mujeres encuentran en la política se extienden al campo digital actuando como mecanismos de exclusión cuyo fin último es disciplinar la presencia de mujeres y personas LGBTQIA+ en la esfera pública mediante un amplio catálogo de tácticas -como manipulación de información, desprestigio basado en capacidades o intelecto, ciberacoso, silenciamiento, amenazas en línea, expresiones discriminatorias, ataques a la apariencia física y sexualización (IDEA Internacional, 2024e).

La violencia política de género en la esfera virtual es una manifestación de cómo la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías pueden contribuir a nuevas formas de discriminación y hostigamiento. Las tecnologías digitales utilizadas para la producción de narrativas falsas también demuestran una asimetría marcada en el blanco de sus ataques con claros sesgos de género, siendo las mujeres sus principales víctimas. A nivel global, el 98% de los deepfakes identificados tiene contenido sexual y el 99% de las víctimas son mujeres (Galdon-Clavell, 2025).A menudo, estas agresiones operan en secuencias, pueden comenzar con la exposición de datos personales, continuar con la manipulación de información aparentemente verídica y culminar en campañas de desprestigio y agresiones discriminatorias o alcanzar el plano físico, consolidándose en ataques directos contra la integridad de las mujeres (IDEA Internacional, 2024e, 2023). Su carácter público implica que su objetivo es más amplio que las candidaturas políticas. Los ataques también afectan a simpatizantes, periodistas, funcionarias y observadoras electorales. Ninguno de ellos tiene como objetivo un cuestionamiento político o a las ideas de las víctimas, por el contrario, buscan el amedrentamiento o la humillación. Por ello se trata de un riesgo de integridad holístico, que afecta la propia capacidad de la democracia de garantizar una ciudadanía libre e igualdad de derechos entre las personas (IDEA Internacional, 2025h).

La evidencia comparada reciente permite dimensionar la magnitud regional de la violencia política digital de género. IDEA Internacional (2024e) había dado cuenta de su magnitud en la recopilación de distintos estudios nacionales en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México mostrando los rasgos comunes de sus distintas manifestaciones, cada vez más frecuentes y con especial virulencia en procesos electorales. PNUD (2026), por su parte, monitoreó 351 cuentas en X en Bolivia, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay mostrando que uno de cada cinco mensajes contenía algún tipo de violencia digital. Los datos sugieren que la violencia digital contra las mujeres no constituye un fenómeno marginal ni episódico, sino una práctica extendida que opera con distinta intensidad según el contexto nacional. Así, casi 4 de cada 10 interaciones dirigidas a mujeres en el área política en redes sociales son violentas. (De los Santos, Martin, Urriola y Voria, 2025).

En Colombia, la magnitud del problema se ha documentado recientemente. ONU Mujeres, la Registraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Embajada de Suecia (2025) constataron en el estudio 3.000 voces por la democracia⁹ que el 78,8% de las candidatas sufrió algún tipo de violencia durante los comicios, incluyendo violencia psicológica (72,4%), económica (40,6%) y sexual (25,4%). El 41,2% reportó haber sufrido violencia en redes sociales u otros medios digitales. El 46,1% de las participantes afirmó que no volvería a postularse, reflejando que la VPDG produce un efecto de expulsión anticipada del espacio democrático a nivel de grupo, más allá de las decisiones personales (IDEA Internacional, 2024e). El mismo estudio también reforzó la evidencia de que la vulnerabilidad es interseccional, las candidatas más afectadas pertenecían a poblaciones negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, mujeres con discapacidad, lesbianas, mujeres adultas y mayores, demostrando la prevalencia de estigmas sociales de largo plazo en el país (ONU Mujeres et al., 2025).

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo realizó un monitoreo de violencia digital entre el 20 de febrero y el 8 de marzo de 2026, a partir del análisis de 643 publicaciones en X dirigidas a 13 mujeres candidatas al Congreso y a consultas presidenciales, en el que identificó la predominancia de insultos, descalificaciones y contenidos misóginos orientados a afectar su legitimidad y participación política (MOE, 2026b).

Los informes de organismos de observación electoral durante el ciclo de 2026 mostraron un incremento de expresiones de violencia simbólica contra mujeres en política, especialmente en redes sociales, mediante ataques a su vida personal, apariencia física y legitimidad para participar (MOE-OEA, 2026). A ello se suma que la identificación de tres casos de uso de redes sociales para amenazar a un candidato y acosar a dos candidatas mediante retórica sexista, una realidad que contrasta con la ausencia de denuncias ante el CNE sobre esos casos (MOE UE, 2026). La brecha también se observa en las diferencias de los registros institucionales. Así, distintas entidades reportaron cifras separadas -25 casos en la Plataforma de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), 34 en el Ministerio de Igualdad y Equidad, 25 en la Defensoría del Pueblo y 14 en la Procuraduría- pero sin que exista todavía una cifra consolidada MOE, 2026b).

Tal indicio de una brecha entre agresión y registro institucional revela debilidades estructurales en la capacidad de respuesta, pero también la posibilidad de una normalización de la violencia donde esta se asume como un costo más del involucramiento de la mujer en la política¹⁰.

4. Recomendaciones de política pública

La integridad electoral hoy no depende solo de las reglas o de la capacidad técnica de las instituciones electorales: depende también de la fortaleza del ecosistema democrático y de los valores y voluntad de sus actores para protegerlo, incluyendo a partidos políticos, medios de comunicación, instituciones públicas, sociedad civil y plataformas y empresas tecnológicas, entre otros actores. Frente a los riesgos descritos, la evidencia comparada muestra que una gobernanza electoral efectiva combina tres prácticas que marcan la diferencia: coordinación interinstitucional efectiva; comunicación preventiva y pedagógica; y corresponsabilidad multiactor.

Los procesos electorales más robustos han implementado tecnologías de manera escalonada, sustentados en evaluaciones rigurosas, protocolos de validación intensiva, mecanismos de trazabilidad integral y arquitecturas de respaldo redundante que aseguran continuidad operativa y confiabilidad del sistema. De igual manera, estos se combinan con participación activa de la ciudadanía y los partidos en todo el proceso electoral, así como observación y auditorías internacionales y desde la sociedad civil y medios.

Colombia no parte de cero, cuenta con órganos electorales e instituciones de control del estado comprometidas con la integridad, y con una sociedad civil y medios de comunicación profesionales, activos y diversos. Actualmente, se observa que se ha comenzado a construir una respuesta institucional para el resguardo de la integridad del entorno informativo en elecciones. Desde el refuerzo de la transparencia de las tecnologías utilizadas en el proceso mediante auditorías internacionales lideradas por CAPEL y exposición del código fuente del software electoral, por parte de la Registraduría hasta el establecimiento de alianzas multisectoriales entre órganos electorales y otros actores del ecosistema que han dado origen a insumos como la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales y alianzas con verificadores como ColombiaCheck para el monitoreo de contenidos; o también los avances del CNE en la modernización de la trazabilidad de actores electorales mediante la plataforma Comitium y el desarrollo de canales de denuncia y mecanismos de coordinación interinstitucional con la Registraduría, la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Interior.

Contándose también el liderazgo del CNE en materia de VPDG con la implementación de la Ley 2453. Por un lado, en la Resolución 10946 de 2025 que establece un procedimiento sancionatorio con tiempos definidos, rutas de atención centradas en las víctimas y medidas cautelares en cualquier momento del proceso y garantías específicas contra la revictimización. Por otro, en la firma del Acuerdo de Intención por la No Violencia Política contra las Mujeres como alianza interinstitucional, y un proceso de socialización pedagógica con organizaciones y partidos para actualizar sus normativas internas; y la elaboración del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en la Política en Colombia (MOE, 2023).

Para continuar en la senda marcada por estos avances, se debe reforzar la capacidad efectiva de las instituciones del estado de traducir estos marcos regulatorios en prácticas asumidas por todos los actores, incluyendo fortalecer la prevención, monitoreo y sanciones efectivas contra la violencia política en contra de las mujeres, incluyendo todas las manifestaciones en la esfera virtual.

De la misma forma, es importante avanzar en consolidar un núcleo permanente de protección a la integridad de la información. Para ello, las recomendaciones que siguen se organizan en tres horizontes temporales en lo inmediato, y a largo plazo.

4.1. Recomendaciones para un horizonte inmediato

• Promover la responsabilidad democrática en la difusión de información: Este es un desafío permanente para la democracia colombiana. Los liderazgos políticos, candidaturas y actores del ecosistema de integridad electoral poseen una responsabilidad democrática ineludible respecto de la información que difunden. La información en Colombia constituye un bien público reconocido a nivel constitucional. La ciudadanía tiene derecho a su acceso y el Estado debe garantizar las condiciones del entorno informativo para que ella no sea deliberadamente engañada, manipulada o desinformada por quienes aspiran a representarla. Ello supone asumir una ética de la responsabilidad frente a las nuevas formas de comunicación pública, especialmente en entornos digitales caracterizados por alta polarización, velocidad y amplificación algorítmica. Desde esta perspectiva, no existe una contradicción entre la protección de la libertad de expresión de las autoridades y el deber de preservar un entorno informativo sano.
• Elaboración de un programa permanente de integridad informativa: Se recomienda la institucionalización de un programa para hacer frente a la desinformación en los procesos electorales que construya capacidades permanentes, con el fin de robustecer y complementar las acciones coyunturales durante las campañas y votaciones. Este programa debe combinar una dimensión preventiva orientada a la anticipación de riesgos, el mapeo de población susceptible a caer en la manipulación de la información y la identificación de las narrativas recurrentes; una dimensión reactiva basada en protocolos de respuesta rápida; y una dimensión constructiva centrada en la reconstrucción de la confianza ciudadana.
• Fortalecer las capacidades ciudadanas para la integridad informativa electoral: Se recomienda desarrollar una estrategia sostenida de comunicación institucional y educación cívica sobre el funcionamiento del proceso electoral con medidas orientadas a fortalecer las capacidades ciudadanas frente a la desinformación. Ello requiere fortalecer estrategias de reciente creación como la campaña informativa “Camino de la confianza” que explican de manera clara y accesible las distintas etapas del proceso -incluyendo inscripción de cédulas, preconteo, escrutinio, divulgación de resultados, formularios electorales, transmisión y consolidación oficial de datos-. Estos aspectos del ciclo electoral deben ser explicados junto a su valor y mecanismos de control, mediante materiales adaptados a distintos públicos y formatos. Asimismo, se recomienda profundizar las capacitaciones dirigidas a jurados y fiscales partidarios, junto con impulsar una agenda permanente de formación ciudadana desarrollada en colaboración con la Registraduría, el Ministerio de Educación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios y plataformas digitales.
• Potenciar capacidades institucionales para el monitoreo de la conversación pública y el uso de la IA en la gestión electoral y evaluar la creación de unidades especiales permanentes: El monitoreo de la conversación digital permite la detección temprana de riesgos y respuestas eficaces a la manipulación informativa. La Registraduría y el CNE han creado estrategias de integridad de la información y cuentan con personal encargado de la supervisión de redes y la identificación de narrativas de fraude, pero organismos como la MOE han advertido la necesidad de robustecer aspectos como sus recursos humanos, capacidades técnicas y herramientas de monitoreo, incluyendo tecnologías para la detección de campañas coordinadas incipientes. En esa línea, existen diversos caminos que los organismos electorales pueden tomar. Desde la cooperación con plataformas verificadores de información y creadores de contenido capacitados para informar sobre el proceso electoral hasta la adopción de la IA en materias como identificación de narrativas, atención ciudadana mediante chatbots, apoyo logístico, análisis de incidentes o consulta documental interna. No obstante, su incorporación debe seguir principios de necesidad, proporcionalidad, supervisión humana, transparencia, auditabilidad, protección de datos y enfoque de derechos humanos, mediante evaluaciones previas de riesgo, pruebas piloto y auditorías de seguridad que eviten comprometer derechos ciudadanos o la confianza pública.
• Consolidar un ecosistema colaborativo de verificación pública de datos electorales: Dados los avances significativos en materia de publicación de información electoral, los nuevos retos consisten en fortalecer su inteligibilidad pública. Por ello se propone transitar de un modelo de transparencia centrado en la publicación de documentos a la creación de un ecosistema de verificación integral, donde la ciudadanía pueda acceder a los conjuntos de datos, diccionarios de variables, identificadores únicos por mesa, mecanismos de descarga masiva, trazabilidad entre actas, preconteo y escrutinio, y reportes técnicos que expliquen las diferencias entre fases. La finalidad de esta medida es reducir las zonas de ambigüedad interpretativa que suelen ser explotadas por narrativas de fraude al brindar un portal que permita la consulta coordinada y la interoperabilidad de las plataformas disponibles.
• Dar continuidad a la iniciativa de desescalamiento del lenguaje político impulsada por la Defensoría del Pueblo: Se recomienda fortalecer el Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz y la campaña #MenosGritosMásRespeto como estrategias permanentes de prevención de violencia política. Estas medidas contribuyen a promover el rechazo expreso de discursos de odio y a prevenir el riesgo de su deriva hacia formas más graves de violencia política, por lo que resulta valiosa su trascendencia más allá de los ciclos electorales, como espacios permanentes de colaboración entre actores democráticos.
• Renovar la Encuesta de Cultura Política para medir percepciones públicas de integridad: La encuesta realizada por DANE ha sido, en el pasado, una valiosa fuente oficial para medir la opinión pública sobre la democracia. Al contar el Estado con la experiencia en su diseño logístico e implementación, se recomienda dar continuidad a su aplicación y reforzar los elementos asociados a la percepción de los procesos electorales. Para ello, se propone conformar una mesa técnica de expertos, coordinada por el DANE con participación de la Registraduría, el CNE, organizaciones de observación electoral, universidades, verificadores de hechos, especialistas en opinión pública y actores con experiencia en alfabetización mediática, con el propósito de acordar un conjunto breve de 10 a 12 preguntas estables sobre confianza institucional, calidad del entorno informativo, exposición a la desinformación, entre otras. El objetivo de este conjunto de preguntas es profundizar en las respuestas de la ciudadanía para tener un diagnóstico más detallado sobre el conocimiento técnica y legitimidad social de las instituciones electorales.

4.2. Recomendaciones para un horizonte de largo plazo

• Regular los usos de la IA durante los procesos electorales: Colombia cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial, formalizada mediante el CONPES 4144 de 2025, y con un proyecto de ley en trámite orientado a la regulación general de la IA en base a categorías de riesgo. No obstante, todavía no cuenta con una normativa legal específica para el uso de estas tecnologías en campañas electorales, propaganda, publicidad política digital, comunicación automatizada, contenidos sintéticos de índole política, entre otros usos potenciales de estas herramientas durante el ciclo electoral. Por ello, se recomienda impulsar un marco regulatorio electoral específico sobre IA en procesos electorales, tomando en consideración aspectos de alto riesgo que podrían afectar la confianza pública, la autenticidad de la información electoral, la libertad del voto y la igualdad de conficiones en la competencia.

La vertiginosa velocidad de cambio de las nuevas tecnologías y el uso de ellas por parte de actores públicos y privados debe considerarse a la hora de legislar. Más que un foco en las malas prácticas actuales, el detalle del uso de estas tecnologías es importante construir estructuras de gobernanza digital con actores públicos empoderados para poder evaluar tendencias, identificar malas prácticas y vulneraciones, y con la competencia y poder para aplicar sanciones. Estas atribuciones deben estar complementadas con un debido proceso y órganos jurisdiccionales de última instancia en materia de sanciones que afectan procesos electorales y la democracia.

• Reactivar las mesas técnicas entre organismos de gestión electoral y organizaciones de la sociedad civil: Se recomienda la institucionalización de mesas técnicas permanentes entre los organismos de gestión electoral y la sociedad civil organizada y la academia con el propósito de establecer un espacio multilateral -con continuidad más allá de los ciclos electorales- para abordar sistemáticamente los principales desafíos de la integridad electoral. La organización temática de estas mesas en subgrupos permitirá el abordaje de aspectos como el uso de tecnología para gestión y auditoria, la mejora continua de la regulación, el abordaje de la desinformación y la contención de la VPDG, incorporando perspectivas multiactoriales de autoridades, partidos políticos, organizaciones de observación electoral, universidades, medios de comunicación, verificadores de hechos y expertos técnicos independientes. La finalidad de este espacio sería operativa, buscando producir recomendaciones técnicas concretas y acuerdos que permitan actuar con rapidez y legitimidad ante crisis de confianza en el proceso electoral.
• Sostener alianzas con verificadores de información y creadores de contenido: La diversificación de actores del ecosistema de integridad electoral a raíz de la digitalización es una invitación a ampliar las redes de colaboración de los organismos de gestión electoral. De allí que el desarrollo de un programa estable de alianzas con organizaciones especializadas en verificación de hechos y creadores de contenido, además de otros actores como medios de comunicación, universidades o grupos de investigación digital, tenga potencial para construir una red con capacidad nacional de monitoreo continuo del ecosistema informativo.
• Fortalecer el marco normativo para prevenir, monitorear, sancionar y erradicar la violencia política digital de género: Resulta necesaria la elaboración de un marco institucional específico para la prevención y respuesta de la VPDG que contemple, al menos, dimensiones como el monitoreo de los ataques basados en género y produzca datos públicos que permitan recopilar evidencia sistemática para la elaboración de políticas públicas, simplifique las rutas de denuncias permitiendo que el peso de la culpa y las sanciones recaiga en quienes ejercen violencia y no en las víctimas, que asegure accesibilidad y asesoría y acompañamiento a potenciales afectadas, junto con garantizar la protección de las denunciantes. Se requiere una política integral, con un foco en la erradicación, un trabajo sostenido de difusión y capacitación a funcionarios de órganos electorales, medios de comunicación entre otros actores involucrados. Finalmente, el marco regulatorio debe aplicar sanciones ejemplificadoras que inhiban de manera efectiva la utilización de violencia de género como estrategia electoral. Ejemplos de políticas integrales como las impulsadas en México pueden servir como guía en esta materia.
• Reforzar la prevención de la violencia política digital de género en los partidos políticos: Se recomienda desarrollar una estrategia de prevención, sensibilización y pedagogía dirigida a partidos, campañas, candidaturas, equipos de comunicaciones y militancias digitales, con el propósito de intervenir sobre los patrones que reproducen la violencia política digital de género en una etapa temprana. La estrategia debería incluir lineamientos para identificar estas conductas, estándares mínimos de comportamiento digital, mecanismos internos de denuncia, orientaciones contra la revictimización y formación para candidaturas y equipos de campaña. Su finalidad es complementar la respuesta sancionatoria con una política preventiva de corresponsabilidad al interior de las organizaciones políticas.
• Impulsar una actualización integral del marco legal electoral frente al entorno digital: La centralidad de las plataformas digitales en las campañas electorales ha ampliado las posibilidades de comunicación política, pero también ha generado espacios de opacidad que pueden ser instrumentalizados por mercados de desinformación. Frente a ello, resulta necesario avanzar hacia una actualización integral de la legislación electoral que permita establecer reglas claras sobre publicidad política digital, financiamiento en línea, uso electoral de datos personales, contratación de creadores de contenido, contenidos sintéticos falsos y otras formas de influencia coordinada en redes como la violencia política de género digital. Para ello se requiere fortalecer las capacidades de supervisión de las autoridades electorales y exigir mayores estándares de transparencia a las plataformas digitales, incluyendo mecanismos que permitan identificar quién financia contenidos políticos, cuánto se gasta, a qué públicos se dirigen y cuál es su alcance. Todo ello debiera desarrollarse bajo criterios de proporcionalidad y respeto a la libertad de expresión para resguardar condiciones mínimas de transparencia, trazabilidad y equidad en la competencia electoral digital.
• Garantizar la auditabilidad y la transparencia sobre el software electoral y otras tecnologías críticas: Es necesario que el Estado de Colombia pueda asegurar un control efectivo sobre las tecnologías críticas del proceso electoral, especialmente aquellas relacionadas con escrutinio, consolidación y transmisión de resultados. La incorporación de tecnologías sin mecanismos adecuados de supervisión puede generar zonas de opacidad que alimentan sospechas de fraude. Por ello, construir capacidades técnicas internas que permitan asegurar control sobre las tecnologías y los procesos.
• Institucionalizar y fortalecer las auditorias técnicas independientes de carácter público: Con el objetivo de reforzar la confianza en el proceso electoral se recomienda institucionalizar y fortalecer el Plan General de Auditoría que se está adelantando desde la Registraduría el cual es aplicado a las tecnologías electorales críticas, tales como el software de escrutinio, preconteo, entre otros. Estas auditorías técnicas independientes deben ser realizadas con suficiente anticipación, sobre versiones estables y finales del sistema, con reglas claras de acceso, trazabilidad y publicación de resultados. Estas auditorías deberían revisar el funcionamiento, controles de seguridad, gestión de accesos, puntos de falla, integridad de datos, control de versiones, cambios posteriores y mecanismos de protección frente a modificaciones indebidas. Es necesario que los procesos de auditoría y sus resultados se publiquen de manera accesible para la ciudadanía, de modo tal que ayude a subsanar posibles aprehensiones y contrarrestar narrativas de fraude.

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Sobre los autores

Marcela Ríos Tobar, directora regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional.

Nicolás Liendo, oficial de programa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional.

Marcelo Vera, consultor de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, IDEA Internacional.