Elecciones bajo presión: aprendizajes recientes desde Colombia y Perú

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este comentario son las de los autores y no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

Todo ello en un escenario en que las narrativas de fraude y las presiones sobre órganos electorales se han vuelto recurrentes, debilitando la confianza de la ciudadanía en la integridad de las elecciones. Esto revela una realidad regional donde las elecciones siguen siendo competitivas pero el ecosistema que permite aceptar sus resultados enfrenta presiones cada vez más intensas.

La participación electoral refuerza este contraste. En Colombia, con voto voluntario, la participación alcanzó el 57,8% en la primera vuelta y subió hasta el 63,59% en la segunda, una cifra inédita desde la Constitución de 1991. Este nivel de movilización se sostuvo además en un amplio despliegue ciudadano e institucional, con cientos de miles de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales e internacionales. En Perú, en cambio, pese al voto obligatorio, la participación cayó desde cerca del 74% en la primera vuelta hasta 72% en la segunda. Esta diferencia muestra que la intensidad de la competencia no siempre se traduce en mayor involucramiento ciudadano, en especial, cuando los procesos toman lugar en contextos de desencantamiento.

Estos dos procesos mostraron como las candidaturas por fuera de los partidos tradicionales siguen siendo un vehículo competitivo en América Latina cuando la confianza de la ciudadanía en las instituciones es baja o cuando el clivaje pueblo - elites domina la discusión pública. Sin embargo, los resultados muestran que no basta el discurso antisistema radical para ganar una elección. Así, mientras en Colombia Abelardo de la Espriella, el candidato “extra” sistema, logró imponerse a la candidata representantes de los partidos de derecha tradicional, en Perú, Rafael López Aliaga, el candidato que impulsaba un discurso similar, no logró instalarse en segunda vuelta. En Colombia, de la Espriella obtuvo 43,7% de las preferencias en primera vuelta versus sólo el 6,9% de Paloma Valencia quien representaba a los partidos tradicionales de la derecha colombiana. Por el contrario, en el caso de Perú Keiko Fujimori, líder indiscutida de uno de los partidos más estables en un sistema de partidos con altos niveles de volatilidad, Fuerza Perú, se impuso con 17,18% versus el 11,9% que obtuvo López Aliaga. 

En este último ciclo electoral Perú evidenció, nuevamente, tener uno de los sistemas de partidos más fragmentados de la región, con 35 candidaturas presidenciales compitiendo en la primera vuelta. De ahí, a que ninguna lograse superar el 20% de las preferencias. 

La estrechez de los resultados se presenta como una segunda dimensión compartida en el panorama regional. En Colombia, la segunda vuelta se resolvió por menos de un punto porcentual, apenas 251.854 votos. En Perú, la diferencia fue de apenas 49.641 votos, equivalentes a una diferencia de 0.27 puntos porcentuales. En ambos casos, el resultado muestra países partidos en dos, más que un cambio de preferencias radical hacia un proyecto político determinado. 

Vale la pena detenerse en este punto. Si bien la polarización en la región se evalúa sólo como un movimiento pendular entre izquierdas y derechas, los resultados electorales en Perú y Colombia nos hablan mucho más de clivajes geográficos y territoriales históricos, que no pueden ser reducidos sólo a la dimensión ideológica. 

En Colombia, el triunfo de de la Espriella se sostuvo en su avance en el Caribe, la consolidación del voto conservador en Antioquia y la región andina con todo el resto del país optando por el candidato de izquierda, Iván Cepeda. En Perú, se repitió la brecha entre Lima y la Sierra peruana. Y aunque Sánchez obtuvo más votos dentro del territorio nacional, Fujimori logró imponerse gracias al voto en la capital y en el exterior, donde obtuvo una ventaja decisiva. 

Cuando una elección se define por décimas porcentuales, cada acta, reclamación, mensaje público o decisión administrativa adquiere un peso político sin precedentes. Por ello la confianza depende mucho más que del conteo final, pues se construye y asienta en la credibilidad acumulada durante todo el ciclo electoral. 

La proliferación de la desinformación fue otro de los protagonistas de estas contiendas. Uno que se ha transformado en un desafío gravitante para las democracias a nivel global. Las narrativas de fraude anticipada sin evidencia, el uso intensivo de redes sociales y la circulación del contenido engañosos se han vuelto amenazas sistémicas para la integridad de las elecciones. En Colombia vimos una campaña marcada por una fuerte polarización digital con denuncias cruzadas y un uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para denunciar un posible fraude en el uso de tecnologías electorales. 

Algo similar ocurrió en Perú, con acusaciones de fraude que amplificaron un escenario ya tensionado por errores logísticos relevantes en un contexto de baja confianza institucional.

Ambos casos revelaron que los organismos electorales están enfrentando cuestionamientos que supera los desafíos técnicos o logísticos, pues son protagonistas de un escenario de disputas comunicacionales y políticas sobre la veracidad y objetividad de los procesos. De esto se desprende que la administración electoral se juega cada vez más en la capacidad de comunicar con claridad y responder de manera oportuna acusaciones infundadas. 

El año 2026 continuará con comicios que pondrán a prueba los ecosistemas de integridad electoral regionales: en Haití, previstas tentativamente para el 30 de agosto (con posible segunda vuelta en diciembre), procesos subnacionales el 4 de octubre en Paraguay y Perú, el mismo día de la primera vuelta presidencial en Brasil, con una eventual segunda vuelta el 25 del mismo mes. 

Las lecciones que emergen de Colombia y Perú son relevantes para toda América Latina, ya que demuestran que la integridad electoral debe entenderse como un ecosistema y no como un evento limitado al día de la elección. La confianza pública se sostiene sobre instituciones electorales que logran comunicar con oportunidad y transparencia. Esto es necesario en un mundo marcado por la rápida digitalización y la emergencia de narrativas de desinformación y fraude. Los partidos y candidaturas tienen una responsabilidad democrática y reemplazable en este marco, la competencia, por intensa que sea, no puede socavar las reglas que hacen posible la democracia.