Informe sobre las elecciones de 2024 en México

Con un electorado compuesto por 98,3 millones de personas a nivel nacional, en las elecciones mexicanas del 2 de junio de 2024 estuvieron en disputa la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Además, los gobernadores de ocho entidades federativas y el jefe de Gobierno de la capital del país fueron elegidos en las elecciones locales, organizadas bajo el modelo de administración y justicia electorales definido en 2014. También estuvieron en juego 1.098 diputaciones locales y 1.802 presidencias municipales en jurisdicciones donde se eligieron, además, 14.764 regidores, 1.975 síndicos y 431 candidatos para ocupar cargos auxiliares. En la Ciudad de México se eligieron 16 alcaldes y 204 concejales para desempeñarse en los concejos de alcaldías. En total se disputaron 20.928 cargos federales y locales, y no hubo una sola entidad del país donde el proceso electoral federal no coincidiera con al menos una elección a nivel local. Se trató de la quinta elección presidencial y la décima elección legislativa a nivel federal desde que la máxima autoridad administrativa electoral del país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ―antes, Instituto Federal Electoral (IFE)― se desligó por completo del Poder Ejecutivo.

Así, este trabajo tiene por objetivo analizar el intenso ciclo electoral mexicano de 2024. En la primera sección del trabajo, que sigue a esta introducción, se describe el contexto económico y social en que se desarrollaron las elecciones, así como el desempeño del Gobierno de López Obrador, a cargo de la presidencia durante las elecciones de 2024. En la segunda sección se describe de modo general el proceso electoral, desde los actos de precampaña hasta los resultados finales y la toma de posesión de los nuevos poderes federales. La segunda parte del trabajo se compone, a su vez, de cuatro subsecciones: en la primera se analiza brevemente por qué la mayoría de la ciudadanía mexicana votó como lo hizo en la elección presidencial de 2024. En la segunda subsección se examinan los resultados de las elecciones y su efecto en el sistema de partidos. En la tercera se analiza la presencia persistente de la violencia política y del crimen organizado durante las elecciones. Finalmente, en el cuarto apartado de la segunda sección del trabajo se describe la creciente presencia de las mujeres en la política mexicana, en el marco de las medidas derivadas del concepto de “democracia paritaria”, y se analiza también el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón del género. La tercera y última sección del trabajo se refiere a la calidad de la elección de la que nació el nuevo Gobierno, los desafíos que este enfrenta, sus posibles agendas y el futuro de la democracia en México. Aunque estas temáticas no son las únicas relevantes, son especialmente importantes para analizar el sistema político y electoral mexicano de los últimos años.

La evaluación de la economía suele ser uno de los principales criterios que los votantes consideran para definir su voto. En el caso de las elecciones de México de 2024 la percepción mayoritaria entre la ciudadanía fue que, en términos económicos, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue positivo, aunque los resultados económicos objetivos de dicho sexenio dejaron un balance más bien mixto. Sin embargo, tal vez el hecho más relevante de la elección haya sido la convicción por parte de la mayoría del electorado de que se vivía una situación económica relativamente buena, junto con la percepción de que las necesidades de la población con más carencias sociales, de larga data, estaban siendo atendidas por medio de la implementación de numerosas transferencias monetarias directas.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el organismo técnico del Estado mexicano especializado en la evaluación de la política social, entre 2018 y 2022 un total de 5,1 millones de personas salieron de la pobreza ―en particular, de la situación de pobreza moderada―. Así, el número de personas en situación de pobreza se redujo de 51,9 millones a 46,8 millones (CONEVAL, s. f.). Por su parte, en 2018 el 40 por ciento de los trabajadores percibían ingresos inferiores al costo de la canasta básica, lo que define la pobreza laboral. En el segundo trimestre de 2023 esa cifra se redujo al 37 por ciento (CONEVAL, s. f.). En cambio, si se considera la línea de pobreza estimada por el Banco Mundial, de 6,85 dólares de ingreso diario (por paridad del poder adquisitivo de 2017), un 28,8 por ciento de la población se encontraba debajo de esa línea de pobreza en 2018 (Banco Mundial, 2024, pág. 127) y un 20,2 por ciento estaba en esa situación en junio de 2024 (Banco Mundial, s. f.), por lo que, según estos datos, en términos absolutos el número de personas en situación de pobreza en el país se redujo unos 10 millones.

Las dos herramientas gubernamentales que contribuyeron a la reducción de la pobreza fueron las transferencias monetarias directas y la política de aumentos reales del salario mínimo. En materia salarial, la reversión del salario comenzó en 2016, con Enrique Peña Nieto en la presidencia. En la segunda mitad de su sexenio el salario mínimo registró un aumento del 26,4 por ciento en términos reales (Moreno-Brid et al., 2024, pág. 118). Sin embargo, López Obrador acentuó el giro: entre enero de 2019 y el mismo mes de 2024 el aumento fue de algo más del 150 por ciento en términos nominales y superó el 100 por ciento en términos reales, lo que benefició directamente a cerca de 19 millones de trabajadores (Moreno-Brid et al., 2024, pág. 116). Estas medidas, aunque no resolvieron las desigualdades de la estructura salarial, también beneficiaron a los trabajadores informales, a las mujeres y a las personas jóvenes, e impulsaron incrementos del ingreso medio de los trabajadores formales (Esquivel, 2024).

El precedente de las transferencias monetarias implementadas a partir de 2019 consistió en los programas de transferencias monetarias condicionadas: primero se implementó el programa Progresa, después el programa Oportunidades y finalmente el programa Prospera. Este programa se puso en marcha en 1997 con una cobertura de apenas 300.000 familias de áreas rurales, y fue implementado por administraciones federales tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido Acción Nacional (PAN). Con el tiempo se fue incrementando la población beneficiaria, hasta lograr una cobertura de 6,4 millones de familias a finales de la presidencia de Peña Nieto (Rodríguez Gómez, 2020). En aquel momento los requisitos para acceder al programa y los montos de las transferencias también se ampliaron, y se mantuvieron las condicionalidades relativas a la educación y el cuidado de la salud de las niñas y niños integrantes de los hogares que recibían el apoyo¹.

En 2019, sin embargo, el nuevo Gobierno de López Obrador canceló el programa Prospera para sustituirlo por las Becas para el Bienestar Benito Juárez, un programa de becas escolares. A su vez, el Gobierno creó más programas de transferencias de efectivo, como los programas para brindar apoyo a madres jefas de familia, el programa para apoyar a hijas e hijos de madres trabajadoras, o los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y convirtió a la pensión universal para personas mayores en la principal fuente de transferencias del país.

En el período comprendido entre 2019 y 2024, los programas de transferencias experimentaron ajustes relativos a su cobertura, sus reglas de implementación y su presupuesto, pero tendieron a expandirse, lo que implicó un incremento de la población beneficiaria y un aumento de los recursos destinados a dicha población. En 2018 Prospera y el programa de becas impulsado por el Gobierno de Peña Nieto dispusieron de un presupuesto de 53.510 millones de pesos mexicanos. En 2024 el programa de Becas Benito Juárez, en sus distintas modalidades, contó con un presupuesto de 102.958 millones de pesos mexicanos. Por su parte, el presupuesto del programa Pensión para Adultos Mayores pasó de 113.069 millones de pesos mexicanos en 2019 a 465.049 millones de pesos mexicanos en 2024 (CEFP, 2024). Si se consideran además los apoyos federales antes mencionados, el presupuesto asignado a transferencias en 2024 fue de 662.092 millones de pesos mexicanos. Si a este monto se le descuenta la inflación del sexenio, se obtiene el monto total correspondiente a este rubro durante el Gobierno de López Obrador, del partido Morena: la cifra alcanzada, que representa casi 2 puntos porcentuales del PIB, fue 8,5 veces superior a la registrada por el Gobierno anterior².

Por otra parte, debe notarse que el PIB per cápita pasó de 10.343 dólares en 2018 a 10.327 dólares en 2023 (a precios constantes de 2015)³. Esta combinación de reducción de la pobreza y retroceso o estancamiento económico originó una disminución de la desigualdad: el coeficiente de Gini pasó de 0,46 en 2018 a 0,43 en 2023 (Banco Mundial, s. f.). La expansión de las transferencias monetarias y del financiamiento de grandes obras públicas, sin reforma fiscal ni crecimiento económico, también ocasionó un aumento del déficit público, que pasó del 2,1 por ciento respecto del PIB en 2018 al 5,4 por ciento en 2024 (Badillo Jiménez y Clavellina Miller, 2024). Además se registraron otros indicadores contradictorios de la marcha de la economía, por ejemplo: la inflación promedio anual fue del 5,1 por ciento (Banco Mundial, s. f.), la más alta de los sexenios de gobierno del siglo XXI; la deuda interna neta del Gobierno federal aumentó, al pasar del 25,7 por ciento del PIB en 2018 al 34,6 por ciento a principios de 2024 (SHCP, 2023, pág. 47), y la proporción promedio anual de la deuda externa respecto del PIB, del 49 por ciento, fue la más alta de los tres sexenios anteriores (Banco Mundial, s. f.).

Dos temas muy importantes en las campañas electorales pasadas de López Obrador ―en plural, pues fue jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2000 a 2005, y candidato presidencial en 2006 y 2012, antes de ser elegido presidente del país en 2018― fueron la honestidad en la administración del gobierno y la recuperación de la seguridad y la paz públicas. A continuación, se presenta cuál fue el resultado de la labor gubernamental en estas dimensiones.

En 2023, México ocupó la posición 126 en una clasificación que incluyó 180 países para medir las percepciones ciudadanas sobre la corrupción del sector público. Además, ese mismo año México obtuvo un puntaje de 31 puntos, al igual que los tres años anteriores, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 describe a un gobierno muy corrupto y 100, a un gobierno muy limpio (Transparency International, 2024).

Por su parte, en el sexenio 2018-2024 no se logró reducir ni contener las dinámicas de violencia del crimen organizado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el período 2012-2023 y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para 2024, durante el Gobierno de López Obrador se produjeron 199.000 asesinatos, lo que significó un incremento del 28 por ciento respecto del indicador registrado durante el Gobierno de Peña Nieto (TResearch International, 2025). Sin embargo, de 2023 a 2024 el número de homicidios a nivel nacional bajó un 4 por ciento, y en algunos estados esa reducción fue todavía mayor⁴.

Localmente, entre el círculo de expertos y en el seno de los organismos especializados, desde 2006 se ha registrado preocupación y una intensa discusión acerca de la creciente militarización de la seguridad pública (Hernández y Romero Arias, 2019). En la arena político-electoral la constante ha sido la siguiente: los partidos gobernantes niegan o minimizan la militarización de la seguridad pública, mientras que los partidos de la oposición la critican. Actualmente, la tendencia continúa.

La opinión pública mostró confianza: según datos correspondientes al período 1995‑2020, alrededor del 52 por ciento de la ciudadanía mexicana, en promedio, expresó confianza en las fuerzas militares, una cifra no muy distinta de los porcentajes registrados en Brasil (61 por ciento) y Colombia (55 por ciento) (Amoroso Botelho, Arciniegas Carreño y González Tule, 2023).

Otro asunto emblemático que dio lugar a evaluaciones paradójicas fue la pandemia de la COVID‑19. El último día de 2021 México ocupó el lugar número 14 en la lista mundial de defunciones causadas por la COVID‑19 por cada 100.000 habitantes, y ocupó el segundo lugar en la clasificación de los países de América Latina, solo superado por Perú (OurWorld in Data, s. f.). Sin embargo, las percepciones y las valoraciones de la ciudadanía respecto de la acción gubernamental frente a la pandemia fueron muy favorables (Loza Otero y López Lara, 2025).

En suma, aunque las cuestiones relevantes para valorar la situación del país fueron muchas, y en más de un aspecto hubo resultados mixtos e incluso divergentes, las temáticas que mayor incidencia tuvieron en las elecciones de 2024 fueron la reducción de la desigualdad, el aumento del salario mínimo y el número de personas que lograron salir de la pobreza, así como la estabilidad cambiaria.

Para la designación de la persona que sería candidata a presidente de Morena, en junio de 2023 López Obrador seleccionó a cuatro militantes de su partido y fijó las reglas de la contienda interna (Animal Político, 2023), en la que también participaron dos dirigentes partidistas, uno por cada agrupación aliada, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los aspirantes fueron seis en total: en representación de Morena participaron Marcelo Ebrard, en ese momento secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, por entonces líder de la bancada de su partido en el Senado; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la única mujer en la contienda. Por su parte, el PT propuso al entonces diputado Gerardo Fernández Noroña y en representación del PVEM participó su dirigente nacional, Manuel Velasco.

Las reglas de la contienda interna procuraban, sobre todo, evitar la crítica cruzada entre precandidatos, el debate fuerte y la exposición en los medios de comunicación considerados críticos respecto del Gobierno. Dado que la designación se definiría mediante una encuesta, los precandidatos tenían una doble tarea: debían procurar ser recordados o conocidos por el electorado y, además, conseguir que se los asociara con el ideario del presidente. Además, como formalmente no se trató de una precampaña para elegir al candidato presidencial sino que fue una campaña para designar al coordinador de los comités de defensa de la transformación, los recursos fueron más limitados. Finalmente, el 6 de septiembre de 2023 se dieron a conocer los resultados de las encuestas, que confirmaron que Claudia Sheinbaum sería la candidata presidencial de Morena, el PT y el PVEM.

Por el lado de la oposición, tras una disputa mediática con el presidente en julio de 2023, la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, anunció en sus redes sociales que participaría en la contienda, una acción que impulsó a la coalición opositora a fijar los tiempos y las formas de la selección interna (Yañez, 2024). En un proceso casi idéntico al llevado adelante por Morena, el PAN y el PRI, junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y diversas organizaciones ciudadanas, eligieron a su candidata, anticipándose también a los tiempos legales establecidos para las precampañas. La elección debía basarse en los resultados de diversas encuestas y de una votación abierta, pero esta última no se llevó a cabo porque los precandidatos fueron declinando durante la contienda interna debido al crecimiento de la figura de Gálvez y al respaldo obtenido por la candidata en las encuestas (RFI, 2023).

De los tres candidatos a la presidencia que compitieron en las elecciones de junio de 2024, solo la candidatura de Movimiento Ciudadano cumplió con los plazos legales establecidos para las precampañas, aunque este partido pasó por un proceso de nominación accidentado, pues tuvo que sustituir al primer candidato, el gobernador de Nuevo León Samuel García, por un diputado menos conocido, Jorge Álvarez Máynez, cuyo desempeño electoral finalmente superó las expectativas, si se consideran la trayectoria y el tamaño de su partido y el hecho de que no contaba con el respaldo de una coalición (Castillo Jiménez, 2024).

Las campañas se lanzaron formalmente el 1 de marzo de 2024. Sin embargo, las actividades de campaña se iniciaron a mediados de 2023, en apariciones públicas llenas de eufemismos para evitar hablar directamente de la campaña y así no incumplir la ley electoral. El modelo mexicano de comunicación política electoral prohíbe que los partidos políticos, los candidatos o cualquier persona física o moral contraten publicidad en radio y televisión, por lo que los mensajes de campaña que los partidos transmiten por estos medios, que siguen siendo las principales fuentes de información para la mayoría de las personas, son entregados a la autoridad administrativa electoral, el INE, que a su vez los distribuye haciendo uso del tiempo al aire del que dispone el Estado mexicano, siguiendo indicaciones precisas respecto de los horarios de transmisión.

Durante las campañas, los candidatos a la presidencia participaron en tres debates que se efectuaron en días domingos por la tarde y se transmitieron por canales públicos y privados de televisión, YouTube, Facebook y X (antes Twitter). El primero, que se realizó el 7 de abril, alcanzó una audiencia en vivo de cerca de 14 millones de personas; el segundo tuvo lugar el 28 de abril y fue visto por algo más de 16 millones de personas, y el tercero se realizó el 19 de mayo y contó con algo más de 13 millones de espectadores en vivo (INE, 2024).

De acuerdo con los informes entregados al INE, Xóchitl Gálvez invirtió en su campaña 493.534 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 29 millones de dólares según el tipo de cambio de ese momento; Claudia Sheinbaum gastó 331.954 millones de pesos mexicanos, alrededor de 19 millones de dólares, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, registró una cifra muy parecida a la de Sheinbaum. Casi el 30 por ciento del presupuesto total de las campañas se invirtió en publicidad en redes sociales, y la candidata oficial registró el gasto más bajo en ese rubro (Merino, 2024).

Sin embargo, ni los debates, ni la publicidad en radio, televisión y redes sociales, ni las actividades y los actos de campaña ―por ejemplo, reuniones, recorridos de los territorios del país, eventos públicos y contactos “personales” por teléfono―, produjeron un cambio notable de las preferencias electorales registradas al comienzo de la campaña, especialmente en lo que respecta al apoyo alcanzado por las dos candidatas punteras (Llaneras, 2024). Solo se registraron oscilaciones relevantes de las preferencias por el tercer candidato, Máynez, relacionadas con el hecho de que su campaña logró mayor interés y seguidores en Facebook, Instagram y TikTok que la de Xóchitl Gálvez (Milenio, 2024).

La participación en la elección presidencial fue del 61,04 por ciento, un porcentaje 2,38 puntos porcentuales más bajo que el alcanzado en la elección presidencial de 2018 y el registro más bajo de las últimas cuatro elecciones presidenciales, cuyo pico de participación se logró en el año 2000 (63,97 por ciento) (INE, s. f./c).

Los resultados de las elecciones federales fueron contundentes (tabla 1). Morena y su coalición ganaron por mayoría simple las tres elecciones federales en juego, es decir, obtuvieron la presidencia de la República y lograron la mayoría en las dos cámaras legislativas. Si se consideran otros indicadores además de los resultados electorales, se observa que el desempeño de Morena mejoró respecto de los comicios anteriores. Además, a Morena le bastó con atraer el apoyo de un senador originalmente de la oposición para que esa misma mayoría se cristalizara también en la Cámara Alta (Flores, 2024)⁵. A su vez, la victoria de la coalición oficialista en casi todas las elecciones de diputados locales permite reformar la Constitución sin negociar con la oposición, lo que no fue posible en el primer período presidencial de Morena (2018-2024), ni en las casi tres décadas que el país lleva celebrando elecciones libres. En suma, existe el riesgo de que los controles horizontales que supervisan al Poder Ejecutivo se debiliten, pues no solo habrá un gobierno unificado, sino que un solo partido tendrá la capacidad de reformar la Constitución.

Adicionalmente, los resultados de las elecciones locales también fueron favorables a Morena y su coalición, aunque menos uniformes. De las nueve gubernaturas en disputa Morena ganó siete, dos de las cuales estaban en manos de otros partidos. Las dos que no ganó ya estaban controladas por la oposición, por lo que no perdió posiciones de gobierno. En cuanto a las legislaturas locales, Morena y sus aliados ganaron 529 diputaciones de las 663 de mayoría relativa por las que se compitió⁶, y pasaron de controlar 20 congresos estatales a ser mayoría en 27. Esto significó el establecimiento de gobiernos divididos en Jalisco y Querétaro, donde la oposición retuvo la gubernatura, y permitió crear gobiernos unificados donde Morena y sus aliados ya gobernaban o donde este partido ganó la gubernatura (Gándara, 2024). En las capitales de los estados los resultados fueron más diversos, pues, si se excluye a la Ciudad de México, tras las elecciones de 2024 el PAN, el PRI y el PRD controlan 14 capitales estatales, el mismo número que Morena y sus aliados, en tanto que Movimiento Ciudadano gobierna dos (Integralia, 2024). La misma noche del 2 de junio los otros dos candidatos presidenciales reconocieron la victoria de Claudia Sheinbaum y su coalición.

2.1. La elección de 2024: una contienda de una sola dimensión

2.1.1. El votante Sheinbaum

¿Por qué la mayoría de la ciudadanía mexicana votó como lo hizo en la elección presidencial de 2024? Para responder esta pregunta resulta útil consultar datos de la Encuesta Nacional FLACSO/ISA, en cuyo diseño esta misma interrogante fue una inquietud primordial⁷. Se formularon distintas hipótesis a partir de teorías relativamente reconocidas y actualizadas sobre el comportamiento del electorado en general y de los votantes mexicanos en particular, como la hipótesis de la identificación partidaria (Aldrich, 2011; Moreno, 2003) o la del voto retrospectivo (Healy y Lenz, 2014; Beltrán, 2015), que si bien suelen tratarse como hipótesis contrapuestas podrían dar cuenta del comportamiento de diferentes segmentos del electorado. A su vez, en el cuestionario aplicado se incluyeron preguntas que, o bien actualizan teorías generales, o bien las especifican territorialmente. Por ejemplo, con relación al voto retrospectivo se consideraron distintas áreas del desempeño gubernamental que podrían influir en la decisión del electorado. En lo que respecta a la teoría de la identificación partidaria se tuvieron en cuenta distintas figuras de identificación como el liderazgo presidencial, que en el caso particular de México, al menos desde el año 2000, ha ido construyéndose con gran éxito, o el voto negativo contra un partido o una coalición. El argumento central propuesto es que en la elección de 2024 el voto de la mayoría de los votantes se definió a partir de una sola dimensión o eje divisor: la continuidad o el cambio. De manera paradójica, la continuidad se presentó como la continuidad del cambio iniciado por López Obrador seis años atrás, y el cambio representó la vuelta al “pasado conservador” o “neoliberal” de los gobiernos del PRI y del PAN.

En la figura 1 el factor más relevante en la decisión electoral es la aprobación del desempeño presidencial de López Obrador, que captura variables que también fueron significativas en otros modelos que se probaron simultáneamente, como la evaluación positiva de la economía o la valoración positiva de la gestión presidencial de la crisis causada por la pandemia de la COVID‑19. Cuando la persona encuestada aprobaba al presidente, la probabilidad de preferir a Sheinbaum sobre otras opciones se multiplicaba por 7 respecto de quienes no lo aprobaban.

La segunda variable más importante fue la expresión de un sentimiento favorable hacia el propio presidente López Obrador, lo que multiplicaba casi por 5 la probabilidad de preferir a la candidata de Morena. Este indicador de la dimensión afectiva comprende también la identificación que una buena parte del electorado expresó experimentar con el presidente⁸.

El tercer factor refleja que el votante cree que el presidente quiso resolver el problema de la seguridad pública. En la figura 1 se muestra que, entre las personas que creían que el presidente quiso resolver los problemas de seguridad pública, se multiplicó casi por 3 la probabilidad de optar por la candidata del partido del presidente. La intención presidencial de combatir la corrupción o mejorar las condiciones de vida de la población fue muy bien valorada por la mayoría del electorado en cuanto tal, es decir, como propósito, con independencia relativa respecto de los resultados.

Por último, autoidentificarse con una ideología de centroizquierda o de izquierda duplicó la probabilidad de preferir a Sheinbaum, lo que es importante, dada la complejidad de la identidad o clasificación de Morena, que ha sido considerado tanto un partido de izquierda como un catch-all pragmático (Navarrete, 2023). Sobre la base de estas cuatro variables fue posible pronosticar atinadamente el 78 por ciento de las preferencias por cada una de las dos principales candidatas a la presidencia mexicana en 2024. Además de estas cuatro variables, incluidas en la figura 1, la identificación partidaria con Morena tuvo un peso significativo. La probabilidad de realizar un pronóstico acertado con base en este modelo asciende al 96 por ciento de los posibles votantes de Claudia Sheinbaum⁹.

No obstante lo anterior, es importante destacar que el criterio instrumental más relevante para explicar tanto la intención de voto como la aprobación de la figura del presidente fue la evaluación positiva de la economía de bolsillo, que reúne el efecto de los resultados económicos del sexenio de López Obrador en la experiencia individual y familiar. En la determinación de la preferencia electoral también influyeron otras variables, como la valoración positiva de la gestión de la pandemia o el juicio sobre las buenas intenciones del presidente en lo que respecta a combatir la corrupción o garantizar la seguridad pública.

Los sentimientos positivos hacia Morena y el presidente explican, a su vez, los elementos afectivos que jugaron en favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Este componente afectivo no cancela el componente instrumental (que, como se muestra en el modelo, tuvo mayor peso), sino que lo complementa y quizá lo decanta, pero sobre todo aporta el factor movilizador para que la preferencia se transforme en un voto efectivo.

Finalmente, el aspecto ideológico se expresa en la autoubicación de las personas encuestadas en el continuo izquierda/derecha, que tuvo un peso superior al de otros ejes evaluados, como el eje liberal/conservador o el eje pro-Estado/anti-Estado en materia económica. Entre 2012 y 2018, y más aún desde entonces hasta 2024, hubo un ligero deslizamiento hacia la izquierda de la mayoría de la ciudadanía, lo que explica el mayor peso de esa autoidentificación en la contienda electoral (ISA, 2012; 2018; FLACSO México e ISA, 2024). Por otro lado, desde que en el año 2000 fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante sus campañas electorales de 2006 y 2012, y finalmente durante su presidencia, López Obrador insistió en responsabilizar a la derecha de los males del país, una idea que fue repetida por Claudia Sheinbaum durante la campaña. El hecho de que una decisión electoral pueda ser influida por una posición ideológica, por ligera que esta sea, y la polarización del campo político expresan el ambiente que dominó la deliberación pública.

Una temática presente en la discusión pública ha sido si la polarización afectó, y en qué medida, las preferencias electorales. En México esta problemática, que afecta a muchos países de la región, fue reforzada por el estilo de gobierno. En una medición que evalúa la polarización afectiva, México pasó de un valor de 2,06 en 2000 a uno de 3,60 en 2023, en una escala que va de 0 a 4, en que 4 indica el nivel máximo de polarización posible (V-Dem, s. f.). Es decir, la polarización en México se ha incrementado mucho en los últimos años. Esta tendencia ha caracterizado a prácticamente todos los países de América Latina, y ha sido muy pronunciada en Argentina y Brasil, que junto con México han contado con liderazgos antielitistas o anti-establishment en la última década.

Sin embargo, en la elección de 2024, de cuatro evaluaciones afectivas consideradas, en la preferencia por Sheinbaum pesaron más los sentimientos positivos que los negativos: expresar un sentimiento cálido hacia el presidente López Obrador multiplicó 2,6 veces la probabilidad de votar por Sheinbaum, en tanto que tener sentimientos cálidos hacia el partido Morena multiplicó esa probabilidad por 4,2 (FLACSO México e ISA, 2024). En lo que respecta a la preferencia por la candidata opositora, tener sentimientos fríos hacia López Obrador y hacia Morena multiplicó por 3,3, en cada caso, la probabilidad de optar por Xóchitl Gálvez, y el efecto de estas variables fue superior al de los sentimientos cálidos hacia los partidos de la coalición opositora. Dicho de otra manera, entre quienes votaron por la oposición la animadversión tuvo más peso que la simpatía (figura 2).

En lo que respecta al análisis de la interacción entre las evaluaciones afectivas y la probabilidad de ir a votar no se encontraron efectos significativos. Se comprobó que los sentimientos fríos hacia el entonces presidente impulsaron ligeramente la participación, en tanto que los sentimientos fríos hacia Morena la inhibieron levemente. Entre los antimorenistas es probable que la aversión afectiva a Morena, sumada a la información que señalaba que era difícil que este partido perdiera, haya incidido en la decisión de un grupo pequeño de estos electores, que optaron por “quedarse en sus casas”.

2.2. ¿Un nuevo sistema de partidos?

Desde la perspectiva partidista la victoria de Morena en 2024 está en consonancia ―aunque los mejora― con los resultados que este partido y su coalición obtuvieron en las elecciones intermedias de 2021 y en la elección de 2018, en la que López Obrador, su fundador y principal dirigente, fue candidato. Lo mismo puede decirse del desempeño electoral de la principal coalición opositora, que en 2024 continuó la tendencia ya observada en 2018, tanto del PRI como del PAN, al debilitamiento territorialmente diferenciado. Por su parte, el PRD perdió su registro como partido político nacional. Solo Movimiento Ciudadano experimentó un ligero crecimiento, que según los datos de la Encuesta Nacional FLACSO/ISA se debió a la existencia de un tipo de elector inclinado por Morena pero no convencido por este partido, que, si no hubiera contado con la opción de votar por Movimiento Ciudadano, quizá se habría abstenido de participar (FLACSO México e ISA, 2024). El verdadero terremoto del sistema electoral mexicano ocurrió en 2018 y su precedente inmediato fue el exitoso debut de Morena tres años antes, cuando este partido obtuvo un 8 por ciento de apoyo en la votación nacional.

Fue precisamente en 2015 cuando los tres grandes partidos de la transición, el PRI, el PAN y el PRD, dejaron de concentrar más de dos terceras partes del total de la votación nacional en las elecciones de diputados (tabla 2). En su punto más alto estos tres partidos lograron reunir el 93,8 por ciento de los votos nacionales en el año 2000, pero en 2018 solo obtuvieron un 39,7 por ciento, una cifra casi idéntica a la de 2021, que cayó al 30 por ciento en 2024.

La concentración del voto tendió a disminuir de 2006 a 2024, aunque las causas de esa disminución en los períodos 2006-2012 y 2015-2024 son diferentes. Entre 2006 y 2012 la razón fue la fragmentación del sistema de partidos y el crecimiento, a veces ocasional, de cuartas y quintas opciones, como el PVEM o Nueva Alianza, mientras que de 2015 a 2024 la causa del declive de la concentración del voto fue el ascenso de Morena, que en 2015 coincidió con la más alta fragmentación de la oferta partidista, como lo expresa el número efectivo de partidos registrados ese año. Por su parte, el brinco en la fragmentación partidista entre 2012 y 2015 no solo se debió a la existencia de opciones que ofrecieron competencia al PRI, el PAN y el PRD, como Movimiento Ciudadano o Morena; también fue el resultado de un cambio institucional fundamental por el cual, incluso en aquellos distritos donde los partidos se presentan coaligados, el voto se emite, en principio, por opciones partidistas individuales. Esto también explicaría por qué, a pesar de la creciente concentración del voto por parte de Morena después de 2018, el número efectivo de partidos no ha descendido hasta los niveles de 2003 o incluso hasta niveles anteriores.

Finalmente, la evolución del margen de victoria en las elecciones de diputados federales en el período 1994-2024 podría graficarse con una u que tiene en su punta izquierda el 23,6 por ciento que obtuvo el PRI respecto del PAN y en la punta derecha, 30 años después, una cifra semejante, ahora correspondiente a Morena sobre el PAN. En las contiendas legislativas de 2000 y 2012, dos elecciones de alternancia partidaria, se registraron los menores márgenes de victoria, pero esta tendencia no se verificó en la elección de alternancia de 2018. Lo anterior podría sugerir lo que tres y seis años después parece repetirse: el registro de amplios márgenes de victoria anunciaría o sería ya parte de una nueva etapa, caracterizada por un partido dominante que concentra el voto y convive con una dosis de fragmentación partidaria.

¿Qué pasó en la elección de 2024 con los márgenes de victoria, el número de partidos registrados y el número efectivo de partidos en las 31 elecciones de congresos subnacionales y una de ayuntamientos? En primer lugar, el promedio subnacional también señala el peso y el signo de la nueva dominancia partidista; es decir, en las elecciones locales se registró un amplio margen de victoria, de 18 puntos porcentuales, que sin embargo es 6 puntos porcentuales más bajo que el margen nacional. Esto permite hacer una segunda observación: a pesar del predominio de Morena, a nivel subnacional hay más espacio para el pluralismo que a nivel nacional (figura 3). Y aunque este promedio comprende a todos los partidos ganadores respecto del competidor más cercano, Morena solo perdió 7 elecciones de un total de 32 elecciones locales consideradas, y en esos casos siempre obtuvo el segundo lugar.

El PAN obtuvo la mayoría de los votos en la elección legislativa en tres estados y fue la segunda fuerza en otros nueve, pero también debe considerarse que perdió la mayoría, o que esa mayoría se redujo notablemente, en entidades donde era gobierno, como Yucatán y Querétaro, respectivamente. Tampoco fue la primera fuerza de oposición en otras entidades en las que tradicionalmente había sido fuerte, como Jalisco, por lo que los resultados parecen señalar que el partido está experimentando un proceso de contracción. Por su parte, la segunda oposición más importante fue Movimiento Ciudadano, que logró el mayor número de votos en las elecciones legislativas en dos estados y obtuvo el tercer lugar en otros tres. A diferencia del PAN o del PRI, parecería que este partido se encuentra en una fase expansiva. La tercera fuerza de oposición fue el PRI que, si bien solo obtuvo la mayoría en la elección de ayuntamientos en Coahuila, fue la segunda fuerza que más votos para diputados obtuvo en siete estados. No obstante, la contracción del número de sus votantes es todavía más clara y acentuada que la registrada por el PAN. Entre los partidos opositores de Morena, el PRD logró ser la segunda fuerza más importante en Tabasco y en Hidalgo, mientras que la primera fuerza de oposición fue Nueva Alianza como partido local. De la coalición gobernante, el PVEM obtuvo la mayoría en un estado y fue la segunda fuerza en otros dos, mientras que el PT fue la segunda fuerza en dos estados.

En cuanto al formato de la competencia y el sistema de partidos, coexisten márgenes de victoria muy amplios con márgenes de victoria bajos. En Tabasco y Sinaloa, por ejemplo, dos estados con un perfil socioeconómico y regional muy diferente, Morena fue el partido ultramayoritario y aventajó a sus rivales por 47 y 38 puntos porcentuales, respectivamente. En Querétaro y la Ciudad de México, dos estados espacial y socioeconómicamente menos diferentes, el PAN y Morena lograron sus mayorías por una ventaja de apenas 2,8 y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente. En estas cuatro entidades hubo un total de ocho partidos registrados, a excepción de Sinaloa, donde se registraron nueve partidos, cifras muy similares a las observadas a nivel nacional, donde se registraron siete partidos (figura 4).

Sin embargo, el número efectivo de partidos sí fue sensiblemente distinto: en Tabasco el total fue de apenas 2,9, el más bajo de todo el país, mientras que en la Ciudad de México llegó a 5,5. Las entidades que presentaron mayor diversidad en cuanto a las opciones reales de competencia fueron Sonora y Zacatecas, donde se contabilizaron 8,6 y 6,9 partidos efectivos, respectivamente. Zacatecas y Guerrero, además, fueron los estados que más opciones partidistas formales incluyeron en sus boletas (13 y 15 partidos, respectivamente). Finalmente, con pocos partidos en competencia, figuraron Tamaulipas y Aguascalientes (figura 4).

La victoria de Claudia Sheinbaum como candidata individual podría atribuirse a la evaluación positiva de la economía por parte de los votantes; a la popularidad de una figura que es, además, fundadora de Morena, y a la convicción de que las cosas estarían peor bajo gobiernos liderados por “partidos del pasado”. Sin embargo, ¿cómo explicar el éxito electoral de Morena y lo que parece ser un acelerado proceso de institucionalización de este partido, que a su vez impulsa la transformación del sistema de partidos en conjunto? Por un lado, los factores de la victoria de la candidata presidencial de Morena han estado presentes en la arena electoral, con sus particularidades, en las elecciones intermedias de 2021 y en las múltiples contiendas locales del período 2015-2024. En lo que respecta al terreno de los votantes, en la confección y consolidación de su decisión de voto posiblemente hayan incidido factores como el activismo comunicacional del presidente de la República; las transferencias monetarias, y la labor de alrededor de 20.000 trabajadores, conocidos como Servidores de la Nación, que procuran conectar estos programas y otras formas de provisión de servicios gubernamentales con la población beneficiaria (Rodríguez, 2024; Hernández, 2019).

Por su parte, ya en la fase de gobierno y consolidación del nuevo partido, el creador de Morena, López Obrador, ejerció un liderazgo pragmático y se mostró dispuesto a establecer mecanismos de negociación y a incorporar al partido oficial liderazgos que provenían del PRD, el PRI y el PAN.

Este nuevo partido, caracterizado por muchos de sus militantes como de izquierda, es también un partido con orígenes en el PRI que se expresan en sus definiciones políticas e ideológicas pragmáticas, como el “humanismo mexicano” con el que oficialmente se define Morena. Entre los orígenes de este partido también figuran participantes de diversas luchas asociadas con López Obrador, que no necesariamente tuvieron experiencia partidaria.

Morena es uno de los casos exitosos de nuevos partidos o liderazgos pragmáticos, con un perfil ideológico antioficialista, que fueron fundados en el siglo XXI y han logrado llegar al gobierno muy pronto, como ocurrió con Castillo en Perú, Milei en Argentina, Petro en Colombia, Noboa en Ecuador o Bukele en El Salvador, entre otros. A todos estos partidos, que tienen en común un discurso antielitista y contrario a los excesos de la política “tradicional”, un electorado muy insatisfecho con el pasado político y con el presente económico y social está dispuesto a darles mucho más que el beneficio de la duda (Fraschini, 2024).

2.3. Violencia, crimen y elecciones

La presencia persistente, en las elecciones mexicanas, de la violencia política del crimen organizado resulta inquietante. No se trata de un problema que haya surgido en el sistema electoral ni que pueda ser resuelto solamente por los partidos o las autoridades electorales. Entre 2018 y noviembre de 2024, Data Cívica computó 2.203 episodios de violencia política criminal (Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, 2024)¹⁰.

Quienes han dado seguimiento a la violencia político-electoral coinciden en calificar al proceso de 2024 como uno de los más violentos de la historia contemporánea. Primero, la mayor incidencia del fenómeno se registró en el nivel municipal, que concentró casi tres cuartas partes del total de los episodios violentos: más de la mitad de los hechos fueron atentados u homicidios dirigidos principalmente contra aspirantes, precandidatos y candidatos al cargo de presidente municipal, y en algunos casos las víctimas de la violencia fueron personas que ya habían logrado una victoria electoral. Segundo, territorialmente, la violencia se concentró en pocos estados del sur y el centro del país: Chiapas, Michoacán, Puebla, Guerrero, el estado de México, Guanajuato y Morelos. Tercero, los niveles de violencia aumentaron conforme se acercaba el día de la votación. Cuarto, el partido que más hechos de violencia experimentó fue Morena, aunque no hubo ninguna formación política nacional o local ni candidaturas independientes que no se vieran afectadas. En cuanto al análisis de los datos según género, la mayoría de las víctimas fueron varones, aunque la violencia también afectó a las mujeres de forma creciente. Finalmente, cabe señalar que, en los municipios que experimentaron violencia político-criminal extrema, la participación electoral fue ligeramente más baja que la participación estatal y nacional promedio (Integralia, 2024; Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, 2024)¹¹.

De acuerdo con estimaciones comparadas a nivel internacional, México ocupa el tercer lugar entre un total de 193 países en lo que respecta a la presencia del crimen organizado, mediciones que sitúan al país en el primer lugar del continente americano en lo que refiere al tráfico de heroína, cocaína y drogas sintéticas, y al tráfico de personas (GI‑TOC, s. f.). Y es precisamente el territorio “mínimo” de estas actividades, el municipio, lo que el crimen organizado protege mediante sus acciones de violencia político-electoral. Dichas acciones no se limitan a establecer pactos de connivencia, de protección o de tolerancia con las autoridades locales para el cultivo y la producción de sustancias ilícitas. También incluyen su trasiego y la incursión en otras actividades criminales con base territorial, como la explotación de flora y fauna protegidas, la minería ilegal, o la explotación de hidrocarburos. En los intersticios de esta presencia la comunidad sobrevive fragmentada entre las amenazas, el miedo, los desplazamientos forzados, la cooperación, o las recompensas y el flujo de recursos. En este contexto los sueños juveniles a veces se plasman en el acceso a bienes materiales y otras veces se truncan a causa de muertes violentas que ocurren frente a las débiles instituciones locales de un Estado derrotado, capturado o, peor aún, reemplazado.

Lo sorprendente es que, a pesar de esta realidad extrema que se agudizó en 2024, con la cual el pueblo mexicano convive desde hace casi dos décadas, en el país se celebren elecciones con regularidad. Las razones pueden encontrarse en el hecho de que, si bien la violencia político-criminal afecta a todas las entidades del país, lo hace de manera muy localizada territorialmente. Además, allí donde la violencia está más extendida, la presencia y la influencia de las organizaciones criminales se han normalizado y siguen considerándose, en buena medida, como un asunto de “los otros, los criminales”, que “ajustan cuentas entre ellos”. De este modo, se acepta en los hechos la renuncia que parte del Estado hace respecto de sus obligaciones en materia de protección de derechos y coordinación social.

2.4. De las cuotas a la democracia paritaria

En México, por primera vez en la historia del país, una mujer es presidenta. Entre 1982 y 2018 hubo 41 candidatos a la presidencia, pero solo siete fueron mujeres. El año 2024 ha marcado un punto de inflexión: ese año, de tres candidaturas, dos correspondieron a mujeres, quienes se postularon, además, en representación de los partidos más competitivos de la contienda.

En todos los cargos a los que se accede por voto popular en México, la proporción de mujeres titulares aumentó entre 2012 y 2024 (figura 5). En el caso del Poder Legislativo, tanto en el nivel federal como local, la paridad se alcanzó en las legislaturas que terminaron en 2024 y se ha repetido en las que empezaron a fines de ese mismo año, que concluirán en 2027. No obstante, en los municipios la proporción de mujeres presidentas fue muy baja en 2012 y, aunque ha aumentado, en 2024 todavía esa proporción no representaba un tercio del total de los ayuntamientos (Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, s. f.).

El rezago de la presencia de mujeres en las presidencias municipales no es muy distinto del observado en los poderes ejecutivos estatales y federal. En lo que respecta a la presidencia del país, recién en 1982 se presentó por primera vez la candidatura de una mujer, Rosario Ibarra, quien representaba a un partido sin posibilidades reales de obtener una victoria, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La misma candidatura se repitió seis años después. En 1994 dos partidos sin gran caudal electoral presentaron nuevamente candidatas, Cecilia Soto del PT y Marcela Lombardo del Partido Popular Socialista. En 2006 un partido pequeño, México Posible, presentó la candidatura de Patricia Mercado. No fue sino hasta 2012 que uno de los tres grandes partidos de la transición, el PAN, presentó la candidatura de una mujer, Josefina Vázquez. En 2018, en el marco de las candidaturas independientes a la presidencia, se postuló como candidata una mujer, Margarita Zavala, quien, sin embargo, abandonó la contienda en un ambiente polarizado en el que solo compitieron varones.

En cuanto a la titularidad de los poderes ejecutivos estatales, recién en 1979 una mujer asumió el cargo de gobernadora en Colima, Griselda Álvarez. En 1987, en Tlaxcala, asumió la segunda gobernadora, Beatriz Paredes, y en 1991 la tercera gobernadora del país, Dulce María Sauri Riancho, asumió interinamente el cargo en Yucatán, por dos años. En ese entonces, el primer año de su gestión coincidió con el último año de gestión de la gobernadora de Tlaxcala, por lo que, por primera vez, hubo simultáneamente dos mujeres gobernadoras en funciones. De 1994 a 1999, a la vuelta del siglo XXI, los 32 estados del país fueron gobernados por hombres. En 1999 la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estuvo a cargo de una mujer, Rosario Robles, de forma interina y solo por un año. En 2004 la quinta gobernadora mexicana, Amalia García, asumió el cargo en Zacatecas, y en 2007 la sexta gobernadora, Ivonne Ortega, asumió el cargo en Yucatán. Por tres años, México contó nuevamente con dos gobernadoras de forma simultánea. En 2015, en Sonora, asumió la séptima gobernadora, Claudia Pavlovich; en 2018 la octava gobernadora, Claudia Sheinbaum, asumió el cargo en la Ciudad de México, y la novena, Martha Erika Alonso, hizo lo propio en Puebla, aunque su mandato duró solamente unos días, interrumpido por un fatal accidente.

Así, entre 1979 y 2018 solo hubo 9 mujeres gobernadoras de un total de aproximadamente 200 titulares de los poderes ejecutivos estatales, es decir que la presencia de las mujeres en ese cargo fue inferior al 5 por ciento. Cabe señalar que en 1996 se emitió la primera disposición legal federal para que ningún partido excediera el 70 por ciento de candidatos de un mismo género en sus candidaturas legislativas. En 2008 esa cifra fue del 60 por ciento y en 2014 se volvió constitucional el principio de paridad (Trejo, 2024a; García Méndez, 2020).

En 2021 seis mujeres asumieron el cargo de gobernadoras de sus estados. En 2022 se sumaron otras dos gobernadoras y una más asumió en 2023. Así, ese año coincidieron en el cargo 10 mujeres, cifra que representó casi la tercera parte del total y superó el acumulado histórico (Trejo, 2024b). En 2024 cuatro mujeres más asumieron como gobernadoras, por lo que la proporción de mujeres titulares de poderes ejecutivos estatales llegó al 40 por ciento. ¿Cómo explicar el hecho de que los avances en materia de representación legislativa federal y local de las mujeres desde 2012, quienes lograron la paridad después de 2018, convivan con el rezago de la presencia de mujeres en las presidencias municipales, con cifras, en 2024, semejantes a las legislativas de 2012? ¿Por qué el salto del número de gobernadoras mexicanas recién se produjo en el ciclo electoral de 2021?

La explicación inmediata apunta a los cambios legales que permitieron acuñar una de las normativas más inclusivas e innovadoras del mundo en materia de paridad. Como se señaló anteriormente, en 1996 el Código que dio origen al actual sistema electoral dispuso en uno de sus artículos que los partidos políticos no debían superar el 70 por ciento de personas de un mismo género en sus candidaturas. Sin embargo, como no se especificaban las características de esas candidaturas, los partidos podían presentar candidatas mujeres en distritos poco competitivos, o incluirlas como suplentes o lejos de las primeras posiciones de las listas cerradas de representación proporcional. En 2002 se reformó la ley para precisar que la cuota de género en contiendas legislativas debía cubrirse con candidaturas propietarias. En 2008 una nueva reforma redujo la proporción máxima de candidatos de un mismo género al 60 por ciento. Posteriormente, el escándalo de las “Juanitas” de 2009 ―10 candidatas propietarias renunciaron inmediatamente después de haber asumido como diputadas para que un varón ocupase el cargo― impulsó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a emitir una sentencia histórica que obliga a los partidos a presentar fórmulas compuestas por candidatos ―propietario y suplente― del mismo género (García Méndez, 2020).

Estas regulaciones inciden directamente y de forma vinculante en la integración de los congresos, locales y federal; de allí la dirección y la dimensión del cambio. En los municipios, sin embargo, ante la laguna regulatoria, el cambio es impulsado por interpretaciones judiciales que insistirán en que las reglas de género sobre las candidaturas para el Legislativo son aplicables a la integración de los ayuntamientos y a la definición de cargos unipersonales como las presidencias municipales. En lo que respecta tanto al Poder Legislativo federal como a los municipios, las resistencias de las cúpulas partidistas dominadas por hombres a garantizar posiciones a las mujeres han sido visibles y persistentes.

En 2024, de las tres candidaturas a la presidencia del país, dos correspondieron a mujeres. Además, 440 candidatas se postularon al Senado; 2.296 se presentaron como candidatas a diputadas federales y 16 fueron candidatas a gobernadoras. En los estados de la República las cifras de candidatas a diputadas locales o integrantes de ayuntamientos ascendieron a decenas de miles. Hubo 1.112 candidatas en la Ciudad de México, 1.372 en Jalisco, 2.874 en Nuevo León y 684 en Zacatecas. Estas cifras, que indican que la proporción de candidaturas de mujeres fue semejante a la proporción de candidaturas de hombres, pueden atribuirse a la última gran reforma que se implementó en 2019 en el país en materia de igualdad de género, conocida como Paridad en Todo, que modificó la Constitución mexicana para que la igualdad de género no se limitara al ámbito electoral, sino que alcanzara también a los gabinetes del Poder Ejecutivo a nivel federal y local, los municipios, los usos y costumbres, los órganos autónomos del Estado y las instancias judiciales, entre otras (Gilas, 2021). Esta transformación ha sido interpretada como el pasaje de un sistema de cuotas a un régimen de democracia paritaria (Gilas, 2021), y aun así no ha dejado de presentar desafíos (Palma y Vázquez Correa, 2021).

El avance de las mujeres en materia político-electoral ha sido tal que el subíndice de empoderamiento político del Foro Económico Mundial sitúa a México en la posición 14 entre 146 países, en una clasificación donde las primeras posiciones reflejan menores brechas de género. En contraste, de acuerdo con los subíndices del mismo Foro, México ocupa el puesto 109 en lo que refiere a las oportunidades económicas, en educación ocupa el puesto 62 y en salud, el 49 (WEF, 2024). Así, no hay terreno en que las mujeres mexicanas hayan avanzado más que en el de la representación descriptiva y el acceso a posiciones de decisión en el Estado.

A pesar de estos logros, la violencia política contra las mujeres persiste en el país, lo que constituye una forma de discriminación que impide gravemente “el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (CEDAW, 1992). Sin embargo, la convergencia virtuosa de agrupaciones de mujeres de la sociedad civil, partidos políticos, legisladores y, sobre todo, legisladoras posibilitó concretar acciones regulatorias al respecto. En 2020 México adicionó una sección sobre violencia política en razón de género a su Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ríos Tobar, 2024) y el INE creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Para mediados de noviembre de 2024 ese registro sumaba 473 casos, un 25 por ciento de los cuales ocurrieron en 2024.

Del total de los casos registrados, casi una cuarta parte son casos de violencia simbólica exclusivamente, mientras que más de la mitad tienen un componente simbólico asociado con violencia verbal, económica, psicológica, física, patrimonial o sexual, entre otras formas de violencia. Muchas veces la violencia se ejerce primero en la esfera digital, a través de la difusión de información falsa y otras formas de acoso como el doxeo¹², y luego pasa a la esfera presencial (Ríos Tobar, 2024). De los casos registrados, 431 tuvieron una sanción y 344 de las sanciones recayeron sobre hombres. Un 30 por ciento de los castigos se aplicaron en Oaxaca. Al sumar a Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, la concentración pasa al 64 por ciento. En cuanto al tipo de sanciones, en el 36 por ciento de los casos se aplicaron multas y en el 16 por ciento de los casos, una amonestación pública.

Cabe señalar que las mujeres mexicanas ―desde activistas y simpatizantes de diversos partidos, candidatos y causas, hasta dirigentes partidarias, candidatas y gobernantes― siguen experimentando diversas formas de violencia política por el hecho de ser mujeres, que se expresan en ocasiones en fenómenos en apariencia individuales, como los consignados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, y que en otros casos dan cuenta de prácticas claramente estructurales y discriminatorias que están en la base de los resultados desiguales que exhibe la distribución por género de las presidencias municipales.

La emergencia de la democracia paritaria es uno de los hechos más relevantes de las elecciones mexicanas de 2024: las dos coaliciones que concentraron casi el 90 por ciento de los votos en la elección presidencial tuvieron candidatas mujeres. A su vez, el 1 de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta mexicana de la historia. Desde septiembre del mismo año, además, nuevas senadoras y diputadas federales y locales tomaron posesión de sus cargos e integraron, una vez más, órganos legislativos paritarios. En las gubernaturas y los municipios la presencia de mujeres como autoridades electas aumentó como nunca antes, lo que contribuye a consolidar un proceso caracterizado por cambios institucionales, litigio estratégico, activismo (callejero y en múltiples espacios), acuerdos políticos y vigilancia permanente, a través del cual la paridad se convierte en una realidad en la mayoría de los niveles de gobierno, aunque todavía no en todos. En materia de género y elecciones, la arquitectura institucional mexicana constituye, sin exagerar, un modelo, incluso si hay asuntos que están lejos de haber sido resueltos, como el fenómeno de la violencia política en razón del género.

Las elecciones de 2024 ratificaron la preferencia de la mayoría de la ciudadanía mexicana por una coalición surgida seis años atrás y significaron la emergencia de una ultramayoría que controla los dos poderes constituidos mediante el voto popular, el Ejecutivo y el Legislativo. Esa ultramayoría tiene capacidad para reformar, por sí sola, la Constitución del país. El análisis de la decisión del electorado indica que los votantes optaron por Morena y su coalición sobre todo porque valoraron positivamente la gestión gubernamental del presidente López Obrador y, en especial, porque apreciaron los resultados que experimentaron en sus propias economías, como resultado de una reducción de la pobreza moderada y una ligera reducción de la desigualdad. Así, la mayoría del electorado optó por continuar con el cambio, al menos con el cambio que significó la implementación de la política de transferencias monetarias que, junto con los aumentos del salario mínimo, promovieron mejoras inmediatas de la economía de la mayoría de las familias del país.

El reverso de la contundente victoria de Morena y sus aliados es una oposición débil y fragmentada, con muy limitados recursos políticos e institucionales para detener o incluso moderar la implementación de reformas constitucionales y de políticas públicas. La oposición no sumó el suficiente respaldo popular como para ejercer un control legislativo efectivo ―en el caso del PRD, ni siquiera para conservar su registro partidario federal―, y, por otro lado, al parecer los partidos opositores tampoco encuentran el camino ni los liderazgos necesarios para superar esta crisis, por lo que las deserciones han sido parte de la realidad de la oposición a partir de junio de 2024. No obstante, incluso en los dos partidos de la transición, el PRI y el PAN, podrían ocurrir cambios como resultado de la vitalidad que estas fuerzas conservan en algunas regiones del país, y también a consecuencia de la presión de sus votantes y de los naturales cambios generacionales de la militancia. Movimiento Ciudadano, que se alzó con una indudable victoria y se convirtió en el segundo partido de la oposición por su caudal de votos, deberá pasar ahora la prueba de su visibilidad y deberá responder a las expectativas de una parte del electorado que espera que se convierta en una fuerza moderada, centrista o de centroizquierda que, sin desafiar el programa social de los gobiernos de Morena, sea intransigente en su defensa de las instituciones democráticas.

El ciclo institucional del sistema de partidos establece que en la elección intermedia de 2027 deberán competir las fuerzas que aspiren a fundar nuevas agrupaciones, por lo que se trata de un escenario en el que podrían surgir nuevas y atractivas ofertas para el electorado, aunque por el momento esto no parece estar ocurriendo. El activismo y la participación de la sociedad civil son visibles en los medios y las redes sociales, pero esas acciones tienen poca capacidad para influir en las decisiones de gobierno. Esto se expresa en el valor medio con que IDEA Internacional ―mediante sus índices para medir el estado de la democracia en el mundo― califica el rubro de la participación en México (IDEA Internacional, 2024a).

Junto con los resultados federales de 2024, y en parte por el efecto de arrastre de estos, el saldo para los partidos de la oposición en las elecciones subnacionales tampoco fue positivo, pero allí parecen radicar las reservas de diversidad y vitalidad multipartidista. Los partidos de la oposición ganaron múltiples capitales en los estados de la República y refrendaron algunas gubernaturas, por lo que no se descarta que, a la larga, la fuerza de contención del oficialismo sea centrípeta, es decir, actúe desde la periferia hacia el centro.

Una sombra en principio extrapolítica y extrapartidista, que acompañó todo el proceso electoral y desde antes desafía la gobernabilidad en regiones enteras del país, es el crimen organizado, que para lograr el control territorial amedrentó, disuadió y eventualmente agredió a candidatos y candidatas, aspirantes a las candidaturas, dirigentes partidistas y autoridades, sobre todo municipales, electas o en funciones. En consecuencia, resulta urgente revisar las políticas en la materia, admitir su ineficacia y proponer soluciones integrales e innovadoras.

La actual administración deberá concluir las reformas institucionales que presentó el gobierno anterior al final de su mandato. También deberá gobernar en medio de las dudas de una parte de la ciudadanía respecto de su independencia y su poder real, dada la centralidad de López Obrador como líder de la coalición en el poder. La experiencia comparada en lo que respecta a la sucesión de gobiernos caracterizados por liderazgos fuertes, como el paso del Gobierno de Evo Morales al de Luis Arce en Bolivia; del de Lula da Silva al de Dilma Rousseff en Brasil; del de Cristina Fernández al de Alberto Fernández en Argentina; del de Rafael Correa al de Lenin Moreno en Ecuador, o del de Álvaro Uribe al de Juan Manuel Santos en Colombia, muestra que estos gobiernos tienden a distanciarse y eventualmente romper. En México pareciera que la pregunta pertinente al respecto es si la coincidencia programática superará las luchas por las posiciones y el poder que pueden ocurrir entre los dirigentes de Morena, y que podrían vulnerar la gobernabilidad de la presidenta y llevarla a tomar distancia del pasado inmediato. Sin embargo, parece ser el escenario menos probable. Por el contrario, la continuidad parece ser el escenario más viable.

El nuevo Gobierno debe enfrentar, además, algunos desafíos adicionales: por un lado, las consecuencias del inevitable ajuste del gasto del Estado, que el déficit público registrado al cierre del Gobierno pasado ya permitía anticipar. El ajuste ya se ha concretado en el presupuesto aprobado para 2025, en el que, sin embargo, la inversión en el rubro de las transferencias monetarias no se redujo, sino que aumentó sobre la base de un cálculo que contempla el crecimiento de la economía mexicana y otras variables macroeconómicas. Por otro lado, el actual presidente de Estados Unidos ha ratificado sus intenciones de reconsiderar radicalmente su política comercial con México si el país no contiene la migración de personas mexicanas y de migrantes en tránsito; si no combate al crimen organizado y en especial la producción y el trasiego de drogas (el fentanilo, sobre todo), y si no detiene cualquier tipo de operación industrial y comercial por parte de China que vulnere los contenidos regionales de la producción norteamericana. Al respecto, parecería que el Gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá la línea de López Obrador, que consistió en hacer negociaciones activas con la administración de Trump sin renunciar a la soberanía.

Por último, cabe destacar que, de las elecciones de 2024, no solo surgió la primera presidenta de México, sino también una mayoría legislativa federal y local con poderes casi ilimitados para reformar la Constitución. Y la nueva mayoría ha empezado la construcción de un nuevo régimen que no solo modifica las reglas de la postransición al amparo de las cuales creció y accedió al gobierno, sino que, además, cambia rasgos institucionales del diseño de la Constitución de 1917, como la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial. De este modo, la democracia mexicana, a 30 años de su pacto fundacional, enfrenta un reto inédito entre su carácter mayoritario y su no menos esencial dispositivo de controles y balances. ¿De qué dependerá su desenlace? Del peso que las mayorías de ahora y del futuro inmediato concedan a cada uno de estos dos componentes.