La protección de los procesos electorales en Honduras

Resumen ejecutivo

En este estudio de caso se examinan las acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las elecciones generales celebradas en Honduras el 30 de noviembre de 2025. El análisis abarca el ciclo electoral completo desde tres perspectivas: la prevención de riesgos, la resiliencia institucional ante situaciones de presión y la capacidad de recuperación tras situaciones de crisis. El enfoque de género y el enfoque inclusivo se incorporan de forma transversal en este análisis, que examina el papel desempeñado por las misiones de observación electoral, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del proceso.

El ciclo electoral de 2025 se desarrolló en un contexto caracterizado por una profunda desconfianza acumulada hacia las instituciones de gobierno —derivada del golpe de Estado de 2009 y de la crisis poselectoral de 2017— y por una marcada polarización política, que alcanzó máximos históricos. A ello se sumó la implementación sostenida del estado de excepción, prorrogado desde diciembre de 2022, que, aunque no estaba destinado a regular las elecciones, suscitó preocupaciones legítimas sobre el funcionamiento de las garantías que resguardan el ejercicio de los derechos fundamentales. En ese contexto, cuatro riesgos principales marcaron el proceso:

1. Riesgo 1. Captura política y paralización de los órganos electorales. La composición del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), basada en cuotas partidarias, reprodujo rasgos negativos de las dinámicas de distribución del poder que obstaculizaron la toma de decisiones estratégicas. Además, las discrepancias internas, los intentos de condicionamiento presupuestario provenientes del Congreso Nacional y las acciones judiciales iniciadas contra miembros de ambos órganos debilitaron la percepción de estos como entes autónomos e imparciales. El riesgo se materializó en demoras en las licitaciones y en retrasos en la aprobación del presupuesto, lo que dificultó el cumplimiento del calendario electoral. La institucionalidad se sostuvo gracias a una alianza tácita entre dos consejeros del CNE, así como a la negativa del Partido Liberal de Honduras (PLH) a respaldar la ruptura.
2. Riesgo 2. Desinformación e injerencia externa. Las narrativas que anticipaban un posible fraude crearon un clima de desconfianza estructural. En respuesta a las acusaciones infundadas de fraude, el CNE llevó a cabo simulacros a nivel nacional y validó previamente el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP); la sociedad civil y los medios de comunicación independientes implementaron un sistema de monitoreo de las plataformas digitales, y las misiones internacionales —entre ellas, las de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter— proporcionaron una validación externa que contuvo las maniobras desestabilizadoras. Pese a ello, la capacidad institucional para sancionar la desinformación resultó limitada frente a la velocidad de su propagación en el ámbito digital.
3. Riesgo 3. Violencia política y presión del crimen organizado. La incidencia del crimen organizado en determinados territorios, especialmente en el litoral atlántico, se manifestó mediante presiones sobre el voto local y diversos actos de intimidación contra candidatos y votantes. En respuesta, el CNE y las fuerzas de seguridad implementaron planes focalizados y desarrollaron protocolos específicos para poblaciones vulnerables (como las mujeres, los pueblos indígenas y las personas LGBTQ+). La vigencia del estado de excepción generó un marco ambivalente: si bien facilitó la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas de riesgo, las organizaciones de derechos humanos advirtieron acerca de sus efectos restrictivos sobre la libertad de reunión y de expresión durante la campaña.
4. Riesgo 4. Fallos técnicos y márgenes electorales estrechos. Las dificultades técnicas en la implementación de la identificación biométrica —especialmente entre las personas mayores— generaron aglomeraciones y retrasos que alimentaron las sospechas de manipulación. El resultado presidencial extremadamente estrecho —un 40,26 por ciento para Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PNH), un 39,5 por ciento para Salvador Nasralla del PLH y un 19,19 por ciento para Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)— elevó la tensión poselectoral, con movilizaciones y acusaciones cruzadas de fraude. Sin embargo, las misiones de observación electoral no detectaron irregularidades sistémicas que pudieran invalidar el proceso, y el reconocimiento gradual de los resultados por parte de los distintos actores permitió una estabilización progresiva de la situación.

El sistema electoral hondureño completó el ciclo electoral de 2025 con una arquitectura institucional que exhibió una resiliencia operativa superior a lo esperado, pero aún enfrenta vulnerabilidades estructurales, a saber: la dependencia presupuestaria del Congreso, la composición partidaria de los órganos electorales, la polarización política extrema y un ecosistema informativo desigual. La fragmentación del Congreso Nacional (49 escaños para el PNH, 41 para el PLH y 35 para LIBRE) y la distribución tripartita de las alcaldías (151 para el PNH, 76 para el PLH y 69 para LIBRE) auguran una gobernabilidad compleja, con una alta probabilidad de que se produzcan bloqueos legislativos que podrían afectar las reformas pendientes del sistema electoral. La desconfianza ciudadana en las instituciones, aunque no se tradujo en una crisis abierta, sigue sin resolverse.

Para evitar la reiteración de esta situación, en este estudio se identifican cuatro áreas prioritarias de reforma: (a) la autonomía financiera y técnica de los órganos electorales; (b) la regulación de la desinformación y la protección del ecosistema informativo democrático; (c) la despolitización de la justicia electoral y la clarificación de las competencias de las distintas jurisdicciones, y (d) el fortalecimiento de la educación cívica y de la confianza ciudadana en los procesos electorales. Estas recomendaciones se desarrollan en detalle al final de cada sección del informe (apartados 2, 3 y 4).

En conclusión, el caso hondureño demuestra que la protección efectiva de las elecciones depende tanto de la capacidad técnica institucional como del compromiso de las fuerzas políticas y de la participación activa de una ciudadanía informada. La resiliencia mostrada en 2025 es un activo sobre el cual es posible seguir construyendo y consolidando capacidades, pero solo si se traduce en reformas concretas antes del próximo ciclo electoral.

Introducción

El 30 de noviembre de 2025 la ciudadanía hondureña acudió a las urnas para elegir presidente y tres vicepresidentes, así como 128 miembros del Congreso Nacional, 298 concejales municipales y, de forma indirecta, los 20 miembros hondureños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Aunque se registraron 11 partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo permitió la participación de cinco y rechazó las candidaturas de partidos que anteriormente tenían representación en el Congreso Nacional. En este contexto, la contienda y las instituciones electorales estuvieron dominadas por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Liberal de Honduras (PLH), lo que dejó un margen de acción limitado para el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

En el marco de una elevada concentración partidista, en este estudio de caso se analiza el ciclo electoral completo de 2025 en Honduras utilizando la metodología de los informes del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) sobre la protección de los procesos electorales, que se estructuran en torno a tres dimensiones: la prevención de riesgos (sección 2), la resiliencia institucional (sección 3) y la recuperación poselectoral (sección 4), en consonancia con el enfoque establecido en el documento titulado Guía para la protección de los procesos electorales. La guía para conocer y utilizar el Marco Integrado para la Protección de las Elecciones. El objetivo principal es examinar cuáles fueron los principales riesgos para la integridad del proceso; cómo se materializaron; qué hicieron los organismos electorales, la sociedad civil, los medios de comunicación y los observadores para prevenirlos, contrarrestarlos o recuperarse de ellos; qué lecciones dejó el proceso, y cuáles son las reformas pendientes para el próximo ciclo.

Honduras presenta una combinación de factores de riesgo especialmente compleja: la desconfianza en las instituciones, arraigada desde el golpe de Estado de 2009 y la crisis poselectoral de 2017; una polarización ideológica que alcanzó máximos históricos en el último período de gobierno; un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, que se prorrogó durante todo el período electoral; una arquitectura institucional reformada tras 2017 pero aún no plenamente consolidada, y un resultado presidencial extremadamente reñido que agravó la tensión poselectoral. A pesar de estas limitaciones, el sistema evitó la ruptura del orden constitucional, lo que convierte a este caso en un punto de referencia relevante para examinar tanto las vulnerabilidades persistentes como la resiliencia democrática.

En este estudio el análisis documental se combina con entrevistas semiestructuradas realizadas entre febrero y marzo de 2026 a periodistas, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos, observadores electorales, expertos en democracia y representantes de la autoridad electoral. Se presentan datos sobre la calidad democrática y la polarización política, lo que permite situar el proceso de 2025 en una perspectiva temporal y comparativa. Además, el estudio incorpora de manera transversal la perspectiva de género y un enfoque inclusivo, con especial foco en los riesgos y las barreras específicos que enfrentan las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

En la primera sección del trabajo se presenta el contexto político e institucional, fundamental para comprender el ciclo electoral de 2025: se analizan la trayectoria democrática reciente, las crisis que erosionaron la legitimidad electoral, la polarización del sistema de partidos y el nuevo diseño institucional derivado de las reformas del período 2017-2024. Las secciones 2, 3 y 4 constituyen el núcleo analítico del informe y cada una concluye con una serie de recomendaciones clasificadas según la etapa del ciclo electoral. En la quinta sección se presentan las conclusiones y los temas prioritarios para la acción futura.

1. Antecedentes

1.1. La evolución del régimen y la calidad de la democracia

Tras décadas de autoritarismo y fuerte tutela militar, Honduras inició en la década de 1980 un proceso de transición hacia un régimen democrático basado en elecciones periódicas y sufragio universal. La aprobación de la Constitución de 1982 y la celebración de comicios competitivos marcaron el inicio de una etapa caracterizada por la institucionalización de los mecanismos electorales como la principal vía de acceso al poder político. Durante gran parte de ese período el sistema político se estructuró en torno a un bipartidismo dominante encabezado por el PLH y el PNH, que se alternaron en el gobierno y concentraron la mayor parte de los cargos de representación política.

Este sistema, considerado uno de los más estables de la región (Alcántara Sáez, 2008), se basó en una cultura política de élites capaces de negociar reformas y de gestionar los conflictos internos sin romper el orden constitucional. Sin embargo, dicha estabilidad descansaba sobre un fuerte carácter clientelar que permitía a los partidos tradicionales canalizar las demandas sociales y cerrar el espacio al ingreso de nuevas fuerzas políticas. Así, mientras que las reformas de 1997 permitieron la modesta entrada en la arena legislativa de partidos minoritarios —como el PINU-SD, el PDCH o el Partido Unificación Democrática (UD)—, el control real del Estado permaneció bajo la convergencia ideológica de los dos partidos mayoritarios, cuya oferta electoral era a menudo indistinguible y se centraba más en liderazgos personalistas que en programas nacionales diferenciados.

A pesar de la regularidad de las elecciones, la consolidación de Honduras como una democracia electoral formal ha convivido con debilidades persistentes del Estado de derecho y de la confianza institucional (Rodríguez Balmaceda y Otero Felipe, 2024; Salomón, 1996; Taylor-Robinson, 2009). Episodios críticos como el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya y la crisis poselectoral de 2017, marcada por denuncias de irregularidades en la reelección presidencial y por protestas generalizadas¹, deterioraron significativamente la confianza pública en las elecciones. El proceso electoral de 2025 se desarrolló sobre ese trasfondo de desconfianza acumulada, al que se sumó un grado particularmente elevado de polarización política.

Esta ambivalencia se refleja en los indicadores de los principales organismos de monitoreo de la democracia. Según las clasificaciones del proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem), Honduras transitó por una zona gris situada entre la democracia electoral y la autocracia electoral, caracterizada por altos niveles de incertidumbre institucional, una creciente desconfianza ciudadana y el deterioro progresivo de las garantías y las libertades democráticas. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en 2021, el país retornó a la categoría de democracia electoral (V-Dem, s. f.). Por su parte, según los índices del estado global de la democracia de IDEA Internacional, Honduras ha permanecido en un rango medio durante las últimas cuatro décadas, en las que es posible identificar tres etapas clave: la primera, que se extiende de 1982 a 2008, se corresponde con un período de construcción institucional progresiva, en el que todas las categorías —representación, derechos, Estado de derecho y participación— registraron avances graduales y sostenidos. La segunda etapa está marcada por el quiebre de 2009, que provocó la caída más pronunciada en la categoría de representación de todo el período estudiado y cuyos efectos se prolongaron durante casi una década. La tercera etapa se corresponde con un deterioro profundo de las categorías de derechos y de Estado de derecho tras la crisis de 2017, seguido de una leve mejora a partir de 2021 (figura 1).

1.2. Las crisis políticas previas y la erosión de la legitimidad institucional

En el marco de esta trayectoria democrática, dos crisis se destacan como puntos de inflexión para el sistema político hondureño: el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya y la conflictiva elección general de 2017 (Romero Ballivián, 2019). Ambos episodios deterioraron significativamente la confianza de la ciudadanía en las reglas del juego democrático y en la neutralidad de las instituciones encargadas de administrar y arbitrar los procesos electorales.

El golpe de Estado de 2009 no solo significó una interrupción abrupta del orden legal, con el respaldo de sectores clave de las élites y de las Fuerzas Armadas, sino que también instaló la percepción de que los conflictos políticos de alto nivel podían resolverse fuera de los cauces democráticos (Rodríguez Balmaceda, 2015). Las elecciones organizadas posteriormente bajo un gobierno de facto permitieron restablecer cierta normalidad institucional pero no lograron reparar plenamente las fracturas políticas y sociales generadas por la ruptura, lo que dio lugar al surgimiento de nuevas fuerzas de oposición, como el partido LIBRE.

Por su parte, la crisis de 2017 profundizó esta fractura mediante una interpretación judicial controvertida que permitió la reelección presidencial, un hecho que, sumado a graves irregularidades en el conteo de votos, desencadenó un rechazo social masivo. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que el proceso careció de transparencia y de integridad e identificó deficiencias críticas que impidieron garantizar la confiabilidad de los resultados (MOE OEA, 2018). A pesar de que la OEA llegó a proponer la repetición de los comicios, la crisis se consideró “resuelta” por la vía de los hechos, a saber: la declaratoria oficial de resultados emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el reconocimiento diplomático gradual encabezado por Estados Unidos y el control territorial ejercido por las fuerzas de seguridad ante las protestas (MOE OEA, 2018).

La imposición de esta resolución dejó una herida de legitimidad que obligó a la clase política a buscar una salida institucional mediante la implementación de reformas estructurales. Al trazar el camino hacia 2021, se tomaron como base las principales recomendaciones de los organismos internacionales, centradas en tres ejes:

1. La despolitización y la segmentación de los órganos electorales, lo que derivó en la sustitución del cuestionado TSE por el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
2. La depuración y la modernización del censo electoral para reducir el riesgo de suplantación de identidad.
3. La implementación de un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) más sólido y auditable.

Estos acontecimientos no solo consolidaron la percepción de que los procesos electorales eran susceptibles de manipulación desde el poder, sino que también impulsaron el diseño de nuevas bases procedimentales que, tras años de desconfianza acumulada, permitirían la alternancia pacífica en el ciclo posterior. No obstante, este proceso de erosión institucional ha permeado transversalmente tanto a las élites parlamentarias como a la ciudadanía. El análisis longitudinal de la confianza en el organismo electoral, basado en datos del proyecto Élites Parlamentarias de América Latina de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), revela una trayectoria de volatilidad pronunciada en las últimas dos décadas (figura 2). Tras un período de relativa estabilidad, se registró un incremento excepcional de la confianza de los integrantes de la legislatura de 2010-2014 en el organismo electoral (96,7 por ciento). Sin embargo, esta mejora resultó ser un espejismo institucional que no logró consolidarse: a partir de 2014, la percepción positiva inició un descenso sostenido hasta registrar su punto más bajo en la legislatura de 2022-2026, cuando apenas el 22,1 por ciento de los legisladores manifestaron tener confianza en el organismo electoral.

A esta disminución de la confianza de las élites parlamentarias en el organismo electoral se suma la caída de la confianza ciudadana en las elecciones, medida por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), cuyos datos muestran un declive estrepitoso de este indicador tras 2017, que se mantuvo en niveles críticos y solo registró una leve recuperación hacia 2023 (figura 3). El desplome de la confianza tras las elecciones de 2017, cuando este indicador cayó al 22 por ciento, señala que la crisis poselectoral no fue un episodio aislado, sino un punto de inflexión que consolidó una narrativa sobre la vulnerabilidad y la posible manipulación de las elecciones.

La combinación de una confianza decreciente de las élites parlamentarias en el organismo electoral (figura 2) y de la disminución de la confianza de la ciudadanía en las elecciones (figura 3) creó un entorno especialmente fértil para que, en 2025, las acusaciones de fraude se instalaran rápidamente como un argumento verosímil para explicar cualquier problema logístico o retraso en la transmisión de los resultados.

Este contexto de debilidad institucional y desconfianza acumulada constituye un elemento central para comprender la evolución reciente del sistema político hondureño. Al llegar al ciclo electoral de 2025, la legitimidad de las instituciones y de los procesos electorales ya se encontraba erosionada, lo que creó un entorno especialmente propicio para la intensificación de la polarización política y la disputa por la integridad de las elecciones.

1.3. La polarización ideológica y la fragmentación del sistema de partidos

Finalmente, la evolución del sistema político hondureño ha estado marcada por un incremento sostenido de la polarización ideológica, un fenómeno que ha transformado la dinámica de la competencia política desde 2013 (Otero Felipe, Rodríguez Balmaceda y Rodríguez Zepeda, 2023). Esta transformación responde a la ruptura del bipartidismo tradicional tras la crisis política de 2009, que actuó como catalizador de una reconfiguración profunda del sistema de partidos. La irrupción de nuevas fuerzas, como LIBRE y el Partido Anticorrupción (PAC) en el proceso de 2013, terminó con la hegemonía histórica del PLH y el PNH y desplazó al país hacia un tripartidismo con presencia de actores satélites. En este nuevo escenario, mientras que el PNH ha logrado retener bastiones regionales estratégicos y el PLH ha experimentado un repliegue de su poder territorial, LIBRE se ha consolidado como el eje de la izquierda hondureña. Su ascenso, que culminó con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia en 2021, no solo ha promovido una competitividad electoral inédita, sino que también ha desplazado la vieja política, basada en el clientelismo y los liderazgos personalistas, hacia una competencia estructurada en torno a bloques ideológicos claramente diferenciados y enfrentados. Según los indicadores de polarización ponderada del proyecto PELA-USAL, las distancias entre las fuerzas políticas han aumentado de forma progresiva, hasta alcanzar sus niveles más altos en las legislaturas más recientes. Esta tendencia refleja no solo una mayor fragmentación del Congreso Nacional, sino también un contexto en el que la capacidad de negociación y de construcción de acuerdos legislativos se ha debilitado progresivamente.

Los datos presentados en la figura 4 muestran que, si bien la polarización ideológica del sistema de partidos hondureño ha experimentado variaciones a lo largo del tiempo, ha tendido a incrementarse en los períodos más recientes. Los tres indicadores calculados para medir la polarización confirman este patrón. En la primera legislatura analizada (1993-1997), la polarización media, basada en la ubicación ideológica de los partidos, fue relativamente baja (0,4). Aunque el indicador alcanzó un pico en el período 2001-2005 y posteriormente descendió, a partir de las elecciones de 2013 se observa un aumento sostenido que culmina con el registro de su nivel más alto en la legislatura actual. Dado que el cálculo está ponderado por el número de escaños, las distancias ideológicas entre los partidos con mayor representación tienen un peso decisivo en el nivel agregado de polarización, mientras que las divergencias entre los partidos minoritarios generan efectos más limitados.

Este aumento de las distancias ideológicas ha coincidido con una mayor fragmentación del Congreso desde 2013, lo que ha dificultado la formación de mayorías estables y ha complejizado las dinámicas de la negociación parlamentaria. En este sentido, la polarización no solo describe la configuración ideológica del sistema de partidos, sino que también incide directamente en la gobernabilidad.

Un patrón similar se observa en el indicador que mide la autoubicación ideológica de los diputados. Aunque los valores son ligeramente inferiores —lo que sugiere que los legisladores tienden a percibir que están más próximos entre sí de lo que lo están sus partidos—, la tendencia general es igualmente clara: las distancias ideológicas entre los parlamentarios se han ampliado en los últimos períodos analizados, lo que refleja una creciente diferenciación en el espacio político.

Por su parte, el indicador basado en la percepción que los diputados tienen sobre la ubicación ideológica de los demás partidos revela niveles de polarización aún más elevados. Los datos muestran que las élites parlamentarias tienden a situar a sus adversarios en posiciones ideológicas más extremas que las que atribuyen a su propio partido o a sí mismos. Esta dinámica contribuye a reforzar una narrativa de confrontación que permea tanto la competencia electoral como las relaciones interpartidarias en el ámbito legislativo. Como resultado, la polarización ha seguido aumentando en el período analizado y, en la legislatura actual, ha superado nuevamente los 9 puntos, como ocurrió en la legislatura del período 2013-2017.

Esta brecha ideológica no constituye únicamente un indicador estadístico, sino también un factor que condiciona la gobernabilidad y la relación entre las élites políticas y la ciudadanía. Mientras la polarización se intensifica en las esferas del poder, diversos problemas estructurales, como la pobreza persistente, la corrupción, la migración masiva y la dependencia de las remesas, continúan debilitando el vínculo entre la clase política y las demandas sociales (Meléndez, 2019; Salomón, 2022; Sosa, 2021). Al llegar al ciclo electoral de 2025, la combinación de una legitimidad institucional erosionada, una memoria histórica de crisis no resueltas y una polarización creciente entre las élites configuró un escenario de alta tensión. En ese contexto, la integridad de las elecciones dejó de percibirse únicamente como una cuestión técnica para convertirse en el centro de una disputa política profunda, en la que la desconfianza acumulada se consolidó como uno de los principales desafíos para la estabilidad democrática del país.

1.4. La reforma electoral y el nuevo diseño institucional

Como respuesta a los cuestionamientos acumulados tras la crisis electoral de 2017, Honduras implementó en la última década un conjunto de reformas orientadas a modernizar su arquitectura electoral y fortalecer las garantías institucionales del proceso democrático.

Una de las piezas centrales de este proceso fue la sustitución del antiguo TSE por dos órganos diferenciados: el CNE, encargado de la organización y la administración de los procesos electorales, y el TJE, responsable de la resolución de las controversias y los litigios electorales. El objetivo de esta división fue aproximar el diseño institucional hondureño al de otros modelos en los que la separación entre la administración y la justicia electoral funciona como una salvaguarda adicional para la integridad del proceso (ver tablas A.1 y A.2 del anexo A).

El nuevo marco institucional se complementó con la aprobación de diversas normas, entre ellas la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos de 2017 (y sus reformas posteriores), la Ley Electoral de Honduras de 2021 y la Ley Orgánica y Procesal Electoral de 2024. Estas disposiciones establecen, al menos en el plano formal, mecanismos para regular el registro de votantes, la inscripción de candidaturas, la campaña electoral, el financiamiento político y los procedimientos para la resolución de controversias. En este contexto, la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) tuvo como objetivo fortalecer el control del uso de los recursos de campaña y prevenir el financiamiento ilícito.

Paralelamente, el Registro Nacional de las Personas continuó desempeñando un papel clave en la identificación ciudadana y en la elaboración del censo electoral, un elemento fundamental para garantizar la credibilidad del sufragio.

En teoría, este entramado institucional y normativo debería proporcionar una base adecuada para la celebración de elecciones periódicas, competitivas y transparentes, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos políticos. Sin embargo, la implementación de estas reformas se vio condicionada por factores políticos y estructurales que limitaron significativamente su alcance.

La integración del CNE y del TJE basada en cuotas partidarias, que refleja los equilibrios entre las principales fuerzas políticas (LIBRE, PNH y PLH), reprodujo en buena medida la lógica de reparto institucional que las reformas pretendían superar. Además, la estructura interna del CNE replicó este esquema tripartito en varios de sus departamentos clave, lo que generó responsabilidades difusas, dificultades de coordinación y demoras en la toma de decisiones estratégicas.

A esas limitaciones institucionales se sumaron importantes restricciones materiales. La dependencia presupuestaria respecto del Congreso Nacional, a veces utilizada como instrumento de negociación política, afectó la autonomía operativa de las autoridades electorales. La limitada disponibilidad de recursos para modernizar la tecnología electoral, capacitar adecuadamente a las juntas receptoras de votos y fortalecer los mecanismos de fiscalización dejó vacíos que, en contextos de elevada desconfianza política, tienden a ser percibidos como potenciales espacios de manipulación.

Por último, la creciente judicialización de las decisiones electorales, evidenciada en las intervenciones del Ministerio Público y de los tribunales ordinarios en materias que deberían corresponder principalmente a la jurisdicción electoral, contribuyó a difuminar las fronteras entre los poderes y debilitó la posición de los organismos especializados.

En conjunto, Honduras llegó al proceso electoral de 2025 con una democracia electoral formalmente establecida, pero con una trayectoria reciente marcada por profundas crisis políticas y una arquitectura electoral reformada que aún no había logrado consolidarse plenamente ni generar niveles suficientes de confianza pública. Sobre ese trasfondo institucional y político se desarrolló el ciclo electoral de 2025, en el que la polarización partidaria, la presión sobre las instituciones y la intervención de diversos actores pusieron a prueba la capacidad del sistema para preservar la integridad de las elecciones.

A pesar de los avances normativos, la integridad del proceso electoral de 2025 se enfrentó a retos críticos que pusieron a prueba la resiliencia de la nueva arquitectura institucional. La polarización política extrema no solo fracturó el debate público, sino que también impulsó acusaciones anticipadas de fraude y campañas de desinformación destinadas a deslegitimar al CNE. Un factor desestabilizador de gran impacto fue la injerencia extranjera, reflejada en los anuncios de Donald Trump en los días previos a las elecciones. Sus declaraciones públicas cuestionando la transparencia del sistema hondureño, combinadas con la controvertida promesa de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, fueron percibidas como una presión externa directa destinada a influir en el comportamiento de la ciudadanía y a socavar la soberanía de las instituciones nacionales. A ese entorno hostil se sumó la amenaza del crimen organizado, implicado tanto en hechos de violencia política como en presiones sobre las mesas electorales locales en territorios específicos, lo que requirió la adopción de medidas de respuesta coordinadas con las fuerzas de seguridad.

La gestión de estos riesgos puso de manifiesto las limitaciones operativas del sistema ante las crisis de legitimidad. Para mitigar la desconfianza, el CNE desarrolló una estrategia de transparencia técnica basada en la realización de simulacros nacionales y en la validación anticipada del sistema TREP, con el fin de garantizar un flujo ininterrumpido de datos desde el cierre de las urnas. Sin embargo, aunque la respuesta técnica fue sólida, la capacidad institucional para sancionar la desinformación y frenar la violencia política fue limitada, lo que puso de manifiesto una dependencia crítica respecto de la buena voluntad de los actores partidarios. La supervivencia del proceso dependió, en última instancia, de la capacidad del personal técnico para mantener la operatividad del sistema bajo una intensa presión presupuestaria y judicial, así como para procesar los resultados en un entorno marcado por una confrontación sistémica.

2. Prevención

El proceso de prevención de conflictos en 2025 no puede entenderse sin considerar el contexto de las elecciones primarias de marzo de ese año. En el sistema político hondureño, dada la ausencia de una segunda vuelta, las primarias funcionan, en la práctica, como una encuesta electoral vinculante que determina no solo las candidaturas de los tres principales partidos (LIBRE, PNH y PLH), sino también el equilibrio de poder real con el que cada actor se presenta en la contienda general (Rodríguez Balmaceda, 2024). Este evento es el primer termómetro de la integridad del ciclo y de la capacidad de las organizaciones políticas para movilizar a los votantes. Sin embargo, el proceso de marzo de 2025 estuvo marcado por una fuerte intervención de las Fuerzas Armadas en la custodia y el transporte de las urnas, lo que, combinado con importantes fallos técnicos en el procesamiento del conteo de votos², alimentó las denuncias de relleno de urnas y las acusaciones mutuas de fraude que minaron el clima de confianza desde el inicio del calendario electoral.

Como respuesta a estos incidentes, el CNE articuló medidas correctivas integradas en su cronograma electoral y en sus planes operativos especiales. El objetivo era fortalecer los eslabones que habían fallado en marzo: la seguridad en la transmisión de datos y la acreditación de los delegados de las mesas. No obstante, pese a la detección temprana de estas debilidades operativas, la identificación biométrica volvió a ser un factor crítico de retraso durante la jornada del 30 de noviembre. El sistema planteó dificultades técnicas recurrentes, especialmente en la lectura de las huellas digitales de las personas mayores, lo que provocó aglomeraciones y tiempos de espera prolongados, que las narrativas partidarias utilizaron para justificar sospechas de manipulación.

En el plano normativo, se reforzaron las disposiciones relativas al financiamiento político y al comportamiento en campaña para mitigar la desinformación. El CNE renovó sus directrices para garantizar un acceso equitativo de las fuerzas políticas a los medios de comunicación y realizó un monitoreo de las plataformas digitales para detectar narrativas incipientes de fraude.

Para proteger el proceso electoral, el CNE impulsó un amplio mecanismo de validación internacional basado en la acreditación de una cifra récord de aproximadamente 3.500 observadores nacionales y más de 300 internacionales (incluidas las misiones de la OEA, de la Unión Europea y del Centro Carter). Sin embargo, esta apertura contrastó con las dificultades que enfrentó la prensa local. Mientras que algunos sectores pudieron informar sin restricciones sistemáticas (entrevista 1, periodista, febrero de 2026), otros comunicadores señalaron que la extrema polarización generó un entorno de hostilidad que dificultó el desarrollo de una labor informativa equilibrada: “Si bien existió un flujo de datos oficiales, el acceso a los espacios de verificación técnica estuvo limitado para ciertos sectores de la prensa, y la desinformación digital complicó la cobertura neutral del proceso” (entrevista 6, periodista, marzo de 2026).

Esta situación se agravó por las dinámicas estructurales del mercado de los medios de comunicación. Al respecto, diversos informes técnicos, como el de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, han documentado que, si bien Honduras garantiza legalmente la libertad de expresión, en la práctica persiste una marcada polarización y una distribución desigual de la publicidad gubernamental, factores que socavan la neutralidad del ecosistema informativo y limitan el alcance de la comunicación institucional dirigida a los votantes (MOE UE, 2026).

Además, el entorno mediático durante el proceso electoral de 2025 se caracterizó por condiciones adversas para el ejercicio del periodismo. Según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, los medios de comunicación operaron en un contexto caracterizado por la intimidación, el despliegue de campañas de desprestigio coordinadas, persecuciones legales y una retórica hostil por parte de altos funcionarios del Gobierno y de figuras políticas clave (MOE UE, 2026). Ese clima de presión contribuyó a socavar aún más el pluralismo mediático y a restringir el debate público imparcial.

Por el contrario, una representante de una organización de la sociedad civil entrevistada para este estudio destacó que, pese a las tensiones y las dificultades entre los consejeros del CNE, dichas organizaciones fueron capaces de desarrollar una labor de monitoreo y seguimiento independiente (entrevista 2, representante de una organización de la sociedad civil, febrero de 2026).

Finalmente, las medidas de prevención en materia de seguridad incluyeron la implementación de planes focalizados en zonas con una alta incidencia del crimen organizado o con elevados niveles de conflictividad territorial, como el litoral atlántico. Paralelamente, se promovieron espacios de diálogo para fomentar el respeto de los resultados electorales y se elaboraron protocolos internos para prevenir la violencia contra grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTQ+ y las personas con discapacidad. El diseño de protocolos internos, las acciones de sensibilización y la capacitación del personal electoral, así como la coordinación de acciones con entidades especializadas, tuvieron como objetivo prevenir riesgos de discriminación y violencia política, así como asegurar condiciones razonables de accesibilidad y participación. Aunque estas medidas no eliminaron las brechas existentes, contribuyeron a consolidar la prevención de la violencia y la inclusión como dimensiones centrales de la integridad electoral.

2.1. Recomendaciones para la etapa de prevención

El análisis de la fase preelectoral permite identificar cuatro recomendaciones prioritarias para fortalecer la capacidad preventiva del sistema en futuros ciclos electorales:

1. Establecer un mecanismo permanente para la gestión de los riesgos electorales. El CNE debería institucionalizar, entre un ciclo electoral y el siguiente, una unidad de monitoreo de riesgos que identifique de manera sistemática amenazas contra la integridad del proceso —como la violencia política, la desinformación y la presión de actores ilegítimos— y que proponga medidas correctivas antes del inicio formal de la campaña. Los incidentes ocurridos durante las primarias de marzo de 2025 evidenciaron que los fallos técnicos y las tensiones políticas, cuando se identifican a tiempo, pueden corregirse antes de la elección general si existe la capacidad institucional para ello.
2. Aprobar un marco regulatorio para contrarrestar la desinformación electoral. Honduras carece de una regulación específica para abordar la desinformación en entornos digitales durante el período electoral. Se recomienda desarrollar —en consulta con la sociedad civil y las plataformas tecnológicas— un protocolo de detección y respuesta rápida ante narrativas anticipadas de fraude, que incluya mecanismos de verificación de hechos (fact-checking) articulados con los medios de comunicación, sin comprometer la libertad de expresión.
3. Ampliar y estabilizar el financiamiento del CNE con suficiente antelación. La aprobación tardía del presupuesto electoral de 2025 provocó retrasos en licitaciones tecnológicas y logísticas que comprometieron la planificación del proceso. Se recomienda garantizar por ley una dotación presupuestaria mínima, aprobada al menos 18 meses antes de la elección, a fin de blindar la autonomía operativa de los organismos electorales frente a las presiones del Congreso Nacional.
4. Fortalecer los protocolos de inclusión y de seguridad en zonas de riesgo. El desarrollo de planes focalizados en el litoral atlántico y en otras zonas de alta conflictividad constituyó un avance, pero su implementación fue parcial. Se recomienda desarrollar mapas de riesgo territorial actualizados, incrementar la coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad y las organizaciones de derechos humanos, y garantizar que los protocolos de inclusión para mujeres, pueblos indígenas y personas LGBTQ+ sean monitoreados y evaluados de manera sistemática en cada proceso.

3. Resiliencia de las instituciones

El diseño institucional resultante de la reforma de 2017 procuró reflejar la realidad de un sistema tripartito al incluir a LIBRE en el proceso de toma de decisiones, a fin de que los principales actores estuvieran representados en dicho proceso (entrevista 8, representante de la autoridad administrativa electoral, marzo de 2026). Sin embargo, ese mismo diseño institucional basado en cuotas partidarias fue el origen de las principales tensiones durante el ciclo electoral de 2025. Los desacuerdos entre los miembros del Consejo, los intentos del Congreso Nacional de condicionar la aprobación del presupuesto electoral y los consiguientes retrasos en las licitaciones y las contrataciones afectaron la planificación operativa y generaron incertidumbre en diversas fases del ciclo, lo que dio lugar a una dinámica comparable con la de Guatemala, caracterizada por una creciente judicialización de la política. Un experto electoral entrevistado para este estudio confirmó que el conflicto interno entre las autoridades electorales y el retraso presupuestario fueron las principales causas de tensión durante el proceso electoral (entrevista 5, experto en democracia y procesos electorales, marzo de 2026).

Pese a ello, el día de las elecciones la institución demostró una resiliencia operativa superior a lo esperado, considerando el escenario preelectoral. Un factor clave fue la capacidad del personal técnico y operativo del CNE para responder bajo presión y mitigar los efectos de la parálisis de la conducción institucional: se desplegaron las mesas electorales, los materiales electorales se entregaron a tiempo, y la identificación biométrica y el sistema TREP funcionaron de manera razonablemente satisfactoria³. Si bien este desempeño evidencia importantes fortalezas operativas, debe interpretarse con cautela, dadas las evaluaciones preelectorales que destacaron niveles desiguales de preparación e inconsistencias en los procesos de capacitación. El mismo experto antes citado señaló que, a pesar de los retrasos en la transmisión de los resultados preliminares —un problema recurrente en elecciones anteriores—, el porcentaje inicial de actas publicadas fue superior al de 2021, lo que representa una mejora relativa en materia de transparencia (entrevista 5, experto en democracia y procesos electorales, marzo de 2026). Esta resiliencia operativa se vio reforzada por el firme liderazgo de la presidencia del CNE, que, en los momentos de mayor presión partidista, defendió la integridad institucional y dio prioridad a la publicación de resultados creíbles.

El momento de mayor tensión se produjo durante la noche electoral, cuando el sistema TREP se detuvo al registrar el 91 por ciento de las actas, con un margen de victoria electoral muy estrecho. El Gobierno, entonces, activó una narrativa de fraude que combinó los bloqueos judiciales previos con el desconocimiento público de los resultados parciales. Según un experto consultado para la elaboración de este estudio, el oficialismo intentó, además, sumar a Salvador Nasralla a esa narrativa con el objetivo de invalidar todo el proceso (entrevista 7, experto en democracia y procesos electorales, marzo de 2026). La institucionalidad se sostuvo por dos vías: una alianza tácita entre dos de los tres consejeros del CNE, que mantuvo operativa la publicación de los resultados, y la decisión del PLH de no respaldar la ruptura y de priorizar la estabilidad del sistema por sobre una ventaja política inmediata.

La resiliencia también se manifestó en los niveles descentralizados de la administración electoral. Los Consejos Departamentales Electorales y los Consejos Municipales Electorales, pese a sus limitaciones en materia de infraestructura, equipamiento y comunicaciones, asumieron responsabilidades adicionales relacionadas con la logística y la distribución de materiales y demostraron una capacidad de coordinación y resolución pragmática de problemas que contrastó notablemente con los conflictos observados a nivel central. En muchos municipios, desde zonas logísticamente aisladas como Puerto Lempira hasta centros densamente poblados como El Progreso, predominó la cooperación entre representantes de distintos partidos y funcionarios electorales, lo que redujo las tensiones locales, garantizó el correcto desarrollo del escrutinio y evitó que las tensiones a nivel central se tradujeran en un colapso general del proceso (entrevista 7, experto en democracia y procesos electorales, marzo de 2026).

3.1. Recomendaciones para el fortalecimiento de la resiliencia institucional

La resiliencia operativa demostrada en 2025 fue notable, aunque dependió en gran medida del compromiso individual y de mecanismos informales de colaboración. Para institucionalizar esa resiliencia, se identifican tres recomendaciones:

1. Profesionalizar la estructura técnica intermedia mediante un servicio civil electoral. El actual sistema de nombramientos discrecionales para cargos estratégicos traslada la polarización política a la ejecución operativa del CNE y el TJE. Se recomienda institucionalizar jurídicamente estas áreas clave, de modo que sean ocupadas por funcionarios de carrera seleccionados mediante concursos públicos basados en el mérito. Este blindaje de la estructura intermedia garantiza que la operación técnica del ciclo electoral sea resiliente frente a las crisis en los niveles superiores de la conducción institucional y asegura la integridad de los resultados, independientemente de los acuerdos o las discrepancias entre los miembros del CNE.
2. Clarificar las competencias de la justicia electoral y de la justicia ordinaria. La creciente judicialización de las decisiones electorales, mediante intervenciones del Ministerio Público y de los tribunales ordinarios, diluyó las fronteras entre los poderes del Estado y debilitó la posición de los órganos especializados. Del TJE sobre materias electorales durante el ciclo electoral, junto con un mecanismo de protección frente a acciones externas destinadas a interferir en el proceso.
3. Fortalecer la tecnología electoral y los mecanismos de respuesta ante contingencias técnicas. Las dificultades recurrentes que afectan la identificación biométrica y los retrasos del sistema TREP muestran que es preciso incrementar la inversión en tecnología electoral y desarrollar un protocolo específico para la comunicación de contingencias que permita explicar a los actores políticos y a la ciudadanía, en tiempo real y con un lenguaje accesible, las causas de los retrasos técnicos, a fin de prevenir la difusión de narrativas de fraude. La experiencia de 2025 evidenció, además, la vulnerabilidad de depender de un sistema TREP contratado externamente: los tiempos de respuesta y los márgenes de decisión durante la noche electoral estuvieron condicionados por la relación con el proveedor, en lugar de estar bajo el control directo del CNE. Se recomienda que el CNE desarrolle capacidad tecnológica propia para la transmisión y la publicación de los resultados preliminares, de forma que Honduras llegue al ciclo de 2029 con un sistema TREP institucional que esté permanentemente bajo control público y sujeto a auditorías ciudadanas desde su desarrollo, no solo en lo que respecta a los resultados.

4. Recuperación tras la crisis

Tras la publicación de los resultados y la resolución inicial de las impugnaciones, el sistema político hondureño entró en una etapa de recuperación orientada a restablecer la confianza institucional y encauzar la transición de gobierno. El reconocimiento progresivo de los resultados por parte de los principales actores políticos contribuyó a desactivar los escenarios de ruptura y la ausencia de una prolongada crisis poselectoral comparable a la de 2017 constituyó un indicador significativo de estabilización institucional.

Un rasgo excepcional de este proceso fue la vigencia de un estado de excepción prorrogado en múltiples ocasiones durante el período electoral. Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, este elemento planteó desafíos específicos para la plena garantía de los derechos y las libertades: un representante de una de estas organizaciones señaló que los estados de excepción pueden restringir las libertades de reunión, circulación y expresión, y que la prolongación reiterada de esa medida generó preocupaciones fundadas sobre su impacto en el entorno democrático en el que se desarrollaron los comicios (entrevista 4, representante de una organización de derechos humanos, febrero de 2026). Este elemento debe interpretarse en el marco del proceso de recuperación: la normalización democrática poselectoral se produjo sobre un trasfondo institucional que las organizaciones de derechos humanos ya consideraban comprometido.

La sociedad civil, los medios de comunicación y las misiones de observación formaron parte activa del andamiaje de la recuperación. Diversas organizaciones nacionales e internacionales desplegaron observadores en todo el país, acompañaron el escrutinio y contribuyeron a verificar la consistencia de los resultados ante las acusaciones de fraude. Un miembro de una misión de observación electoral destacó que, pese a la aplicación de un reglamento más estricto que el utilizado en procesos anteriores, los observadores pudieron documentar las dificultades surgidas durante la jornada electoral; también señaló que, en términos generales, no se identificaron inconsistencias significativas que comprometieran la integridad de la votación (entrevista 3, miembro de una misión de observación electoral, febrero de 2026). Este acompañamiento externo cumplió una función disuasoria frente a maniobras desestabilizadoras, similar a la que desempeñaron los observadores nacionales e internacionales en Guatemala tras las elecciones de 2023.

La recuperación también supuso atender los efectos de la conflictividad sobre actores específicos. Al igual que ocurrió en Guatemala, en Honduras persistieron los riesgos de represalias y de descrédito contra funcionarios electorales, observadores y líderes sociales que defendieron la integridad del proceso. El respaldo público de diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como el seguimiento de los casos de hostigamiento mediante mecanismos de protección de los derechos humanos, resultaron fundamentales para contener dichos riesgos. A nivel institucional, los procedimientos de denuncia y apelación ante la justicia electoral ofrecieron una vía formal para canalizar los reclamos y redujeron los incentivos para la movilización violenta, pese a las evidentes limitaciones de recursos y a las presiones políticas que enfrentaban estos órganos.

Finalmente, la consolidación de la recuperación exige entender el ciclo electoral como un proceso continuo. Mientras persistan la vulnerabilidad financiera de las instituciones, la polarización política y la desconfianza ciudadana, la normalización de la vida democrática seguirá siendo parcial y reversible. La implementación de reformas durante el primer año de mandato —antes de que la lógica del siguiente ciclo electoral condicione las decisiones y los incentivos de los actores— es necesaria para que la resiliencia demostrada en 2025 se transforme en una solidez institucional duradera.

4.1. Recomendaciones para la recuperación y la agenda de reforma poselectoral

La recuperación no concluye con la toma de posesión del nuevo Gobierno. En cambio, exige una agenda de reformas que aborden las vulnerabilidades estructurales que generaron los riesgos experimentados en 2025. Se identifican cuatro temas prioritarios para evitar la reiteración de la situación en el próximo ciclo electoral:

1. Reformar la Ley Electoral para garantizar la autonomía financiera y operativa del CNE. Las misiones de observación de la Unión Europea y de la OEA, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), coincidieron en señalar que la dependencia presupuestaria respecto del Congreso Nacional constituye una vulnerabilidad estructural crítica. La reforma debería establecer la asignación automática de recursos al CNE, calculada como un porcentaje fijo del presupuesto nacional, con desembolsos programados que no requieran aprobación legislativa anual. Adicionalmente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó modificar el régimen de contrataciones del CNE para agilizar las licitaciones de insumos electorales fundamentales (tecnología, logística y comunicaciones) y evitar que queden sujetas a los plazos ordinarios de la Ley de Contratación del Estado, cuando el calendario electoral así lo exija. La ventana óptima para estas reformas es el primer año de mandato, antes de que la lógica del siguiente ciclo electoral condicione las decisiones y los incentivos de los actores políticos.
2. Proteger a quienes defendieron la integridad del proceso y prevenir represalias. Al igual que en Guatemala tras las elecciones de 2023, en el período poselectoral de Honduras existe el riesgo de que los funcionarios electorales, los observadores y los líderes civiles que actuaron en defensa de los resultados sufran represalias o sean objeto de campañas de descrédito. Se recomienda activar mecanismos de protección mediante el sistema de derechos humanos, el acompañamiento público de organizaciones nacionales e internacionales y el seguimiento específico de los casos de amenazas o acoso contra los actores que actuaron como garantes de la integridad electoral.
3. Reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Los datos de LAPOP y PELA-USAL muestran que la confianza en el organismo electoral y en las elecciones se ha ido erosionando durante más de una década y que los logros alcanzados son frágiles. Se recomienda diseñar una estrategia de comunicación pública poselectoral que rinda cuentas de forma transparente sobre el desempeño del proceso de 2025, así como articular programas de educación cívica a largo plazo —en alianza con el sistema educativo, la sociedad civil y los medios de comunicación—, a fin de reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones democráticas.
4. Revisar el marco normativo del estado de excepción y sus interacciones con el ciclo electoral. La celebración de elecciones en el marco de un estado de excepción prorrogado planteó interrogantes jurídicos y políticos sobre las condiciones mínimas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales durante la campaña electoral. Se recomienda que el Poder Legislativo, con la participación de la sociedad civil y el acompañamiento de organismos internacionales, establezca con claridad en qué medida los estados de excepción son compatibles con la celebración de procesos electorales, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.

5. Conclusiones

El proceso electoral hondureño del 30 de noviembre de 2025 puso a prueba la capacidad de del sistema democrático del país. Por un lado, las debilidades estructurales —la injerencia partidaria en las instituciones electorales, la vulnerabilidad financiera, la polarización y las deficiencias logísticas— evidenciaron que la arquitectura institucional sigue siendo frágil y vulnerable ante escenarios de alta conflictividad política. Por otro lado, la combinación de las medidas preventivas, la profesionalidad del personal electoral, el compromiso de la sociedad civil y de los medios de comunicación y el acompañamiento internacional permitió preservar la integridad fundamental de los resultados y evitar una ruptura abierta del orden constitucional.

Las entrevistas realizadas a actores clave del proceso electoral confirman que, pese a las tensiones políticas y las debilidades institucionales identificadas, diversos mecanismos de monitoreo independiente —incluida la labor de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y organizaciones de derechos humanos— contribuyeron a reforzar la vigilancia pública del proceso. Al mismo tiempo, los testimonios coinciden en señalar que las principales causas de conflicto no se debieron necesariamente a irregularidades masivas durante la votación, sino a la polarización política, las disputas entre las autoridades electorales y el estrecho margen de los resultados, factores que amplificaron la percepción de incertidumbre en torno al desarrollo de las elecciones.

Tres lecciones emergen con especial nitidez. En primer lugar, la prevención debe concebirse como una política de Estado a largo plazo, que incluya la planificación anticipada del ciclo electoral, marcos regulatorios claros frente a la desinformación y la violencia, y mecanismos de coordinación interinstitucional eficaces en materia de seguridad y de gestión de riesgos. En segundo lugar, la resiliencia de las instituciones descansa tanto en su diseño formal —independencia, recursos y profesionalización— como en la conducta de los actores que las integran e interactúan con ellas: cuando las autoridades electorales, los observadores, la sociedad civil y la comunidad internacional coinciden en la defensa de la voluntad popular, las posibilidades de éxito de los actores antidemocráticos se reducen significativamente.

En tercer lugar, la recuperación tras la crisis no se limita al cierre administrativo del proceso electoral, sino que exige una agenda de reformas que aborde las causas profundas de la fragilidad institucional, así como sus efectos en las personas y las instituciones. Sin cambios efectivos en la gobernanza del sistema electoral, los avances logrados en 2025 podrían revertirse ante futuras coyunturas de conflicto. El desafío para Honduras consiste, por tanto, en consolidar la experiencia de 2025 como un punto de inflexión hacia una democracia más sólida, más inclusiva y capaz de resistir y superar nuevas oleadas de conflicto político.

Anexo A. Marco institucional y evolución de las autoridades electorales en Honduras

Anexo B. Metodología

Este estudio de caso se basa en una combinación de análisis documental y entrevistas cualitativas a actores clave del proceso electoral hondureño. La revisión documental incluyó el examen del marco jurídico electoral vigente, con especial énfasis en la Ley Electoral de Honduras, la Ley Orgánica y Procesal Electoral y otras disposiciones normativas relevantes para la organización y supervisión de los comicios. Asimismo, se analizaron informes de observación electoral, publicaciones académicas, informes de organismos internacionales y documentos producidos por las instituciones nacionales vinculadas con la gestión electoral.

Para complementar la revisión documental y captar prácticas institucionales que no siempre constan en los registros públicos, se realizaron entrevistas semiestructuradas entre febrero y marzo de 2026. La selección de las personas entrevistadas —especialistas técnicos, observadores electorales o comunicadores sociales— se basó en su trayectoria y su responsabilidad en el ámbito electoral. Estos diálogos permitieron recabar información detallada sobre la toma de decisiones estratégicas, los desafíos afrontados y las lecciones aprendidas durante el ciclo electoral.

A partir de los testimonios se identificaron percepciones, experiencias y evaluaciones de diversos sectores y actores sobre los mecanismos de prevención de riesgos, la capacidad de resiliencia institucional ante tensiones políticas y las estrategias de gestión del período poselectoral. La perspectiva de género y la perspectiva inclusiva se incorporaron en todo momento durante el análisis de las voces consultadas y de las políticas examinadas. Finalmente, la información obtenida fue triangulada con fuentes documentales e informes de acceso público para fortalecer la consistencia analítica y la solidez de los hallazgos del estudio.

Lista de siglas y acrónimos

Bibliografía

Alcántara Sáez, M., “Honduras”, en M. Alcántara Sáez, Sistemas políticos de América Latina (Madrid: Tecnos, 2008), vol. II, 2.^a ed.

Élites Parlamentarias de América Latina de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL), <https://oir.org.es/pela>, fecha de consulta: 10 de marzo de 2026.

Honduras, República de, Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. Decreto núm. 137-2016, La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, núm. 34242, 18 de enero de 2017.

Honduras, República de, Ley Electoral de Honduras. Decreto núm. 35-2021, La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, núm. 35610, 26 de mayo de 2021.

Honduras, República de, Ley Orgánica y Procesal Electoral. Decreto núm. 85-2024, La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, núm. 36701, 28 de noviembre de 2024.

Human Rights Watch, “Honduras: guarantee credibility of elections, protect free expression” [Honduras: garantizar la credibilidad de las elecciones y proteger la libertad de expresión], 11 de diciembre de 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/12/11/honduras-guarantee-credibility-elections-protect-free-expression>, fecha de consulta: 10 de marzo de 2026.

IDEA Internacional, The Global State of Democracy 2025: Democracy on the Move [El estado mundial de la democracia en 2025: la democracia en movimiento] (Estocolmo: IDEA Internacional, 2025), <https://www.idea.int/publications/catalogue/html/global-state-democracy-2025-democracy-move>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Latin American Public Opinion Project (LAPOP), AmericasBarometer, Vanderbilt University, [s. f.], <https://www.vanderbilt.edu/lapop/about-americasbarometer.php>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Meléndez, C., “Evolución del clientelismo en Honduras 2009-2017”, en J. Castellanos y S. Romero Ballivián (dirs.), Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central (Tegucigalpa: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad, 2019).

Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE OEA), “Elecciones generales Honduras. 26 de noviembre de 2017. Informe final”, 2018, <https://scm.oas.org/pdfs/2017/cp38551smoeh.pdf>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), “Honduras. Informe final. Elecciones generales 2017”, 2018, <https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/373041878-moe-ue-honduras-2017-informe-final.pdf>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), “Honduras 2025. Informe final”, 2026, <https://www.eeas.europa.eu/moe-honduras-2025/la-misión-de-observación-electoral-de-la-unión-europea-–-honduras-2025-presentó-su-informe-final-con_es>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Situación de los derechos humanos en Honduras. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, A/HRC/61/19, Naciones Unidas, 2026, <https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc6119-situacion-de-los-derechos-humanos-en-honduras-informe-del-alto>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Otero Felipe, P., Rodríguez Balmaceda, C. G. y Rodríguez Zepeda, J. A., “Evolución de la competencia partidista hondureña. De la baja polarización ideológica a la radicalización”, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, 12/24 (2023), <https://doi.org/10.15174/remap.v12i24.410>.

Rodríguez Balmaceda, C. G., “Honduras: hacia una reconfiguración del sistema partidario tras las elecciones generales de 2013”, Colombia Internacional, 85 (2015), <https://doi.org/10.7440/colombiaint85.2015.07>.

Rodríguez Balmaceda, C. G., “Analizando las reglas del juego. Características y efectos de las elecciones primarias presidenciales en Honduras”, Colombia Internacional, 118 (2024), <https://doi.org/10.7440/colombiaint118.2024.07>.

Rodríguez Balmaceda, C. G. y González Tule, L., “Honduras 2019: persistente inestabilidad económica y social y debilidad institucional”, Revista de Ciencia Política, 40/2 (2020), <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000112>.

Rodríguez Balmaceda, C. G. y Otero Felipe, P., “Elecciones generales en Honduras 2021. Entre la esperanza y la incertidumbre”, en M. Alcántara Sáez, M. García Montero y A. Bohigues (coords.), Elecciones en América Latina: de pandemia y de derrotas (2020-2023) (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2024).

Romero Ballivián, S., “Democracia bajo tensión, elecciones cuestionadas y quiebre del bipartidismo: Honduras (1980-2019)”, en J. Castellanos y S. Romero Ballivián (dirs.), Encrucijadas de la democracia en Honduras y América Central (Tegucigalpa: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad, 2019).

Salomón, L., “Honduras, los retos de la democracia”, Nueva Sociedad, 141 (1996), <https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2463_1.pdf>, fecha de consulta: 10 de marzo de 2026.

Salomón, L., “Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras”, Nueva Sociedad, 299 (2022), pp. 14-26.

Sosa, E., “La corrupción, un fantasma en las precandidaturas presidenciales del partido de gobierno”, Centro de Estudio para la Democracia, 18 de enero de 2021, <https://v1.cespad.org.hn/2021/01/18/analisis-la-corrupcion-un-fantasma-en-las-precandidaturas-presidenciales-del-partido-de-gobierno/>, fecha de consulta: 8 de marzo de 2026.

Taylor-Robinson, M. M., “Honduras: una mezcla de cambio y continuidad”, Revista de Ciencia Política (Santiago), 29/2 (2009), <https://doi.org/10.4067/S0718-090X2009000200011>.

Variedades de la Democracia (V-Dem), The V-Dem Dataset [Base de datos de V-Dem], [s. f.], <https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/>, fecha de consulta: 26 de marzo de 2026.

Acerca de la autora

Cecilia Graciela Rodríguez Balmaceda es profesora en la Universidad de Burgos y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (España). Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), en la Universidad de la República (Uruguay) y en la Universidad de Varsovia (Polonia). Anteriormente, se desempeñó como investigadora posdoctoral en la Universidad de Salamanca y en la actualidad es editora de la revista América Latina Hoy.

Sus líneas de investigación incluyen la política comparada, la democracia, el género y las élites políticas, con un enfoque especial en América Latina. A lo largo de su trayectoria ha contribuido a múltiples proyectos sobre los procesos de democratización y el funcionamiento de las instituciones sociales y políticas en la región.

Agradecimientos

Esta publicación ha sido posible gracias al generoso apoyo del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo en el marco del proyecto “Mejorando la Resiliencia Democrática en Centroamérica”.

IDEA Internacional agradece a la autora de este documento, así como a Blanca Blanco, gerente de proyectos para Centroamérica, y a Nicolás Liendo, oficial de programas para América Latina y el Caribe, por su revisión y sus valiosos comentarios.