Informe General sobre las Elecciones en Uruguay 2024

El 24 de noviembre de 2024 Uruguay cerró su noveno ciclo electoral desde la transición a la democracia en 1984. El proceso fue altamente competitivo y tuvo como resultado el retorno al gobierno del partido de centroizquierda Frente Amplio (FA), tras un periodo en el que gobernó el Partido Nacional (PN) en alianza con otros partidos de centroderecha, agrupadas bajo la denominación de Coalición Republicana (CR). Yamandú Orsi (FA) resultó electo presidente en la segunda vuelta con el 52 % de los votos emitidos a las fórmulas presidenciales. En un contexto latinoamericano de alta volatilidad e inestabilidad electoral, los resultados en Uruguay muestran cómo, desde 2004, se ha consolidado un equilibrio en el que el bloque de partidos de centroderecha y de centroizquierda se dividen el electorado por mitades. En este contexto, pequeños cambios en las preferencias electorales pueden suscitar, así como en 2019 y ahora en 2024, variaciones en la orientación del gobierno. Esta paridad entre bloques generó para esta elección una novedad: ninguno de los dos bloques tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. Este escenario es novedoso frente a lo que había ocurrido desde 2004 hasta 2019 y abre un panorama de incertidumbre respecto a la capacidad del futuro gobierno y de la oposición de alcanzar acuerdos para viabilizar la agenda legislativa y asegurar gobernabilidad. La campaña electoral transcurrió, como suelen ser las campañas en Uruguay, de manera pacífica y sin grandes sobresaltos. Como en otros procesos electorales en el mundo, en esta campaña existieron noticias falsas y procesos de desinformación, pero que, en este caso, no alteraron significativamente el desarrollo normal de la campaña.

La primera parte del informe describe el contexto social, económico y político en el que se desarrolló el proceso electoral en Uruguay durante el gobierno de Lacalle Pou, el cual estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19. La recuperación económica tras la pandemia fue más rápida que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, lo que impactó en los niveles de pobreza, especialmente en los de pobreza infantil. En términos políticos, Lacalle Pou gobernó con el respaldo de una coalición de partidos de centroderecha, CR, liderada por el PN (el partido del presidente Lacalle Pou). Además, la coalición estaba integrada por el Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la Gente (PDG). La agenda legislativa del gobierno fue procesada inicialmente a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus que trataba diversos temas. Una parte de esta ley fue sometida a un referéndum, promovido por el movimiento sindical, otras organizaciones sociales y el Frente Amplio (FA). Sin embargo, el referéndum fue rechazado por escaso margen y los artículos no fueron derogados. Otros hitos legislativos del gobierno de Lacalle Pou fueron la aprobación de la reforma de la seguridad social y la denominada Transformación Educativa. Lacalle Pou debió enfrentar críticas por el aumento de los crímenes violentos y por la aparición de casos de supuesta corrupción. Los escándalos de aparente corrupción marcaron la agenda durante el año 2023.

La segunda parte del informe repasa la campaña asociada al ciclo electoral 2024, que comenzó con las elecciones internas del 30 de junio, prosiguió con la elección parlamentaria y la primera vuelta presidencial del 27 de octubre, y culminó con la segunda vuelta presidencial del 24 de noviembre. La campaña electoral hacia la elección nacional en octubre (primera vuelta presidencial y elección parlamentaria) y la campaña entre la primera y la segunda vuelta presidencial transcurrieron con normalidad. En general fue una campaña de baja intensidad, característica de una democracia consolidada que no atraviesa grandes crisis sociales, económicas o políticas. Los temas del ciclo electoral giraron en torno a los principales temas de preocupación de los uruguayos que se reflejan en las encuestas de opinión pública: la inseguridad, las propuestas en materia de empleo, costo de vida, crecimiento y educación. Además, las candidaturas presidenciales presentaron propuestas para mitigar los niveles de pobreza infantil. Junto a las elecciones nacionales se realizaron también dos plebiscitos para reformar la constitución. Un plebiscito para revertir la reforma de la seguridad social del gobierno y un plebiscito para permitir los allanamientos nocturnos en los hogares. Sin embargo, ninguno de los dos fue aprobado.

La tercera parte describe la normativa electoral y de financiamiento de campañas, y analiza los principales resultados de las elecciones. La participación en las elecciones nacionales de 2024 se mantuvo en niveles habituales, cerca del 90 % de los habilitados para votar. Los resultados de las elecciones de 2024 reflejan la continuidad del equilibrio entre el bloque de centroderecha (PN, PC y otros socios menores) y el bloque de centroizquierda (FA). Asimismo, la estabilidad de los resultados electorales de 2024 están en consonancia con los altos niveles de institucionalización del sistema de partidos uruguayo.

La cuarta sección analiza los principales desafíos para la gobernabilidad democrática y para la democracia en Uruguay. En este sentido, se identifica un desafío de gobernabilidad de carácter coyuntural asociado a que el gobierno de Yamandú Orsi no cuenta con mayoría en la Cámara de Representantes (aunque sí la tiene en el Senado). Además, se identifican dos desafíos asociados a la calidad de la democracia uruguaya: por un lado, la necesidad de aumentar la representación de las mujeres en la política; por otro, la de continuar mejorando la normativa y los mecanismos de control sobre el financiamiento de las campañas en Uruguay. El documento cierra con unas conclusiones sobre el ciclo electoral en dicho país.

El gobierno de Luis Lacalle Pou estuvo marcado por la pandemia de la COVID-19, como todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, las políticas para combatir la pandemia no fueron tan restrictivas a la movilidad como en otros casos. De todas formas, su efecto sobre las tasas de crecimiento fue similar al observado en América Latina. Uruguay experimentó una caída del 7,4 % del PIB en 2020 y una recuperación de 6,6 % en 2021. Para 2023, la tasa de crecimiento fue más baja que la de América Latina, ubicándose en un 0,4 %. Ya en 2024, la estimación de crecimiento del PIB fue de 3,6 %, por encima de la tasa de crecimiento de la región (CEPAL, 2024). El déficit fiscal llegó ó a cerca del 6 % en 2020 (año de la pandemia) y luego bajó significativamente para volver a subir a valores similares al inicio del gobierno; en el tercer trimestre de 2024 se ubicó en 4,4 % del PIB (Banco Central del Uruguay, 2024). Durante el período de gobierno ha habido un aumento sostenido del ratio de deuda neta en relación al PIB, que la llevó desde alrededor del 30 % al inicio del período, al 40 % en junio de 2024. El desempleo subió en 2020 y llegó a un pico de 11,2 % en octubre de ese año; en diciembre de 2021 cayó al 7 % y luego se mantuvo fluctuando entre el 7 % y el 9 % hasta la actualidad. La tasa de empleo no registrado sostuvo una tendencia decreciente desde 2010, y en octubre de 2024 alcanzó el 21,7 % (INE, 2024). La inflación se mantuvo dentro del rango meta fijado por el Banco Central, salvo en 2022 debido al contexto de crisis internacional por la invasión de Rusia a Ucrania. La proyección de inflación interanual para 2024 fue de 5,1 % (CINVE, 2024) y el salario real cayó entre 2020 y 2023, aunque logró una mejoría tímida durante 2024 (INE, 2024). La recuperación del poder de compra de los salarios fue mucho más lenta que la evolución del crecimiento económico. En este sentido, la distribución del ingreso, medida a través del índice de Gini, empeoró levemente durante este período, pasando de 0,397 en 2019 a 0,401 en 2022 (CEPAL, 2024).

Uruguay es el país con menores niveles de pobreza e indigencia de la región. Aun así, la pandemia impactó negativamente sobre su nivel de pobreza, el cual aumentó de 3,0 % en 2019 a 5,0 % en 2020. Un deterioro similar sufrió la pobreza extrema, que pasó de 0,1 % a 0,3 %. Aunque en los años posteriores a la pandemia estos niveles bajaron levemente, no llegaron a alcanzar los rangos prepandemia. Según datos de la CEPAL (2024), en 2023, el porcentaje de la población en situación de pobreza era de 4,5 % y en situación de pobreza extrema, 0,2 %. Por otro lado, de acuerdo a un informe de UNICEF, la pobreza es mayor entre niños, niñas y adolescentes (Greiff y Fuletti, 2024).

Lacalle Pou fue electo en 2019 en segunda vuelta en una elección más ajustada de lo previsto. Los partidos que apoyaron esta vez su candidatura, que luego conformarían su coalición de gobierno denominada Coalición Republicana (CR), obtuvieron en la primera vuelta un 56 % de los votos válidos. En la segunda vuelta, dicha candidatura consiguió cinco puntos porcentuales menos (50,8 %). A su vez, el Partido Nacional (PN) había obtenido, en la primera vuelta, 10 senadores y 30 diputados, de los cuales solo 7 senadores y 20 diputados pertenecían a la fracción del presidente. A pesar de que Lacalle Pou logró conformar una coalición de gobierno con una mayoría holgada en el Parlamento (56 diputados de 99 curules y 17 senadores más la vicepresidenta, de un total de 31 miembros que tiene el Senado), el tamaño reducido de su bancada y su limitado desempeño electoral en la segunda vuelta lo presentaban como un presidente débil o sin mandato claro (Pérez Bentancur, Piñeiro Rodríguez, y Rosenblatt, 2019). Sin embargo, el manejo que el presidente y el gobierno hicieron de la pandemia generó que su popularidad se mantuviera en niveles altos durante todo su mandato. En el primer año y medio de gobierno, la aprobación fue muy alta, en el entorno del 60 %; posteriormente, se estabilizó en el 50 %, con alguna caída que llegó al 39 % a finales de 2022. En 2023 se recuperó y alcanzó nuevamente el 50 % para octubre de 2024 (Equipos Consultores, 2024a).

La coalición de gobierno (CR) estuvo integrada por los partidos que apoyaron la fórmula Lacalle Pou–Beatriz Argimón en la segunda vuelta de noviembre de 2019. La coalición, que duró todo el período de gobierno, estuvo integrada por el PC, CA¹, el PI y el PDG. Esta le aseguró al presidente una mayoría cómoda y estable en ambas cámaras durante todo su mandato (ver líneas arriba). Sin embargo, la inestabilidad del gabinete fue más alta que en los períodos de gobierno del Frente Amplio (2005-2020) (Chasquetti, Buquet, y Cardarello, 2013; Fynn, Pérez Bentancur, y Tiscornia, 2024).

Buena parte de la agenda legislativa del gobierno fue procesada a través de la LUC² cuyo proyecto fue presentado al Parlamento en abril de 2020 y promulgado en julio de ese mismo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tenía 457 artículos de diversas materias (Rossel y Monestier, 2021). La utilización del mecanismo de urgente consideración suscitó un debate y controversia entre el gobierno y la oposición. La oposición sostenía que el mecanismo no estaba previsto para leyes ómnibus —extensas y diversas en contenido— como la que presentó el Ejecutivo. Sumado a esto, fue presentado a un mes de iniciar la pandemia de la COVID-19 en Uruguay, en un contexto de incertidumbre sobre la posibilidad de que el Legislativo pudiera reunirse para debatir la ley y, en especial, para que en el debate pudiese participar la sociedad civil. Sin embargo, la coalición no tuvo mayores inconvenientes para aprobar esta ley.

El segundo hito importante en materia legislativa para el gobierno fue la aprobación de la reforma de la seguridad social. La LUC creó en 2020 una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CEES). La comisión trabajó desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, integrando a técnicos de diferentes partidos con organizaciones de la sociedad civil, para analizar el sistema previsional uruguayo y generar un diagnóstico y recomendaciones para su reforma. Tanto el informe de diagnóstico como las sugerencias de reforma fueron apoyadas por 10 de los 15 integrantes de la comisión. Los representantes del Frente Amplio y del movimiento sindical no apoyaron estos dos informes. Durante el año 2022, el informe de recomendaciones fue transformado en un proyecto de ley que fue enviado al Poder Legislativo en octubre de 2022. El 27 de abril de 2023 culminó el trámite parlamentario y la Ley de Reforma de la Seguridad Social (Ley 20.130) fue promulgada el 4 de mayo de 2023.

Un tercer proceso de reforma fue el de la llamada Transformación Educativa. En 2021 el gobierno inició un proceso para realizar la reforma educativa, que comenzó a implementarse en 2022. Esta política, al igual que la LUC y la reforma de la seguridad social, tuvo la oposición del FA, del movimiento sindical y de otras organizaciones sociales. Más allá de esto, el gobierno debió enfrentar críticas de diferentes sectores asociadas al aumento de la violencia y a la aparición de casos de supuesta corrupción. Si bien las denuncias de los delitos contra la propiedad se redujeron, luego de la pandemia volvieron a aumentar los homicidios y recrudeció la violencia asociada al narcotráfico (Fynn, Pérez Bentancur y Tiscornia, 2024). En 2022 y 2023 la tasa de homicidios se volvió a ubicar en el entorno de once homicidios cada 100.000 habitantes; 10,8 en 2022 y 10,7 en 2023 (Ministerio del Interior, 2024). Por otro lado, el gobierno enfrentó varios escándalos de supuesta corrupción que supusieron la caída o remoción de algunos ministros y subsecretarios (Fynn, Pérez Bentancur y Tiscornia, 2024).

La oposición al gobierno estuvo liderada por el Frente Amplio (FA), partido que estuvo en el gobierno entre el 2005 y el 2020. En las elecciones de 2019 el FA sufrió un revés electoral, perdiendo nueve puntos porcentuales en comparación con la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2014; además, en la segunda vuelta de 2019, perdió el gobierno por un márgen estrecho de solo un punto y medio. El retroceso electoral y la salida del gobierno desencadenaron un proceso interno de autocrítica que se plasmó en el documento Balance y Autocrítica, discutido y aprobado por el congreso del partido en octubre de 2021. En ese mismo año el FA tuvo elecciones internas de autoridades partidarias y eligió un nuevo presidente, Fernando Pereira, que hasta entonces había sido presidente de la central sindical (PIT-CNT). A partir del documento de autocrítica, el FA desarrolló una estrategia de revinculación con la sociedad y de desarrollo organizativo.

El FA se adhirió a la campaña iniciada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, con las que adelante una recolección de firmas con el objetivo de derogar, vía referéndum, 135 artículos que integraban la LUC. La campaña comenzó a finales de 2020, en el peor momento de la pandemia de la COVID-19 en Uruguay. A pesar de las dificultades severas para recoger las firmas para impulsar el referéndum, a mediados de 2021 los impulsores del mismo lograron presentar a la Corte Electoral 795.750 firmas, lo que equivale al 30 % del padrón electoral³. El referéndum se celebró el 27 de marzo de 2022 y tuvo un resultado muy similar al de la segunda vuelta de la elección presidencial de noviembre de 2019. La opción por mantener los 135 artículos puestos a consideración superó por 1,3 puntos porcentuales a la opción por derogarlos. Más allá de que el gobierno de Luis Lacalle Pou logró que estos artículos se mantuvieran en la ley, el resultado supuso un revés y reflejó una situación política de mayor paridad que la que se esperaba, dado el alto nivel de popularidad presidencial. Este referéndum fue la primera oportunidad durante su gobierno en el que la oposición logró recuperar la iniciativa política y ocupar la agenda.

Desde 2022 en adelante, aunque la popularidad del presidente no sufrió grandes caídas (Equipos Consultores, 2024b), la capacidad de la oposición de reunir las firmas para convocar al referéndum —a pesar de la pandemia—, la paridad en el resultado del referéndum y la aparición de escándalos de aparente corrupción de alto perfil comenzaron a debilitar al gobierno. Durante la segunda mitad de 2022 y todo 2023, la agenda estuvo dominada por las renuncias de los ministros y subsecretarios del Interior y de Relaciones Exteriores, así como del principal asesor de comunicación estratégica del presidente.

2.1. Campaña electoral

Uruguay tiene un ciclo electoral que inicia con elecciones primarias, las que se celebran el último domingo de junio del año electoral. El proceso culmina con la elección nacional, la cual se realiza el último domingo de octubre, cuando coinciden la primera vuelta presidencial y la elección del parlamento. Si ninguna de las fórmulas presidenciales obtiene el 50 % más uno de los votos emitidos, las dos fórmulas más votadas compiten en una segunda vuelta el último domingo de noviembre. Un calendario tan apretado propicia campañas extensas y este ciclo comenzó con la nominación de las precandidaturas presidenciales dentro de cada partido, a fines de 2023.

Las elecciones primarias en Uruguay son abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos (Buquet y Piñeiro, 2011; Buquet y Gallo, 2022). Estas elecciones son altamente competitivas y movilizan muchos recursos y votantes. Aunque en las primarias el voto es voluntario, la participación electoral ha oscilado entre el 53,7 % (en 1999, primera elección nacional con primarias) y el 35,8 % del electorado, en esta última.

En la elección primaria de 2024 compitieron 19 partidos. Esto se debe a que el sistema electoral uruguayo tiene bajas barreras al acceso y requisitos, en su mayoría, de carácter administrativo⁴. Los partidos registrados tienen que obtener al menos 500 votos en la elección primaria y ser capaces de reunir a la convención nacional, electa en esa misma instancia, para nominar a la fórmula presidencial. De estos 19 partidos, cuatro no alcanzaron los 500 votos y solo 11 reunieron a sus convencionales, y por lo tanto llegaron a estar en condiciones de competir en la primera vuelta de la elección nacional en octubre.

Los tres principales partidos de Uruguay, el FA, el PN y el PC, presentaron múltiples precandidaturas presidenciales. Si bien estos comicios internos supusieron una baja en la participación respecto a la elección primaria de 2019 (de 40,9 % en 2019 a 35,8 % del electorado en 2024), la evolución del comportamiento electoral dentro de cada organización política mostró diferencias sustantivas. Mientras que todos los partidos integrantes de la coalición de gobierno sufrieron una drástica reducción en la participación en sus respectivas primarias, el FA experimentó un aumento. Este partido incrementó su votación de 255.072 en 2019 (23,7 % de los votos en las primarias) a 417.417 en 2024 (47,0 % del total). Por primera vez desde 2004, el FA logró ser el partido más votado en las elecciones internas, alcanzando niveles similares a los que habían obtenido en 2004 y 2009. Sin embargo, la novedad más llamativa fue el retroceso del PN. En 2019 este partido obtuvo 448.132 votos (41,6 % de los votos en las internas), mientras que en 2024 obtuvo 331.258 (37,3 %). En cuánto al número de votos fue su peor primaria desde que se implementaron estas elecciones en 1999 y la peor en porcentaje de votación desde 2004.

En el FA compitieron Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima, quienes eran intendentes de los tres departamentos gobernados por esta fuerza política: Canelones, Montevideo y Salto, respectivamente. Yamandú Orsi fue el candidato que siempre estuvo al frente en las encuestas de opinión pública, apoyado por la mayoría de los sectores más importantes del FA (Movimiento de Participación Popular y Seregnistas, entre otros). Su principal rival fue Carolina Cosse, respaldada principalmente por el Partido Comunista (Espacio 1001) y el Partido Socialista. Yamandú Orsi ganó la primaria por amplio margen con el 59,2 % de los votantes de la primaria del FA, consiguiendo 21,6 puntos porcentuales más que Carolina Cosse (que obtuvo 37,6 %) (ver tabla 2.1). El Plenario Nacional, órgano de dirección del FA, había decidido en 2023 que su fórmula presidencial fuera paritaria⁵. Dicha fórmula terminó conformándose con Carolina Cosse como candidata a la vicepresidencia⁶.

En el PN la diferencia entre los dos principales candidatos, Álvaro Delgado y Laura Raffo, fue aún más holgada. Delgado obtuvo el 74,5 % de los votos y Raffo el 19,3 % (ver tabla 2.1). Delgado, exsecretario de la Presidencia de Gobierno de Lacalle Pou, logró rápidamente el respaldo de los dirigentes locales más importantes. Delgado, al igual que Orsi, lideró la intención de voto en las encuestas durante toda la campaña. Debido a la diferencia abultada que logró respecto a Laura Raffo, Delgado no optó por ella para integrar su fórmula presidencial. La definición de la misma generó controversia al interior del PN porque Delgado eligió como compañera de fórmula a Valeria Ripoll, exdirigente sindical del ala radical PIT-CNT y exintegrante del Partido Comunista, que se había incorporado al Partido Nacional un año antes.

El PC presentó una interna fragmentada. La ausencia de los liderazgos del partido en la última década llevó a un proceso de reestructuración de sus sectores internos, el que se plasmó tanto en el número de candidatos que se presentaron como en la fragmentación del apoyo electoral de cada uno. Andrés Ojeda, un candidato joven que hizo campaña por fuera de los sectores tradicionales del partido y se presentó como la renovación, logró la nominación con el 39,6 % de los votos. Los otros tres principales candidatos (Robert Silva, Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera) obtuvieron alrededor del 20 % (ver tabla 2.1). Ojeda decidió integrar su fórmula presidencial con Robert Silva, candidato del sector Ciudadanos (renominado como CRECE), que consiguió el segundo lugar en la elección.

En el resto de los partidos con representación parlamentaria, CA, PI y Partido Ecologista Radical Intransigente, no hubo competencia interna por la nominación presidencial. La campaña hacia las elecciones primarias se desarrolló en un ambiente de normalidad, solo alterado en marzo por una falsa acusación de violencia privada contra Yamandú Orsi.

Una vez definidas las fórmulas electorales, los partidos y sus sectores se abocaron a la conformación de las listas a diputados y senadores, las cuales deben presentarse al menos un mes antes de la elección nacional. Este es un proceso arduo que no solo implica negociar los lugares en las listas de los sectores partidarios, sino establecer posibles alianzas y acuerdos para conformar sublemas entre listas al Senado⁷. Este proceso suele terminar en la primera o segunda semana de setiembre y la campaña hacia la primera vuelta retoma fuerza una vez definida la oferta electoral⁸.

La campaña hacia la elección nacional en octubre (primera vuelta presidencial y elección parlamentaria) transcurrió con normalidad y como suele suceder en Uruguay, sin hechos de violencia significativos. Orsi y Delgado centraron sus campañas en la realización de propuestas puntuales, que en ningún caso suponían transformaciones radicales o revolucionarias. Andrés Ojeda, candidato del PC, centró su campaña en su imagen, puesto que, como candidato nuevo, necesitaba aumentar su nivel de reconocimiento en la ciudadanía. Una diferencia central respecto a la campaña de 2019 es que los partidos de la coalición de gobierno (CR) hicieron referencias sistemáticas a la coalición. En particular, Ojeda enfatizó que la primera vuelta presidencial era, en realidad, una interna que seleccionaría al candidato de la coalición para competir con Orsi en la segunda vuelta.

Los temas de campaña giraron en torno a las principales preocupaciones de los uruguayos. Como en el resto de la región, el tema de la inseguridad fue central en el debate de campaña (Equipos Consultores, 2024b). Además, dominaron la agenda las propuestas en materia de empleo, costo de vida, crecimiento y educación (en particular la deserción en el nivel secundario). Un lugar destacado lo ocupó también la preocupación de los diferentes candidatos por presentar propuestas para mitigar los niveles de pobreza infantil. Por último, la campaña giró también en torno a temas emergentes como el de la salud mental.

Junto con las elecciones nacionales se celebraron dos plebiscitos de reforma constitucional. Uno de ellos, impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, proponía revertir aspectos clave de la reforma de la seguridad social aprobada por el gobierno. La iniciativa recibió el respaldo de algunos sectores del Frente Amplio (FA), aunque el partido, como tal, dejó en libertad de acción a sus adherentes y su fórmula presidencial se manifestó en contra. Los partidos de la CR rechazaron la propuesta y la convirtieron en un eje central de campaña. Entre los cambios planteados figuraban la reducción de la edad jubilatoria (de 65 a 60 años), la eliminación del régimen de ahorro individual y de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), y la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo. El debate en torno a esta propuesta convirtió la seguridad social en uno de los temas predominantes de la campaña electoral, utilizado por los partidos oficialistas como recurso de crítica hacia el FA.

El otro plebiscito planteaba permitir los allanamientos nocturnos en los hogares. Fue promovido por el PN y apoyado por todos los partidos de la CR, más el Partido Ecologista Radical Intransigente. Este plebiscito fue parte de las propuestas en materia de seguridad de los partidos de centroderecha y se fundamentó en la necesidad de poder allanar viviendas en la noche para combatir el microtráfico de estupefacientes que suele desarrollarse en hogares. Esta iniciativa fue rechazada por el FA, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales.

Las encuestas de intención de voto durante el año reflejaron dos características de la política uruguaya: estabilidad de las preferencias y altos niveles de identificación partidaria. La estabilidad en las preferencias se observa en la baja variación de la intención de voto, no solo en el transcurso de la campaña, sino en todo el año 2024. Los altos niveles de identificación se observan en el caudal reducido de indecisos, incluso desde el inicio de la campaña. Los indecisos se mantuvieron entre el 10 y el 15 % a lo largo de todo el 2024. El FA se ubicó en el entorno del 45 % de las preferencias a lo largo de todo el año y se mantuvo así durante los dos últimos meses de campaña previos a la primera vuelta. La mayor volatilidad en las encuestas se dio entre la intención de voto del PN y del PC. A partir de junio, y en particular desde la elección primaria, el PN disminuyó su intención de voto desde el entorno del 30 % al 25 % antes de la primera vuelta. En contrapartida, el PC aumentó su intención de voto a partir de junio, desde aproximadamente el 7 % al 15 % también antes de la primera vuelta (ver figura 2.1). Esta volatilidad entre el PC y el PN coincide con la estructura de competencia del sistema de partidos uruguayo, caracterizada por una baja volatilidad entre el bloque de centroizquierda y el de centroderecha, pero con niveles de volatilidad significativamente mayores dentro de cada bloque (Buquet y Piñeiro, 2014).

2.2. Elección general

La elección nacional (primera vuelta presidencial y elección legislativa) se desarrolló el último domingo de octubre de 2024. El FA obtuvo el 43,9 % del total de votos emitidos, el PN el 26,8 % y el PC 16,1 %. Con estos resultados, la fórmula presidencial del FA (Orsi y Cosse) y la del PN (Delgado y Ripoll) pasaron a la segunda vuelta presidencial. Además, con un 46,1 % de los votos válidos (emitidos a partidos), el FA obtuvo mayoría absoluta en el Senado (16 de las 30 bancas) y estuvo cerca de obtenerla en diputados (48 de 99 bancas). Si bien los partidos que integraban la Coalición Republicana (CR) lograron sumar el 50 % de los votos válidos, su presentación como partidos independientes, sumada a la baja votación de los tres partidos menores (CA, PI y Partido Constitucional Ambientalista), provocó que muchos votos se desperdiciaran en la distribución de bancas. En conjunto, los partidos de la CR, obtuvieron 49 diputados y 14 senadores. En cuanto a los dos plebiscitos, ninguno fue aprobado: el de la seguridad social obtuvo el 38,9 % de los votos emitidos, mientras que el plebiscito que buscaba habilitar los allanamientos nocturnos alcanzó el 39,4 %.

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial mantuvo el mismo tono de moderación observado en la primera vuelta. No surgieron nuevas propuestas de las candidaturas y, como es habitual, las campañas se centraron más en las fórmulas que en los partidos. La fórmula del PN renovó el acuerdo programático y la alianza electoral entre los partidos de la CR, que cinco años antes había apoyado a Lacalle Pou en la segunda vuelta de las elecciones de 2019. En el caso del FA, la fórmula consiguió apoyos de algunos dirigentes menores, fundamentalmente del PC.

La Ley 19.827 del 25 de setiembre de 2019 estableció la obligatoriedad de debates entre los candidatos presidenciales que compiten en la segunda vuelta. El debate fue organizado por la Corte Electoral y se realizó el domingo 17 de noviembre. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando hubo debates voluntarios entre candidatos tanto para la elección primaria como para la primera vuelta, en esta elección solo se produjo este debate de carácter obligatorio. El encuentro fue seguido con atención por la ciudadanía, alcanzando 46,8 puntos de rating (equivalente a 220.521 hogares) y fue ampliamente comentado en redes sociales (El País, 2024; El Observador, 2024), en particular por simpatizantes, como ocurrió en la elección de 2019 (Bogliaccini et al., 2019). Sin embargo, hubo consenso entre los analistas en que el debate no generó cambios en las preferencias (En Perspectiva, 2024).

Al igual que en el caso de la campaña hacia la primera vuelta, las preferencias electorales recogidas por las encuestas de opinión se mantuvieron estables. La fórmula Yamandú Orsi-Carolina Cosse lideró sistemáticamente en todas las encuestas, mostrando una diferencia en torno a los 4 a 5 puntos porcentuales (La Diaria Elecciones, s.f.). Sin embargo, los sondeos divulgados en la última semana mostraron una diferencia menor entre las dos fórmulas presidenciales, que en algunos casos se redujo a apenas un 0,5 a 1 punto porcentual.

La segunda vuelta se desarrolló el último domingo de noviembre. Finalmente, la diferencia en el resultado fue de 4 puntos de los votos emitidos por candidatos (49,8 % a 45,9 %) y de 3,8 puntos en el total de votos emitidos (52 % frente a 48 %) en favor de la fórmula Orsi-Cosse.

3.1. Sistema electoral y regulación de campañas en Uruguay

Uruguay es un sistema presidencialista con un período de gobierno de cinco años sin reelección inmediata. Desde la reforma electoral de 1997 la presidencia se elige por mayoría absoluta de votantes con doble vuelta⁹. La primera vuelta de las elecciones presidenciales se desarrolla el último domingo de octubre del año de elecciones y coincide con la elección del Senado y de la Cámara de Representantes. Asímismo, Uruguay es uno de los pocos países donde la primera vuelta presidencial y la elección parlamentaria no solo son concurrentes, sino que están vinculadas a nivel de partido. Es decir, los electores realizan lo que se denomina un “voto conjunto”: votan a través de hojas de votación presentadas por los partidos, que contienen simultaneamente la fórmula presidencial, las listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Las candidaturas presidenciales tienen que presentarse a través de un partido (no hay posibilidad de presentar candidaturas independientes). La simultaneidad de elecciones, el voto conjunto y la alta proporcionalidad del Senado y de la Cámara de Representantes hacen que las bancadas parlamentarias de los partidos de los presidentes sean proporcionales a los votos que reciben en la primera vuelta. Esta particularidad del sistema electoral uruguayo aseguraba —hasta 1996, cuando el sistema de elección presidencial era de mayoría simple— que el partido del presidente fuera la bancada mayor. En cambio, desde la introducción de la segunda vuelta electoral se asegura que el partido perdedor de la primera vuelta sea al menos la segunda mayor bancada, cuando se produce la reversión del resultado (como ocurrió en 1999 y en 2019).

Antes de la reforma electoral de 1997, los partidos políticos podían presentar más de una candidatura a la presidencia. Los electores tenían un doble voto simultáneo para la elección presidencial, lo que suponía que elegían un partido y luego seleccionaban una de las fórmulas presidenciales dentro del mismo. Resultaba electa la fórmula presidencial más votada dentro del partido más votado (González ,1993). Este sistema funcionaba en los hechos simultáneamente como una elección nacional y una primaria presidencial. Dicho sistema fue criticado debido a que podía resultar electa una fórmula presidencial que no hubiera sido la más votada (Bodemer y Laurnaga, 1993). La reforma electoral de 1997 introdujo cambios significativos en el sistema electoral uruguayo. No solo modificó la elección presidencial al incorporar la mayoría absoluta con doble vuelta, sino que también estableció nuevas reglas para la selección de candidatos. En adelante los partidos estaban obligados a presentar candidaturas únicas a la presidencia, seleccionadas en elecciones internas obligatorias, abiertas y simultáneas para todos los partidos con voto voluntario. Estos cambios quedaron en los artículos 77, numeral 12; 151; y en la disposición transitoria W de la Constitución de la República.

Las elecciones internas, que funcionan como primarias presidenciales, se realizan el último domingo de junio del año electoral. En estos comicios, los partidos no solo eligen las candidaturas presidenciales únicas, sino también los integrantes de sus convenciones nacionales y departamentales. Las convenciones nacionales deben elegir al compañero o compañera de fórmula y actuar como órgano elector cuando ninguna de las precandidaturas presidenciales obtiene la mayoría absoluta o más del 40 % de los votos, y al menos 10 puntos porcentuales de diferencia (Constitución de la República, disposición transitoria W). Las convenciones departamentales son las encargadas de seleccionar las candidaturas a las intendencias departamentales. Todas las personas que participen como precandidatas a la presidencia o como candidatas a las convenciones nacionales o departamentales en las elecciones internas de un partido, no podrán postularse por otro partido en ninguna de las elecciones del ciclo electoral respectivo (Constitución de la República, disposición transitoria W). Esta normativa está orientada a evitar la deserción del partido de quienes resulten perdedores en las elecciones internas.

Por otro lado, las 30 bancas del Senado y las 99 de la Cámara de Representantes se distribuyen entre los partidos utilizando la fórmula D’Hondt en una única circunscripción nacional. Esto hace que, entre partidos, la distribución de bancas sea altamente proporcional. Un partido que alcance al menos un 1 % de los votos válidos a nivel nacional obtiene una banca en la Cámara de Representantes; si supera el 3 % accede a una en el Senado. Por otro lado, para la elección del Senado rige el triple voto simultáneo: se vota por un partido, luego por un sublema, y finalmente, por una lista al Senado dentro de ese sublema. En consecuencia, los partidos pueden presentar más de una lista al Senado y esas listas, a su vez, pueden agruparse dentro de ese partido en diferentes sublemas.

Para la Cámara de Representantes existe un doble voto simultáneo, se vota por un partido y luego por una de las listas a diputados que el partido presenta (no existe la posibilidad de conformar sublemas para la elección de representantes). Los partidos suelen proporcionar más de una lista al Senado y a la Cámara de Representantes. Dichas listas se presentan en hojas de votación que diseñan los diferentes sectores del partido y que contienen la fórmula presidencial, la lista al Senado y la lista a la Cámara de Representantes¹⁰. Esta forma de presentación de candidaturas y de votación impacta sobre la forma de escrutinio.

En el caso del Senado, las bancas se distribuyen mediante un proceso de tres niveles: primero entre partidos; luego, una vez asignadas a los partidos, se distribuyen entre los diferentes sublemas de cada partido; y finalmente entre las listas de cada sublema. Todo este proceso considera siempre una única circunscripción nacional. Para la Cámara de Representantes, primero se distribuyen las 99 bancas entre los partidos a nivel nacional. Luego, se asignan esas bancas a cada una de las 19 circunscripciones en función de los votos que haya recibido cada partido en cada departamento. Finalmente se distribuyen los cargos que el partido haya obtenido entre las listas a diputado del partido en ese departamento. Las diferentes listas dentro de cada partido compiten entre sí a nivel departamental para la Cámara de Representantes y a nivel nacional por las bancas al Senado. En consecuencia, las senadoras o los senadores tienen una orientación de representación nacional, mientras que las diputadas o los diputados tienen representación territorial. La magnitud de las circunscripciones departamentales para la elección de la Cámara de Representantes varía entre 38 y 2. Las bancas que se eligen en cada departamento se distribuyen de manera proporcional en función de los votantes habilitados en estos, con un mínimo de dos por departamento.

Uruguay regula el financiamiento de las campañas a través de la Ley 18.485 del 20 de mayo de 2009, reformada por la Ley 20.292 del 14 de junio de 2024. La regulación uruguaya de campañas establece un subsidio público, un límite al período en el que se puede hacer publicidad electoral en prensa, radio y televisión, limitaciones de monto y procedencia de donaciones, y la obligatoriedad de realización de declaraciones públicas de ingresos y gastos de las campañas.

Desde la década de 1920, Uruguay estableció un subsidio público por voto para cada elección, medida que fue incorporada de manera definitiva en la legislación de 2009. Este subsidio público cubre todas las elecciones. Para la elección nacional (primera vuelta presidencial y elección legislativa), las listas reciben por cada voto aproximadamente el equivalente a USD 12 y se distribuye de la siguiente manera: 20 % lo recibe la fórmula presidencial, 40 % la lista al Senado y el 40 % restante, la lista a diputados. La forma de distribución del subsidio entre los diferentes niveles ha sido históricamente la misma, lo que refleja la estructura fraccionalizada de los partidos donde las campañas de las listas al Senado y a la Cámara de Representantes reciben más financiamiento público que las campañas presidenciales (Acuña, Piñeiro y Rossel, 2018). Las candidaturas pueden solicitar un adelanto del 50 % de lo que esperan recibir. Por lo tanto, este subsidio no solo reduce la dependencia de los aportes privados y los problemas económicos de las campañas, sino también los problemas financieros. Para la primera vuelta, el subsidio total que recibieron todas las candidaturas fue de aproximadamente USD 28 millones.

Desde 1998, Uruguay decidió regular también el período de campaña en prensa, radio y televisión como forma de limitar el gasto en campañas. El período habilitado para ello es de 30 días antes de las elecciones primarias, 30 días antes de las elecciones nacionales y 15 días antes de la segunda vuelta. Uno de los cambios más importantes introducidos por la Ley 20.292 de 2024 fue la regulación que garantiza que todas las candidaturas accedan a la misma tarifa para el pago de publicidad televisiva. Esta medida limita la posibilidad de que los medios apliquen cobros diferenciales a diferentes candidaturas, lo que podía suponer donaciones encubiertas por parte de los medios, excediendo los límites establecidos para aportaciones de personas físicas.

La regulación uruguaya también limita en monto y origen las donaciones de personas físicas y jurídicas que las diferentes candidaturas pueden recibir. El límite para las donaciones privadas que una persona puede hacer a cada lista (fórmula presidencial, lista al Senado y lista a la Cámara de Representantes) es de aproximadamente USD 41.500. Las candidaturas presidenciales pueden donar a sus propias campañas hasta cuatro veces ese monto y las candidaturas a la vicepresidencia, a senadores y diputados, pueden donar hasta tres veces esa cantidad. Además, Uruguay prohíbe las donaciones provenientes de organizaciones delictivas, empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas; asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo; gobiernos, entidades o fundaciones extranjeras; de personas en situación de subordinación administrativa o dependencia que las realicen bajo presión; y personas públicas no estatales. Este es el patrón del tipo de donaciones prohibidas en la mayoría de los países en América Latina (Gutiérrez y Zovatto, 2011). Finalmente, las candidaturas están obligadas a presentar declaraciones detalladas de ingresos y gastos de sus campañas.

3.2. Análisis de resultados de la elección nacional

En Uruguay, el voto en las elecciones nacionales es obligatorio. La participación en las elecciones de 2024 fue cercana al 90 % de los habilitados para votar, manteniéndose dentro de los niveles habituales de participación. Específicamente, en la elección de octubre de 2024 participó el 89,6 % de los habilitados y en la segunda vuelta de noviembre votó el 89,3 % (ver figura 3.1). Esos porcentajes son muy similares a los registrados en la elección nacional de 2019, cuando en primera y segunda vuelta votó el 90,1 % de los posibles votantes.

Los resultados de las elecciones de 2024 en Uruguay reflejan la continuidad del equilibrio entre el bloque de centroderecha y el de centroizquierda, que se cristalizó veinte años atrás en la elección de 2004 (Buquet y Piñeiro, 2014). Desde esa elección, el sistema de partidos dejó de cambiar como lo había hecho entre 1971 y 1999. La figura 3.1 muestra como, desde la creación del FA en 1971, el bloque de centroizquierda no cesó de crecer de manera estable hasta la elección de 2004, cuando alcanzó por primera vez el gobierno nacional. Ese proceso es paralelo a la progresiva reestructuración del sistema de partidos en dos bloques diferenciados programáticamente (Buquet y De Armas, 2005). Durante esta evolución, el FA fue ocupando espacios de centroizquierda, al mismo tiempo que las fracciones más progresistas del PC y el PN fueron perdiendo peso y quedaron en la centroderecha del espectro ideológico. Este fenómeno está en línea con la coyuntura crítica de realineamiento político como resultado de las reformas de mercado que analiza Roberts (2014).

Este equilibrio político está caracterizado por bajos niveles de volatilidad entre bloques que se reparten por mitades el electorado (Buquet y Piñeiro, 2014). Aunque dicha volatilidad es baja, la paridad electoral hace que el sistema sea muy competitivo, ya que pequeñas variaciones en las preferencias pueden producir cambios de gobierno. Las elecciones de 2024 confirman este patrón, que combina niveles relativamente altos de volatilidad intrabloque, en particular en el sector de centroderecha, con bajos niveles de volatilidad entre bloques. Aun así produjeron variaciones políticas significativas, como el cambio de gobierno que produjo esta elección (ver figura 3.2).

La volatilidad entre bloques es explicada mayormente por el colapso de Cabildo Abierto (CA), que descendió del 11,5 % en 2019 a 2,6 % en 2024. Este partido fue categorizado como de nueva derecha (Zanotti y Roberts, 2021), siguiendo patrones similares a otros surgidos recientemente en la región. Su relativo éxito inicial en la elección de 2019 parece ser efímero, ya que la agrupación no logró mantener una votación similar en 2024, confirmando así el patrón identificado por Levitsky et al. (2016) para los partidos nuevos en América Latina.

Los resultados electorales de 2024 están en consonancia con los altos niveles de institucionalización del sistema de partidos uruguayo (Mainwaring, 2018; Piñeiro Rodríguez y Rosenblatt, 2020). Esta institucionalización también se observa a nivel de partido (Luna et al., 2022; Pérez Bentancur, Piñeiro Rodríguez, y Rosenblatt, 2020; Rosenblatt, 2018), donde los tres principales partidos (FA, PN y PC) reunieron el 91,2 % de los votos válidos (ver tabla 3). Más allá de la aparición de nuevos partidos, que en algunos casos alcanzaron cierto éxito electoral pasajero (como el de CA en la elección de 2019), la consistencia en el número de competidores relevantes se observa en la estabilidad del número efectivo de partidos electorales (ver figura 3.3)¹¹. El aumento de la fragmentación que se había registrado en la elección de 2019 no parece haberse convertido en una tendencia y el sistema volvió a ubicarse en el entorno de los tres mismos partidos.

La distribución geográfica del voto en la elección de 2024 no arrojó grandes novedades respecto al patrón histórico. El FA tuvo un mejor desempeño electoral en Montevideo (la capital del país y donde reside casi la mitad de la población) y en Canelones (el departamento limítrofe con Montevideo y el segundo en cantidad de habitantes), respecto al resto de los departamentos del interior (ver figura 3.4). El Partido Nacional, por el contrario, tuvo sus mejores desempeños en los departamentos del interior del país (ver figura 3.5).

La elección parlamentaria y primera vuelta presidencial de 2024 marcó la recuperación de la votación del FA en el interior del país. El FA resultó el partido más votado en 12 de los 19 departamentos (en 2019 había triunfado en 9 de los 19 departamentos; ver figura 3.6). En la segunda vuelta, la fórmula Orsi-Cosse triunfó en 6 departamentos, incluyendo Montevideo y Canelones (en la segunda vuelta de 2019 la fórmula del FA triunfó únicamente en estos dos departamentos; ver figura 3.7). Finalmente, las figuras 3.8 y 3.9 muestran el porcentaje de votación de cada fórmula en la segunda vuelta, por departamento. Estos mapas muestran nuevamente que la fórmula del Frente Amplio tuvo su mejor votación en Montevideo y Canelones, mientras que la fórmula Delgado-Ripoll la tuvo en los departamentos del interior.

Los partidos uruguayos se caracterizan por su alta fraccionalización; estas fracciones, a su vez, están institucionalizadas, tienen carácter nacional y se estructuran de manera piramidal. En la cúspide de esa pirámide se encuentran las listas al Senado, que organizan la oferta electoral de cada partido, tanto a nivel nacional como departamental (a través de las listas a la Cámara de Representantes) (Buquet, Chasquetti, y Moraes 1998; Piñeiro 2004, 2007). Históricamente, el PN y el PC mantenían una estructura bifraccional, mientras que el FA siempre se caracterizó por tener más de dos fracciones. Sin embargo, estos tres partidos atraviesan actualmente un proceso de reestructuración interna, debido a recambios en sus liderazgos. Este proceso ha tenido efectos divergentes: ha aumentado la fraccionalización en el caso del PN, mientras que la ha reducido en los casos del FA y el PC (ver tabla 3.1).

En el FA hay un proceso de concentración de la representación parlamentaria en el Movimiento de Participación Popular, la fracción del expresidente José Mujica y del candidato de esta elección Yamandú Orsi. Esto hace que el número efectivo de fracciones en el FA, medida en función de la proporción de bancas en la Cámara de Representantes, se haya reducido de 3,2 en 2014 a 1,7 en 2024 (ver tabla 3.2). En las elecciones de 2024 el Movimiento de Participación Popular obtuvo el 75 % de los diputados del FA y el 56 % de los senadores (ver tabla 3.3). En el caso del PN, la fraccionalización creció por la competencia dentro del sector hegemónico del partido liderado por Lacalle Pou. En el PC, la fracción Vamos Uruguay, dirigida por Pedro Bordaberry, concentró la mayoría de la representación parlamentaria del partido en diputados (ver tabla 3.2).

3.3. Lejos de la paridad en la democracia uruguaya

A pesar del buen desempeño de Uruguay en todos los índices de democracia, el país no tiene el mismo desempeño en los niveles de representación de las mujeres (Ríos Tobar, 2024). Estas tienen una tasa de representación parlamentaria baja en comparación con otros países de América Latina (Acuña, Albarenga, y Pérez Bentancur, 2021). Uruguay ocupaba, hasta antes de esta elección, el lugar 97 en el ranking mundial de participación de mujeres en parlamentos nacionales, elaborado por la Unión Interparlamentaria Mundial (IPU, s.f.). En la elección de 2019 fueron elegidas 25 mujeres como diputadas titulares y 10 como senadoras titulares. En la elección de 2024 se registró un incremento en la proporción de mujeres electas titulares en la Cámara de Representantes, donde se eligieron 29 diputadas titulares. Con este resultado el país pasó a ocupar el puesto 75 del mismo ranking.

Por otro lado, Uruguay nunca ha tenido una presidenta mujer. En este ciclo electoral, compitieron candidatas en las elecciones primarias de los dos partidos con mayores posibilidades de acceder a la segunda vuelta presidencial (FA y PN). Como se señaló anteriormente, en el FA, Carolina Cosse, quien perdió la primaria frente a Yamandú Orsi, pasó a integrar la fórmula del partido. En el PN, la fórmula también terminó siendo paritaria.

Uruguay tiene desde 2009 una ley de cuotas (Ley 18.476 del 21 de abril de 2009) que se aplica desde la elección nacional de 2014. Esta ley, que establece que de cada tres lugares en las listas uno deba ser ocupado por una persona de distinto sexo al de las otras dos, tuvo efectos significativos desde su aplicación. Sin embargo, el número de mujeres en el Parlamento recién alcanzó el 30 % en esta última elección. De acuerdo a Acuña, Albarenga y Pérez Bentancur (2021), y a Pérez Bentancur (2015), eso se explica por una aplicación “minimalista” de la ley (las mujeres ocupan el tercer lugar de las ternas), por el tamaño de las circunscripciones y por la fraccionalización de los partidos.

En 2019 el FA decidió que todas sus listas fueran paritarias. Por ello, buena parte de la representación femenina en el Parlamento corresponde al FA. En esta elección, las mujeres electas titulares representan el 40 % del total de la bancada del FA en ambas cámaras y solo el 18,4 % de la del PN y el 13,6 % de la del PC (Johnson y Pérez-Bentancur, 2024). La paridad que emplea el FA como criterio para conformar sus listas, junto a la reducción de la fraccionalización del partido, así como su buen desempeño en las circunscripciones grandes y medianas (Montevideo y Canelones fundamentalmente) explican estos resultados.

La democracia uruguaya goza de buena salud, en particular cuando se la compara con otros países de la región. Si bien no está exenta de tendencias regionales y mundiales, como el aumento en la polarización afectiva, la radicalización, la aparición de discursos de odio y los procesos de desinformación, estos fenómenos aún no se manifiestan con la misma intensidad. La institucionalización del sistema de partidos, especialmente su vinculación con la sociedad y la estabilidad de los actores políticos (tanto de los partidos como de los liderazgos), modera el comportamiento de los dirigentes y de sus seguidores.

Uruguay igualmente enfrenta desafíos en términos de gobernabilidad y de la calidad de su democracia. El desafío de la gobernabilidad es de carácter coyuntural y está asociado a que el partido del presidente Yamandú Orsi no cuenta con mayoría en la Cámara de Representantes. Aunque tenga un contingente legislativo significativo (48 de 99 diputados) es un escenario diferente al de los gobiernos de los últimos 20 años. Esto va a requerir mayores niveles de negociación dentro del parlamento para procesar la agenda legislativa del gobierno, en particular para la aprobación del presupuesto nacional. Si bien no es de esperar que se produzcan impases legislativos, el contexto supondrá nuevas pautas de relacionamiento entre gobierno y oposición, que harán más trabajoso y eventualmente enlentecerán el trabajo legislativo.

Los desafíos restantes están asociados a la calidad de la democracia uruguaya. A pesar de los avances en materia legislativa y en los diferentes partidos políticos, aún se está lejos de alcanzar niveles aceptables de representación de las mujeres. El FA es el partido que más ha avanzado en este sentido (ver punto 4.3), pero el sistema en su conjunto todavía debe avanzar en el rol que ellas tienen en los espacios de toma de decisión. Más allá de esto, las mujeres también están subrepresentadas en los cargos ejecutivos. Por ejemplo, a pesar de que el FA tiene paridad en sus listas, el gabinete designado por el presidente Yamandú Orsi cuenta con solo 5 mujeres de 15 carteras con rango ministerial, y si se suman los cargos de la secretaría y prosecretaría de la Presidencia, son únicamente 5 de 17 (29 %).

Otro tema desafiante es el relacionado al financiamiento. Uruguay fue uno de los últimos países de América Latina en incorporar normas que exigieran a los partidos y a las campañas hacer públicos sus ingresos y gastos, además de limitar las donaciones privadas. A pesar de que cuenta con un subsidio público muy generoso, la falta de auditoría y monitoreo de gastos e ingresos de las campañas hace que las restricciones a las donaciones privadas que establece la ley sean simplemente letra muerta. La Corte Electoral, organismo encargado de controlar el cumplimiento de las normas de financiamiento político y de sancionar eventuales incumplimientos, carece de los recursos para implementar auditorías o monitoreos exhaustivos de las declaraciones que presentan los candidatos. Esta insuficiencia de control efectivo ha provocado que las normas establecidas en la Ley de Financiamiento tengan dificultades múltiples en la práctica. De esta manera, Uruguay está expuesto a intereses —tanto de fuentes legales como ilegales— que podrían comprar decisiones o voluntades de los políticos a partir del financiamiento de las campañas electorales. El diseño institucional de la Corte Electoral se fundamenta en el principio de control mutuo entre los partidos. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de Partidos de 2009, este diseño ha demostrado ciertas inconsistencias, que requieren mayores consideraciones respecto al rol del árbitro electoral del país, su autonomía y sus capacidades para la ejecución. Los nuevos desafíos a la integridad electoral demandan estar constantemente considerando mecanismos para reforzar las instituciones para hacerlas más ágiles, con mayor arraigo y confianza social, y una normativa actualizada que brinde las herramientas necesarias para la acción efectiva.

El ciclo electoral de 2024 en Uruguay fue altamente competitivo y generó una nueva alternancia en el poder que transcurrió sin mayores sobresaltos. La campaña electoral no incluyó propuestas de grandes transformaciones y las diferentes candidaturas presentaron iniciativas enfocadas en las áreas de mayor preocupación para la ciudadanía. Yamandú Orsi (FA) resultó electo presidente en la segunda vuelta con el 52 % de los votos emitidos a las fórmulas. Con este resultado, el FA, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, regresó al poder después de un período de gobierno de la CR.

El proceso electoral demuestra que Uruguay es una democracia consolidada, donde existe plena libertad política. Esto se refleja consistentemente en los índices de democracia. En el más reciente Índice del Estado Global de la Democracia, elaborado por IDEA Internacional (s.f.), Uruguay sigue ubicándose entre los países con mejores niveles democráticos del mundo. De manera más específica, ocupa los primeros lugares de las Américas en las categorías de Representación y de Participación en dicho índice.

La democracia uruguaya cuenta con un sistema de partidos altamente institucionalizado. Los tres principales partidos —el FA, el PN y el PC— obtuvieron el 91,2 % de los votos válidos. En un contexto de deterioro de partidos y sistemas partidarios, tanto en las democracias de América Latina como en las de los países desarrollados, la democracia uruguaya ofrece enseñanzas importantes para la construcción de sistemas democráticos capaces de sortear diferentes coyunturas. Los partidos uruguayos poseen organizaciones amplias, con numerosos militantes y una extensa presencia territorial, lo que les permite generar raíces profundas en la sociedad y mantener niveles de identificación partidaria a lo largo del tiempo.

Si bien la democracia uruguaya goza de buena salud, el ciclo electoral de 2024 también subraya algunos desafíos pendientes para el futuro. Por un lado, en términos comparados, debe mejorar los niveles de representación de las mujeres en la política, especialmente en las posiciones altas de toma de decisión. El FA es el partido que más ha avanzado en asegurar la paridad, lo que se refleja en la composición de su bancada legislativa. Sin embargo, su gobierno no ha sido capaz de conformar un gabinete equilibrado (las mujeres son solo el 30 % del gabinete). A pesar de los avances, el sistema político uruguayo continúa mostrando niveles insuficientes de representación de las mujeres en puestos relevantes de decisión política, lo que contrasta notablemente con el destacado desempeño de la democracia uruguaya en otros indicadores de calidad democrática.

Finalmente, el país debe seguir mejorando la normativa y los mecanismos de control del financiamiento de la política. En la actualidad el sistema de control del financiamiento es prácticamente inexistente, lo que permite que partidos y candidatos declaren ingresos y gastos a discreción sin una supervisión efectiva que garantice la transparencia. De esta forma, aunque la democracia uruguaya se muestre sólida en muchos aspectos, también presenta deficiencias que, a largo plazo, podrían socavar sus fortalezas fundamentales.