Las finanzas políticas han entrado en la era digital: ahora los reguladores deben evolucionar

El reciente informe de IDEA Internacional, "Financiamiento Político en la Era Digital: Hacia una Reforma Basada en la Evidencia", —disponible en inglés— advierte que, si bien las campañas políticas en línea están creciendo exponencialmente en escala y complejidad, los marcos regulatorios siguen obsoletos. Basándose en estudios de caso de 13 países de todo el mundo, el informe destaca los principales desafíos e identifica las mejores prácticas y posibles soluciones.

El panorama político está experimentando una profunda transformación a medida que las campañas proliferan en las redes sociales, impulsadas por algoritmos y bots, lo que pone a prueba la integridad electoral y la transparencia del financiamiento político. Desde Brasil hasta Bélgica, desde Nigeria hasta la India, se gasta cada vez más dinero en plataformas y herramientas digitales para llegar a los votantes y moldear narrativas. Sin embargo, las leyes de financiamiento de campañas no se han actualizado. A medida que los partidos políticos y los candidatos se vuelcan hacia las plataformas digitales para llegar y persuadir al electorado, las normas diseñadas para garantizar la transparencia en el financiamiento político se están quedando peligrosamente rezagadas. La pregunta ya no es si regular las campañas en línea, sino cómo. ¿Debería integrarse la actividad digital en las leyes de financiamiento de campañas existentes o debería regirse por un nuevo marco regulatorio? ¿Debería la regulación centrarse en los actores políticos, las plataformas o ambos? ¿Y debería la supervisión basarse en marcos legales vinculantes o códigos de conducta voluntarios? Estos son algunos de los aspectos que el informe explora, compartiendo perspectivas y lecciones aprendidas de las experiencias de países que han experimentado con distintos modelos.

Vacíos semánticos: Definiciones legales ambiguas y obsoletas

En muchos países, las definiciones de campaña electoral o publicidad política suelen ser obsoletas y ambiguas. Las definiciones regulatorias a menudo no captan la rápida evolución de las formas de comunicación política en línea, lo que crea lagunas legales que pueden explotarse. Por ejemplo, la ley de medios de Montenegro, centrada en la supervisión editorial, no se aplica a las redes sociales, dejándolas sin regulación. La legislación chilena distingue entre actividades promocionales y la "difusión de ideas o información sobre actos políticos", creando una zona gris legal que obliga al organismo supervisor a interpretar los mensajes caso por caso. Sin embargo, algunos cambios regulatorios recientes podrían servir de inspiración. La Unión Europea ha adoptado una definición amplia y extensa de publicidad política, que abarca tanto la publicidad política en línea como fuera de línea de todas las personas y organizaciones (no solo de partidos políticos o candidatos), tanto durante como fuera de períodos electorales. Letonia ha adoptado un enfoque híbrido que integra las sólidas disposiciones existentes sobre financiación de campañas con nuevas normas específicas para las actividades de campaña en línea.

Campañas en la sombra: La influencia de terceros

Las campañas de terceros también representan un obstáculo importante. Los actores políticos a menudo concentran el gasto anticipadamente o recurren a terceros no regulados para evadir límites o requisitos de transparencia. Esto significa que cualquier persona que no sea un partido político ni un candidato puede publicar anuncios políticos o hacer campaña en redes sociales a favor o en contra de un partido político o candidato, sin cumplir necesariamente con las normas que rigen el financiamiento político. En India, se ha descubierto que gran parte del gasto en plataformas digitales proviene de simpatizantes o grupos afiliados, en lugar de provenir directamente de partidos o candidatos, quienes a menudo eluden responsabilidades debido a disposiciones deficientes. Esta brecha regulatoria se vuelve aún más preocupante cuando entidades extranjeras la explotan para influir en las elecciones nacionales. Mediante anuncios digitales pagados, contenido patrocinado o la coordinación con intermediarios locales, los actores externos pueden canalizar recursos y narrativas hacia campañas nacionales sin ser detectados.

Campañas por chat: El auge de las aplicaciones de mensajería

Una de las tendencias más significativas que se describen en el informe es el crecimiento de las aplicaciones de mensajería instantánea (IMA), como WhatsApp, Telegram y Signal, como herramientas de comunicación política, que a menudo pasan desapercibidas para el público. Si bien la mayoría no permite la publicidad de pago, son poderosas herramientas de campaña, especialmente para la comunicación masiva coordinada y la rápida propagación de desinformación. En países como India y Brasil, las IMA se han vuelto indispensables para movilizar simpatizantes, difundir materiales de campaña y, cada vez más, lanzar microcampañas en comunidades específicas. A diferencia de las plataformas públicas de redes sociales, el contenido compartido a través de las IMA está encriptado, lo que hace prácticamente imposible que los organismos de supervisión, o incluso las propias plataformas, rastreen la financiación, el origen o la precisión.

Tras las noticias: Los nuevos intermediarios políticos

La creciente dependencia de influencers y empresas de marketing digital en las campañas políticas añade complejidad. Los pagos a estas personas y empresas suelen estar ocultos, lo que les permite presentar su contenido como si fuera una campaña orgánica. Como señala el informe, estos actores con frecuencia escapan a los marcos regulatorios existentes, creando un vacío legal que permite comprar influencia política significativa sin rendir cuentas. Estados Unidos enfrenta dificultades con las transacciones financieras ocultas con influencers, a veces canalizadas a través de grupos de "dinero oscuro" que ocultan el origen de la financiación. El uso de intermediarios digitales en Albania también ha permitido que los gastos en redes sociales queden ocultos en los informes oficiales.

La solución: Un marco que funcione para la era digital

El informe ofrece una hoja de ruta pragmática y basada en la evidencia:

• Exigir que todos los anuncios políticos en línea, en todas las plataformas y formatos, revelen claramente el patrocinador, el importe gastado, el comprador del anuncio, la elección o referéndum pertinente y los criterios de segmentación. Las bibliotecas públicas de anuncios deben estar estandarizadas, ser consultables y accesibles en tiempo real. La UE ha sentado un precedente al exigir legalmente a las principales plataformas que divulguen los datos de los anuncios políticos, pasando de leyes blandas a estándares aplicables.
• Integrar a terceros en el marco legal obligándolos a registrarse, informar sobre sus gastos y a cumplir las normas de donación, y establecer normas claras para influencers, consultoras y agencias de relaciones públicas. Canadá ofrece un modelo sólido, con estrictas limitaciones y requisitos de divulgación para los activistas externos.
• Dotar a los organismos de supervisión de habilidades digitales y herramientas técnicas para el análisis de redes sociales, las auditorías de datos y la monitorización de anuncios en tiempo real. Facilitar el intercambio de datos entre plataformas y autoridades para la verificación cruzada del gasto. Irlanda ha introducido una sólida reforma que faculta a la Comisión Electoral para supervisar la publicidad política en línea, las plataformas en línea y a los compradores de publicidad política en línea, así como para educar, investigar y garantizar el cumplimiento normativo.
• Capacitar y apoyar a los organismos de control de la sociedad civil y a los periodistas brindándoles acceso a datos abiertos, capacitación en análisis forense digital, ciberseguridad y protecciones que les permitan desempeñar un papel fundamental en la transparencia del financiamiento de campañas. Herramientas fáciles de usar, como la aplicación cVIGIL de la India, que permite a los ciudadanos denunciar infracciones, pueden mejorar significativamente las labores de monitoreo y fomentar la colaboración entre la sociedad civil y los organismos oficiales de control para salvaguardar la democracia en la nueva era digital.