El reto del financiamiento político: buenas normas y prácticas

Declaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del miembro del personal. Este comentario es independiente de intereses nacionales o políticos específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de International IDEA, su Consejo de Asesores o su Consejo de los Estados Miembros.

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En los últimos días, estalló un nuevo escándalo de financiamiento político irregular basado en presuntos aportes fraudulentos en la provincia de Buenos Aires. Esta vez la granada le explotó a Cambiemos y produjo un triple impacto: 1) Político –afectando a la gobernadora Vidal, quien ordenó una auditoría y le pidió la renuncia a la contadora de la provincia y extesorera del PRO bonaerense–, 2) judicial –hay varias investigaciones en curso–, y 3) de imagen ante la opinión pública –ya que Cambiemos llegó al gobierno con un discurso en favor de la transparencia y de la calidad institucional.

Pero sería ingenuo pensar que únicamente Cambiemos es el malo de la película. En este tema, la casi totalidad de los partidos incurre en graves omisiones e irregularidades. Lamentablemente, estamos ante una patología que afecta al sistema político en su conjunto y que demanda una intervención cuidadosa y urgente, ya que el financiamiento político es un tema clave para contar con una democracia de calidad y elecciones con integridad.

Como he venido señalando en mis trabajos sobre esta importante y compleja cuestión, la democracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionamiento. Por ello, el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia político-electoral. De ahí la importancia de no demonizar el dinero, pero sí regularlo adecuadamente para evitar que produzca graves distorsiones en el sistema democrático: en especial, la captura del Estado, graves conflictos de intereses y la penetración del narcotráfico y del crimen organizado.

Este escándalo provocó que el Gobierno nacional acelerara el envío al Congreso, el pasado viernes, de un proyecto de ley dirigido a modernizar y transparentar el régimen de financiamiento político vigente. El peronismo también ofreció enviar el suyo.

Bienvenidas estas iniciativas. Las crisis, cuando son bien aprovechadas, suelen ser las mejores parteras de las reformas. La coyuntura para debatir y reformar el régimen de financiamiento político es propicia por dos razones: 1) los temas de alta sensibilidad política hay que discutirlos en años no electorales; y 2), no sería conveniente ir a las elecciones presidenciales de 2019 con una legislación deficiente como la actual.

En mi opinión, las cuestiones centrales que deberían ser abordadas por la nueva ley son:

1) Mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral (nivelar la cancha) regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto; 2) bancarizar los aportes para reducir al máximo los aportes en efectivo y favorecer su trazabilidad; 3) incrementar la transparencia y la rendición de cuentas para combatir los altos niveles de opacidad; 4) implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real; 5) poner en marcha un registro de proveedores en línea; 6) sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; 7) incluir la regulación de las redes sociales junto con los medios de comunicación tradicionales, y 8) fortalecer a la Justicia electoral (en especial, aumentar el número de auditores de la Cámara Nacional Electoral y el flujo de información proveniente de diversas fuentes) y endurecer el régimen de sanciones, incluyendo a los candidatos entre los responsables de dar explicaciones.

Personas jurídicas

Existen asimismo otras cuestiones también muy relevantes, pero sobre las cuales no existe un alto nivel de consenso, entre ellas si las personas jurídicas (empresas y sindicatos) deberían estar facultadas para hacer donaciones a las campañas. Respecto de las empresas, coincido con la propuesta del Gobierno de volverles a dejar hacer aportes, ya que ello permitiría sincerar lo que actualmente ocurre en la práctica de manera ilegal, pero estableciendo claros límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas (para evitar potenciales conflictos de intereses), y con topes razonables respecto del monto de sus aportes.

Mi opinión: una reforma con estas características representaría no sólo un importante avance, sino que también contribuiría a modernizar, a transparentar y a sincerar nuestro régimen de financiamiento político reduciendo la enorme brecha que actualmente existe entre la norma y la práctica.

Pero si de verdad Argentina desea dar un salto cualitativo en esta materia, la reforma debería apuntar a otros cuatro objetivos estratégicos adicionales:

Uno: contribuir a fortalecer, a institucionalizar y a modernizar nuestro débil y fragmentado sistema de partidos políticos, causa principal de muchos de nuestros problemas.

Dos: lograr avanzar simultáneamente tanto a nivel nacional como provincial, abriendo la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional (ya que únicamente cinco de los 24 distritos cuentan con un régimen de financiamiento político).

Tres: garantizar no sólo la integridad de los procesos electorales, sino también la del sistema político en su conjunto. Para ello es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral. Como acertadamente recomienda el grupo de trabajo de la Red de Acción Política (integrado por políticos y por empresarios), la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “ecosistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, junto con normas de “compliance” del sector privado. El escándalo Lava Jato es un claro ejemplo de este fenómeno.

Cuatro: fomentar una cultura (tanto de parte de los políticos como de los empresarios y de la ciudadanía en general) fuertemente comprometida con el respeto a las reglas del financiamiento político, para complementar las buenas normas con buenas prácticas.

Este artículo fue originalmente publicado en La Voz.