Nicaragua y la pérdida de la autonomía municipal

El próximo 6 de noviembre en Nicaragua están programadas elecciones municipales para elegir a los gobiernos locales de los 153 municipios del país, con 5 partidos y más de 27 mil candidaturas inscritas, otro fraude electoral está por ejecutarse.

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

Al igual como denunciamos desde Urnas Abiertas para las elecciones generales de 2021, junto con IDEA-Internacional y la Universidad Católica Andrés Bello, en este proceso los elementos para legitimar la integridad electoral también han sido conculcados de manera sistemática.

Las elecciones subnacionales se darán en el contexto de una escalada totalitaria y del cierre absoluto del espacio cívico. El oficialismo controla 141 de las 153 municipales, 135 “ganadas” en el proceso fraudulento de 2017 y otras 6 tomadas de forma irregular en los últimos años. En las cárceles del país el régimen mantiene a 219 personas presas políticas, 7 de ellas son los precandidatos presidenciales que en 2021 intentaron disputarle el poder político a Daniel Ortega en las elecciones generales, todas condenadas a entre 8 y 13 años de prisión.

Al iniciar este año electoral, se observó una continuidad de la violencia política que existe en el país desde 2018, el monitoreo de Urnas Abiertas señala que la manifestación más frecuente es el asedio y la persecución policial y parapolicial, sin embargo, los reportes ciudadanos analizados también dan cuentan de nuevas formas de ejercer violencia contra la ciudadanía.

Se logra observar que el principal objetivo es ejercer un control totalitario sobre la ciudadanía, incluyendo a personas opositoras, simpatizantes sandinistas, trabajadores del Estado y ciudadanía en general. Esta escalada totalitaria se profundiza a raíz y gracias al fraude electoral de 2021, que permitió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo, extender por lo menos por 5 años más el régimen dictatorial (Relatoría: Nicaragua entre el fraude y el terror, Urnas Abiertas, 2022).

Las manifestaciones de violaciones de Derechos Humanos están siendo ejercidas por más entes estatales, se observa una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados (policías, militares y paramilitares), que es sustituida por una serie de medidas administrativas emanadas por otras instituciones públicas.

Entre marzo y abril de 2022, el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al Nuncio Apostólico y a la Organización de Estados Americanos.

Posteriormente, en julio de 2022, la Policía Nacional junto a otros operadores políticos del oficialismo, se tomaron 5 alcaldías opositoras de manera ilegal, arbitraria e inconstitucional, en estas tomas los agentes policiales rodearon las alcaldías, bloquearon el acceso a trabajadores municipales, asediaron y destituyeron a las autoridades electas, para finalmente instalar nuevos gobiernos locales de facto conformado por personas del FSLN, todo esto ejecutado con flagrantes violaciones al debido proceso. Hasta el 26 de octubre, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional han cancelado a 2.475 organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el proceso electoral es organizado por el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) que permitió la farsa electoral de 2021 y ha estado marcado por una serie de irregularidades. En primer lugar, estas elecciones fueron convocadas con menos de tres meses de anticipación. Para poder realizar esto, la Asamblea Nacional aprobó una reforma la cual disminuyó los tiempos de campaña electoral, de constitución de órganos intermedios de administración electoral y otras disposiciones del calendario. El tiempo reducido para desarrollar los comicios afecta la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana.

Por otra parte, se eliminaron a más de 755 mil personas del catálogo de electores (más de 1 millón 300 mil personas desde las últimas elecciones municipales de 2017) y 5.528 mesas electorales respecto a 2021, en ninguno de los casos las autoridades han informado transparentemente la razón de estas disposiciones.

Las grandes víctimas de este proceso electoral son las y los trabajadores del Estado, quienes son obligados a participar en actividades partidarias y electorales que designa el oficialismo, como parte de la práctica sistemática del Estado de hacer un uso abusivo e ilegal de los recursos públicos para sus fines políticos.

En septiembre de 2022, las mismas estructuras partidarias del FSLN fueron víctimas de detenciones y persecución por pronunciarse en contra de candidaturas, que bajo su criterio, no responden a procesos democráticos internos, sino que más bien han sido impuestas por la cúpula del partido. Esto se suma a una serie de detenciones y destituciones de funcionarios públicos y municipales, por supuestos actos de corrupción, aunque hasta la fecha estos hechos se manejan bajo un completo hermetismo.

Colaboracionistas: los aliados más fieles de la “democracia orteguista”

El FSLN para perpetrar los continuos fraudes electorales se rodea y actúa acompañado de sus aliados más fieles, para estos comicios al menos 5 partidos más participarán con la intención de disfrazar de competencia electoral y legitimidad este proceso municipal.

Está ampliamente documentado que en Nicaragua no existen legalmente los partidos opositores, ya que todos han sido perseguidos y han sufrido la cancelación de su personería jurídica. Por tanto, los partidos capaces de inscribir candidaturas son los que el régimen de Ortega les permite participar bajo sus condiciones.

A pesar de todas las facilidades que tienen los partidos colaboracionistas para participar en los comicios, han demostrado que no tienen suficiente tendido electoral, ejemplo de esto es que Urnas Abiertas registró 1.158 denuncias ciudadanas vinculadas a usurpación, apropiación ilegítima de nombre y de violación a la Ley de Protección de Datos Personales, debido a que 4 partidos incluyeron en la lista de candidaturas a personas que no están vinculadas a las estructuras partidarias y sin consultarles previamente.

El panorama señala a que el oficialismo apunta por quedarse con el control absoluto de las 153 municipalidades, es decir que estos partidos recibirán a cambio un reembolso electoral y algunos cuantos cargos en los gobiernos locales.

El costo de las elecciones municipales de 2022 será de 31.1 millones de dólares, de los cuales más de un 40% es destinado para reembolso a los partidos participantes del proceso. Los partidos colaboracionistas lucran con el deterioro democrático y las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua.

La pérdida de la autonomía municipal y los nuevos poderes locales fácticos

En el marco de las elecciones municipales, desde Urnas Abiertas realizamos un análisis del ejercicio del Poder Local, según la población que participó en el estudio, los tres actores que ejercen mayor poder en los municipios son: secretarios políticos, alcaldes y jefes de policía (los secretarios políticos son una figura designada dentro de la estructura partidaria del FSLN quienes están a cargo de la ejecución de las órdenes del partido y en muchos casos quienes concentran mayor poder a nivel municipal, encima de las autoridades electas por voto popular).

Según el estudio publicado, 9 de cada 10 nicaragüenses considera que el ejercicio del poder local y la toma de decisiones se realiza de forma arbitraria en los gobiernos municipales. Además de la supresión del derecho humano y constitucional a la participación política, este ejercicio de poder impacta directamente y negativamente en el desarrollo y bienestar social de las y los habitantes de la localidad, ya que las autoridades están a cargo de cumplir con las órdenes del partido-Estado y mantener el andamiaje represivo, mientras que desatienden las demandas ciudadanas que exigen resolver los niveles elevados de desempleo, pobreza y exclusión de la población en el territorio.

El régimen autoritario bajo el que se encuentra Nicaragua ha socavado la autonomía municipal, limitando el ejercicio de poder de las autoridades locales y promovido el abuso, arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones. De esta manera, se ha aniquilado el poder local democrático para dar paso al surgimiento de un poder local autoritario de facto, a través de la centralización de poder de actores no electos como son los secretarios políticos y los jefes policiales.

Nicaragua se encamina a unas elecciones sin condiciones democráticas, con las libertades fundamentales suprimidas y con la posibilidad de que el régimen dictatorial consolide su control territorial en los 153 municipios del país. Para estos gobiernos locales el futuro les depara gobernar en crisis permanente, con más de 300 mil nicaragüenses en el exilio, con descontento generalizado, con graves retrocesos sociales y con una ciudadanía organizada para seguir denunciando lo que pasa en el país.

Este artículo fue cedido para ser publicado en Café Semanal Latam.