En Bolivia: Demanda de presupuestos contra la violencia movilizó a mujeres de todo el país

En vísperas del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y ese mismo día, organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las mujeres en todo el país sumaron sus voces para demandar ante las autoridades nacionales y subnacionales presupuestos públicos suficientes para enfrentar la violencia contra las mujeres y eficiencia en la ejecución de los mismos. Recientes datos dan cuenta de la urgencia de enfrentar este flagelo, que a nivel nacional termina con la vida de una mujer cada tres días.

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A la voz de “Presupuestos contra la violencia, ¡¡ya!!”, organizaciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer en todo el país, con el apoyo de IDEA Internacional, la Embajada de Suecia y Diakonía, protagonizaron diferentes movilizaciones para denunciar que en Bolivia cada día 13 mujeres de todas las edades son víctimas de delitos de orden sexual, comprendidos en la Ley Integral No. 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. En suma, éstos (4708 casos) representan los delitos con porcentajes más altos (15 por ciento) de un total de 30351 denuncias, de acuerdo con datos del Ministerio Público de la gestión 2017.

Según esta misma fuente, en 2017 se registraron 30 feminicidios en Cochabamba; 27 en La Paz, 16 en Santa Cruz, 10 en Chuquisaca,  9 en Tarija y 7 en Oruro. Beni y Potosí registraron 5 casos y en Pando, ninguno.

A pesar de estas dramáticas cifras, los recursos públicos que se destinan desde los gobiernos subnacionales a la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres no superan el 1,2 por ciento—en el mejor de los casos—del total de sus presupuestos anuales. Por otro lado, la ejecución presupuestaria, en promedio, es muy baja.

Cabe recordar que el Decreto Supremo 2145 (octubre de 2014), que reglamenta la Ley No. 348, asigna el 30 por ciento (primer año fiscal) y 10 por ciento (a partir del segundo) de los recursos de Seguridad Ciudadana de los Gobiernos Autónomos Departamentales para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales para mujeres en situación de violencia y para los Gobiernos Autónomos Municipales se establece un porcentaje de entre 25 por ciento y 30 por ciento para financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atención de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) para la atención de la violencia contra las mujeres.

“Hemos dado pasos significativos en cuanto a normativa contra la violencia, pero estos avances deben estar acompañados de políticas que tengan presupuestos suficientes y eficientes para lograr que, efectivamente, las mujeres tengamos una vida libre de violencia”, coincidieron las voceras de diferentes organizaciones.