Estudio comparado sobre el voto de personas extranjeras

El estudio revela que, aunque la mayoría de los países restringen el derecho al voto a sus ciudadanos, existen excepciones notables. Es el caso de Uruguay, Nueva Zelanda, Chile, Malawi y Ecuador, que permiten el sufragio de residentes extranjeros en todos los niveles electorales, convirtiéndose en referentes internacionales en la materia. Estas experiencias muestran que es posible ampliar los derechos políticos sin comprometer la soberanía democrática.

En América Latina, la tendencia predominante es permitir el voto extranjero en elecciones locales bajo ciertas condiciones. Países como Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú han adoptado marcos normativos que habilitan esta participación, generalmente condicionada a años de residencia legal. Por ejemplo, en Colombia, los extranjeros pueden votar en elecciones municipales y distritales tras cinco años de residencia acreditada. En contraste, países como México, Costa Rica y República Dominicana mantienen una postura restrictiva, reservando el derecho al voto exclusivamente para ciudadanos.

En la Unión Europea, el derecho al voto de extranjeros varía significativamente según el origen del votante. Los ciudadanos de la Unión Europea gozan de derechos electorales en elecciones municipales y al Parlamento Europeo en su país de residencia, mientras que los nacionales de terceros países enfrentan regulaciones dispares. Algunos países, como España y Portugal, permiten el voto local a extranjeros bajo acuerdos de reciprocidad, lo que ha permitido la inclusión de ciudadanos de América Latina, Asia y África en sus procesos locales.

El informe también examina casos relevantes en la OCDE. Corea del Sur, Israel, Suiza y Australia permiten el voto extranjero en ciertos niveles y bajo condiciones específicas, como residencia prolongada o acuerdos bilaterales. En Suiza, por ejemplo, el derecho al voto para extranjeros depende de los cantones, con requisitos que varían entre cinco y diez años de residencia continua.

Este análisis busca aportar evidencia comparada para enriquecer el debate sobre la inclusión política de las personas migrantes y promover marcos normativos más inclusivos y democráticos. La publicación destaca que la participación política de los residentes extranjeros fortalece la democracia al contribuir a su integración social y al reconocimiento de su rol en las sociedades de acogida.

Lea el documento completo: Regulación internacional del voto de personas extranjeras.