Más de 100 millones de personas viven bajo algún esquema de políticas criminalizadas en América Latina

América Latina ha convivido históricamente con altos niveles de violencia social y delictual. Somos cerca del 8 % de la población mundial, pero concentramos aproximadamente un tercio de los homicidios globales. Cuarenta y una de las cincuenta ciudades más violentas del planeta están en nuestro continente. Y, a pesar de ello, es en la última década cuando la expansión de la criminalidad se ha tomado la agenda pública, transformando la preocupación en miedo y, a menudo, en desesperación ciudadana. Un periodo en el que hemos visto el asesinato de candidatos a la presidencia en Colombia y Ecuador, motines carcelarios y escaladas de violencia homicida en países históricamente seguros.

La criminalidad se ha vuelto más agresiva y también más compleja. Hoy reflexionamos sobre cómo afecta la seguridad de nuestros países y, en especial, sobre cómo se ha convertido en una de las principales amenazas para nuestras democracias. El alza de los homicidios y otros delitos es la cara visible de este problema, pero es solo una de sus dimensiones. El impacto soterrado de la criminalidad en las instituciones y en la convivencia social se mantiene incluso en ausencia de violencia.

La publicación Criminalidad y Democracia en América Latina, desarrollada por los académicos Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann, nos invita a comprender la criminalidad en toda su complejidad: una economía política del ilícito que interactúa con la política, el Estado, la sociedad y los mercados. Y nos recuerda que la criminalidad no se reduce solo a la violencia. Es un sistema de redes flexibles y adaptativas, profundamente vinculado a vacíos históricos de los Estados, a la desigualdad estructural, a la tolerancia a la corrupción y a la debilidad del Estado de derecho. Pero hoy se potencia a partir de nuevas tecnologías y formas de comunicación, en un mundo profundamente interconectado.

Allí donde el Estado llega tarde, llega debilitado o, sencillamente no llega, la criminalidad ocupa el vacío de poder. No elimina lo estatal: lo corrompe. Infiltra sus instituciones, corroe el Estado de derecho y, en demasiados casos, reconfigura por completo el balance de poder. La ciudadanía en estos territorios juega con otras reglas. La igualdad ante la ley y la imparcialidad de las instituciones se tensionan hasta el punto crítico. Es la crónica de democracias acechadas. Este es el debate que IDEA Internacional ha querido impulsar con este estudio.

Una de las expresiones más preocupantes de estas dinámicas delictivas es lo que el estudio denomina “política criminalizada”; es decir, la infiltración de redes criminales en la competencia política, las instituciones y los procesos de decisión. En América Latina somos testigos de una creciente penetración de organizaciones criminales en la política, tanto a través de la corrupción directa como del financiamiento ilícito de campañas, partidos y candidaturas. Del mismo modo, vemos la captura de policías, gobiernos locales, instituciones de justicia y otras entidades públicas.

Cuando el crimen logra influir en quién administra la justicia, quién compite electoralmente, quién gobierna y en qué condiciones lo hace, perdemos valores y procesos democráticos. Y cuando no se logra financiar, cooptar o corromper, se recurre a la violencia, a la intimidación, al asesinato y al amedrentamiento de candidatos y periodistas, así como al hostigamiento de autoridades y líderes políticos. Se distorsiona así el debate público y la representación; se debilita la competencia electoral, se erosionan las reglas del juego y se socava la confianza ciudadana en que las instituciones pueden proteger el bien común.

Pero el debilitamiento de las democracias a manos de la criminalidad no se produce solo a través del financiamiento, la captura o la violencia, sino también como resultado de respuestas apresuradas desde la política pública para enfrentarla. Soluciones fáciles a problemas complejos, a menudo sin evidencia ni evaluaciones. Propuestas de mano dura y militarización que debilitan los contrapesos institucionales, el acceso a la justicia y el debido proceso.

Del mismo modo, vemos con preocupación que las políticas de combate a la inseguridad a menudo se utilizan como excusas para restringir libertades y garantías, impedir la libertad de prensa y perseguir a la oposición y a los disidentes, transformando democracias electorales en regímenes autoritarios i-liberales. Bajo estos modelos, la democracia pierde mucho más de lo que recupera en seguridad. Basta dar una mirada a nuestra historia para dimensionar lo oscura que puede ser la noche impuesta por un Estado con poder ilimitado.

Sabemos que esas respuestas pueden ser políticamente rentables en el corto plazo y que conectan con un miedo social genuino, así como con la frustración de ciudadanos que se sienten desamparados.
Pero cada contrapeso que se debilita puede convertirse en una amenaza futura para la seguridad ciudadana ante una decisión arbitraria. Cada libertad que se restringe en nombre del orden público puede dejar de ser una medida excepcional para convertirse en una nueva realidad.

Hay caminos para fortalecer la capacidad de respuesta de los Estados sin caer en esta falsa dicotomía entre seguridad, por un lado, y Estado de derecho y democracia, por otro. Nuestra tarea consiste en construir esas respuestas, diseñando no solo buenas políticas públicas, sino también narrativas consistentes que protejan el Estado de derecho y la democracia.

Avanzar hacia más seguridad requiere, además, proteger las elecciones, la política y a los partidos del financiamiento ilícito, de la infiltración criminal y de la tentación autoritaria. Sin elecciones íntegras, sin competencia libre, sin una prensa libre, sin transparencia y rendición de cuentas, y sin una ciudadanía que confíe en sus instituciones, no habrá estrategia de seguridad que logre sostenerse en el tiempo.

Desde IDEA Internacional creemos que este es el verdadero desafío de nuestra región: no solo contener la expansión de la criminalidad, sino hacerlo de una manera que fortalezca —y no socave— nuestras democracias.

Marcela Ríos Tobar, directora regional para América Latina y el Caribe.

Discurso de apertura durante el evento: Criminalidad y Democracia en América Latina.

Santiago de Chile, 17 de abril de 2026.