Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este comentario son las de los autores y no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.
Las elecciones presentan una vulnerabilidad que pocos otros servicios públicos comparten: están ancladas a calendarios constitucionales que convierten cualquier aplazamiento en un hecho democrático, y no solo logístico. Además, dependen de las mismas carreteras, suministros eléctricos, telecomunicaciones, edificios públicos y transportes que las amenazas naturales suelen dañar. Sin embargo, rara vez figuran explícitamente en las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres o en los planes de adaptación al clima. A nuestro entender, por tanto, las elecciones ya no deberían tratarse como algo ajeno a la planificación de emergencias.
Un problema global y sin fronteras
Afortunadamente, los administradores electorales ya aplican con éxito muchas medidas para proteger las elecciones: desde cambios en el calendario electoral y mecanismos especiales de votación hasta planificación de contingencia, mecanismos y fórmulas de coordinación interinstitucional y estrategias eficaces de comunicación pública. Desplegar enfoques como estos se ha convertido en una prioridad urgente en todo el mundo. Al menos 94 procesos electorales, en distintos niveles jurisdiccionales de 52 países se vieron afectados por una o más amenazas naturales entre 2006 y 2025.
Una de las lecciones clave de la experiencia reciente es que ningún país, sea cual sea su nivel de ingresos, es inmune a estas perturbaciones. Las amenazas naturales han afectado elecciones en países de ingresos bajos, medios y altos tan diversos como Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, Haití, India, Mozambique, México, Filipinas y Portugal, entre muchos otros.
Los desastres meteorológicos, hidrológicos, climatológicos y geofísicos pueden alterar las elecciones a lo largo de todo el ciclo electoral. Esto incluye fases críticas como el registro de votantes, las campañas electorales, las operaciones de votación, la jornada electoral y la verificación de resultados: se dañan infraestructuras esenciales, desplazan a votantes y fuerzan cambios de última hora en el calendario.
La alteración no se distribuye por igual
Los efectos de las amenazas naturales sobre las elecciones se reparten de manera desigual. Las personas con más probabilidades de verse impedidas de votar son con frecuencia los grupos ya marginados: comunidades en zonas remotas, votantes de mayor edad y personas con discapacidad. Por ejemplo, para cuando llega la jornada electoral, los efectos desiguales de una inundación determinan quién puede participar. Por tanto, las amenazas no solo alteran las elecciones, sino que también corren el riesgo de silenciar las voces de quienes ya están infrarrepresentados. Casos recientes muestran con qué rapidez estos riesgos pueden pasar de una vulnerabilidad general a una alteración electoral concreta.
Portugal es uno de los ejemplos recientes. Fue golpeado por una serie de tormentas (Leonardo y Kristin), que causaron una destrucción generalizada pocos días antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2026, con 19 municipios especialmente afectados y que aplazaron la votación por una semana. Las autoridades electorales justificaron el retraso por los riesgos para la seguridad pública, la inaccesibilidad de los centros de votación y la declaración del estado de calamidad. En abril de 2026, el estado indio de Bengala experimentó una intensa ola de calor durante las elecciones a la asamblea legislativa. A pesar de las medidas introducidas por la autoridad electoral, como zonas de espera con sombra y agua potable en los centros de votación, fallecieron cuatro votantes.
Según una nueva publicación del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), Managing Natural Hazards and Climate Risks in Elections, las amenazas más comunes que afectan a las elecciones son las tormentas, las inundaciones, las olas de calor, los incendios forestales y los terremotos (véase la figura 2).
En algunos casos, el impacto de una amenaza natural supera la capacidad de mitigación de una autoridad electoral, y obliga a aplazar la elección. Entre 2006 y 2025, al menos 26 procesos electorales se aplazaron total (13) o parcialmente (13) en 22 países. Entre los ejemplos recientes figuran las elecciones generales de 2023 en los Territorios del Noroeste, en Canadá, pospuestas 42 días a causa de un incendio forestal, así como las elecciones generales de 2025 en Vanuatu, aplazadas dos días debido a un terremoto.
La resiliencia no se construye únicamente el día de las elecciones. Las amenazas naturales pueden alterar múltiples aspectos del proceso electoral: el registro, la contratación pública, la actividad de campaña, el despliegue de observadores, las rutas de transporte, la votación o el escrutinio. Las decisiones más difíciles rara vez son solo técnicas. Aplazar una elección, trasladar centros de votación, ampliar plazos o extender modalidades especiales de voto, como el voto anticipado, las urnas móviles o el voto por correo, puede ser necesario. Pero si esas decisiones parecen improvisadas o partidistas, pueden generar sospechas. En elecciones afectadas por desastres, la legalidad, la transparencia y la comunicación son, por tanto, tan importantes como la capacidad operativa.
Existen varias estrategias que pueden desplegarse para proteger las elecciones frente a las amenazas naturales y los riesgos climáticos. El informe Managing Natural Hazards and Climate Risks in Elections incluye 11 acciones orientadas a la protección de las elecciones. Entre ellas figura el imperativo de reconocer legalmente las elecciones como infraestructura crítica, porque «tal designación puede asegurar el apoyo adicional de las instituciones del Estado necesario para garantizar que las elecciones y las transiciones políticas ordenadas puedan tener lugar incluso en circunstancias extremas». El estudio insiste en la importancia de incorporar la protección de las elecciones en las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres y en los planes de adaptación al clima. Una de las recomendaciones centrales del informe destaca una mayor coordinación interinstitucional entre los actores electorales y las agencias meteorológicas, de protección ambiental, de socorro en casos de desastre y humanitarias. Dicha colaboración permitiría utilizar eficazmente los sistemas de alerta temprana, integrar las elecciones en marcos más amplios de gestión de desastres y establecer mecanismos permanentes de trabajo conjunto con las agencias de respuesta ante desastres. Sri Lanka ofrece un ejemplo claro: la Comisión Electoral y el Centro Nacional de Gestión de Desastres trabajaron con más de 20 agencias para mantenerse en alerta ante la posibilidad de un desastre antes de las elecciones generales de 2019 y 2024. La cooperación también se extendió además al servicio meteorológico nacional, que proporcionó a la autoridad electoral informes periódicos antes de la jornada electoral.
El informe también menciona que las elecciones deberían celebrarse cuando la probabilidad de desastre sea menor. Los cambios en el calendario electoral pueden reducir la probabilidad de alteraciones causadas por desastres de corta duración. Por ejemplo, la legislatura provincial de Alberta trasladó su fecha fija de elecciones de mayo - en plena temporada de incendios forestales- a octubre, como parte de una ley más amplia sobre poderes de emergencia. El cambio entrará en vigor en 2027.
Otras recomendaciones del informe abarcan mecanismos de votación de respaldo, formación y planificación de contingencia, marcos jurídicos y de financiación sólidos, comunicación pública y evaluaciones posteriores a las elecciones. Estas últimas facilitan enfoques de reconstrucción mejorada tras procesos electorales afectados por desastres y pueden ayudar a generar apoyo y asegurar financiación para nuevos procedimientos, formación y reformas que aumenten la inclusión y reduzcan riesgos futuros.
Una llamada a la acción antes de la próxima tormenta
El mensaje para quienes diseñan políticas públicas es claro: los planes de adaptación al clima y las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres deberían incluir explícitamente a las elecciones. El costo de la inacción es operativo y democrático. Cada elección impedida, aplazada o distorsionada por una amenaza natural es un fallo de gobernanza que una mejor planificación podría haber evitado. Para la comunidad de reducción del riesgo de desastres, integrar las elecciones en las evaluaciones nacionales de riesgo, los marcos de contingencia y los planes de adaptación al clima no solo llenaría una brecha significativa, sino que enviaría una señal inequívoca de que la propia democracia merece ser protegida.
Este artículo fue publicado por primera vez por UNDRR PreventionWeb el 22 de mayo de 2026 en inglés.
Sobre los autores
Sarah Birch es profesora de Ciencia Política en el Departamento de Economía Política de King’s College London. Sus intereses de investigación incluyen los efectos políticos de los fenómenos meteorológicos extremos y el papel de las instituciones políticas en la protección de la democracia en el Antropoceno. Sarah ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, International IDEA, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, entre otras entidades.
Ferran Martínez i Coma es profesor en la School of Government and International Relations de Griffith University (Australia). Su investigación se centra en las elecciones, la integridad electoral, la política comparada, los partidos políticos y el comportamiento electoral. Ha sido asesor principal en la Unidad de Políticas de la Oficina del Presidente del Gobierno de España, y asesor técnico en el Ministerio del Interior y en el Ayuntamiento de Barcelona.
