Democracia en retrospectiva 2025

Uno de los elementos más relevantes del año fue la capacidad de los sistemas electorales latinoamericanos para sostener procesos íntegros y producir alternancias pacíficas, aun en medio de fuertes tensiones internas y presiones internacionales. El cierre del superciclo electoral 2024–2025 permitió constatar que, pese al desencanto ciudadano y las percepciones de baja eficiencia gubernamental, las instituciones electorales continúan funcionando como anclajes esenciales de legitimidad. Países como México, Argentina y República Dominicana lograron organizar comicios competitivos, mientras que Chile y Uruguay mantuvieron altos estándares institucionales, demostrando que las democracias de la región aún conservan capacidades fundamentales para corregirse a sí mismas.

Otro logro significativo fue la capacidad de algunos Estados para frenar, contener o revertir tendencias abiertamente contrarias al derecho. El caso de Brasil es emblemático: la condena de Jair Bolsonaro por conspirar para perpetuar un golpe de Estado reafirmó la autonomía del poder judicial y su rol como contrapeso, incluso frente a liderazgos con amplio respaldo social. En Polonia, aunque fuera de la región, se observaron dinámicas similares, recordando que los ciclos autoritarios no son inexorables y que las instituciones pueden reencauzar procesos democráticos cuando logran mantenerse firmes ante la presión política.

Asimismo, 2025 confirmó avances en áreas como independencia judicial, lucha contra la corrupción y credibilidad electoral. República Dominicana, Chile y Uruguay se destacaron en distintos indicadores de calidad institucional, mostrando que, más allá de las narrativas dominantes de declive, existen mejoras concretas que no deben perderse de vista. A esto se suma la ampliación de derechos sociales en varios países, especialmente para grupos históricamente marginados, recordando que la democracia también avanza desde la inclusión.

Sin embargo, estos logros coexisten con un desencanto democrático persistente. Las causas son profundas: bajo crecimiento económico, alta desigualdad, inseguridad extendida y Estados con baja capacidad de garantizar servicios en zonas, donde actores criminales ocupan el vacío institucional. La percepción de ineficiencia estatal se transformó en un clivaje estructural entre ciudadanías frustradas y sistemas políticos desacreditados, abriendo espacio a propuestas que prometen eficacia inmediata a costa de contrapesos democráticos.

De hecho, el auge de modelos de seguridad de excepción, inspirados por la estrategia de Nayib Bukele, fue uno de los fenómenos políticos más influyentes del año. Mientras Ecuador reforzó políticas de militarización y control territorial, Chile y Uruguay colocaron la seguridad como tema central de sus agendas públicas. El apoyo popular a estas respuestas, incluso cuando comprometen garantías procesales o erosionan la separación de poderes, evidencia un cambio cultural profundo en la manera en que las sociedades entienden la democracia: ya no solo como un sistema de derechos, sino como un orden que debe garantizar protección inmediata.

En paralelo, la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos añadió un factor de inestabilidad hemisférica. Su giro unilateralista, el repliegue de compromisos multilaterales y el énfasis en relaciones bilaterales transaccionales alteraron los equilibrios regionales. En 2025, su gobierno ejerció una presión significativa sobre Venezuela, Colombia y México, reconfigurando incentivos y riesgos para numerosos Estados latinoamericanos. Aunque la región ha demostrado que puede resistir tensiones externas, la política estadounidense sigue siendo un condicionante estructural para su futuro inmediato.

En este marco, se registraron hechos que generaron incertidumbre, entre ellos el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, un episodio que reavivó debates sobre la coherencia de la cooperación internacional contra el narcotráfico. Si bien su impacto simbólico fue considerable, su relevancia para el balance democrático regional debe leerse como un recordatorio de la necesidad de fortalecer instituciones propias y reducir dependencias externas.

Mirando hacia adelante, 2026 se perfila como un año bisagra. Las tendencias que dominaron 2025 podrían cristalizar en direcciones divergentes: o bien una consolidación más clara de proyectos iliberales y hegemonías de partido, o bien una oportunidad para reorientar la agenda democrática hacia la inclusión, la igualdad y la gobernanza de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, en particular, será un terreno de disputa crucial. Tras el choque de 2024 y 2025, los países deberán definir marcos regulatorios que protejan la integridad electoral, aseguren transparencia algorítmica y prevengan la manipulación informacional.

La tarea para 2026 no es menor. Requiere visión de largo plazo, liderazgo democrático y una articulación efectiva entre actores políticos, instituciones, sociedad civil y ciudadanía. No se trata solo de resistir; se trata de reconstruir capacidades estatales, renovar el contrato social y demostrar que la democracia no solo puede sobrevivir a las crisis, sino ofrecer respuestas mejores que la tentación autoritaria.