Elecciones 2023 en México: Fin de ciclo

No es extraño que al intentar periodizar la historia electoral de una sociedad el analista se tope con traslapes entre el final de un ciclo y el comienzo de otro. La realidad no es tan definida como para permitir cortes tajantes.

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

            Eso es lo que ocurrirá el próximo domingo 4 de junio de 2023 en las elecciones locales del Estado de México y de Coahuila, pues dichos comicios significarán el cierre de un ciclo de potenciales relevos que han ido dando consistencia a los resultados en el ámbito estatal con lo ocurrido en las elecciones federales de 2018. Estos dos estados representan los últimos dos territorios en disputa donde no se ha reflejado cabalmente el viraje en el sentido de la votación que se presentó en las más recientes elecciones por el ejecutivo federal.

Empero, la experiencia en ambas entidades es distinta: mientras que en Coahuila la última ocasión en que se definió la gubernatura el comportamiento electoral pudiera verse como una suerte de continuidad del histórico predominio priista, en el Estado de México ya en 2017 se presentó una elección cerrada en la que el partido entonces recién formado Morena disputó codo a codo el triunfo con el PRI, partido gobernante en esta entidad hace casi un siglo.

Pero si bien desde esta perspectiva las elecciones del próximo domingo pueden verse como el final del ciclo de recambio que pudiera advertir un realineamiento significativo en las preferencias del electorado mexicano, al mismo tiempo son dos eventos que forman parte de lo que ya es una cadena de elecciones del nuevo ciclo donde Morena busca adquirir una condición predominante en el voto ciudadano y que tendría continuidad en los procesos electorales que se realicen a futuro, no sólo en 2024, sino posteriormente.

Este nuevo ciclo habría arrancado con el contundente triunfo en la elección presidencial de 2018 y continuado con las muy diversas victorias de este partido en elecciones locales, que le ha permitido obtener más de la mitad de los ejecutivos estatales. De esta manera, las dos elecciones del domingo entrante pueden verse con el cierre de una primera ronda de votaciones donde las realidades locales se estarían ajustando al nuevo orden nacional.

Pero, más allá de su ubicación en el contexto histórico, ¿que representan estas elecciones para los contendientes?

Morena gobierna ya en más de una veintena de entidades federativas. Han quedado fuera de su control estados con presencia añeja del Partido Acción Nacional y un par de entidades donde una fuerza emergente, Movimiento Ciudadano, ha asentado su poderío. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), por su parte, ha visto mermada su condición de partido gobernante, pasando de tener una mayoría de ejecutivos estatales apenas hace seis años a una situación donde el único territorio donde conserva el gobierno, por recuperación, es Durango, y dos entidades donde desde la Revolución mexicana no se conoce la alternancia en el Poder Ejecutivo: Coahuila y el Estado de México.

Coahuila es el bastión de uno de los pocos grupos políticos interno al PRI que no han perdido su asiento territorial, el encabezado por los Moreira, aunque enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. En este sentido, esta entidad pudiera ser la única en que no habría un cambio de partido gobernante en todo un siglo, si la ventaja de más de un dígito que muestran las encuestas se realiza en un triunfo de este partido, producto de la división de la alianza ya tradicional de Morena con otras organizaciones, que ahora compiten con tres distintos candidatos.

A días de la elección se antoja complicado que Morena alcance la votación requerida para arrebatarla al PRI el gobierno de esta entidad, que pudiera conformar junto a Durango la última mancha tricolor en el mapa político-electoral mexicano.

Y aunque no s posible descartar que se presenten acusaciones de irregularidades en los comicios, la amplitud esperada en el resultado hará poco creíble que la derrota de quienes pierdan sea producto de un fraude. Así, los alegatos caerán en saco roto muy factiblemente.

Esta última entidad representa en muchos sentidos la “joya de la Corona” en el ámbito de los gobiernos estatales. El padrón de electores de este estado supera al de cada uno de los estados soberanos de Centroamérica y es la unidad territorial de México no sólo donde radica la mayor cantidad de personas, sino que despunta por su nivel de producción y la elevada concentración de actividades que solamente pudiera verse superada por la entidad capital, la Ciudad de México y competida por los estado de Nuevo León y de Jalisco, hoy en manos de Movimiento Ciudadano.

Es falso que el logro de una victoria electoral en los comicios presidenciales del año próximo tenga que pasar por la conquista de este territorio. De hecho, desde 2000, únicamente en una ocasión el partido ganador de la elección en el Estado de México, que siempre ha sido el PRI, ha obtenido la victoria en los comicios por el ejecutivo federal, en 2012, cuando por demás el abanderado de este partido surgió del gobierno del Estado de México.

Es equivocado también pensar que el resultado de los comicios de 2023 adelanta de alguna forma el comportamiento esperable del electorado en las elecciones generales del año siguiente. Así no ha sido ni tendría porque ser, pues de hecho las votaciones federales resultan de la conjunción de procesos de definición entre candidatos presidenciales e historias y patrones regionales de voto.

Lo que sí es cierto es que el resultado que se de en la elección para Gobernador del Estado de México afectará de manera significativa las condiciones de definición de candidaturas por parte de los partidos de oposición a Morena. Una derrota del PRI dejaría a este partido en una debilidad que haría difícil que pudiera imponer un candidato e incluso abriría la puerta a una eventual alianza del panismo que considere la adhesión de Movimiento Ciudadano. Una victoria del PRI podría fortalecer las intenciones de este partido de que se realice un proceso de selección que no sólo incluya a sus aspirantes, sino que les otorgue condiciones de relativa equidad en la decisión.

En el caso de Morena, que en principio mantiene una ventaja dentro de un margen estrecho —quizá de menos de un dígito— en la contienda según las últimas encuestas previas, una victoria en el estado de México le permitiría sentar gobierno en la amplia mayoría de la población del país y unificar verticalmente el gobierno en un territorio mayor al alcanzado hasta ahora. Una derrota, a diferencia, significaría una piedra en el camino hacia el logro de la mayoría absoluta que pretende el hoy Presidente de la República para el 2024, pero de ninguna manera un obstáculo mayor en el potencial triunfo electoral de Morena para el año que entra.

A diferencia de lo que ocurre en Coahuila, el Estado de México es un terreno fértil para que los contendientes se lancen a realizar prácticas que pudieran ser fraudulentas y que deriven en acusaciones formales que busquen revertir cualquier resultado que se de en tribunales.

Ya de entrada ambos bandos se encuentran abiertamente cuestionados en su honradez, unos por colectas de diezmos sobre ingresos de trabajadores, lo que ha sido sancionado legalmente aunque no haya llevado a un bloqueo a la candidatura de Morena; otros por multimillonarios desvíos del presupuesto público estatal hacia empresas fantasma.

Pero además se han acumulado las acusaciones, sobre todo desde la coalición encabezada por el PRI, de que se ha estado haciendo uso de padrones de beneficiarios sociales para realizar actos no sólo de propaganda e incitación al voto por Morena, sino de inhibición al voto oponente por medio de técnicas clientelares, amenazas a los ciudadanos e irregularidades como el control de credenciales y otras actividades que han sido típicas de las tradiciones de fraude electoral a la mexicana.

Si a ello se suma el muy factible acarreo para que concurran a votar los ciudadanos de uno y otro bando e incluso la potencial presencia de acciones violentas en algunas urnas que empañen el proceso, es esperable que el expediente de recursos contra la elección una vez concluida ésta sea sumamente grueso y que la decisión, más allá del resultado que anuncie la autoridad administrativa electoral la noche de los comicios, tenga que darse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la etapa jurisdiccional, ya se sabe, la presión a la autoridad electoral vendrá no solamente de los contendientes, sino desde el máximo púlpito en que se han convertido las Mañaneras. Así, la vigilancia de las autoridades y de la sociedad deberá ponerse no sólo en los actores formales de la elección, sino en el control de un Ejecutivo federal al que se le ha sancionado reiteradamente por sus intervenciones, pero que no por ello deja de asumir el papel de defensor supremo de la causa morenista.

Este artículo fue cedido para ser publicado en Café Semanal Latam.