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Certeza electoral: la importancia de contar con un marco legal sólido en Honduras

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Crédito de la imagen: Agencia EFE

Honduras se encuentra a medio camino de la aprobación de la reforma electoral, y específicamente de las importantes leyes que regularán los recientemente creados Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral.  Al día de hoy, el Congreso Nacional de la República ha avanzado en el proceso de discusión al tiempo que naturalmente se viven retrasos derivados de la crisis sanitaria por COVID-19. Sin embargo, el tiempo apremia. Ante la experiencia de un proceso electoral 2017 cuestionado y el implacable avance del tiempo hacia las elecciones de 2021, es deseable avanzar lo más pronto posible con la aprobación de estas leyes y abonar así a la certeza del proceso del año próximo.

Uno de los principios rectores de la función electoral es la certeza. De manera anticipada y a lo largo del ciclo electoral, autoridades, partidos y ciudadanía deben tener claridad sobre las reglas del juego. Así, aspectos como el registro de electores, la conducción de las campañas electorales (y su financiamiento), la capacitación electoral, y hasta la transmisión de resultados y la calificación de la elección deben estar regidos por marcos legales y procedimentales claros. Esto da certidumbre y permite conocer, con seguridad, las reglas del juego. Al final, como indicaba Adam Przeworski (1995), en una democracia real, la única incertidumbre debe ser el resultado de la elección. 

Esto solo ocurre en un marco de certeza legal e institucional. La certeza tiene dos ventajas principales. En primer lugar, permite la familiarización con las reglas, lo que facilita desde su conocimiento hasta la capacitación de personal encargado de la fiscalización o de las mesas receptoras de voto. En segundo lugar, la certeza hace que las decisiones, procedimientos y hasta las sanciones, sean previsibles. Ofrecer certidumbre y apego a hechos hace que “cada ciudadano esté en situación de prever cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus propias acciones y cuáles serán las decisiones de los órganos de aplicación” (Comanducci, 2009).  Y esto, a su vez contribuye a la legitimidad de las reglas y con ello, a la confianza y aceptación de los resultados electorales.

Una expresión de esa certeza es el que exista suficiente tiempo para que las reglas del juego establecidas sean interiorizadas por todos los actores. En ese sentido, un número importante de países incluso han inscrito en sus leyes la prohibición de hacer cambios al marco electoral con poca anticipación. En América Latina tenemos varios ejemplos. En México, la Constitución Política (art. 105) establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral, que a su vez inicia alrededor de 10 meses antes de la jornada electoral (LGIPE, art. 40). En Perú, no se pueden hacer modificaciones a la legislación electoral desde un año antes de las elecciones[1]. Finalmente, en Costa Rica la propia Constitución (art. 97) señala que dentro de los seis meses anteriores, y los cuatro posteriores a la celebración de una elección, la Asamblea Legislativa no podrá legislar en la materia.

Cambiar de caballo a mitad de río, así como no dar tiempo suficiente para generar costumbre y certeza puede tener consecuencias graves. En su estudio ‘When do political parties protest election results?’ (¿Cuándo protestan los resultados electorales los partidos políticos?), Svitlana Chernykh (2013) resalta la importancia de la certeza en los procesos electorales. Revisando la experiencia de 22 democracias post-comunistas entre 1990 y 2009, encuentra que los partidos políticos tienen mayor probabilidad de rechazar los resultados electorales por vías extra legales (protestas, boicots, etc.) cuando el marco que regula la elección se modifica poco antes del proceso. Específicamente, Chernykh identifica que el 100 por ciento de elecciones precedidas por cambios en las reglas del juego han registrado rechazo a los resultados por parte de los partidos políticos opositores.

Este estudio se enfoca en Europa del Este y la ex Unión Soviética y trata cambios iniciados por el partido gobernante. Sin embargo, no por ello sus lecciones son menos ciertas y relevantes.  Cambiar las reglas del juego a medio camino, o bien, tener nuevas reglas del juego muy cercanas a la jornada electoral afecta la estabilidad y certidumbre del proceso. No tener el tiempo suficiente dificulta el aprendizaje e interiorización de las reglas del juego, la capacitación a los actores relevantes y -sobretodo- impide generar la certeza que es tan importante para la aceptación de los resultados electorales. Un escenario similar se presenta con el Registro Nacional de las Personas. Contar con el censo y la nueva tarjeta de identidad es fundamental para el próximo proceso electoral. Hago votos por que Honduras cuente pronto con el marco jurídico y registral que le permita llevar a buen puerto su proceso electoral 2021.

 
[1] Sin embargo, a través de una disposición transitoria del 27 de marzo de 2020, se modificó la Ley Orgánica de Elecciones, estableciendo un plazo de 6 meses para aprobar dichas reformas.

SOBRE EL AUTOR

Head of the office for Mexico and Central America
Miguel Angel Lara Otaola

Miguel Ángel leads International IDEA programmes in Mexico, Central America and the Dominican Republic. These include long-term programmes with the Electoral Tribunal of the Judiciary of the Federation of Mexico (TEPJF) and the Electoral Tribunal of Panama (TE) focused on electoral justice and integrity in electoral processes. His latest project consists of the development of a Global Index on Electoral Justice.