Ponencia del Sr. Sergio Bitar al recibir el Premio "Guillermo O'Donnell" a la Democracia, otorgado por la Latin American Studies Association (LASA) en el Congreso LASA 2017 en Lima, Perú

Estas distinciones son esenciales para realizar un buen diagnóstico, requisito indispensable para mejorar los programas de gobierno en America Latina. En el pasado reciente numerosas naciones han realizado progreso en valorar la democracia, realizar elecciones, proteger los derechos humanos, lograr independencia del poder judicial, elevar la transparencia, mejorar la gestión macroeconómica, conseguir más inclusión social y proteger el medio ambiente. Este recuento nos debiera entregar confianza de que ha existido capacidad política para superar de gobernabilidad. La duda que asalta es si las instituciones democráticas actuales serán capaces de encarar y encauzar los nuevos y más complejos problemas que avizoramos ahora.

Los tres desafíos de la democracia latinoamericana

Me detendré en los tres problemas mayores, resaltando las reformas que deberían impulsarse para elevar la capacidad del Estado y de la sociedad.  

El primer desafío es la desigualdad.  Según CEPAL la reducción de la pobreza se ha estancado en un 28% promedio en los últimos cuatro años y ha comenzado a elevarse en varios países. La desigualdad también se acrecienta. Ella no es solo de ingresos, hay discriminación social, territorial, étnica, de género, que choca con la nueva conciencia de derechos. Habrá propuestas conservadoras que pretenderán resolver por la vía del mercado, limitación de las expectativas y prácticas autoritarias. ¿Cómo fortalecer la democracia? Se pondrán a la orden del día las reformas tributarias, educacionales, mejoría de cobertura y calidad servicios públicos, salud, urbanización y vivienda, seguridad ciudadana. Una política democrática eficaz deberá privilegiar la inclusión social.

Un segundo desafío es la brecha creciente entre las nuevas demandas, expectativas y comportamientos que acompañan la rápida expansión de clases medias, y un sistema político elitista con un aparato estatal de capacidad menguada. El elitismo no es solo político y económico- empresarial. Existe un verdadero cartel de elites organizadas en varios frentes que se articulan entre sí.  El control y la progresiva desarticulación de estas elites por parte de la ciudadanía es un requisito para afirmar la democracia representativa, que es entonces víctima de una pérdida de legitimidad, al no ser capaz de responder a esas demandas por derechos políticos y protección ante la vulnerabilidad.

Si no se encuentra cauce para acoger las nuevas demandas veremos un malestar creciente, con desafección y abstencionismo electoral, movilización social en las calles, e incluso violencia.  Este reto exige superar dos temas vitales para el futuro: dar cauce institucional a la participación ciudadana y corregir la débil capacidad de gestión del Estado.

Sobre la cuestión de la participación ya Guillermo O’Donnell advertía sobre el agotamiento de la democracia delegativa, que Rosanvallon denomina democracia de autorización. O´Donnell expresaba “el régimen de poder detesta las instituciones de control del Ejecutivo… con la idea mesiánica de que un voto mayoritario les da el derecho de hacer lo que les parece”. La profundización de la democracia requiere transitar a formas complementarias de democracia participativa, sea a través de la “accountability” de O´Donnell o la “democracia de ejercicio” de Rosanvallon.[4]  Depender solo de la participación electoral conduce a la desafección.  Se critica la “democracia intermitente”, solo cuando se vota, cada 4, 5 o 6 años. La tarea es que “los ciudadanos dejen de ser soberanos de un día”.

¿Qué proponer? Primero, se deberán instaurar fórmulas institucionales de participación y consulta, a nivel local, regional o nacional; instalar nuevas plataformas tecnológicas para informar, integrar consejos ciudadanos para debatir temas de relevancia.  La participación contribuye al control ciudadano del Estado y, en particular, del gobierno. Segundo, satisfacer la demanda por transparencia, que es y será potente. Dos actores han desempeñado un papel decisivo para combatir la corrupción: los medios de comunicación social y los ministerios públicos con fiscales autónomos. La separación entre el dinero y la política es una cuestión pendiente, que socava la legitimidad de la democracia. El financiamiento público de la política y su estricta fiscalización son cada vez más necesarios.

Tercero, defender la separación de poderes y acrecentar el control ciudadano sobre el Estado, las instituciones y el gobierno.  Una de las deformaciones recientes de las democracias latinoamericanas son las reformas constitucionales para la reelección y, peor aún, para la reelección indefinida de presidente. 14 de los 18 países latinoamericanos (excluyendo a Cuba) han establecido la reelección.  Se ha concentrado el poder en lugar de ampliar la participación política.

Serán prioritarias las reformas institucionales para extender la participación, realizar consultas ciudadanas y fortalecer la fiscalización y la transparencia.

Un tercer desafío es el lento crecimiento económico, el desempleo y la vulnerabilidad. La democracia tiene que ser capaz elevar las condiciones de vida sostenidamente. A la “accountability” se debe agregar el “delivery”, mostrar resultados palpables. (Curiosamente, ambas palabras carecen de traducción simple al español). La inclusión social requerirá crecimiento, productividad y generación de empleo, especialmente juvenil. Él cambio de la estructura productiva se ha puesto en primera prioridad en casi todos los países, y aunque a distinto ritmo, en todos ellos se deberá apuntar a invertir más en infraestructura, fortalecer la educación técnica, la ciencia y tecnología, el desarrollo digital, el fortalecimiento de nexo entre tecnología y recursos naturales, el impulso a la pequeña y mediana empresa, una cultura de emprendimiento y la integración latinoamericana.  La meta ha de ser salir de la llamada trampa de ingreso medio. Crecer es imprescindible para la democracia, de manera inclusiva y sostenible.

En suma, la convergencia de inclusión, participación e innovación para crecer, con perspectiva 2030, es la base de la acción política para fortalecer la democracia latinoamericana. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2030 debe ser un objetivo prioritario.

Reformas del Estado y las Instituciones.

Junto a la participación ciudadana, será prioritaria la reforma del aparato estatal, que posee bajos niveles de eficiencia. Tres dimensiones requieren cambios. El primero es preservar el orden público, acosado en varios países por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la incapacidad de las policías y los sistemas judiciales. Es la tarea primordial del estado, pues se arriesga seriamente la gobernabilidad. Un segundo aspecto crucial es garantizar la independencia de los poderes electoral y judicial, y acrecentar una capacidad de fiscalización independiente. Y tercero, en el campo económico social, dotar de atribuciones y recursos humanos de calidad al sector público para abordar nuevas políticas de inclusión y transformación productiva.  Cumplir estas tareas exige formar dirigentes con conocimientos técnicos y habilidad política, mejorar la calidad de los funcionarios públicos e instalar sistemas efectivos de fiscalización.

Afianzar los partidos políticos

La nueva etapa de desarrollo democrático de América Latina exige reforzar los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de nuestros países muestra una estructura partidaria frágil, fragmentada e inestable. Y esta situación podría acentuarse en los próximos años.   Esta situación genera ingobernabilidad, temprana disgregación de las mayorías necesarias para sostener al gobierno y, consecuentemente, ineficacia gubernamental.  

¿Qué acciones emprender?  Para profundizar la democracia los partidos deben cumplir tres funciones: electoral, de gobierno y promover la organización de la sociedad civil. Los partidos latinoamericanos desempeñan esencialmente la primera. La función programática es muy escasa, y sin programa no hay buen gobierno. Además, un buen programa es un antídoto contra el populismo. La función participativa es marginal, sin embargo es la más relevante en la fase institucional que se avecina. Cumplir bien estas tres tareas exige de buena organización y partidos fuertes.

Fortalecer a los partidos supone además incrementar su autonomía e independencia de los grandes intereses económicos y empresariales, construir cortafuegos entre política y dinero, instalando regulaciones y sanciones contundentes. También exige elevar la calidad de la formación de jóvenes líderes, incorporándolos al gobierno, administración local y regional, en organizaciones sociales y también en campañas electorales. La complejidad de gobernar requiere de expertos con capacidad política y políticos con capacidad técnica. Estamos llenos de escuelas de negocios y cuán pocas escuelas de gobierno.

Por último, se ha de alentar la organización de redes y asociaciones de partidos políticos en America latina para compartir experiencias y emprender iniciativas comunes. Los temas y soluciones son coincidentes. Cuando se recorre la prensa de la región se aprecia que los problemas son similares, los debates semejantes y las políticas parecidas. Sin embargo, no existen instancias partidarias permanentes de reflexión conjunta. Esta es otra prioridad, Las relaciones humanas acercan los liderazgos del futuro y crean confianzas para proceder de manera convergente.

Un relato convocante para crear una sociedad mejor.

Un discurso político que solo ofrezca satisfacer demandas de grupos específicos no puede dar coherencia al desarrollo del país. La gobernabilidad requiere de un sentido colectivo, de comunidad que comparte un mismo propósito, de un pacto social equitativo, de un rumbo común.

Las propuestas políticas carecen, en general, de un relato que busque aglutinar, que concilie intereses diversos y otorgue sentido a cada medida programática. En mi país, desde hace más de una década las encuestas revelan una disociación del comportamiento de los chilenos. La mayoría dice estar personalmente bien y ve con optimismo su futuro y al mismo tiempo expresan que el país va mal.  Prevalece el individualismo, y cierta convicción de que el progreso personal no depende de cómo se organiza la sociedad, sino de cómo se presiona a quienes detentan el poder.

Un relato potente debe contemplar siempre la reiteración de los principios y valores democráticos: la dignidad de la personas, la libertad de conciencia, de expresión, de asociación, la realización de elecciones libres, el respeto de los derechos humanos, la transparencia y cuenta directa a los ciudadanos, el cultivo de la tolerancia, la diversidad y la justicia social.

En esta empresa el rol de los medios de comunicación es clave. El fortalecimiento de la democracia necesita que los medios asuman una mayor responsabilidad en la promoción de los valores democráticos y de los procedimientos y comportamientos que garanticen una convivencia civilizada. En tiempos de la llamada “posverdad”, los medios han de velar por el rigor y la veracidad de sus afirmaciones, y contribuir a evitar una polarización de la sociedad.

El temor, la inseguridad y el divisionismo son caldo de cultivo para el populismo y el autoritarismo. Diseñar un horizonte optimista de futuro, que aliente esperanza y confianza, es un requisito permanente que deben enarbolar los demócratas.

La mirada de largo plazo facilita los acuerdos estratégicos y los entendimientos políticos. La agenda 2030 es una de las grandes iniciativas globales para movilizar a la sociedad en pos de esos propósitos. 

Un buen gobierno para ganar legitimidad democrática.

Un gobierno deficiente debilita la democracia. El buen gobierno la fortalece. Cuando existe una pobre gestión gubernamental es frecuente que los gobernantes, enfrentados a una pérdida de popularidad, busquen chivos expiatorios a quienes culpar o se aferren a una interpretación ideológica ajena a la realidad, intenten controlar los medios de comunicación y restringir las libertades. Como consecuencia de la ineptitud se difunde el malestar y propagan las protestas. Entonces algunos se apresuran a concluir que tales reclamos se deben a fenómenos “estructurales” o se atribuyen a enemigos imaginarios.  Y formulan propuestas radicales, cuando en realidad ello es consecuencia de una mala gestión acumulada en el tiempo. El caso de Venezuela es un ejemplo evidente.

¿Qué requisitos son indispensables para ejecutar un buen gobierno?

Algunos presidentes elegidos llegan al gobierno con visiones generales, sin la precisión necesaria para implementar medidas o promover proyectos de ley. Es muy frecuente también que la selección de los equipos de gobierno responda a criterios de amistad, sin atender a las capacidades. El buen gobierno exige mejorar la elaboración de programas y la selección de equipos de calidad.  

Es esencial para la gobernabilidad y el buen gobierno la constitución de mayorías en el parlamento. Cuando el presidente es una figura sin partido o con partido débil, gobernar se torna una hazaña, el desgaste deteriora el ambiente político y desanima a la ciudadanía. El buen gobierno requiere fórmulas institucionales que sincronicen la elección presidencial con la parlamentaria a fin de facilitar la convergencia de fuerzas que puedan conformar mayorías parlamentarias para aprobar los proyectos principales.

El buen ejemplo en política

Termino esta exposición sintetizando algunas lecciones simples aprendidas a lo largo de mi vida política. Pienso que para fortalecer la democracia debemos priorizar cuatro tareas.

Primero, realizar un buen diagnóstico, con datos, con análisis social, cultural y económico, con atención a las experiencias históricas y a las tendencias mundiales que nos condicionarán.

Segundo, elaborar un buen relato, que basado en los valores que inspiran a cada sector, otorgue un sentido a lo que se propone, que defina los objetivos estratégicos, que desemboque en programas serios y políticas viables.

Tercero, hacer un buen gobierno, cuidar la calidad de la gestión, armonizar expectativas y promesas con posibilidades reales, seleccionar personas que combinen capacidad política con formación técnica, mostrar resultados.

Un buen diagnóstico, un buen relato y un buen gobierno son esenciales.

Pero hay algo más: el buen ejemplo. El principal activo de un gobernante y de un líder político es ser ejemplo de consecuencia, mostrar un comportamiento austero, abierto y serio.

Las palabras del Papa Francisco son sabias:

"Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil retweets, que mil vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común”.  Y yo agregaría, y también la mejor forma de fortalecer la democracia.

Notas: