“No existe seguridad sin democracia y no existe democracia sin seguridad”

Presentación del estudio Criminalidad y Democracia en América Latina.

La criminalidad se ha convertido en una de las amenazas más profundas y persistentes para la democracia en América Latina. No se trata solo de violencia, sino de la captura progresiva de instituciones, economías locales y procesos políticos, en una dinámica que erosiona el Estado de derecho y tensiona los principios democráticos desde dentro.

El informe Criminalidad y Democracia en América Latina plantea que las organizaciones delictivas ya no se limitan al narcotráfico, sino que opera a través de redes flexibles y diversificadas que incluyen el tráfico de personas y armas, la minería ilegal, la corrupción y el cibercrimen. Estas organizaciones han acumulado un poder económico y coercitivo capaz de competir con el Estado, debilitando la institucionalidad y redefiniendo las reglas de la vida política, económica y social en amplios territorios de América Latina.

Actualmente, más de 100 millones de personas en la región viven bajo algún tipo de esquema de gobernanza criminal, con consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones y la calidad de la democracia. El estudio introduce el concepto de “política criminalizada” para describir la interacción entre actores criminales, estatales y políticos, y su influencia tanto en procesos electorales como en la formulación de políticas públicas.

Durante la presentación del estudio, la Dra. Marcela Ríos Tobar, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, advirtió que “el crimen organizado no solo usa la violencia, captura instituciones; sino también procesos y actores políticos”. En ese sentido, subrayó que su expansión “no solo genera violencia, sino que aumenta la corrupción y la captura de instituciones públicas y privadas, erosiona la democracia y alimenta narrativas autoritarias que presentan una falsa dicotomía entre seguridad y derechos”.

Uno de los autores del informe, Juan Pablo Luna, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile y Diamond Brown Chair in Democratic Studies en la Universidad de McGill, destacó que, incluso democracias consideradas sólidas muestran señales de vulnerabilidad frente a estas dinámicas. 

“No existe seguridad sin democracia y no existe democracia sin seguridad”, afirmó, advirtiendo que en la región se observa una deriva que “está deteriorando no solo la seguridad, sino también la institucionalidad democrática y la institucionalidad estatal”.

El caso de Chile fue abordado como ejemplo. Si bien el país mantiene altos niveles de institucionalidad, enfrenta una expansión reciente de mercados ilegales y nuevas formas de criminalidad organizada.

El evento incluyó un panel de alto nivel sobre las implicaciones de la criminalidad organizada para la democracia, con la participación de la Embajadora Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos; Andrés Jouannet, subsecretario de Seguridad Pública de Chile; y Carolina Tohá, exministra del Interior, moderado por la periodista Angélica Bulnes, directora de contenidos de Tele13 Radio.

Durante el diálogo, Jouannet subrayó la dimensión económica del fenómeno al señalar que “el crimen organizado es un negocio que mueve cerca del 15% del producto interno bruto mundial”, lo que explica su capacidad de penetración y adaptación. La Embajadora Laura Gil, por su parte, enfatizó que “vivir en paz no requiere sacrificar derechos, sino políticas públicas eficaces construidas a partir del diálogo y la persuasión democrática”.

En esa misma línea, Carolina Tohá puso el acento en la brecha entre el diagnóstico y la toma de decisiones, señalando que “trabajos como el que se presentó hoy, con datos que nos permiten mirar a Chile y a la región, deben encontrar una manera de conversar con la política, con la agenda legislativa, con las decisiones que se toman en los ministerios, con los programas y con las candidaturas”. A su juicio, ese vínculo sigue siendo débil: “hoy día se conversa poquísimo”, advirtió, subrayando la urgencia de traducir la evidencia en acción pública concreta.

El informe concluye que avanzar hacia mayores niveles de seguridad requiere fortalecer las capacidades estatales en justicia, seguridad, transparencia y rendición de cuentas, así como proteger los procesos electorales y la actividad política del financiamiento ilícito, la violencia y la infiltración criminal. Asimismo, destaca la importancia de la cooperación regional para enfrentar el carácter transnacional del crimen organizado y de promover nuevas narrativas basadas en derechos humanos, Estado de derecho y democracia.

Como se enfatizó durante el encuentro, allí donde el Estado llega tarde, llega debilitado o sencillamente no llega, la criminalidad ocupa el vacío de poder, infiltra instituciones y erosiona la igualdad ante la ley. Frente a este escenario, el debate convocado por IDEA Internacional reafirmó la urgencia de abordar la seguridad como un pilar inseparable de la democracia en América Latina.

IDEA Internacional y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentaron el libro Criminalidad y Democracia en América Latina en un encuentro que reunió a autoridades, especialistas y representantes de organismos internacionales para debatir un fenómeno que hoy constituye un desafío estructural para la gobernabilidad democrática en la región.