La presidenta Michelle Bachelet formula ambiciosas reformas políticas para Chile tras recibir las propuestas del Consejo Asesor Presidencial en el que participó IDEA Internacional

El 10 de marzo pasado, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, creó el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción (CAP), respondiendo a su compromiso de tomar medidas institucionales que regulen las relaciones entre el dinero y la política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.

Al anunciar la creación del CAP, la presidenta Bachelet afirmó:

“Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia, es decir, para influir las decisiones que nos afectan a todos. Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos, que están para servir a todos los ciudadanos y ciudadanas, para obtener ventajas personales.”

Y prosiguió:

“Los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción causan hoy preocupación en nuestro país. Existen diversas apreciaciones acerca de la magnitud real del problema, pero es evidente que a la ciudadanía se le han presentado en el último tiempo casos específicos —cuyo desenlace definitivo aún no se conoce—, que han llamado particularmente su atención por la identidad de sus protagonistas y la extensión alcanzada. Inevitablemente, la duda y la desconfianza también alcanzan a las instituciones, donde tales situaciones han surgido y plantean interrogantes sobre lo adecuado de las normas por las cuales se rigen, sean ellas públicas o privadas.”

La llamada “Comisión Engel”, en referencia al economista Eduardo Engel quien presidió el CAP, comenzó sus labores el 11 de marzo, y el viernes 24 de abril entregó a la presidenta su reporte final de más de 200 páginas. El Consejo estuvo integrado por 16 miembros, entre ellos Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, quien fue el único consejero no chileno. A lo largo de los cinco capítulos del Informe (Prevención de la corrupción; Regulación de conflictos de interés; Financiamiento de la política para fortalecer la democracia; Confianza en los mercados. e Integridad, ética y derechos ciudadanos) se proponen 236 medidas en favor de la transparencia y la probidad.

Entre éstas, se pueden destacar:

• En materia de Prevención de la corrupción: fortalecimiento de los municipios como pieza clave en la vinculación del Estado con los ciudadanos; reforma al sistema de alta dirección pública para asegurar una gestión sólida del Estado y sus funcionarios; reforma al sistema de compras públicas, concesiones y gasto en defensa para asegurar su transparencia, eficiencia y competencia, y persecución y sanción penal contra la corrupción.
• En materia de Regulación de conflictos de interés: regulación de la “puerta giratoria” para asegurar que las decisiones y acciones de autoridades y funcionarios estén inspiradas en intereses de la sociedad y no en beneficios de carácter particular; inhabilidades para ingresar al servicio público, y sobre las incompatibilidades dentro del mismo.
• En materia de Financiamiento de la política para fortalecer la democracia: democracia interna y financiamiento de los partidos, incluida una nueva ley de partidos; prohibir el aporte de personas jurídicas (empresas) a los partidos políticos y las campañas electorales; establecer un fondo público de financiamiento para los partidos; regulación de campañas para garantizar las condiciones de equidad en la competencia, asegurar la transparencia y rendición de cuentas, y la fiscalización de la política y su financiamiento fortaleciendo al Servicio Electoral (Servel) y al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
• En materia de Confianza en los mercados: mediante la fiscalización eficaz, y fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las empresas.
• En materia de Integridad, ética y derechos ciudadanos: mediante la formación cívica y ética como aspecto fundamental para el fortalecimiento de una sociedad democrática.

El aporte de IDEA Internacional se centró principalmente en el ámbito del financiamiento político. IDEA puso a disposición del CAP su amplia experiencia internacional comparada, así como sus handbooks globales, sus estudios comparativos a nivel regional latinoamericano, su base de datos y la legislación comparada.

Asimismo, IDEA Internacional facilitó el intercambio de experiencias de los organismos electorales de Brasil, Colombia y México.

De acuerdo con Eduardo Engel, el aporte de IDEA Internacional en el tema del fortalecimiento del sistema de fiscalización y control jurisdiccional electoral chileno fue muy importante, en especial dada la experiencia que esta organización internacional ha tenido en reformas similares en otros países de la región.

Engel afirma:

“Desde un primer momento, Zovatto puso énfasis en que una reforma de la legislación del financiamiento electoral debe tener un carácter sistémico, abordando no sólo la instancia fiscalizadora de carácter administrativo (el Servel), sino también el órgano que tiene a su cargo el control jurisdiccional de dichas decisiones y sanciones (Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel) y la interacción entre ambas.”

El martes 28 de abril en la noche, la presidenta Michelle Bachelet se dirigió a todo el país por cadena nacional de radio y televisión para dar a conocer una serie de reformas institucionales e iniciativas legales que La Moneda despachará en las próximas semanas, a partir del Informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial. En esta ocasión, la Presidenta indicó que “son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”. Entre las principales reformas que propuso la Presidenta figuran:

• Financiamiento público para los partidos políticos, a cambio de introducir una serie de condiciones para que éstos fortalezcan su democracia interna.
• Reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos, con el objetivo de asegurar padrones partidistas más confiables.
• Prohibición de aportaciones a las campañas políticas provenientes de empresas o cualquier persona jurídica.
• Autonomía constitucional del órgano electoral administrativo chileno, llamado Servicio Electoral (Servel), dotándolo de mayores recursos y atribuciones para así fortalecer sus competencias fiscalizadoras.
• Pérdida de escaños de aquellos parlamentarios que “vulneren la confianza pública”.
• Mejora del sistema de Alta Dirección Pública y la introducción de mecanismos para limitar que funcionarios que dejan sus labores en el Estado ingresen de inmediato al mundo empresarial (Puerta giratoria).
• Regulación de las campañas electorales para reducir sus costos, en especial en lo que se refiere a publicidad en espacios públicos (como carteles, volantes, etc.).
• Introducción de la asignatura de “educación cívica” en la base curricular de la enseñanza primaria y secundaria.
• Creación de una Defensoría Ciudadana, cuya función será proteger los derechos ciudadanos ante potenciales abusos del Estado.

Asimismo, la presidenta señaló que muchas de las medidas anunciadas por ella, en especial las que tendrán carácter de ley o impliquen cambios institucionales, serán despachadas por el Ejecutivo al Congreso en los próximos 40 días para su discusión legislativa.