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Hacia las Elecciones Municipales 2021 en Paraguay: reformas electorales en contexto de pandemia

Las nuevas máquinas de votación, implementadas por primera vez en las Internas Simultáneas de junio 2021. [Foto: La Nación]

El domingo 20 de junio se celebraron, a nivel nacional, las elecciones internas simultáneas de los partidos, movimientos y alianzas electorales para elegir a las y los candidatos que buscan acceder a un cargo electivo en los 261 gobiernos municipales del país, en las próximas Elecciones Municipales del 10 de octubre de 2021.

Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como partidos considerados de la tercera fuerza, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Partido Patria Querida (PQ), realizaron -además- la elección de sus autoridades internas. Por su parte, el partido gobernante, la Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado) solamente eligió candidatas y candidatos para las Intendencias y Juntas Municipales ya que, mediante una convención partidaria celebrada en noviembre del 2020, acordaron prorrogar el mandato de sus autoridades hasta el 2022.

Estas elecciones se realizaron en un contexto de alta complejidad, producto de la pandemia de Covid-19 y sus efectos devastadores en el ámbito sanitario, socioeconómico y político, que coincidieron también con la implementación de las ambiciosas reformas electorales aprobadas recientemente, que incluyen el desbloqueo de las listas electorales, el uso de máquinas electrónicas, así como el control y fiscalización del financiamiento político.

Pese a esta conjunción de condiciones adversas, la jornada electoral se desarrolló en condiciones generales de normalidad, sin incidentes significativos que pudieran afectar los resultados. Las elecciones pusieron en competencia un total de 88,584 candidaturas; de estas, 53,385 para cargos electivos municipales, más 35,199 candidaturas para la elección de cargos de conducción partidaria del PLRA.

El desempeño técnico y logístico del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue fundamental para el desarrollo de una jornada electoral sin mayores contratiempos, aspecto que ha sido reconocido por la mayoría de los actores políticos. En cuanto a la participación electoral, se mantuvo el promedio histórico de entre el 30 y 40%, tomando en cuenta las elecciones de las dos principales fuerzas políticas, la ANR y el PLRA, las cuales movilizan a gran parte del electorado.

 

Implementación de las reformas electorales

La ley 6318/2019 “Que incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos plurinominales” introdujo dos modificaciones sustanciales al sistema electoral paraguayo. Para el caso de elecciones a cargos plurinominales, por un lado, rompió con el control partidario sobre la oferta electoral, al presentar al electorado una lista cerrada pero desbloqueada. Por otra parte, con el desbloqueo de listas, el electorado puede optar por una candidatura de su preferencia, sin atender al orden de la lista presentada por el partido. Dependiendo de los votos que obtenga cada candidato o candidata, el voto preferente puede modificar el orden de las listas finales. La competencia deja, por lo tanto, de ser entre partidos o movimientos, para convertirse en disputas individuales entre las diferentes candidaturas.

Por otro lado, el artículo 3º de dicha Ley dispone sobre los medios necesarios para la eficiente implementación del sistema de votación y escrutinio dispuesto en la norma, exhortando a la utilización de sistemas de voto electrónico. Esta segunda reforma, aplicada en este caso al sistema de votación, es trascendental para un contexto acostumbrado al voto tradicional con papeletas. La implementación del voto electrónico agilizó el proceso electoral y el escrutinio final en las recientes elecciones. Sin bien se han presentado denuncias aisladas sobre las máquinas, estas denuncias no ponen en duda los resultados electorales, ni logran generar desconfianza masiva en el proceso electoral. No obstante, algunas organizaciones y partidos políticos han cuestionado la no auditabilidad de las máquinas electrónicas.

A diferencia de las urnas electrónicas que guardan el voto, la máquina electrónica imprime el voto de cada votante en una tarjeta que lleva un chip RFID en donde queda registrado el voto y, posteriormente, esta tarjeta se deposita en el buzón de la mesa receptora de votos, previa firma de las autoridades de mesa.

Los resultados preliminares indican que la implementación del voto preferente ha fidelizado el voto estructural, es decir, el de las candidaturas -masculinas en su gran mayoría- de los dos partidos mayoritarios, que cuentan con estructuras para movilizar votos. Por lo tanto, son estos quienes figuran en los primeros lugares de las listas.

Se hace evidente, asimismo, la persistencia de la brecha de género en el acceso a las candidaturas a la Intendencia. De acuerdo con los datos preliminares disponibles, en las internas se eligió a un total de 730 hombres (87,30%) y 108 mujeres (12,60%) para competir en las elecciones de octubre. El número de candidatas electas confirmaría la tendencia de crecimiento mínimo registrada en años anteriores en las candidaturas a las intendencias (77 mujeres y 669 hombres candidatos en 2015), así como en la elección propiamente dicha (26 mujeres y 224 hombres electos en 2015).

Esta situación debe leerse a la luz de la persistencia de barreras que generalmente frenan el acceso de las mujeres a los cargos electivos, entre ellas las normas y reglas formales e informales, reflejadas en las dinámicas partidistas con sesgo de género, las prácticas del clientelismo político y otras similares, que favorecen a los candidatos hombres ya afianzados en la estructura y limitan el acceso igualitario de las mujeres a la representación política.

Respecto al control del financiamiento político y, con el fin de monitorear el origen de los fondos, la Ley 6501/20 exige a los candidatos la presentación de Declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC). De acuerdo con la información pública detallada por el TSJE, de las 47,808 candidaturas a la Intendencia por parte de los 26 partidos políticos habilitados, 45,357 de ellas cumplieron con la presentación de esta obligación legal, estableciendo un nivel de acatamiento del 98%.

En lo que respecta a las candidaturas a la Junta Municipal, de las 46.442 candidaturas, 44.019 remitieron la DIGC, representando un 95% de cumplimiento. Pese al alto nivel de acatamiento, se han registrado complicaciones y errores para el llenado de los formularios, así como para la apertura de cuentas bancarias de los movimientos, ambos requisitos exigidos por la ley 6501/2020.

En cuanto a la campaña electoral, las restricciones producto de la pandemia han limitado los actos de campaña, lo que puso de relieve lo que ya se venía percibiendo como un distanciamiento de las élites políticas con respecto a la ciudadanía. Las campañas se han realizado, en gran medida, a través de las redes sociales, modificando la práctica tradicional de campañas presenciales masivas.

Por otra parte, se ha observado un sensible vacío de contenido programático en las ofertas electorales, así como la banalización y la violencia política de género en la propaganda electoral, con el uso de contenidos degradantes de la imagen de las mujeres. Ante el creciente y preocupante aumento de casos de violencia política hacia las mujeres, se considera de vital importancia la oportuna actuación de las instancias legales con jurisdicción sobre el tema, como demuestra el fallo de una jueza electoral de Ciudad del Este el pasado mes de junio, en el que -por primera vez en la historia del país- se prohíbe a un candidato a concejal realizar propaganda electoral que degrade la imagen de las mujeres. Además, se prohíbe al candidato, apoderados y simpatizantes hacer cualquier tipo de propaganda con mensajes que constituyan una clara violación los artículos 290 y 292 de la Ley 834/96. Esta resolución se dicta en el marco de la medida cautelar de urgencia solicitada por una fiscal electoral de dicha región y sienta jurisprudencia para atender casos de violencia simbólica de género dentro del marco jurídico vigente en el país.

Paraguay atraviesa actualmente una etapa con ambiciosas reformas electorales. Los desafíos para los actores políticos involucrados en la competencia electoral son múltiples, en este escenario de reglas renovadas y amplia desconfianza ciudadana hacia la política. El desbloqueo de listas ha dinamizado la competencia interna partidaria, pero amenaza la estabilidad de los partidos políticos y podría profundizar aún más el fraccionamiento interno del que ya hoy adolecen. También podría generar condiciones de competencia más desigual entre quienes poseen ingentes recursos y estructura, y aquellos que no los tienen, incluyendo las posibles implicancias de la preferencia en la participación electoral de las mujeres en igualdad de condiciones.

El voto con máquinas electrónicas, en esta primera experiencia, ha demostrado ser eficiente en agilizar el proceso electoral y el escrutinio, pero quedaría por atender el aspecto clave de auditar públicamente las máquinas de votación y hacerlo abierto a la ciudadanía y actores en competencia para despejar todo tipo de dudas que pudieran generarse.

Finalmente, la puesta en práctica del control del financiamiento político implica un largo proceso de asimilación y puesta en práctica por parte de los organismos electorales e institucionales que tienen competencia para el control de cuentas públicas. El principal desafío en este sentido tiene que ver con la generación de mecanismos interinstitucionales efectivos que hagan posible un estricto control del dinero que ingresa a la política.

Estas reformas electorales han tenido en las elecciones internas simultáneas una primera experiencia de implementación, cuyos efectos -tanto en lo procedimental como en los resultados electorales- deberán ser evaluados en los próximos meses. Un análisis preliminar de los resultados permite observar que las menos favorecidas en la competencia electoral son las candidaturas de mujeres. Estas reformas – y sus impactos respectivos- tendrán su examen más exigente a corto plazo, en octubre de 2021, cuando se celebren las Elecciones Municipales. En el mediano plazo, el análisis de las reformas deberá poner la mirada sobre las perspectivas para las Elecciones Internas Simultáneas de noviembre de 2022, rumbo a las Elecciones Generales que se celebrarán en abril del 2023, para renovar al Poder Ejecutivo (Presidencia y Vicepresidencia), al Legislativo (45 escaños del Senado y 80 escaños de la Cámara de Diputados), así como las Gobernaciones de los 17 Departamentos del país y sus respectivas Juntas Departamentales.

 

Articulo elaborado en el marco del Proyecto “Consolidación de la democracia paraguaya II” implementado por IDEA Internacional con el apoyo de la Unión Europea. Este texto fue elaborado con el apoyo de Patricia Luchin, Ximena Abente y Enrique Giménez.

SOBRE EL AUTOR

Head of Programme, Paraguay
Lourdes González Prieto

Lourdes González Prieto is a Mexican expert on elections. She manages International IDEA’s programme to support democracy in Paraguay.

SOBRE EL AUTOR

Programme Officer
Carmen Echauri

Carmen Echauri is the Programme Officer for Political Participation and Representation in the Paraguay office. 

SOBRE EL AUTOR

Associate Programme Officer
Camilo Filártiga-Callizo

Camilo Filártiga-Callizo is the Associate Programme Officer for Electoral Processes at the International IDEA office in Paraguay.