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Elecciones mexicanas 2015 - Hacia la jornada electoral del 7 de junio 

PUBLISHED:
03/06/2015
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El próximo domingo 7 de junio tendrá lugar una crucial jornada electoral en México, ya que se renovará un alto número de cargos de representación y se redibujará el mapa político rumbo a las elecciones presidenciales de 2018; asimismo, se pondrá a prueba el nuevo modelo electoral reformado en 2014. Todo ello en un contexto cargado de diversos riesgos.

En primer lugar, en el ámbito federal se renovarán los 500 asientos en la Cámara de Diputados: 300, por el principio de mayoría relativa, y 200, por el principio de representación proporcional. En el ámbito local habrá elecciones simultáneas en 16 entidades federativas, 9 de ellas para gobernador, 6 de ellas en estados donde ha habido alternancia, incluso con dos partidos políticos distintos (Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora); dos sin alternancia, pero donde ya ha habido comicios muy reñidos (Campeche y Colima), y otra en la que han gobernado los tres partidos políticos más grandes (Baja California Sur). En 16 estados se renovarán los congresos locales, en 15 sus presidencias municipales y en el Distrito Federal se renovarán también su Asamblea Legislativa y 16 Delegaciones políticas. Para las elecciones federales, más de 83.5 millones de ciudadanos integran el padrón de votación; compiten diez partidos políticos nacionales y 2,266 candidatos. En las locales participan también varios de los 28 partidos con registro estatal y alrededor de 20,000 candidatos, todos ellos en busca de ocupar, en suma, 2,179 cargos electivos.

En las elecciones legislativas federales del 7 junio, que se han convertido en una auténtica elección plebiscitaria en relación con el mandato sexenal del Presidente de la República en turno, más que el número de cargos estará en juego el veredicto positivo o negativo de la ciudadanía sobre su desempeño durante la primera mitad de su mandato, y, en los diferentes espacios locales, la posibilidad de que partidos y aspirantes a sucederlo en 2018 puedan colocarse en posiciones estratégicas para tal efecto. Está en juego, por lo tanto, la probabilidad de que una ciudadanía desencantada con la política y mermada en sus ingresos no obstante algunos beneficios obtenidos en determinados servicios (baja relativa en costos de telefonía o avances en materia educativa) envíe el mensaje anticipado —como sucedió en las elecciones legislativas federales intermedias de 1997, 2003 y 2009— de su insatisfacción con el mandatario en turno, haga perder al partido gobernante un alto número de asientos en la Cámara y deje al presidente en condiciones precarias para gobernar los restantes tres años de su mandato.

Pero eso no es todo.

Debido a su histórico carácter concurrente en el grado mencionado y por lo que está en juego, las elecciones intermedias mexicanas de este año no sólo constituyen las más numerosas, sino que se trata de los comicios de mayor complejidad tanto en su organización como en la resolución de conflictos, a la vez que una de las más fiscalizadas y sometidas a notorios riesgos, si bien la más inclusiva en materia de género y candidaturas independientes.

La complejidad deriva de que se está poniendo a prueba el llamado “nuevo modelo electoral mexicano” construido por una autoridad electoral centralizada, el Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al IFE y recibió 74 nuevas atribuciones a efecto de garantizar al máximo posible la equidad en la contienda, sobre todo en el rubro de la fiscalización del gasto en precampañas y campañas, lo que por sí solo representa un enorme reto, especialmente si se considera que desde 2014 el texto constitucional prevé que las elecciones pueden anularse si se comprueba lo siguiente: que los competidores han rebasado en 5% el límite permitido de los gastos de campaña; que han adquirido tiempo en radio y televisión, o bien que han recibido financiamiento ilícito. Por lo tanto, estas elecciones ya muestran el más alto índice de judicialización que se haya registrado durante la transición democrática, y seguramente ello las caracterizará.

Si a ello se agrega que ahora el sistema electoral mexicano prevé el principio de paridad de género para todos los cargos de representación política, que el tribunal electoral ha extendido a su dimensión horizontal —no sólo vertical— en varias entidades federativas donde por vez primera participan candidatos independientes para todos los cargos —aunque de 126 solicitantes iniciales sólo 22 han sido autorizados—; que la “fiscalización en línea” se está instrumentado por parte de la autoridad electoral y que los plazos para presentar y dictaminar los informes de gastos de precampaña y campaña se han reducido drásticamente, entonces se tendrá una mejor idea de cuán sensible y complicado se presenta el proceso en marcha.

Tendremos un panorama más completo de los significados de estos comicios y de lo difícil que resulta garantizar la equidad en la contienda en un entorno plagado de contradicciones formales-informales si en todo lo anterior se toma en cuenta, además, el contexto de crecimiento económico insuficiente —de 2 a 3% máximo—, desigualdad y pobreza —60% de la población—, inseguridad —riesgos derivados de la desconfianza social y política, posible baja participación y elevado anulismo, “boicot” de grupos sociales radicales y violencia focalizados—, corrupción e impunidad —no obstante las innovaciones en transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción recientemente aprobadas— y la desinstitucionalización —falta de controles a poderes públicos y privados, y mayor predominio de prácticas informales— que ha marcado a México en los últimos años, así como el hecho de que tanto partidos como candidatos están recurriendo a tácticas electorales más “sofisticadas” para lograr sus objetivos. (Tal es el caso del Partido Verde Ecologista de México —que se ha convertido en el tercer partido más sancionado pecuniariamente en la historia moderna del país—, aliado del PRI, y que juntos, en un escenario probable, podrían alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o al menos no perder demasiados escaños y mantenerse como la primera minoría —lo cual tienen asegurado— frente a una izquierda fragmentada y una derecha competitiva pero insuficiente.)

IDEA Internacional y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el apoyo de la Oficina del Abogado General de la UNAM y la participación de las tres principales instituciones electorales nacionales (INE, TEPJF y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE), realizaron la semana pasada un seminario en México del cual se confirman e infieren datos, escenarios y tendencias que aquí han sido plasmados en parte. Cabe hacer notar que desde ahora se anticipa la necesidad de introducir ajustes al nuevo modelo electoral mexicano, ya que en su diseño e implementación se observan rigideces, complejidades, distorsiones e incentivos perversos. En ese ejercicio acompañaremos a los actores nacionales y seguiremos extrayendo lecciones para compartirlas con otros contextos nacionales y subregionales.