El Salvador a diez meses de las elecciones

El Salvador vivió desde 2010 una reforma al sistema electoral impulsada especialmente por la jurisprudencia constitucional, que cambió la forma de presentación de las candidaturas, introdujo las candidaturas no partidarias; obligó a la regulación del transfuguismo tanto para legisladores como para miembros de Consejos Municipales, la trasparencia de los partidos y reglas para su régimen interno, entre otros.

Aclaración: Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor. Este comentario es independiente de intereses políticos o nacionales específicos. Las opiniones expresadas no representan necesariamente la posición institucional de IDEA Internacional, su Junta de Asesores o su Consejo de Estados Miembros.

Algunos elementos, como la fórmula electoral del sistema electoral legislativo, no sufrieron cambios, aunque sí fueron sometidos a control constitucional. Fueron tan intensas las reformas en el periodo, que la Asamblea Legislativa introdujo una reforma para impedir cambios en el Código Electoral (art. 291-A) un año antes de la elección, que no fueran imprescindibles para el proceso electoral en curso.

Aun cuando las reformas siguieron, no se volvió a emitir una sentencia una vez convocado el proceso electoral o que implicara cuatro meses antes de una elección un cambio sustancial en las reglas. El legislativo, por su lado, también se contuvo y aunque se reformaron algunos artículos fuera del plazo de la prohibición la mayoría eran logísticos y en cumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional.

A diez meses del proceso electoral 2024, el artículo referido ha sido derogado por la mayoría oficialista, mientras el partido de gobierno promueve reformas sustanciales al proceso como cambios en la fórmula y magnitud de la elección legislativa, así como una transformación de las circunscripciones municipales.

Estas reformas sobre la representación y la reducción de diputados o la disminución de la cantidad de circunscripciones siempre han resultado sumamente atractivas para el debate público y que, en definitiva, elude la discusión sobre la calidad de la representación y el rechazo al trabajo de los electos, centrándolo en la cantidad de los representantes; cuando, por ejemplo, el gasto de 2002 a 2023 ha aumentado en casi 41 millones de dólares y la cantidad de diputados sigue siendo la misma, 84.

Nohlen ha expuesto como base para reformas de trascendencia en el sistema la existencia de (a) un diagnóstico integral del sistema electoral vigente; (b) la determinación exacta de los objetivos de la reforma; (c) la elección técnica de mecanismos disponibles para alterar un sistema electoral y modificar sus efectos políticos; y (c) evaluación de las condiciones sociopolíticas del país para determinar las probables consecuencias políticas[1].

Varios países de la región como México, Brasil y Guatemala tienen límites temporales para la implementación de reformas electorales, precisamente porque al calor de la contienda una fuerza política mayoritaria puede querer torcer las reglas de la contienda, como ocurre en El Salvador.

Lo cierto es que, con un calendario en marcha, El Salvador está a diez meses de un proceso eleccionario en el que el árbitro electoral guarda un penoso silencio frente a una campaña electoral ilegal evidente, tanto en el territorio nacional como fuera, y que tiene una fuerte incidencia en la diáspora. Tampoco controla los incumplimientos sobre las obligaciones de transparencia de los partidos ni entra a evaluar sus fuentes de financiamiento. Además, no ejerce su condición de máxima autoridad en materia electoral, al mostrarse conforme con recortes presupuestarios y no ser consultado por el Órgano Legislativo frente a inminentes reformas.

Reducir la cantidad de diputados, como cualquier otro asunto general, solo requiere 43 votos, la mitad más uno de los que integran la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a partir de lo establecido en el artículo 79 de la Constitución, que expresamente establece que la base del sistema electoral es la población y que para los Diputados se adoptará un sistema representación proporcional, hay elementos que deben tenerse en cuenta para la modificación de la magnitud electoral como un censo actualizado, ya que el último censo nacional es de 2007.

Además, se requiere de un método y fundamentos técnicos para la redistribución de una nueva cantidad de diputados y evitar la sobrerrepresentación o subrepresentación, especialmente porque existe un mínimo de tres legisladores fijado por la jurisprudencia que deben ser electos por circunscripción; sin perder de vista que el mismo vicepresidente de la República se ha referido al cambio de circunscripciones, lo que también puede llevar a su manipulación. Cabe recordar el famoso caso de manipulación de circunscripciones, denominado Gerrymandering.

La misma suerte revisionista acosa a la fórmula electoral legislativa. El Salvador desde 1963 utiliza la fórmula Hare de restos mayores para la elección legislativa, considerada la fórmula más proporcional de todas. Un cambio hacia otra fórmula implica afectar a la representación de la población en partidos minoritarios y proporcionar un mayor poder a los (o al que) que más votos obtengan.

Finalmente, la reducción de las circunscripciones municipales es otro de los temas sobre los cuales el partido oficial ha mostrado especial interés en cambiar, en gran medida por el descontento que posee la población con los gobiernos locales -149 de los 262 en manos del partido oficial- ante el incumplimiento de las promesas electorales producto de la concentración de recursos en el Ejecutivo, afectando notablemente la autonomía municipal y la ejecución de proyectos para la ciudadanía.

El cambio de reglas electorales cuando el juego ha dado inicio, bajo la mirada sumisa del Órgano Electoral que se niega a actuar como autoridad de control, es un mal presagio para el próximo proceso electoral, en un país que ya es considerado una autocracia electoral.

Estas son las condiciones en las que se va a elegir en 2024: voto por internet sin experiencia previa, inexistencia de padrón de salvadoreños residentes en El Salvador pero en el exterior el día de la elección; sin reglas para incluir a los salvadoreños con pasaporte y en contra de la jurisprudencia constitucional que estableció que solo el Documento Único de Identidad (DUI) vigente es idóneo para identificarse como elector; con una asignación arbitraria de los domiciliados fuera del país en la circunscripción de la capital y ahora con reglas mutables a conveniencia del actor dominante en el juego. Y todo esto a diez meses de las elecciones. 

[1] Nohlen, Dieter, 2014. “Gramática de los sistemas electorales. Una introducción a la teoría de la representación”. Perú: JNE, Escuela Electoral y de Gobernabilidad, pág. 129-132.