Criminalidad y democracia en América Latina
La expansión del crimen organizado erosiona el Estado de derecho, captura instituciones y debilita la gobernabilidad democrática. Genera violencia endémica que alimenta la desconfianza ciudadana y refuerza el atractivo de discursos autoritarios. Este fenómeno se expresa en la “política criminalizada”, que describe la interacción entre operadores criminales, actores estatales y políticos, afectando procesos electorales y políticas públicas. En algunos territorios, las organizaciones criminales sustituyen funciones estatales, proveyendo seguridad y servicios básicos, lo que consolida esquemas de gobernanza criminal y profundiza la fragilidad institucional.
La criminalidad también genera condiciones para narrativas extremas que prometen soluciones simplistas, centradas exclusivamente en la penalización. Esto instala una falsa dicotomía entre seguridad y democracia, favoreciendo el populismo represivo y la deriva autoritaria. En ausencia de respuestas efectivas, estas narrativas se vuelven irresistibles para sociedades golpeadas por la violencia y la inseguridad.
Frente a este panorama, es urgente fortalecer las capacidades institucionales en materia de justicia, seguridad, transparencia y rendición de cuentas. Se requiere proteger los procesos políticos frente a la violencia y el financiamiento ilegal, fomentar la cooperación regional para enfrentar el carácter transnacional del crimen y generar evidencia confiable que permita monitorear la gobernanza criminal. Además, es fundamental construir nuevas narrativas basadas en derechos humanos, Estado de derecho y estabilidad democrática, que ofrezcan soluciones integrales y sostenibles.
El documento que presentamos, elaborado por los reconocidos expertos e investigadores Juan Pablo Luna (Universidad McGill) y Andreas Feldmann (Universidad de Chicago), propone un marco analítico para comprender cómo el crimen organizado influye en el funcionamiento de las democracias.
