
Un enfoque complementario para regular las donaciones privadas es asignar a los partidos políticos una cantidad determinada de fondos estatales. Si se hace correctamente, la provisión de fondos públicos puede incidir positivamente en las regulaciones del financiamiento político de un país de varias maneras. Para empezar, puede garantizar que todas las entidades políticas relevantes dispongan de recursos suficientes para llegar al electorado, lo que fomentaría un mayor pluralismo político. En este sentido, si se combina con regulaciones estrictas sobre financiación privada, la financiación pública podría nivelar significativamente la competencia política al proporcionar a todos el acceso a fondos para hacer campaña. Además, la financiación pública puede servir como una herramienta disuasiva que presione a los partidos políticos para que cumplan las normas, al implicar la retención de fondos públicos como sanción en caso de incumplimiento de las normas de financiación política, como la falta de presentación de informes financieros periódicos. Sin embargo, si se implementa de modo incorrecto y se deja sin regular, la financiación pública puede dar lugar a que los partidos políticos se vuelvan demasiado dependientes del Estado, lo cual fomentaría la «cartelización» y, a su vez, contribuiría a una desconexión con los integrantes y a una disminución de la confianza de los votantes.
Habida cuenta de su atractivo generalizado y de la naturaleza limitada de los recursos estatales, es fundamental que los gobiernos determinen qué partidos pueden solicitar esos fondos públicos. En algunos países, todos los partidos registrados pueden recibir financiación pública. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que las personas se abusen del sistema, creando partidos o presentándose a las elecciones solo para obtener fondos estatales. Por esta razón, la mayoría de los países establecen un umbral de apoyo que un partido debe alcanzar para acceder a la financiación pública. En este sentido, el hecho de fijar un umbral muy bajo facilita que se abuse del sistema, lo que en la práctica sería casi como no fijar ningún piso. Por el contrario, implementar un umbral muy alto puede suponer que a las nuevas fuerzas políticas les resulte más difícil establecerse.
- Solo el 15 % de los países de todo el mundo proporcionan financiación pública a todos los partidos políticos registrados. La mayoría se encuentran en Europa y Asia.
- El 28,3 % de los países exigen que los partidos tengan representación en un órgano electivo para recibir subvenciones públicas.
Subvenciones a los partidos con cierto porcentaje de votos en elecciones anteriores
Subvenciones a los partidos con cierta cuota de escaños en elecciones anteriores
Subvenciones a los partidos con representación en un órgano electivo
Subvenciones a los partidos que participan en las elecciones

Además de analizar qué partidos políticos pueden recibir financiamiento público directo, es importante delimitar cuánto dinero recibirá cada uno de ellos. Para eso, es necesario considerar qué métodos son más eficaces, en términos de fomento del pluralismo político, y más eficientes en lo que respecta al gasto público. Esto varía según el contexto. En consecuencia, los criterios de distribución de las subvenciones públicas desempeñan un papel fundamental a los efectos de favorecer la igualdad de condiciones entre los partidos políticos.
Brindar el mismo nivel de financiación a todos los partidos que cuentan con algo de apoyo del electorado en comparación con la distribución proporcional de los fondos en función de la popularidad del partido, es una manera de distribuir los fondos. Si bien esta puede considerarse la forma más democrática y positiva de apoyar el pluralismo político, al mismo tiempo puede interpretarse que hace caso omiso de la opinión del votante, ya que tanto los partidos ampliamente populares como aquellos ampliamente impopulares reciben igual cantidad de apoyo financiero. Además, si hay muchos partidos en condiciones de solicitar fondos, habrá que distribuir más dinero para asegurar que todos reciban la misma cantidad. Este enfoque no sólo llevaría a sobrecargar el erario público, sino que también aumentaría el riesgo de fragmentación del sistema de partidos. La división de un partido podría, por ejemplo, provocar que se demanden fondos públicos adicionales, mientras que una alianza de partidos implicaría que éstos recibieran menos fondos. En este sentido, este sistema sería un desincentivo para la consolidación del sistema de partidos políticos de un país.
Por lo tanto, una opción más común es asignar la totalidad o parte de los fondos en proporción al apoyo que un partido ha recibido en las elecciones, como por ejemplo de acuerdo al porcentaje de votos o escaños, o a la cantidad de candidatos postulados, si bien este último es un peor indicador del nivel de apoyo/actividad. Este enfoque conecta de manera más eficaz el apoyo financiero con la popularidad del partido y, por lo tanto, con los deseos del electorado. La desventaja de la asignación proporcional, sin embargo, es que la mayor parte del dinero público puede terminar en manos del partido oficialista, que ciertamente es el que menos lo necesita, ya que de por sí cuenta con mayor apoyo y acceso a los recursos.
El reembolso de los gastos electorales es una forma alternativa de asignar los fondos públicos. El mérito de esto es que incentiva tanto a los partidos políticos como a los candidatos a recaudar fondos de manera privada antes de las elecciones, a la vez que diversifica sus fuentes de ingresos y fortalece los lazos sociales con los miembros de los partidos y quienes apoyan a dichos partidos. Sin embargo, los reembolsos electorales también pueden favorecer a los partidos adinerados y a los que ya están en el poder. Por esa razón, organizaciones como la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH)
se oponen a los sistemas puros de reembolso en la financiación pública, especialmente después de las elecciones (IDEA Internacional, 2014: 37).
Si bien el régimen de reembolso electoral debería ser más laxo que el que regula las subvenciones públicas a las actividades ordinarias, a los fines de garantizar un nivel razonable de representación política, debe ser lo suficientemente estricto como para evitar la fragmentación extrema o la creación de partidos que respondan a intereses puramente personales («contenedores vacíos»).
- Casi una cuarta parte de los países del mundo otorgan el mismo nivel de financiación a todos los partidos.
- El 31,7 % de los Estados del mundo otorgan fondos públicos a los partidos de acuerdo con el número de votos que reciben. Este criterio es más popular que aquel basado en el número de escaños, que es el que aplica el 20,6 % de los Estados.
- Muy pocos países (2,2 %) utilizan la cantidad de miembros o candidatos como forma de distribución.
- La "financiación de contrapartida" (la distribución sobre la base de los fondos privados recaudados) es aún menos popular. El ejemplo más relevante de este tipo de asignación es el de Alemania.

Además de la financiación directa, los gobiernos también pueden brindar formas indirectas de financiación pública. El acceso a los medios de comunicación es una forma común de financiación pública indirecta, ya que ofrece a todos los partidos políticos y candidatos la oportunidad de acceder a los medios de comunicación, especialmente en aquellos países que demandan anuncios televisivos muy caros. La fórmula de asignación debe procurar una oportunidad justa para cada partido, tomando en cuenta "cualquier otra indicación de apoyo público", con el fin de garantizar un trato equilibrado al gobierno y a la oposición, a los partidos mayoritarios y a los minoritarios, a los partidos tradicionales y a los nuevos. El acceso a los medios de comunicación también puede utilizarse para promover la igualdad de género y aumentar el número de candidatas mujeres.
- El 64,4 % de los países del mundo facilitan el acceso a los medios de comunicación a los partidos políticos.
- Sin embargo, solo el 53,1 % de los países lo hace con respecto a los candidatos.
- Este tipo de financiación indirecta es especialmente popular entre los países africanos.
Sin acceso libre a los medios de comunicación

Este tipo de beneficios estimula a los partidos y candidatos a diversificar sus fuentes de ingresos. La ventaja de la financiación pública indirecta en comparación con la financiación directa es que es más fácil regular cómo se utilizan los fondos. Además, tiende a ser menos gravosa para los contribuyentes. Dicho esto, una desventaja significativa de este tipo de apoyo es que no siempre es útil para ayudar a las partes interesadas a llegar efectivamente al electorado.
- El 32,8 % de los países del mundo no proporcionan ningún tipo de financiación pública indirecta (excluidos los medios de comunicación).
- De los que sí lo hacen, el beneficio más popular es la desgravación fiscal (33,3 %), seguido de la disponibilidad gratuita de instalaciones (16,1 %) y espacios (14,4 %) para la campaña.
- En un número reducido de países también se subvencionan sin costo los gastos postales (5,6 %) o de transporte (3,3 %).

La desigualdad de género en el proceso político sigue siendo una preocupación importante en todos los países. La superación de los desafíos inherentes al logro de la igualdad de género en la política requiere la adopción de medidas en muchas esferas. Los obstáculos financieros, en particular, se citan a menudo como un factor transcendental que contribuye a socavar la igualdad de género en la política. Las mujeres suelen disponer de menos acceso que los hombres a los recursos necesarios para buscar con éxito la nominación de un partido o presentarse como candidatas en una elección (es decir, apoyo financiero, redes influyentes, etc.). Los partidos políticos tienden a designar a los hombres para que ocupen puestos con posibilidades de ser ganados, de modo que puedan beneficiarse de esos recursos. Por esta razón, la financiación pública con perspectiva de género puede considerarse un mecanismo crucial para corregir esos desequilibrios de género.
La desigualdad de género en el proceso político sigue siendo una preocupación importante en todos los países. La superación de los desafíos inherentes al logro de la igualdad de género en la política requiere la adopción de medidas en muchas esferas. Los obstáculos financieros, en particular, se citan a menudo como un factor transcendental que contribuye a socavar la igualdad de género en la política. Las mujeres suelen disponer de menos acceso que los hombres a los recursos necesarios para buscar con éxito la nominación de un partido o presentarse como candidatas en una elección (es decir, apoyo financiero, redes influyentes, etc.). Los partidos políticos tienden a designar a los hombres para que ocupen puestos con posibilidades de ser ganados, de modo que puedan beneficiarse de esos recursos. Por esta razón, la financiación pública con perspectiva de género puede considerarse un mecanismo crucial para corregir esos desequilibrios de género.
- Una minoría muy pequeña de los países del mundo (5,1 %) destina fondos para actividades de género.
- Los ejemplos de subvenciones públicas destinadas a la promoción de la juventud (por ejemplo, Irlanda y los Países Bajos), la educación (por ejemplo, los Países Bajos y Serbia) o las personas con discapacidad (por ejemplo, Escocia dentro del Reino Unido) son aún menores.