Political Finance Tool

Resumen general

La Herramienta Para el Diseño del Financiamiento Político tiene por fin dotar a los políticos, encargados de formular políticas, funcionarios de partidos políticos, organismos de supervisión, investigadores, ONG y observadores de la sociedad civil de una mayor comprensión de las regulaciones del financiamiento político tal y como se presentan en todo el mundo. La importancia de una regulación sólida en el ámbito del financiamiento político es superlativa. Ante la ausencia de una legislación sobre financiamiento político, o en el contexto de un sistema financiero mal regulado, es más probable que ocurran prácticas corruptas y antidemocráticas. Así pues, la base de todo Estado democrático plenamente operativo es la asignación justa y transparente de recursos entre los partidos políticos y los candidatos a fin de garantizar la integridad de la participación y la representación políticas, y un terreno equilibrado para una competencia política equitativa. Esto significa que los fondos políticos se distribuyan, limiten, prohíban, regulen y divulguen de manera eficaz, con conocimiento, y en conformidad con los contextos más generales. Por lo tanto, la Herramienta tiene como objetivo desarrollar la capacidad del usuario para tomar decisiones políticas informadas en torno al financiamiento político, de acuerdo con los contextos y necesidades del país elegido.

La Herramienta Para el Diseño del Financiamiento Político fue creada por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en el marco del proyecto patrocinado por la Unión Europea ‘Level Up: Financiamiento Político con integridad’(Level Up: Political Finance with Integrity). El proyecto fue llevado a cabo por IDEA Internacional en asociación con el Centro de Formación Electoral Permanente (Centre for Continued Electoral Training, CCET) en Moldavia; el Foro de la Sociedad Abierta (Open Society Forum, OSF) en Mongolia; y Semillas para la Democracia (Semillas) en Paraguay. Las experiencias de estos países han contribuido a dar forma a esta Herramienta, que tiene por objeto ayudar a los países y regiones de todo el mundo a mejorar los marcos regulatorios y de conformidad del financiamiento político para combatir de un mejor modo la corrupción y la influencia indebida del dinero.

Cómo funciona la Herramienta

A partir de datos globales comparativos tomados de la Base de datos de financiamiento políticode IDEA Internacional, la Herramienta Para el Diseño del Financiamiento Político Político proporciona a los gobiernos y a los creadores de políticas una guía de fácil uso para explorar las opciones normativas en el ámbito de la financiación política. La Herramienta consta de cuatro categorías temáticas: «Financiación privada», «Financiación pública», «Límites de gasto» y «Presentación de informes, supervisión y sanciones». Cada categoría cubre un aspecto distinto del financiamiento político y sus regulaciones. Al hacer clic en uno de estos temas, la Herramienta revela una serie de cuestiones clave relacionadas con aquél. La Herramienta proporciona un «Resumen general» del tema, una «Guía profesional» con los datos disponibles de los países relacionados con la cuestión, y propuestas de «Opciones normativas» para abordar el tema. Estas opciones normativas pueden estar dirigidas tanto a los candidatos como a los partidos políticos. Al hacer clic en la estadística de un país o en una opción normativa de su interés, la Herramienta lo dirigirá a la Base de datos de financiamiento político de IDEA Internacional, donde podrá obtener más información sobre ese tema.

Regulación de los intereses externos

La finalidad de las prohibiciones dirigidas a este tipo de donaciones es la de regular las contribuciones que se consideran potencialmente perjudiciales para el proceso democrático. En particular, los países tienden a prohibir las donaciones extranjeras para evitar la influencia externa y proteger el principio de autodeterminación. Con el fin de limitar la influencia de intereses creados en la financiación y garantizar la independencia de los partidos y candidatos frente a los intereses especiales, algunos países también regulan las donaciones de empresas. Las donaciones de entidades (semi)públicas suelen estar prohibidas para evitar el uso de fondos públicos con fines políticos. De igual modo, las donaciones de empresas con contratos gubernamentales suelen prohibirse con el objetivo de reducir el riesgo de donaciones a cambio de algo quid pro quo y evitar la influencia indebida de asociaciones con intereses organizados. Por otra parte, a veces se prohíben las donaciones sindicales para equilibrar la proscripción de las donaciones de empresas en sistemas en los que algunos partidos dependen de contactos empresariales que pueden estar vinculados a movimientos sindicales.

Controles para una mayor claridad y transparencia de las donaciones privadas

A fin de garantizar la transparencia del financiamiento de los partidos y un mayor control del cumplimiento de las regulaciones sobre la financiación política, la mayoría de los países prohíben las donaciones anónimas. Sin embargo, algunos países permiten pequeñas donaciones anónimas para proteger la privacidad de los donantes ordinarios. Muchos países también regulan las donaciones en efectivo y otras conexas en especie, debido a las dificultades para rastrearlas e identificarlas. Para ello, muchos países exigen que las donaciones se realicen a través del sistema bancario.

Limitaciones a las donaciones privadas

Si bien la prohibición total de las donaciones privadas es muy poco frecuente, es habitual que los países establezcan límites al monto que un donante puede aportar. Estas restricciones tienen por objeto reducir la influencia que un donante puede tener sobre un partido político o candidato y, ulteriormente, sobre el proceso político en su conjunto. Así pues, a diferencia de las prohibiciones, los límites a las donaciones no se dirigen necesariamente a tipos particulares de intereses. Por esta razón, se recomienda que los estados introduzcan restricciones cualitativas adicionales sobre las fuentes de financiación privada de los partidos políticos. Ello permite a las autoridades políticas mantener un cierto grado de control sobre las influencias financieras indeseables, como las procedentes de fuentes ilícitas y delictivas, lo que garantiza la independencia de los partidos políticos.

Al momento de fijar topes máximos a las donaciones, es importante tener en cuenta qué nivel es demasiado alto o demasiado bajo en un contexto determinado. Si un tope es demasiado alto, no será efectivo ya que no limitará las donaciones en la práctica, y sería casi como no tener ninguna restricción. Ello permite a los donantes adinerados obtener una influencia indebida excesiva sobre la campaña, lo que perpetúa la disparidad en las condiciones de competencia, especialmente para las mujeres y los grupos marginados, que a menudo carecen de los medios financieros y las redes de dinero para hacer campaña de manera efectiva contra sus contrapartes masculinas ya consolidadas y con contactos. Por este motivo, la búsqueda de muchas donaciones pequeñas es casi indiscutiblemente la fórmula más aceptada para las contribuciones del financiamiento político, ya que evita que los grandes donantes obtengan una influencia desproporcionada sobre un partido o candidato. Sin embargo, si el tope es demasiado bajo, los donantes, candidatos y partidos políticos encontrarán tarde o temprano formas de eludirlo. Ello propicia medidas más extremas para la recaudación de fondos, como la generación de una "economía no registrada" destructiva, que acude a más medios ilícitos de financiación, como el lavado de dinero. Como tal, la existencia de límites sólidos a las donaciones debe ser vista como una parte integral de una democracia efectiva.

Límites a las donaciones privadas "en especie"

Al igual que en el caso de los límites a las donaciones privadas, el establecimiento de restricciones a las donaciones "en especie" es un acto complejo de equilibrio. Si el tope es demasiado alto, no tendrá ningún impacto real, lo que va en contra de una de las principales razones para imponer límites a las donaciones, que es restringir la influencia indebida de personalidades adineradas en las campañas políticas y así nivelar la competencia entre los candidatos, especialmente para las mujeres y los grupos marginados. Al mismo tiempo, si el tope es demasiado bajo, los donantes y las entidades políticas encontrarán formas de eludirlos, lo que socava la integridad del sistema regulador de la financiación política en su conjunto. Por lo tanto, establecer el nivel adecuado de restricciones es fundamental para promover campañas electorales justas y transparentes. En todos los casos, sin embargo, el valor de las donaciones en especie debe calcularse de acuerdo con los "valores justos de mercado".

Subvenciones públicas a los partidos políticos

Un enfoque complementario para regular las donaciones privadas es asignar a los partidos políticos una cantidad determinada de fondos estatales. Si se hace correctamente, la provisión de fondos públicos puede incidir positivamente en las regulaciones del financiamiento político de un país de varias maneras. Para empezar, puede garantizar que todas las entidades políticas relevantes dispongan de recursos suficientes para llegar al electorado, lo que fomentaría un mayor pluralismo político. En este sentido, si se combina con regulaciones estrictas sobre financiación privada, la financiación pública podría nivelar significativamente la competencia política al proporcionar a todos el acceso a fondos para hacer campaña. Además, la financiación pública puede servir como una herramienta disuasiva que presione a los partidos políticos para que cumplan las normas, al implicar la retención de fondos públicos como sanción en caso de incumplimiento de las normas de financiación política, como la falta de presentación de informes financieros periódicos. Sin embargo, si se implementa de modo incorrecto y se deja sin regular, la financiación pública puede dar lugar a que los partidos políticos se vuelvan demasiado dependientes del Estado, lo cual fomentaría la «cartelización» y, a su vez, contribuiría a una desconexión con los integrantes y a una disminución de la confianza de los votantes.

Habida cuenta de su atractivo generalizado y de la naturaleza limitada de los recursos estatales, es fundamental que los gobiernos determinen qué partidos pueden solicitar esos fondos públicos. En algunos países, todos los partidos registrados pueden recibir financiación pública. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que las personas se abusen del sistema, creando partidos o presentándose a las elecciones solo para obtener fondos estatales. Por esta razón, la mayoría de los países establecen un umbral de apoyo que un partido debe alcanzar para acceder a la financiación pública. En este sentido, el hecho de fijar un umbral muy bajo facilita que se abuse del sistema, lo que en la práctica sería casi como no fijar ningún piso. Por el contrario, implementar un umbral muy alto puede suponer que a las nuevas fuerzas políticas les resulte más difícil establecerse.

Criterios de distribución de las subvenciones públicas a los partidos políticos

Además de analizar qué partidos políticos pueden recibir financiamiento público directo, es importante delimitar cuánto dinero recibirá cada uno de ellos. Para eso, es necesario considerar qué métodos son más eficaces, en términos de fomento del pluralismo político, y más eficientes en lo que respecta al gasto público. Esto varía según el contexto. En consecuencia, los criterios de distribución de las subvenciones públicas desempeñan un papel fundamental a los efectos de favorecer la igualdad de condiciones entre los partidos políticos.

Brindar el mismo nivel de financiación a todos los partidos que cuentan con algo de apoyo del electorado en comparación con la distribución proporcional de los fondos en función de la popularidad del partido, es una manera de distribuir los fondos. Si bien esta puede considerarse la forma más democrática y positiva de apoyar el pluralismo político, al mismo tiempo puede interpretarse que hace caso omiso de la opinión del votante, ya que tanto los partidos ampliamente populares como aquellos ampliamente impopulares reciben igual cantidad de apoyo financiero. Además, si hay muchos partidos en condiciones de solicitar fondos, habrá que distribuir más dinero para asegurar que todos reciban la misma cantidad. Este enfoque no sólo llevaría a sobrecargar el erario público, sino que también aumentaría el riesgo de fragmentación del sistema de partidos. La división de un partido podría, por ejemplo, provocar que se demanden fondos públicos adicionales, mientras que una alianza de partidos implicaría que éstos recibieran menos fondos. En este sentido, este sistema sería un desincentivo para la consolidación del sistema de partidos políticos de un país.

Por lo tanto, una opción más común es asignar la totalidad o parte de los fondos en proporción al apoyo que un partido ha recibido en las elecciones, como por ejemplo de acuerdo al porcentaje de votos o escaños, o a la cantidad de candidatos postulados, si bien este último es un peor indicador del nivel de apoyo/actividad. Este enfoque conecta de manera más eficaz el apoyo financiero con la popularidad del partido y, por lo tanto, con los deseos del electorado. La desventaja de la asignación proporcional, sin embargo, es que la mayor parte del dinero público puede terminar en manos del partido oficialista, que ciertamente es el que menos lo necesita, ya que de por sí cuenta con mayor apoyo y acceso a los recursos.

El reembolso de los gastos electorales es una forma alternativa de asignar los fondos públicos. El mérito de esto es que incentiva tanto a los partidos políticos como a los candidatos a recaudar fondos de manera privada antes de las elecciones, a la vez que diversifica sus fuentes de ingresos y fortalece los lazos sociales con los miembros de los partidos y quienes apoyan a dichos partidos. Sin embargo, los reembolsos electorales también pueden favorecer a los partidos adinerados y a los que ya están en el poder. Por esa razón, organizaciones como la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) se oponen a los sistemas puros de reembolso en la financiación pública, especialmente después de las elecciones (IDEA Internacional, 2014: 37).

Si bien el régimen de reembolso electoral debería ser más laxo que el que regula las subvenciones públicas a las actividades ordinarias, a los fines de garantizar un nivel razonable de representación política, debe ser lo suficientemente estricto como para evitar la fragmentación extrema o la creación de partidos que respondan a intereses puramente personales («contenedores vacíos»).

Acceso gratuito o subvencionado a los medios de comunicación para los partidos políticos

Además de la financiación directa, los gobiernos también pueden brindar formas indirectas de financiación pública. El acceso a los medios de comunicación es una forma común de financiación pública indirecta, ya que ofrece a todos los partidos políticos y candidatos la oportunidad de acceder a los medios de comunicación, especialmente en aquellos países que demandan anuncios televisivos muy caros. La fórmula de asignación debe procurar una oportunidad justa para cada partido, tomando en cuenta "cualquier otra indicación de apoyo público", con el fin de garantizar un trato equilibrado al gobierno y a la oposición, a los partidos mayoritarios y a los minoritarios, a los partidos tradicionales y a los nuevos. El acceso a los medios de comunicación también puede utilizarse para promover la igualdad de género y aumentar el número de candidatas mujeres.

Incentivos no monetarios o beneficios estatales conexos para los partidos politicos

Este tipo de beneficios estimula a los partidos y candidatos a diversificar sus fuentes de ingresos. La ventaja de la financiación pública indirecta en comparación con la financiación directa es que es más fácil regular cómo se utilizan los fondos. Además, tiende a ser menos gravosa para los contribuyentes. Dicho esto, una desventaja significativa de este tipo de apoyo es que no siempre es útil para ayudar a las partes interesadas a llegar efectivamente al electorado.

Asignación de fondos públicos para promover la igualdad de género

La desigualdad de género en el proceso político sigue siendo una preocupación importante en todos los países. La superación de los desafíos inherentes al logro de la igualdad de género en la política requiere la adopción de medidas en muchas esferas. Los obstáculos financieros, en particular, se citan a menudo como un factor transcendental que contribuye a socavar la igualdad de género en la política. Las mujeres suelen disponer de menos acceso que los hombres a los recursos necesarios para buscar con éxito la nominación de un partido o presentarse como candidatas en una elección (es decir, apoyo financiero, redes influyentes, etc.). Los partidos políticos tienden a designar a los hombres para que ocupen puestos con posibilidades de ser ganados, de modo que puedan beneficiarse de esos recursos. Por esta razón, la financiación pública con perspectiva de género puede considerarse un mecanismo crucial para corregir esos desequilibrios de género.

La desigualdad de género en el proceso político sigue siendo una preocupación importante en todos los países. La superación de los desafíos inherentes al logro de la igualdad de género en la política requiere la adopción de medidas en muchas esferas. Los obstáculos financieros, en particular, se citan a menudo como un factor transcendental que contribuye a socavar la igualdad de género en la política. Las mujeres suelen disponer de menos acceso que los hombres a los recursos necesarios para buscar con éxito la nominación de un partido o presentarse como candidatas en una elección (es decir, apoyo financiero, redes influyentes, etc.). Los partidos políticos tienden a designar a los hombres para que ocupen puestos con posibilidades de ser ganados, de modo que puedan beneficiarse de esos recursos. Por esta razón, la financiación pública con perspectiva de género puede considerarse un mecanismo crucial para corregir esos desequilibrios de género.

Límites de gastos para candidatos y partidos

El objetivo principal de los topes de gastos es reducir las ventajas de los partidos políticos y candidatos con acceso a grandes cantidades de dinero, en lugar de regular la influencia de los donantes individuales. Por lo tanto, los topes deben fijarse en el nivel adecuado para frenar la ventaja de aquellos que tienen acceso a mucho dinero sin que, al mismo tiempo, obstaculicen las campañas inclusivas y atractivas.

Regulaciones sobre la compra de votos

Dada la gravedad de la compra de votos para el normal funcionamiento del proceso democrático, muchos países prohíben toda forma de soborno electoral. Por lo tanto, se requieren sanciones penales para prevenir y punir este tipo de infracciones.

Límites de gastos para terceros

La falta de restricciones efectivas a los gastos de terceros es un reto cada vez mayor en materia de límites de gasto. En ausencia de tales restricciones, los otros límites de gasto se eluden mediante la reconducción del gasto electoral a través de comités y grupos de interés supuestamente independientes. Los terceros que hacen campaña son considerados a menudo como apartidarios. Entre ellos se incluyen las organizaciones religiosas o benéficas, personas individuales o empresas privadas. Hacen campaña a favor de partidos políticos, candidatos o temas específicos en el período previo a las elecciones, pero no se presentan como partidos políticos o candidatos. En los casos en que el gasto de terceros puede verse como una forma de persuadir a los votantes para que voten a favor o en contra de un partido político o de un tipo determinado de candidatos, deben existir normas para mitigar dicha influencia. En la práctica, sin embargo, las actividades de muchas entidades privadas y organizaciones conexas y sus efectos suelen ser difíciles de medir. La definición de campaña por parte de terceros, y el tipo de actividades políticas que abarca, siguen siendo objeto de debate. Por lo tanto, su regulación sigue siendo un desafío para muchos países.

Regularidad de los informes financieros de los partidos políticos

Es necesario que haya al menos algún tipo de obligación de informar para lograr la transparencia exigida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), con el fin de permitir a los votantes tomar decisiones informadas cuando acuden a las urnas. No hay que olvidar que el miedo a los escándalos y a la pérdida del apoyo del público puede ejercer una mejor disuasión contra las malas conductas que cualquier sanción legal. A la vez, la presentación periódica de informes facilita a los responsables de hacer cumplir las prohibiciones y limitaciones de donaciones y gastos la tarea de supervisar el cumplimiento efectivo de estas normas. Si bien no se puede esperar que los infractores admitan las faltas en sus informes, el hecho de exigirles que presenten cuentas financieras proporciona un rastro "en papel" que puede ser de ayuda en investigaciones posteriores. De hecho, se debería exigir a los partidos y candidatos políticos que presenten informes sobre la financiación de las campañas electorales a las autoridades competentes en un plazo no superior a 30 días después de las elecciones. Ello a los fines de mantener los informes tan actualizados como sea posible y mitigar los riesgos de manipulación o destrucción de pruebas. La presentación de información básica antes del inicio de una campaña también puede ayudar a lograr los objetivos mencionados anteriormente. En los casos en que se requieran informes de divulgación durante el período ajeno a la campaña, éstos deben presentarse al menos una vez al año para mantener un registro preciso de las finanzas del partido.

Transparencia en los financiamientos políticos

A los efectos de apoyar la transparencia, constituye una buena práctica que los informes financieros se pongan a disposición del público de manera oportuna. Deben ser fáciles de entender y presentados en formatos de fácil acceso y búsqueda, por ejemplo, a través de Internet. Sin embargo, si bien la publicación de informes financieros es crucial para establecer la confianza del público en el funcionamiento de los partidos, los requisitos de presentación de informes también deben encontrar un equilibrio entre la necesaria divulgación y la protección de la privacidad.

Exhaustividad de los informes de financiamiento político

En aras de la transparencia, los informes deben contener suficientes detalles a fin de ser útiles y comprensibles para el público en general. En este contexto, todos los informes de divulgación deben elaborarse sobre una base integral para incluir todos los niveles de las actividades de los partidos.

Los informes deben distinguir claramente entre ingresos y gastos, e incluir (cuando corresponda) tanto la financiación general de los partidos como la financiación de las campañas. Divulgar la identidad de los donantes puede ser controvertido, especialmente en algunos países (menos democráticos). Por esta razón, un número significativo de países (18,9 %) solo exige que se revele la identidad de los donantes cuando sus contribuciones superan el límite establecido. Este enfoque no solo permite a los países proteger la identidad de los donantes más pequeños, sino también limitar la carga administrativa a quienes deben presentar informes.

Organismos encargados de la supervisión de las finanzas políticas

La aplicación efectiva de las normas requiere una institución pública con un mandato claro y suficiente independencia, recursos y voluntad para involucrarse en cuestiones de financiamiento político. Es esencial que las autoridades de supervisión sean imparciales e independientes de la presión política. En algunos países, la autoridad que recibe y la que controla los informes no siempre es la misma.

Mandato de los organismos de supervisión

Las instituciones públicas responsables de hacer cumplir las regulaciones de financiación política deben tener tanto el mandato como la capacidad necesarias para llevar a cabo su papel de manera eficaz, y deben actuar de manera independiente y con convicción. Esto no significa que deban tratar de imponer sanciones estrictas para las infracciones más insignificantes. La existencia de un compromiso positivo con los actores políticos aumentará su comprensión de la necesidad de supervisión financiera y su voluntad de cumplimiento. La proporcionalidad y el impacto sobre el pluralismo político y el proceso democrático deben tenerse en cuenta a la hora de imponer sanciones. Las instituciones encargadas de hacer cumplir las normas también deben seguir buenas prácticas generales de regulación, como la transparencia, la coherencia y la rendición de cuentas.

Por esta razón, es esencial que se les otorgue la facultad de supervisar las cuentas y llevar a cabo auditorías de los informes financieros presentados por los partidos y los candidatos. Las auditorías deben estar libres de discriminación y ser objetivas en su aplicación en todos los casos. Por todas estas razones, es fundamental que las autoridades de supervisión:

• tengan un mandato claro y suficiente que no se solape con el de otras instituciones;
• conduzcan un proceso inclusivo y transparente de designación de sus autoridades que garantice la independencia de las presiones políticas y la confianza del público;
• aseguren la estabilidad en el cargo de sus autoridades y de su personal para protegerlos de influencias indebidas;
• cuenten con suficiente financiación y control sobre el presupuesto de la institución; y
• adopten una actitud dentro de la institución en el sentido de que se actuará de manera imparcial y transparente y habrá un compromiso con la comunidad bajo supervisión para (siempre que sea posible) fomentar el cumplimiento de las normas y prevenir las infracciones.

Sanciones por infracciones en materia de financiamiento político

Las sanciones son siempre necesarias para garantizar la aplicación efectiva de las normas y para castigar a quienes las infringen. Deben abarcar desde medidas financieras, como la denegación o la reducción de la financiación pública, hasta medidas administrativas y penales más estrictas, como la eliminación de las boletas del partido de las urnas.

Las sanciones deben ser siempre susceptibles de aplicación coercitiva, disuasivas y guardar proporción ante la naturaleza de la infracción. Por ejemplo, podrían ir de una advertencia a una pequeña multa (por no presentar los informes a tiempo), hasta la retención de fondos públicos o multas mayores (por negarse a presentar informes a pesar de los recordatorios). En cualquier caso, las prohibiciones o disoluciones de partidos deben reservarse para infracciones excepcionalmente graves o casos extremos. Las sanciones no solo deben dirigirse contra las infracciones a las normas de financiación de los partidos, sino también contra los partidos que no cumplen con las medidas legales destinadas a asegurar la igualdad de género. Es importante recordar que, sin una aplicación adecuada, las sanciones carecen de la capacidad para lograr un cambio positivo, lo que socava todo el sistema regulatorio de financiación política.

Тойм

Өнөөдөр дэлхийн улс орнуудад нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа улс төрийн санхүүжилтийн хэлбэр, зохицуулалтуудын талаар өргөн ойлголтыг улс төрчид, хууль боловсруулагчид, улс төрийн намын ажилтнууд, хяналт тавих байгууллагууд, судлаачид, төрийн бус байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад өгөх зорилгоор энэхүү Улс төрийн санхүүжилтийн шилдэг загварчлалыг боловсрууллаа. Улс төрийн санхүүжилтийн хүрээний эрх зүйн зохицуулалт хангалттай сайн байх нь үнэхээр чухал бөгөөд ийм зохицуулалт үгүй бол эсвэл сул байвал авлига, хээл хахууль, ардчиллын эсрэг зүй бус үйлдлүүд олшрох аюултай. Хэвийн ажиллагаатай аливаа ардчилсан орны үндэс суурь нь улс төрийн оролцоо, төлөөллийн шударга байдлыг хангахын тулд улс төрийн нам болон нэр дэвшигчдэд нөөцийг шударга, ил тод хуваарилахад оршдог. Өөрөөр хэлбэл, улс төрийн санхүүжилтийг мэдээлэл дээр үндэслэн, мөн тухайн нөхцөл байдлыг цогцоор нь харан үр дүнтэй хуваарилах, хязгаарлах, хориглох, зохицуулах, ил болгох явдал юм. Энэхүү загварчлалын зорилго нь сонгосон орныхоо нөхцөл байдал, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хэрэглэгчийн улс төрийн санхүүжилттэй холбоотой бодлогын шийдвэр гаргах чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Улс төрийн санхүүжилтийн шилдэг загварчлалыг Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй “Улс төрийн санхүүжилт: Ёс зүй, оролцоо, хариуцлага” төслийн хүрээнд Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын хүрээлэн (International IDEA)-гээс боловсруулсан бөгөөд тус төслийг Молдав Улсад “Сонгуулийн тасралтгүй боловсролыг дэмжих төв” (CCET), Монгол Улсад “Нээлттэй Нийгэм Форум” (OSF), Парагвай Улсад “Ардчиллын Үр” (Semillas) байгууллагуудтай түншлэн хэрэгжүүлж байгаа билээ. Уг загварчлалд эдгээр орнуудын туршлагыг багтаасан ба дээрх орнууд болон дэлхийн бусад улс орнууд улс төрийн санхүүжилтийн авлигатай илүү үр дүнтэй тэмцэхэд туслах зорилготой.

Загварчлалыг ашиглах талаар

Энэхүү Улс төрийн санхүүжилтийн шилдэг загварчлалын өгөгдөл, мэдээллийг Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Oлон улсын хүрээлэнгийн Улс төрийн санхүүжилтийн өгөгдлийн сангийн доторх дэлхийн улс орнуудын харьцуулсан мэдээллийн сангаас авсан болно. Энэхүү хэрэглэгчдэд ээлтэй загварчлалын тусламжтайгаар засгийн газар болон бодлого боловсруулагчид улс төрийн санхүүжилтийн хүрээн дэх бодлогын хувилбаруудын талаар мэдээлэл, туршлага олж авах боломжтой. Загварчлалын агуулга нь Хувийн хандив, Төрийн санхүүжилт, Зарцуулалтын хязгаар, Тайлагнал, Хяналт - Хариуцлага гэсэн 4 үндсэн сэдвийн дагуу ангилагдаж байгаа ба ангилал бүр нь улс төрийн санхүүжилт, түүний зохицуулалтуудын онцлогийг тусгаж өгсөн. Дөрвөн сэдвийн аль нэгийг сонгон дарахад тухайн сэдэвтэй холбоотой тодорхой тооны гол асуудлууд гарч ирэх болно. Түүнчлэн тухайн асуудлын “Тойм”, асуудалтай холбоотой боломжит өгөгдөл бүхий “Хэрэглэгчийн хөтөч”, асуудал руу хандсан “Бодлогын хувилбарууд”-ыг багтаасан. Бодлогын хувилбарууд нь улс төрийн нам эсвэл нэр дэвшигчдийн аль алинд нь хамааралтай байх боломжтой. Аль нэг орны статистик мэдээ эсвэл сонирхож буй бодлогын сонголт дээр дарахад Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын хүрээлэнгийн Улс төрийн санхүүжилтийн өгөгдлийн санд нэвтэрч тухайн асуудлыг илүү дэлгэрэнгүй судлах боломжтой байдлаар хийлээ.

Гаднын сонирхлыг зохицуулах талаар

Ардчиллын үйл явцад бодитоор хохирол учруулахуйц хандивын асуудлыг зохицуулах зорилгоор хандивт хориг тавьдаг. Тухайлбал, гаднын нөлөөнөөс сэргийлэх, өөрийн хараат бус, тусгаар байх зарчмаа хамгаалахын тулд гадаадын хандивыг хориглох хандлагатай орнууд байдаг. Зарим улс орнууд нам болон нэр дэвшигчдэд хувийн сонирхлын бүлгүүдээс үзүүлэх нөлөөг хязгаарлах; тэднийг тусгай ашиг сонирхлоос ангид байлгах үүднээс корпорацын хандивт зохицуулалт хийдэг. Түүнчлэн төрийн нөөц, хөрөнгийг улс төрийн зорилгод ашиглахаас сэргийлэхийн тулд төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын хандивыг ихэвчлэн хориглодог. Үүнтэй адилаар, засгийн газартай гэрээтэй компаниудын хандивыг ерөнхийдөө хориглодог бөгөөд энэ нь хандив өгсний төлөө туслах эрсдэлийг бууруулах, зохион байгуулалттай сонирхлын холбоодоос ирэх зүй бус нөлөөллөөс зайлсхийх зорилготой. Зарим нам нь танил тал болон холбоо харилцаатай компаниудаасаа хамааралтай, өөр бусад нь үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатай ойр дотно байдаг тогтолцоо бүхий орнуудад корпорацын хандивт тавих хоригийг тэнцвэржүүлэх үүднээс үйлдвэрчний эвлэлүүдийн хандивыг зарим үед хориглох нь бий.

Хувийн хандивын ил тод байдалд хяналт тавих талаар

Ихэнх орнууд намын санхүүжилтийн ил тод байдал, улс төрийн санхүүжилтийн хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах боломжийг өргөн хүрээнд хангах үүднээс эх үүсвэр нь тодорхойгүй хандивыг хориглодог. Гэхдээ, зарим оронд энгийн хандивлагчдын хувийн нууцлалыг хамгаалах зорилгоор нэр хаяггүй этгээдээс бага хэмжээний хандив авахыг зөвшөөрдөг. Мөн бэлэн мөнгө, бэлэн бус болон мөнгөн бус хэлбэрийн хандивыг тогтоох, илрүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг тул олон орон энэ хэлбэрийн хандивыг зохицуулсан байдаг бөгөөд хандивыг банкны системээр дамжуулан хийхийг шаарддаг.

Хувийн хандивыг хязгаарлах талаар

Улс орнууд хувийн хандивыг бүхэлд нь хориглох нь маш ховор байдаг ч нэг хандивлагчаас хандивлах дүнд хязгаар тогтоох нь түгээмэл байдаг. Аливаа нэг хандивлагчаас улс төрийн нам эсвэл нэр дэвшигчид үзүүлэх нөлөөг багасгах, цаашлаад улс төрийн үйл явцад бүхэлд нь нөлөө орохоос сэргийлж хандивыг хязгаарладаг. Хориглох зохицуулалтаас ихээхэн ялгаатай нь тодорхой нэг хэлбэрийн сонирхлыг чухалчилдаггүй. Иймд улс орнууд улс төрийн намд өгөх хувийн хандивын эх үүсвэрт нэмэлтээр чанарын хязгаарлалтууд тогтоохыг зөвлөдөг. Энэ нь зүй зохисгүй санхүүгийн нөлөөг тодорхой түвшинд хянах боломжийг улс төрийн эрх мэдэлтнүүдэд олгодог ба улс төрийн намын бие даасан байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой.

Улс орнууд хувийн хандивыг бүхэлд нь хориглох нь маш ховор байдаг ч нэг хандивлагчаас хандивлах дүнд хязгаар тогтоох нь түгээмэл байдаг. Аливаа нэг хандивлагчаас улс төрийн нам эсвэл нэр дэвшигчид үзүүлэх нөлөөг багасгах, цаашлаад улс төрийн үйл явцад бүхэлд нь нөлөө орохоос сэргийлж хандивыг хязгаарладаг. Хориглох зохицуулалтаас ихээхэн ялгаатай нь тодорхой нэг хэлбэрийн сонирхлыг чухалчилдаггүй. Иймд улс орнууд улс төрийн намд өгөх хувийн хандивын эх үүсвэрт нэмэлтээр чанарын хязгаарлалтууд тогтоохыг зөвлөдөг. Энэ нь зүй зохисгүй санхүүгийн нөлөөг тодорхой түвшинд хянах боломжийг улс төрийн эрх мэдэлтнүүдэд олгодог ба улс төрийн намын бие даасан байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой.

Улс төрийн намуудад төрөөс санхүүжилт олгох талаар

Хувийн хандивын зохицуулалтыг нөхдөг нэг хандлага бол улс төрийн намуудад төрөөс санхүүжилт хуваарилах явдал юм. Үүнийг зөв хийж чадвал үр дүнд нь улс оронд олон эерэг зүйл бий болж болно. Юуны түрүүнд, улс төрийн холбогдох бүх байгууллагууд сонгогчдодоо хүрч ажиллахад хүрэлцэхүйц нөөцөөр хангагдах бөгөөд ингэснээр улс төрийн олон ургалч үзэл дэлгэрэх ач холбогдолтой. Төрийн санхүүжилтийг чанга хатуу зохицуулалттай хувийн санхүүжилттэй хослуулж чадвал нэр дэвшигч бүр сонгуулийн сурталчилгаа явуулах санхүүжилтийн гарцтай болж улс төрд тэгш өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой. Үүнээс гадна, энэ нь улс төрийн намуудыг хууль журмаа даган мөрдүүлэхэд нөлөөлөх байдлаар зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгсэл болдог. Өөрөөр хэлбэл, зарцуулалтын тайлангаа гаргаж өгөөгүй зэргээр улс төрийн санхүүжилтийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд төрийн санхүүжилтийг олгохгүй байх замаар шийтгэл оногдуулах боломжтой. Гэхдээ төрийн санхүүжилтийн буруу эсвэл дутуу зохицуулалтаас болж улс төрийн намууд төрөөс хэт хамааралтай болох, картель нам болоход нөлөөлөх, улмаар сонгогчдын итгэл алдрах эрсдэлтэй.

Төрөөс санхүүжилт авах хүсэлт их, гэвч төрийн нөөц хэмжээ хязгаартай тул засгийн газрууд төрөөс олгох санхүүжилтийг авах шалгуурыг хангасан намуудыг зөв ялгаж салгах шаардлагатай. Зарим оронд бүртгэлтэй бүх нам төрөөс санхүүжилт авах боломжтой байдаг. Гэвч, төрөөс зүгээр л санхүүжилт авах зорилгоор нам байгуулах эсвэл сонгуульд нэр дэвших үзэгдэл энэхүү тогтолцоог гажуудуулдаг. Тэгэхээр төрийн санхүүжилтийг жинхэнэ эзэнд нь олгохын тулд ихэнх орнууд шалгуур тавьдаг. Огт шалгуур байхгүйн адилаар хэтэрхий сул шалгуур тавивал хүмүүс энэхүү тогтолцооны давуу талыг өөрсдөдөө ашигтайгаар хялбархан эргүүлдэг. Тэгвэл эсрэгээрээ хэтэрхий өндөр шалгуур тавивал улс төрийн шинэ хүчнүүд бүрэлдэн бий болоход хүндрэл учирдаг.

Улс төрийн намуудад төрөөс санхүүжилт хуваарилахад тавигдах шалгуур

Төрөөс шууд санхүүжилт авах шалгуур хангасан улс төрийн намуудыг зөв танихаас гадна шалгуур хангасан нам тус бүрд хуваарилах мөнгөний хэмжээг тогтоох нь бас чухал. Үүний тулд улс төрийн олон ургалч үзлийг аль нь илүү үр дүнтэй хөхиүлэн дэмжиж байгаа, улсын зарцуулалтыг аль нь хамгийн үр ашигтай байлгаж болох аргуудыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Орон орны нөхцөл байдлаас хамааран хэрэглэх эдгээр аргууд өөр өөр байдаг. Төрөөс олгох санхүүжилтийг хуваарилах шалгуур нь улс төрийн намууд тэгш шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд гол үүрэгтэй. Намын нэр хүндтэй уялдуулан санхүүжилт олгохтой харьцуулбал сонгогч олноосоо тодорхой хэмжээний дэмжлэг авсан бүх намуудад ижил хэмжээгээр санхүүжилт олгох нь хуваарилалтын нэг арга байж болох юм. Энэ аргыг нэг талаас улс төрийн олон ургалч үзлийг дэмждэг хамгийн ардчилсан үр дүнтэй арга гэж үзэж болох ч нөгөө талаас сонгогчдын санаа бодлыг үл харгалзах сул талтай. Үүнээс гадна, шалгуур хангасан олон нам байвал бүгдэд нь тэгш хэмжээний санхүүжилт олгохын тулд хуваарилах санхүүжилтийн хэмжээ нэмэгддэг бөгөөд энэ нь татвар төлөгчдийн мөнгийг шаардлагагүй зүйлд зарцуулах, намуудын хуваагдал явагдах (нам хуваагдсанаар төрөөс нэмэлт санхүүжилт авах, намууд нэгдвэл бага санхүүжилт авна) зэрэг эрсдэл нэмэгддэг.

Намуудын сонгуульд авсан дэмжлэг (авсан санал эсвэл суудлын хувь хэмжээгээр, эсвэл сонгуульд нэр дэвшигчдийн тоо гэх мэт. Гэхдээ нэр дэвшигчдийн тоог авч үзэх нь тийм сайн шалгуур үзүүлэлт болж чаддаггүй)-тэй хувь тэнцүүлэн санхүүжилтийг бүтнээр эсвэл хэсэгчлэн нь хуваарилах арга нэлээн түгээмэл хэрэглэгддэг. Энэ нь намын нэр хүнд болон сонгогчдын хүсэл эрмэлзэл аль алийг нь харгалзан санхүүжилт олгож байгаа тул ихээхэн үр дүнтэй байдаг. Гэхдээ хувь тэнцүүлсэн хуваарилалтын сул тал нь төрийн санхүүжилтийн ихэнх нь төр барьж байгаа, санхүүжилтийн хэрэгцээ хамгийн бага байдаг тэрхүү улс төрийн хүчинд хуваарилах явдал байдаг.

Төрийн санхүүжилт хуваарилах өөр нэг арга бол сонгуулийн зардлын нөхөн олговор олгох арга юм. Энэхүү аргын сайн тал нь улс төрийн нам болон нэр дэвшигчдийн сонгуулиас өмнө өөрсдөө санхүүжилт босгох үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг ба нам болон нэр дэвшигчид орлогын эх үүсвэрээ төрөлжүүлэхийн зэрэгцээ намын гишүүд болон улс төрийн дэмжигчидтэйгээ улам нягт холбоотой болдог. Сул тал нь хөрөнгө мөнгө, эрх мэдэлтэй нэгэнд илүү ээлтэй байдаг. Ийм учраас Ардчиллын Төлөөх Европын Комисс хуулиараа (Венецийн комисс), Европын Аюулгүй Байдал Хамтын Ажиллагааны Байгууллагын Ардчилсан Институт, Хүний Эрхийн Газар гэх мэт байгууллагууд сонгуульд гарсан зардлыг төрийн санхүүжилтээр бүрэн нөхөн олгодог тогтолцооны эсрэг байр суурьтай (ялангуяа сонгуулийн дараа) байдаг (Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх Олон улсын хүрээлэн, 2014:34).

Намын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зориулан төрөөс татаас өгөх зохицуулалтыг бодвол сонгуулийн зардлыг нь нөхөн олгох нь илүү либерал тогтолцоо хэдий ч улс төрийн төлөөллийг зохих түвшинд байлгах баталгааг хангахын тулд намуудын хэт задрал болон/эсвэл цэвэр хувийн эрх ашгийн үүднээс нам байгуулах үйл явцаас зайлсхийсэн чанга зохицуулалттай байх хэрэгтэй.

Улс төрийн намуудад мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах төлбөргүй цаг олгох эсвэл татаас өгөх

Засгийн газар төрийн шууд санхүүжилтээс гадна төрийн шууд бус санхүүжилтийн хэлбэрээр улс төрийн намуудад дэмжлэг үзүүлж болдог. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах гарц олгох нь төрийн шууд бус санхүүжилтийн түгээмэл хэлбэр юм. Энэ хэлбэр нь улс төрийн нам болон нэр дэвшигчдэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах боломж олгодог ба ялангуяа, намууд болон нэр дэвшигчид телевизийн сурталчилгаа явуулахын тулд асар өндөр төлбөр төлөх шаардлагатай байдаг тийм улс орнуудад тохиромжтой. Хуваарилалт хийх аргачлал нь нам бүрд тэгш, шударга боломж олгоход чиглэгдсэн байх шаардлагатай бөгөөд эрх баригч нам ба сөрөг хүчин, том ба жижиг нам, үүсгэн байгуулагдсан ба шинэ намуудад бүгдэд нь тэгш, шударга хандах үүднээс ‘төрөөс өөр бусад дэмжлэг байгаа эсэхийг’ сайн харгалзан үзэх нь зүйтэй. Түүнчлэн жендерийн тэгш байдлыг хөхиүлэн дэмжих, эмэгтэй нэр дэвшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор энэхүү хэлбэрийг ашигладаг.

Улс төрийн намуудад улсаас мөнгөн бус эсвэл бусад дэмжлэг үзүүлэх талаар

Ийм төрлийн дэмжлэгүүд намууд болон нэр дэвшигчид орлогын эх үүсвэрээ төрөлжүүлэхэд ихээхэн түлхэц болдог. Төрийн шууд санхүүжилттэй харьцуулбал шууд бус санхүүжилт нь санхүүжилтийг хэрхэн ашиглаж буйг хянахад хялбар байдаг давуу талтай. Үүнээс гадна татвар төлөгчдийн нуруун дээрх дарамт бага байдаг. Харин сул тал нь намууд болон нэр дэвшигчид сонгогч олондоо хүрэх боломжийг тэр бүр хангадаггүй.

Жендерийн тэгш байдлыг дэмжихэд чиглэсэн төрийн санхүүжилт

Улс төрийн үйл явц дахь Жендерийн тэгш бус байдал нь дэлхийн улс орнуудын анхаарлыг татсан асуудал хэвээр байсаар байна. Олон жил яригдаж буй энэхүү асуудлыг даван туулж улс төр дэх жендерийн тэгш байдлыг хангахын тулд олон улс орнуудад тодорхой алхмууд хийх шаардлагатай. Үүн дотор санхүүгийн хүндрэлүүд нь тэдгээр саад бэрхшээлийн томоохон хэсэг нь болж байна. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулбал намын нэр дэвшүүлэх ажиллагаа болон сонгуульд оролцоход шаардлагатай санхүүжилтээ олох боломж нь хумигдмал бөгөөд улс төрийн нам эрэгтэйчүүдээ ялах магадлалтай газар нэр дэвшүүлж энэхүү санхүүжилтээс ашиг хүртэх боломжтой байсаар байна. Эдгээр шалтгааны улмаас, жендерт чиглэсэн төрийн санхүүжилт нь жендерийн тэгш бус байдалтай тэмцэх чухал хэрэгсэл болж байна.

Илүү тодруулбал Жендерт чиглэсэн төрийн санхүүжилт гэдэг нь улс төрийн намын төрийн санхүүжилтийг бүгдийг нь эсвэл хэсэгчлэн авах шаардлагын тогтолцоо; эсвэл шаардлага хангасан улс төрийн намын төрөөс авах санхүүжилтийн дүнг хэлж байгаа юм. Гол нь энэхүү төрийн санхүүжилт нь жендерийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор олгогдсон, эсвэл жендертэй холбоотой зохицуулалтын хүрээнд олгогдсон байх ёстой. Эмэгтэйчүүдэд улс төрийн тавцанд өрсөлдөхөд нь шаардлагатай эх үүсвэрийг нь өгдөг тул жендертэй холбоотой санаачлагд чиглэсэн төрийн санхүүжилт жендерийн тэгш байдлыг дэмжих ‘хялбар хувилбар’ байж болох юм.

Улс төрийн нам болон нэр дэвшигчдэд тавих зарцуулалтын хязгаарлалт

Зарцуулалтад дээд хэмжээ тогтоох нь хувь хандивлагчдын нөлөөллийг зохицуулах бус улс төрийн нам, нэр дэвшигчдийг их хэмжээний мөнгөтэй орооцолдох боломжийг хумих зорилготой. Тиймээс их хэмжээний мөнгөнд гарцтай нэгний давуу байдлыг хазаарлахын тулд зохицуулалтын хязгаарыг зөв түвшинд тогтоох шаардлагатай ба харин энэ нь бүх нийтийн, оролцоотой сонгуулийн сурталчилгаанд саад болохооргүй байх ёстой.

Санал худалдан авахтай холбоотой зохицуулалт

Ардчиллын үйл явцын хэвийн үйл ажиллагаанд санал худалдан авах явдал ноцтой нөлөө үзүүлдэг тул олон оронд сонгуулийн аливаа хэлбэрийн хээл хахуулийг хориглодог. Энэ төрлийн зөрчлийг шийтгэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрүүгийн хариуцлага ногдуулдаг.

Гуравдагч этгээдийн зарцуулалтын хязгаарлалтын талаар

Зарцуулалтад хязгаарлалт тогтоосон зохицуулалтууд дотроос Гуравдагч этгээдийн зарцуулалтад хориг тавихтай холбоотой зохицуулалтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх явдал томоохон сорилт болсоор байна. Энэхүү зохицуулалт байхгүй бол өөр нэг сонирхлын бүлэг, бие даасан хороо зэрэг бие даасан байж болох этгээдүүдээр дамжуулах замаар бусад зарцуулалтын хязгаараас тойрч гарах боломж бүрддэг.

Ерөнхийдөө сонгуулийн сурталчилгааны явц дахь гуравдагч этгээд гэдэгт нам бус этгээдүүд, үүн дотор итгэлцэл дээр суурилсан, буяны байгууллагууд, хувь хүн эсвэл хувийн компаниуд багтана. Тэд улс төрийн нам эсвэл нэр дэвшигч шиг сонгуулийн кампанит ажлаа явуулдаггүй бөгөөд харин аливаа улс төрийн нам эсвэл тодорхой нэр дэвшигчийн төлөө эсвэл тэдний эсрэг санал өгүүлэхээр сонгогчдыг ятган үнэмшүүлэх зэрэгт гуравдагч этгээдийн зарцуулалтад чиглэдэг. Иймээс Гуравдагч этгээдийн зарцуулалтын хязгаарлалт нь энэхүү нөлөөг бууруулахад чиглэх ёстой. Гэвч практикт асар олон хувийн хэвшлүүд, холбоотой байгууллагуудын үйл ажиллагаа, тэдгээрийн үр нөлөөг хэмжихэд ерөнхийдөө бэрхшээлтэй байдаг. Гуравдагч этгээдийн сонгуулийн сурталчилгааны тодорхойлолт болон ямар улс төрийн үйл ажиллагааг үүнд хамааруулан авч үзэх нь мэтгэлцээн, маргааны сэдэв хэвээр байна. Тиймээс олон оронд энэ асуудлыг хэрхэн зохистой, оновчтой зохицуулах нь асуудал болсоор байна.

Улс төрийн намын санхүүгийн тайланг тогтмол гаргах талаар

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Авлигын эсрэг Конвенц (UNCAC)-д тусгасан ил тод байдлыг хангахын тулд дор хаяж тодорхой төрлийн тайлагнах үүрэг шаардлагатай бөгөөд энэ нь сонгогчид саналаа өгөхөөр очихдоо мэдээлэлд үндэслэн шийдвэр гаргах боломжийг олгодог. Аливаа хэл аманд орооцолдох, олон түмний итгэлийг алдах вий гэсэн айдас нь хуулийн хариуцлагаас илүүтэйгээр зохисгүй үйлдэлтэй тэмцдэг гэдгийг мартаж болохгүй. Үүнтэй зэрэгцээд, тогтмол тайлагнал нь хандивын болоод тэдгээрийн зарцуулалтын хязгаарлалт, хориг тогтоосон зохицуулалтын хэрэгжилтийг сахиулах үүрэгтэй этгээдүүдэд дүрэм, журам хэрэгжиж байгаа эсэхийг хянах үүргийг хялбарчилж өгдөг. Зөрчил гаргагчид гаргасан зөрчлөө тайландаа тусган хүлээн зөвшөөрөх нь үгүй тул санхүүгийн тооцоог нь цаасаар өгөхийг шаардах нь дараа дараагийн мөрдөн шалгах ажилд тус дөхөмтэй байдаг. Үнэндээ, улс төрийн нам/нэр дэвшигчид сонгуулийн санхүүжилтийн тайлангаа эрх бүхий төрийн байгууллагад сонгууль болсноос хойш 30 хоногоос илүүгүй хугацаанд өгөх шаардлага тавих ёстой. Үүнээс гадна сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнөх үеийн үндсэн мэдээллийг шаардах нь дээрх ажилд тус дөхөмтэй байдаг. Харин сонгуулийн бус үед улс төрийн нам дор хаяж жил нэг удаа тайлагнаж байх нь зүйтэй.

Улс төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал

Цаг хугацаандаа олон нийтэд ил болсон (анализ хийхэд хялбар, хайх боломжтой хэлбэрээр, жишээ нь цахимаар) санхүүгийн мэдээлэл нь ил тод байдлыг дэмжих хүчин чармайлтад сайн практик болж болох юм. Гэхдээ санхүүгийн мэдээллийг нийтлэх нь улс төрийн намын үйл ажиллагаанд олон нийтийн итгэлийг бий болгоход чухал хэдий ч тайлагналын шаардлагад нэг талаас тайлагнал чухал болох нөгөө талаас нууцлалын асуудын аль алиныг нь тэнцвэржүүлэхэд чиглэсэн байх ёстой.

Улс төрийн санхүүжилтийн тайлангийн бүтэц

Ил тод байдлын үүднээс, тайлангууд нь энгийн олонд ойлгомжтой, хэрэгцээтэй байхын тулд хангалттай нарийвчлалтай байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа улс төрийн намын бүхий л түвшний үйл ажиллагааг багтаасан нэгдсэн тайланг ил тод болгох ёстой гэсэн үг юм.

Тайлангууд нь орлого, зарлагаар нь тодорхой ялгасан, боломжтой бол улс төрийн намын санхүүжилт, сонгуулийн санхүүжилтийн аль алиныг нь багтаасан байвал зохилтой. Хандивлагчдын мэдээллийг ил болгох нь зарим улсуудад (ялангуяа бага ардчилалтай) маргаан дагуулдаг. Ийм учраас улс орнуудын 18.9% нь тодорхой үнийн дүнгээс хандивын хэмжээ хэтэрсэн тохиолдолд л зөвхөн хандивлагчдын мэдээллийг ил болгохыг шаардаж байна. Энэ нь хандивлагчдын мэдээллийг хамгаалахын сацуу тайлан өгч буй байгууллагын захиргааны ачааллыг давхар хөнгөвчилдөг ажээ.

Улс төрийн санхүүжилтэд хяналт тавих байгууллагуудын талаар

Хуулийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй сахиулахад төрийн байгууллагаас тодорхой бүрэн эрх, хангалттай бие даасан байдал, шаардлагатай эх үүсвэр болон улс төрийн санхүүжилттэй холбоотой асуудалд манлайлан, идэвхтэй оролцох хүсэл зоригтой байх шаардлагатай. Мөн хяналтын эрх бүхий байгууллага нь улс төрийн дарамт, шахалтаас ангид байж, шударга ажиллах нь хамгаас чухал. Зарим улс орнуудад тайлан хүлээн авч байгаа болон хяналт тавих байгууллагууд нь тусдаа байдаг.

Хяналтын байгууллагын бүрэн эрх

Улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалтыг сахиулах үүрэгтэй төрийн институт нь бүрэн эрх мэдэлтэй байхын зэрэгцээ үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хангалттай хүчин чадалтай байх ёстой. Үүний зэрэгцээ бие даасан, хариуцлагын механизмтай байх шаардлагатай нь мэдээж. Гэхдээ энэ нь тухайн байгууллага багахан зөрчилд томоохон хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн үг биш бөгөөд улс төрийн оролцогчидтой эерэг хамтын ажиллагаатай байж санхүүгийн хяналтын хэрэгцээ шаардлагыг тэдэнд ойлгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүсэл зоригийг нь нэмэгдүүлж байх шаардлагатай. Аливаа хариуцлага оногдуулахдаа гаргасан зөрчилд тохирсон бөгөөд улс төрийн олон ургалч үзэл болон ардчиллын үйл явцад үзүүлэх нөлөөг тус тус харгалзан үзэх учиртай. Хяналтын агентлаг нь мөн ил тод байх, тууштай байх, хариуцлагатай байх зэрэг зохицуулалтын сайн практикийг дагаж ажиллах ёстой байдаг.

Энэ ч үүднээс, улс төрийн намын болон нэр дэвшигчдийн санхүүгийн тайланд аудит хийх, хяналт шалгалт явуулах эрх мэдэлтэй байх нь туйлын чухал. Аудит явуулахдаа ялгаварлан гадуурхахгүй, тохиолдол бүрийг ялгалгүй ижил хандлагаар шалгадаг байх хэрэгтэй. Иймээс, хяналтын эрх бүхий байгууллага нь:

• Тодорхой, хангалттай эрх мэдэлтэй байх. Энэ нь бусад төрийн байгууллагуудтай давхцаагүй байх;
• Улс төрийн нөлөөнд автахгүй хангалттай бие даасан, олон нийтийн итгэлийг хүлээхүйц удирдлагын томилгооны ил тод, оролцоотой үйл явцтай байх;
• Зүй бус нөлөөнөөс хамгаалагдсан удирдлагын болон ажилтнуудын ажиллах боломжоор хангагдсан байх;
• Хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хангалттай санхүүгийн нөөц, бололцоотой байх;
• Оролцогч талуудтай ижил тэгш, ил тод ажиллах байгууллагын зан төлөвийг бүрдүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг дагаж мөрдөх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тэдэнтэй аль болох хамтран ажиллах.

Улс төрийн санхүүжилтийн зөрчилд хүлээлгэх хариуцлага

Дүрэм журмыг үр дүнтэй сахиулах, зөрчигдсөн нэгэнд хариуцлага тооцохын тулд хариуцлагын механизм ямагт хэрэгтэй. Эдгээр нь төрийн санхүүжилтийн бууруулах, хасах зэрэг санхүүгийн арга хэмжээнээс өгсүүлээд улс төрийн намыг сонгуулийн саналын хуудаснаас хасах зэрэг илүү хүнд хариуцлагын арга хэмжээ буюу захиргааны болон эрүүгийн хариуцлага оногдуулах зэргээр олон төрөлтэй байх хэрэгтэй.

Хариуцлагын арга хэмжээг ямагт дагаж мөрддөг, гаргасан зөрчлийн мөн чанартай хувь тэнцүүлсэн, урьдчилан сэргийлсэн шинжтэй байх, тухайлбал тайлангаа хугацаанд нь өгөөгүй бол бага зэргийн торгууль оногдуулахаас эхлээд удаа дараа тайлангаа өгөхгүй бол ихээхэн хэмжээний торгууль оногдуулах, эсвэл төрийн санхүүжилтийг өгөхгүй байх зэргээр үе шаттайгаар хариуцлага оногдуулах нь чухал. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд, улс төрийн намын үйл ажиллагааг зогсоох, тараах хариуцлагыг үнэхээр хүнд хэрэг зөрчилд болон/эсвэл онцгой тохиолдолд хүлээлгэхийг анхаарах хэрэгтэй. Хариуцлагыг зөвхөн улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалтын зөрчилд оногдуулах бус жендерийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн эрх зүйн арга хэмжээг сахин биелүүлээгүй талуудад бас чиглэсэн байх учиртай. Хариуцлагын механизм зохих ёсоор хэрэгжихгүй бол энэ нь аливаа эерэг үр дүн авчрахад хүчин чадал мөхөстөж улмаар улс төрийн санхүүжилтийн зохицуулалтыг тогтолцоог бүхэлд нь сулруулна.

Prezentare generală

Instrumentul de proiectare a finanțării politice este conceput pentru a oferi politicienilor, factorilor de decizie, oficialilor partidelor politice, agențiilor de supraveghere, cercetătorilor, ONG-urilor și organismelor de monitorizare reprezentând societatea civilă deopotrivă, o mai bună înțelegere a reglementărilor din domeniul finanțării politice, după cum sunt folosite în întreaga lume. Importanța existenței unor reglementări solide în domeniul finanțării politice nu a fost niciodată mai relevantă. În absența reglementărilor legale în domeniul finanțării politice sau în contextul unui sistem financiar slab reglementat, corupția și practicile antidemocratice conexe sunt mai susceptibile să apară. Ca atare, fundamentul oricărui stat democratic funcțional este alocarea corectă și transparentă a resurselor între partide și candidații politici, pentru a asigura integritatea participării și reprezentării politice și un teren echilibrat pentru o concurență politică echitabilă. Aceasta înseamnă că fondurile politice sunt distribuite, limitate, interzise, reglementate și publicate în mod eficient, informat și conform contextelor generale. Prin urmare, Instrumentul își propune să consolideze capacitatea utilizatorului de a lua decizii politice informate în privința finanțării politice, în conformitate cu nevoile și contextul fiecărei țări.

Instrumentul de proiectare a finanțării politice a fost conceput de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA) ca parte a proiectului susținut de Uniunea Europeană (UE), “Level Up: Finanțare politică și integritate” Proiectul a fost realizat de International IDEA în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) din Republica Moldova, Forumul pentru o Societate Deschisă (OSF) din Mongolia și Semillas para la Democracia (Semillas) din Paraguay. Experiențele acestor țări au ajutat la conceperea Instrumentului, care este destinat să ajute statele și teritoriile din întreaga lume să combată mai bine corupția în domeniul finanțării politice.

Cum funcționează Instrumentul

Pe baza datelor comparative la nivel global existente în Baza de date privind Finanțarea Politică dezvoltată de International IDEA dezvoltată de International IDEA oferă guvernelor și factorilor de decizie un ghid ușor de utilizat pentru explorarea opțiunilor de practici în domeniul finanțării politice. Instrumentul este format din patru categorii tematice: „Finanțare privată”, „Finanțare publică”, „Limite de cheltuieli” și „Raportare, supraveghere și sancțiuni”. Fiecare categorie acoperă un aspect distinct al finanțării politice și a reglementărilor sale. La accesarea uneia dintre aceste teme, Instrumentul relevă o serie de probleme-cheie legate de respectiva temă. Instrumentul oferă o „Prezentare generală” a problemei, un „Ghid pentru practicieni” cu date disponibile despre țară, referitoare la problemă și „Opțiuni de politici” disponibile pentru a rezolva problema. Aceste opțiuni de politici pot viza fie candidații, fie partidele politice. Accesând o statistică sau o politică de interes aferentă unei țări, Instrumentul vă va direcționa către Baza de date privind Finanțarea Politică dezvoltată de International IDEA unde puteți afla mai multe despre acest subiect.

Reglementarea contribuțiilor externe

Scopul interdicțiilor vizând acest tip de donație este de a reglementa contribuțiile considerate potențial dăunătoare procesului democratic. În special, țările tind să interzică donațiile străine pentru a preveni influența externă și pentru a proteja principiul autodeterminării. Pentru a limita influența asupra finanțării din drepturi câştigate și pentru a asigura independența partidelor / candidaților față de interese speciale, unele țări reglementează și donațiile corporative. Donațiile de la entități (semi) publice sunt de obicei interzise pentru a evita utilizarea fondurilor publice în scopuri politice. De asemenea, donațiile de la companii cu contracte guvernamentale sunt deseori interzise cu scopul de a reduce riscul pentru donații tip quid pro quo și pentru evitarea influenței improprii din partea asociațiilor de interes organizate. Mai mult, uneori, interdicția donațiilor sindicale este folosită pentru a echilibra interdicția donațiilor corporative în sistemele în care unele partidele depind de contactele corporative care pot fi legate de mișcările sindicale.

Controlul pentru claritatea și transparența donațiilor private

Pentru a asigura transparența finanțării partidelor și o mai bună posibilitate de a monitoriza respectarea reglementărilor în domeniul finanțării politice, majoritatea țărilor interzic donațiile anonime. Totuși, unele țări permit ca pentru micile donații anonime să protejeze confidențialitatea donatorilor obișnuiți. Multe țări reglementează, de asemenea, donațiile în numerar și în natură, din cauza dificultăților de urmărire și identificare. Pentru a face acest lucru, multe statecer ca donațiile să fie făcute prin intermediul unui sistem bancar.

Limitări ale donațiilor private

Deși interzicerea donațiilor private în totalitate este excepțional de rară, este foarte frecvent ca țările să stabilească limite pentru suma cu care un donator poate contribui. Limitările donațiilor sunt menite să reducă influența pe care orice donator o poate avea asupra unui partid politic sau candidat și, ulterior, asupra procesului politic în ansamblu. Prin urmare, spre deosebire de interdicții, limitele donațiilor nu vizează în mod necesar anumite tipuri de surse de finanțare. Din acest motiv, se recomandă ca statele să introducă, suplimentar, restricții calitative asupra surselor de finanțare privată a partidelor politice. Acest lucru permite autorităților politice să mențină un anumit control asupra influențelor financiare nedorite, precum sursele ilicite și penale, asigurând independența partidelor politice.

La stabilirea plafoanelor pentru donații, este important să se ia în considerare ce nivel este prea ridicat sau prea scăzut într-un context dat. Dacă o limită este prea mare, acest lucru nu va fi eficient deoarece nu va limita donațiile în practică. În mod similar, lipsa totală a limitărilor permite donatorilor înstăriți să obțină o influență nejustificată asupra campaniei, ceea ce perpetuează un teren de joc inegal, în special pentru femei și grupuri marginalizate, cărora frecvent le lipsesc mijloacele și resursele financiare pentru a duce campanii eficiente împotriva contracandidaților de sex opus, bine situați și cu relațiile necesare. Din acest motiv, căutarea multor donații mici este probabil cea mai acceptată formulă pentru contribuțiile la finanțarea politică, deoarece nu permit ca donatorii mari să obțină o influență excesivă asupra unui partid sau candidat. Cu toate acestea, dacă un plafon este prea mic, donatorii, candidații și partidele politice vor găsi în cele din urmă modalități de evitare a acestuia. O astfel de situație încurajează măsuri extreme pentru strângerea de fonduri, precum crearea unei „economii negre” distructive, care implică forme ilicite de finanțare, cum ar fi spălarea banilor. Ca atare, limitele bine stabilite ale donațiilor ar trebui percepute ca parte integrantă a unei democrații funcționale.

Subvenții publice pentru partidele politice

O abordare complementară pentru reglementarea donațiilor private este alocarea către partidele politice a unei sume provenind din fonduri de stat. Dacă se face corect, alocarea de fonduri publice poate avea un impact pozitiv asupra reglementărilor în domeniul finanțării politice ale unui stat în mai multe moduri. Pentru început, poate garanta faptul că toate entitățile politice relevante au resurse suficiente pentru a ajunge la electorat, ceea ce ar favoriza un pluralism politic mai mare. În această situație, dacă este însoțită de reglementări stricte privind finanțarea privată, finanțarea publică ar putea uniformiza în mod semnificativ terenul politic pentru concurența politică, oferind tuturor accesul la fonduri pentru campanii. În plus, finanțarea publică poate servi drept instrument pentru consolidarea negativă, exercitând presiuni asupra partidelor politice pentru a respecta regulile. O astfel de consolidare negativă ar presupune reținerea fondurilor publice ca o sancțiune în cazul nerespectării reglementărilor privind finanțările politice, cum ar fi neprezentarea rapoartelor financiare periodice. Cu toate acestea, dacă este implementată incorect și lăsată nereglementată, finanțarea publică poate permite partidelor politice să devină prea dependente de stat, încurajând „cartelizarea” și contribuind subsecvent la deconectarea de membrii și la scăderea încrederii alegătorilor.

Având în vedere apetența pentru un astfel de sistem în paralel cu natura limitată a resurselor statului, este imperativ ca guvernele să stabilească ce partide sunt eligibile pentru astfel de fonduri publice. În unele țări, toate partidele înregistrate pot primi finanțare publică. Totuși, acest lucru prezintă riscul ca oamenii să abuzeze de sistem, să creeze partide sau să candideze pur și simplu pentru a obține finanțare de la stat. Din acest motiv, majoritatea țărilor au prevăzut un prag privind sprijinul pe care un partid trebuie să îl obțină pentru a avea acces la finanțarea publică. Lipsa unui prag, precum și existența unui prag foarte scăzutfacilitează eventuale tentative ale cetățenilor de a profita de sistem. În schimb, aplicarea unui prag foarte ridicat poate genera dificultăți noilor entitățu politice în ceea ce privește consolidarea statutului propriu.

Criterii de alocare a subvențiilor publice pentru partidele politice

Pe lângă faptul că se poate stabili care sunt partidele politice eligibile să primească finanțare publică directă, este important să se delimiteze câți bani va primi fiecare partid eligibil. În acest scop, este necesar să se ia în considerare care sunt metodele cele mai eficace pentruîncurajarea pluralismului politic și eficiente în ceea ce privește cheltuielile de stat. Acestea variază în funcție de context. În consecință, criteriile de distribuție a subvențiilor publice joacă un rol esențial în nivelarea condițiilor de joc între partidele politice.

Acordarea aceluiași nivel de finanțare tuturor partidelor, cu un anumit sprijin din partea electoratului, în comparație cu alocarea fondurilor în funcție de popularitatea partidului, este o modalitate de distribuire a fondurilor. Deși acestapoate fi considerat drept cel mai democratic și pozitiv mod în ceea ce privește susținerea pluralismului politic, în același timp poate fi perceput ca nesocotind perspectiva alegătorilor, întrucât oferă același sprijin financiar atât partidelor foarte populare, cât și celor foarte nepopulare. În plus, dacă există multe partide eligibile, va trebui să le fie distribuiți mai mulți bani pentru a asigura aceeași sumă tuturor partidelor. Această abordare nu numai că ar duce la supraîncărcarea cheltuielilor publice, dar ar crește și riscul de fragmentare a sistemului de partide. O divizare a partidelor ar duce, de exemplu la alocarea de fonduri publice suplimentare, în timp ce o fuziune ar însemna că partidele ar primi mai puține fonduri. Din această perspectivă, o astfel de abordare ar fi descurajatoare pentru consolidarea sistemului de partide politice al unei țări.

Prin urmare, o opțiune mai comună este de a aloca integral sau parțial fonduri proporțional cu sprijinul pe care un partid l-a primit la alegeri, de exemplu sub forma procentului de voturi sau locuri sau a numărului de candidați pentru fiecare participare, deși acesta din urmă este un indicator mai slab al nivelului de sprijin / activitate. Această abordare realizează o corelație mai eficientă între sprijinul financiar și popularitatea partidelor și, susbsecvent, dorințele electoratului. Dezavantajul alocării proporționale este însă faptul că cea mai mare parte a banilor publici poate ajunge la partidul de guvernământ, cel care ar avea cel mai puțin nevoie, din moment ce acesta beneficiază deja de cel mai mare sprijin și acces la resurse.

Rambursarea cheltuielilor electorale este o modalitate alternativă de alocare a fondurilor publice. Meritul acestui sistem este că stimulează atât partidele politice, cât și candidații pentru a strânge fonduri din surse private înainte de alegeri, diversificând în același timp sursele de venit și fortificând legăturile sociale cu membrii partidului și susținătorii politici. Cu toate acestea, rambursările electorale pot favoriza, de asemenea, actorii înstăriți,aflați la putere. Din acest motiv, organizații precum Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) și Organizația pentru Securitate și Cooperare din cadrul Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din Europa (OSCE / ODIHR) argumentează împotriva sistemelor pure de rambursare, în finanțarea publică, în special după alegeri (International IDEA, 2014: 34).

Deși regimul de rambursare electorală ar trebui să fie mai liberal decât cel care reglementează subvențiile publice pentru activități obișnuite, pentru a garanta un nivel rezonabil de reprezentare politică, ar trebui să fie suficient de strict astfel încât să poată evita fragmentarea extremă și / sau crearea de partide care răspund doar la interesele lor personale (adică „nave goale”).

Acces gratuit sau subvenționat la media pentru partidele politice

Pe lângă finanțarea directă, guvernele pot oferi, de asemenea, forme indirecte de finanțare publică. Accesul la media este o formă comună de finanțare publică indirectă, deoarece oferă tuturor partidelor politice și candidaților posibilitatea de a avea acces la mass-media, în special în țările care necesită mediatizare TV extrem de costisitoare. Formula de alocare ar trebui să identifice o opțiune echitabilă pentru fiecare partid, luând în considerare „orice alt indicator al sprijinului public”, pentru a asigura un tratament echitabil al guvernului și al opoziției, al partidelor majoritare și minoritare, consacrate și recent înființate. Accesul la media poate fi, de asemenea, utilizat pentru a promova egalitatea de gen și pentru a crește numărul de femei care candidează.

Stimulente fără numerar sau beneficii de stat destinate partidelor politice

Aceste tipuri de beneficii încurajează partidele și candidații să-și diversifice sursele de venituri. Avantajul finanțării publice indirecte, comparativ cu finanțarea directă, este că facilitează reglementarea modului în care sunt utilizate fondurile. Mai mult, tinde să fie mai puțin împovărătoare pentru contribuabili. Acestea fiind spuse, un dezavantaj semnificativ al acestui tip de sprijin este faptul că nu este întotdeauna util pentru a ajuta partidele interesate să ajungă în mod eficient la electorat.

Alocarea fondurilor publice pentru promovarea egalității de gen

Inegalitatea de gen în procesul politic continuă să fie o preocupare majoră în țările din întreaga lume. Depășirea provocărilor inerente pentru atingerea egalității de gen în politică necesită acțiuni pe diverse paliere. Obstacolele financiare, în special, sunt adesea menționate ca fiind un factor major care contribuie la accentuarea inegalității de gen în politică. Femeile tind să aibă mai puțin acces decât bărbații la resursele necesare pentru a fi nominalizate de către partidi sau pentru a participa la alegeri (adică sprijin financiar, rețele influente etc.). Partidele politice tind să nominalizeze bărbații în poziții potențial câștigătoare, astfel încât să poată beneficia de astfel de resurse. Din acest motiv, finanțarea publică pe criterii de gen poate fi văzută ca un mecanism crucial pentru soluționarea dezechilibrelor de gen.

Finanțarea publică pe criterii de gen relevă sisteme în care fie eligibilitatea unui partid politic de a obține parțial sau integral finanțarea publică, sau suma finanțării publice pe care o primește un partid politic eligibil este legată de dispoziții referitoare la egalitatea de gen sau situații în care unde o anumită sumă provenind din surse de finanțare publică este alocată pentru scopuri legate de gen. Fondurile publice alocate inițiativelor referitoare la gen pot fi considerate o „opțiune ușoară” pentru promovarea egalității de gen în politică, deoarece le oferă femeilor resursele necesare pentru a concura în mediul politice.

Limitele de cheltuieli pentru candidați și partide

Principalul scop al plafoanelor de cheltuieli este de a reduce avantajele partidelor politice și ale candidaților cu acces la sume mari de bani, mai degrabă decât să reglementeze influența donatorilor individuali. Astfel, plafoanele de cheltuieli ar trebui stabilite la nivelul potrivit pentru a reduce avantajul celor cu acces la sume mari de bani, fără a împiedica, în același timp, campaniile incluzive și antrenante.

Reglementări privind cumpărarea de voturi

Având în vedere gravitatea cumpărării voturilor pentru funcționarea normală a procesului democratic, multe țări interzic orice formă de mită electorală. Prin urmare, sunt necesare sancțiuni penale pentru prevenirea și pedepsirea acestui tip de încălcare.

Limitele de cheltuieli pentru terți

Lipsa restricțiilor eficiente asupra cheltuielilor terților reprezintă o provocare din ce în ce mai mare privind limitele cheltuielilor. În lipsa unor astfel de restricții, alte limite de cheltuieli vor fi eludate prin redirecționarea cheltuielilor electorale prin comisii și grupuri de interese aparent independente. Campaniile terților sunt adesea percepute ca nefăcând parte din campania partidului. Acestea includ entități religioase, organizații de caritate, persoane fizice sau companii private care realizează campanii pentru partide politice sau candidați, sau desfășoară activități specifice pentru pregătirea alegerilor, necandidând, în schimb, în calitate de partide politice sau candidați. În situațiile în care cheltuielile cu terții pot fi văzute ca o modalitate de a convinge alegătorii să voteze pentru sau împotriva unui partid politic sau a unui anumit tip de candidați, ar trebui să existe reglementări în vigoare pentru atenuarea acestei influențe. În practică, însă, activitățile multor entități private și organizații conexe și impactul lor sunt adesea dificil de măsurat. Definiția campaniei terțelor părți și tipurile de activități politice pe care le cuprinde sunt încă subiecte de dezbatere. Prin urmare, reglementarea sa reprezintă o provocare pentru multe țări.

Frecvența raportării financiare a partidelor politice

Se impune existența unor obligații de raportare pentru a obține transparența cerută în Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), permițând alegătorilor să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când merg la secția de votare. Nu trebuie să uităm că teama de scandaluri și de a pierde sprijinul public poate servi ca o mai bună descurajare a comportamentului necorespunzător decât orice sancțiuni legale. În același timp, raportarea periodică facilitează procesul de monitorizare a respectării reglementprilor de cătrepersoanele responsabile cu aplicarea prevevederilor privind interdicțiile și restricțiile referitoare la donații și cheltuieli . Deși nu există așteptări ca infractorii să admită încălcări în rapoartele lor, obligarea acestora la furnizarea de rapoarte financiare oferă un traseu de „hârtie” care poate ajuta investigațiile ulterioare. De fapt, partidelor politice / candidaților ar trebui să li se solicite să prezinte rapoarte de finanțare a campaniilor autorităților competente în termen de cel mult 30 de zile de la alegeri. Acest lucru este pentru a menține rapoartele cât mai actualizate și pentru a atenua riscurile de alterare sau distrugere. Depunerea informațiilor de bază înainte de începerea unei campanii poate ajuta, de asemenea, la atingerea obiectivelor menționate mai sus. În cazurile în care sunt necesare rapoarte de informare în afara campaniei, acestea ar trebui să fie prezentate cel puțin cu o frecvență anuală pentru a exista o evidență clară a finanțării partidelor.

Transparența finanțării politice

Ca parte a efortului de a sprijini transparența, este recomandat ca rapoartele financiare să fie puse la dispoziția publicului în timp util. Acestea ar trebui să fie ușor de înțeles și prezentate în formate ușor accesibile și să prezinte facilități de căutare, cum ar fi de ex. pe Internet. Cu toate acestea, deși publicarea rapoartelor financiare este crucială pentru a stabili încrederea publicului în funcțiile unui partid, cerințele de raportare trebuie, de asemenea, prezinte un echilibru între publicarea informațiilor necesare și problemele de confidențialitate.

Conținutul rapoartelor privind finanțarea politică

Din motive de transparență, rapoartele ar trebui să conțină suficiente detalii pentru a fi utile și inteligibile pentru publicul larg. În acest context, toate rapoartele de informare ar trebui să fie elaborate pe o bază consolidată pentru a include activități ale partidului de la toate nivelurile.

Rapoartele ar trebui să facă o distincție clară între venituri și cheltuieli și să includă (dacă este cazul) atât finanțarea generală a partidelor, cât și finanțarea pentru campanii. Dezvăluirea identității donatorilor poate fi controversată, în special în unele țări (mai puțin democratice). Din acest motiv, un număr semnificativ de țări (18,9%) cer divulgarea identității donatorilor numai atunci când contribuțiile lor depășesc limita stabilită. Această abordare nu permite țărilor doar să încerce să protejeze identitatea donatorilor mai mici, ci și să limiteze sarcina administrativă a celor cărora li se solicită să prezinte un raport.

Agenții responsabile de supravegherea finanțărilor politice

O aplicare eficientă necesită o instituție publică cu un mandat clar și suficientă independență, resurse și disponibilitatea de aborda problema finanțării politice. Este important ca autoritățile de supraveghere să fie imparțiale și independente de presiunea politică. În unele țări, autoritatea care primește și controlează raportul nu este întotdeauna aceeași.

Mandatul agențiilor de supraveghere

Instituțiile publice responsabile cu aplicarea reglementărilor privind finanțarea politică trebuie să aibă atât mandatul, cât și capacitatea necesară pentru a-și îndeplini rolul în mod eficient - și trebuie să acționeze independent și cu maximă convingere. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să caute să impună sancțiuni stricte pentru cele mai mici încălcări. Colaborarea pozitivă cu partidele politice le va spori acestora înțelegerea privind nevoia de supraveghere financiară și disponibilitatea de a se conforma. Proporționalitatea și impactul asupra pluralismului politic și a procesului democratic ar trebui luate în considerare atunci când se impun orice sancțiuni. Consolidarea instituțiilor ar trebui să urmeze, de asemenea, bunele practici generală de reglementare, cum ar fi transparența, consecvența și responsabilitatea.

Din acest motiv, este esențial să li se acorde puterea de a monitoriza conturile și de a efectua auditări ale rapoartelor financiare transmise de partide și candidați. Auditul ar trebui să fie nediscriminatoriu și obiectiv în aplicarea sa, în toate cazurile. Din aceste motive, este esențial ca autoritățile de supraveghere să aibă:

• un mandat clar și suficient, care nu se suprapune cu cel al altor instituții;
• un proces incluziv și transparent de numire în funcții de conducere care să asigure independența față de presiunile politice și încrederea publicului;
• funcția de conducere asigurată și personal pentru a proteja față de influența externă;
• finanțare și control suficient asupra bugetului instituției; și
• adoptarea unei abordări la nivelul instituției de natură să garanteze că aceasta va acționa în mod imparțial și transparent și va colabora cu comunitatea reglementată pentru a încuraja (acolo unde este posibil) respectarea prevederilor legale și pentru a preveni încălcările

Sancțiuni pentru încălcări ale prevederilor legale privind finanțarea politică

Sancțiunile sunt întotdeauna necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a normelor și pentru a pedepsi pe cei care le încalcă. Acestea ar trebui să varieze de la măsuri financiare, cum ar fi negarea sau reducerea finanțării publice, până la măsuri mai puternice, administrative și penale, precum eliminarea listei electorale a partidului de pe buletinul de vot.

Sancțiunile ar trebui să fie întotdeauna aplicabile, disuasive și proporționale cu natura încălcării. De exemplu, acestea ar putea varia de la un avertisment la o amendă mică (pentru nedepunerea rapoartelor la timp), până la sistarea finanțării publice sau amenzi mai mari (pentru refuzul repetat de a trimite rapoarte, în ciuda avertismentelor). În orice caz, interdicțiile sau dizolvările partidelor ar trebui rezervate încălcărilor excepțional de grave și/sau cazurilor extreme. Sancțiunile nu trebuie să vizeze doar încălcările reglementărilor privind finanțarea partidelor, ci și partidele care nu respectă măsurile legale care vizează asigurarea egalității de gen. Este important să ne amintim că, fără o aplicare corectă, sancțiunile nu au capacitatea de a realiza vreo schimbare pozitivă. Acest lucru subminează întregul sistem politic de reglementare financiară.

Vue d’ensemble

L’Outil de conception du financement politique est conçu pour aider les dirigeants politiques, les décideurs politiques, les responsables de parti politique, les structures de contrôle, les chercheurs, les ONG ainsi que les organisations de surveillance de la société civile à mieux comprendre les réglementations en matière de financement politique telles qu’elles existent partout dans le monde. On ne saurait trop insister sur l’importance d’une réglementation solide dans le domaine du financement politique. C’est en l’absence de législation du financement politique, ou dans un contexte de système financier mal régulé, que la corruption et les pratiques antidémocratiques apparentées ont le plus de chance de se produire. À ce titre, le fondement de tout État démocratique fonctionnel se trouve dans l’affectation équitable et transparente des ressources entre les partis et les candidats politiques permettant de garantir l’intégrité de la participation et de la représentation politiques, ainsi que l’application de règles du jeu équilibrées assurant la juste concurrence politique. Cela signifie que les fonds politiques sont distribués, limités, interdits, régulés et divulgués de façon efficace, en toute connaissance de cause et en conformité avec le contexte général. L’Outil vise donc à renforcer les capacités de l’utilisateur à prendre des décisions de politique éclairées en matière de financement politique, en conformité avec le contexte et les besoins du pays concerné.

L’Outil de conception du financement politique a été élaboré par l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA international) en tant que résultat à atteindre, parmi d’autres, dans le cadre du projet « Level Up: Political Finance with Integrity » soutenu par l’UE. Ce projet a été exécuté par IDEA international en partenariat avec le Centre de formation électorale continue (CCET) en Moldavie, le Forum de la société ouverte (OSF) en Mongolie et Semillas para la Democracia (Semillas) au Paraguay. Les expériences de ces pays ont contribué à informer l’Outil, qui est destiné à aider les pays et les territoires du monde entier à mieux lutter contre la corruption dans le domaine du financement politique.

Explication du fonctionnement de l’Outil

S’appuyant sur les données mondiales comparées qui figurent dans la Base de données du financement politique d’IDEA international, l’Outil de conception du financement politique constitue pour les gouvernements et les décideurs politiques un guide convivial qui permet d’examiner les options de politique possibles dans le domaine du financement politique. Cet Outil se compose de quatre catégories thématiques : « financement privé », « financement public », « limites de dépenses » et « rapports, surveillance et sanctions ». Chaque catégorie couvre un aspect distinct du financement politique et de sa réglementation. En cliquant sur l’un de ces thèmes, l’Outil se déroule pour révéler un certain nombre de grandes problématiques liées au thème en question. L’Outil fournit une « synthèse comparée » de la problématique en présentant les données comparées s’y rapportant et les « options de politique » envisageables pour y répondre. Ces options de politique peuvent concerner soit les candidats, soit les partis politiques. Si vous cliquez sur une région, une statistique ou une option de politique de votre choix, l’Outil vous dirige vers la Base de données du financement politique d’IDEA international pour en savoir plus à ce sujet.

Réglementation des intérêts extérieurs

Les interdictions frappant ce type de don ont pour objet de réglementer les contributions perçues comme pouvant être potentiellement nuisibles au processus démocratique. En particulier, les pays ont tendance à interdire les dons provenant de l’étranger afin d’empêcher toute influence externe et de protéger le principe de l’autodétermination. Dans le but de limiter l’influence que des groupes d’intérêts peuvent avoir sur le financement et de garantir l’indépendance des partis/candidats à l’abri d’intérêts particuliers, certains pays réglementent aussi les dons d’entreprises. Les dons d’instances (semi-)publiques sont généralement interdits afin que l’utilisation de fonds publics à des fins politiques soit évitée. De même, il est fréquent que les dons provenant d’entreprises ayant conclu des marchés publics soient interdits dans le but de réduire le risque de dons de contrepartie et d’éviter l’exercice de toute influence indue de la part d’associations d’intérêt organisées. De plus, il est parfois fait recours à l’interdiction des dons de syndicats pour contrebalancer celle des dons d’entreprises dans les régimes où certains partis dépendent de contacts au sein d’entreprises qui peuvent être liées à des mouvements syndicaux.

Contrôle pour assurer la clarté et la transparence des dons privés

Pour assurer la transparence du financement des partis politiques et une plus grande chance de contrôler le respect de la réglementation en matière de financement politique, la plupart des pays interdisent les dons anonymes. Certains autorisent toutefois les dons anonymes d’un montant modique pour protéger la vie privée de donateurs ordinaires. De nombreux pays réglementent également les dons en espèces et autres dons en nature apparentés en raison des difficultés à en garder la trace et à les identifier. Pour ce faire, de nombreux pays exigent que les dons soient effectués par l’intermédiaire d’un système bancaire.

Restrictions applicables aux dons privés

Bien que l’interdiction catégorique des dons privés soit extrêmement rare, il est très courant que les pays imposent des limites sur le montant des contributions d’un donateur. Les restrictions applicables aux dons sont destinées à réduire l’influence qu’un donateur peut avoir sur un parti ou un candidat politique, et par conséquent sur le processus politique dans son ensemble. Ainsi, contrairement aux interdictions, les limites de dons ne ciblent pas forcément des types d’intérêts particuliers. Pour cette raison, il est recommandé aux États d’introduire d’autres restrictions qualitatives sur les sources de financement privé des partis politiques. Cela permet aux autorités politiques de maintenir un certain degré de contrôle pour se protéger d’influences financières indésirables, comme celles provenant de sources illicites et criminelles, et de garantir ainsi l’indépendance des partis politiques.

Lorsqu’il s’agit de fixer le montant des plafonds de dons, il est important de réfléchir à ce qui constitue un seuil trop élevé ou trop bas en fonction du contexte donné. Si une limite est placée trop haut, elle n’aura pas d’effet puisque, concrètement, elle ne limitera pas les dons. Comme dans les systèmes dépourvus de toutes limites, les donateurs fortunés y voient la possibilité d’exercer une influence indue sur les campagnes électorales, ce qui perpétue les inégalités, au détriment surtout des femmes et des groupes marginalisés, qui n’ont souvent pas les moyens financiers ni les réseaux d’argent pour mener des campagnes efficaces contre des hommes concurrents qui, eux, sont bien établis et bien introduits. Pour cette raison, la formule la plus acceptable de contributions au financement politique consiste sans doute à prôner un grand nombre de dons modiques, car elle empêche les grands donateurs d’exercer toute influence excessive sur un parti ou candidat. À l’inverse, si un plafond est trop bas, les donateurs ainsi que les candidats et les partis politiques finiront toujours par trouver des moyens de s’y soustraire. Cela revient à encourager des mesures de collecte de fonds plus extrêmes, comme la création d’une « économie clandestine » aux effets destructeurs qui a recours à des formes de financement parfois illicites, telles que le blanchiment d’argent. À ce titre, des limites de dons bien établies devraient être considérées comme faisant partie intégrante d’une démocratie efficace.

Subventions publiques versées aux partis politiques

Une approche complémentaire à la réglementation des dons privés consiste à allouer aux partis politiques des fonds publics d’un certain montant. Dès lors qu’il se fait dans les règles, l’octroi de fonds publics peut avoir une influence positive sur la réglementation du financement public de plusieurs façons. Pour commencer, il s’agit là d’un moyen de garantir que toutes les entités politiques concernées disposent de suffisamment de ressources pour atteindre l’électorat, ce qui est propice à un pluralisme politique accru. À cet égard, dès lors qu’il s’accompagne d’une réglementation stricte sur le financement privé, le financement public peut être un facteur important permettant d’assurer des règles du jeu équitables en donnant à tous les concurrents politiques l’accès à des fonds pour faire campagne. Ajoutons que le financement public peut servir d’outil de renforcement négatif, en faisant pression sur les partis politiques pour qu’ils respectent les règles. Ce renforcement négatif consiste à couper les fonds publics à titre de sanctions en cas de non-respect de la réglementation du financement politique, comme la non-présentation de rapports financiers réguliers. En revanche, s’il est mal exécuté et non régulé, le financement public peut amener les partis politiques à devenir trop dépendants de l’État et encourager leur « cartellisation », ce qui à son tour peut contribuer à une déconnexion avec les membres et au recul de la confiance des électeurs.

Compte tenu de leur attrait généralisé et du caractère limité des ressources publiques, il est impératif que l’État discerne les partis admissibles à recevoir ces fonds publics. Dans certains pays, tous les partis enregistrés ont droit à un financement public. Or cela pose le risque que d’aucuns abusent du système, en créant un parti ou se portant candidats pour le simple fait d’obtenir des fonds publics. Pour cette raison, la plupart des pays exigent que, pour avoir droit au financement public, un parti bénéficie d’un certain seuil de soutien. Si ce seuil est très bas, n’importe qui peut abuser du système, ce qui revient à ne pas avoir de seuil du tout. À l’inverse, imposer un seuil très élevé peut être un frein à l’établissement de nouvelles forces politiques.

Critères de répartition des subventions publiques aux partis politiques

En plus de distinguer les partis politiques admissibles à recevoir un financement public direct, il est important de définir le montant qui sera versé à chacun. Pour cela, il est nécessaire de réfléchir aux méthodes qui sont les plus efficaces, c’est-à-dire propices au pluralisme politique, et les plus efficientes en matière de dépenses de fonds publics. Celles-ci varient en fonction du contexte. En conséquence, les critères de répartition des subventions publiques jouent un rôle essentiel dans la garantie d’une égalité de traitement entre les partis politiques.

L’une des méthodes de répartition des fonds consiste à verser le même niveau de financement à tous les partis qui reçoivent un certain soutien de l’électorat au lieu de rationner les fonds en fonction de leur popularité. Bien que cette méthode puisse être jugée être la plus démocratique et la plus propice au pluralisme politique, il n’en reste pas moins qu’elle peut être considérée comme faisant fi de l’opinion des électeurs puisqu’elle apporte le même soutien financier aux partis indépendamment de leur cote de popularité. En outre, plus il y aura de partis admissibles, plus il faudra de l’argent à répartir pour veiller à ce que chacun reçoive le même montant. Cette approche a non seulement pour effet d’infliger des ponctions excessives sur les caisses de l’État, mais elle renforce aussi le risque de fragmentation du système de partis. Ainsi un parti qui se divise entraînerait le décaissement de fonds publics supplémentaires alors que s’ils fusionnent, les partis en question recevraient moins de fonds. À ce titre, cette approche serait un frein à la consolidation du système de partis politiques d’un pays.

Par conséquent, une option plus répandue consiste à affecter tout ou partie des fonds de manière proportionnelle au soutien reçu par chaque parti aux élections, par exemple en fonction des suffrages obtenus ou des sièges remportés, ou du nombre de candidats à se présenter, quoique cette dernière option soit un piètre indicateur du niveau de soutien ou d’activité d’un parti. Cette approche parvient à mieux rapprocher le soutien financier à la popularité des partis et, par conséquent, aux souhaits de l’électorat. L’inconvénient de l’attribution proportionnelle tient cependant au risque que le parti au pouvoir s’arroge la majeure partie des fonds publics, alors qu’en fait c’est peut-être celui qui en a besoin le moins dans la mesure où il dispose déjà du plus grand degré de soutien et du plus grand accès aux ressources.

Le remboursement des dépenses électorales est une autre façon de répartir les fonds publics. Le mérite de cette approche est d’inciter tant les partis politiques que les candidats à lever des fonds en privé avant les élections, tout en diversifiant leurs sources de revenus et en consolidant leurs liens sociaux avec les membres du parti et les partisans politiques. Néanmoins, le remboursement des dépenses électorales peut également favoriser les acteurs nantis et les candidats sortants. Pour cette raison, des organisations telles que la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) se prononcent contre des systèmes de remboursement pur dans le domaine du financement public, surtout après des élections (IDEA international, 2014 : 34).

Même si, pour garantir un niveau raisonnable de représentation politique, il faut que le régime de remboursement des dépenses électorales soit plus libéral que celui régissant les subventions publiques pour les activités ordinaires, celui-ci doit être suffisamment strict pour éviter toute fragmentation extrême et/ou la création de partis dans le but de répondre à des intérêts purement personnels (c.-à-d. des « coques vides »).

Accès gratuit ou subventionné aux médias pour les partis politiques

En plus de financement direct, les pays peuvent aussi fournir des formes indirectes de financement public. L’accès aux médias est une forme courante de financement public indirect, parce qu’il donne à tous les partis et à tous les candidats politiques la possibilité d’accéder aux médias, surtout dans les pays où le coût des annonces publicitaires télévisées est très élevé. La formule de dotation doit rechercher l’équité entre tous les partis en tenant compte de « toute autre indication de soutien public » pour assurer le traitement équitable du parti au pouvoir et de l’opposition, des grands et des petits partis, des partis établis et des nouveaux partis. L’accès aux médias peut aussi servir à promouvoir l’égalité des sexes et à augmenter le nombre des femmes candidates.

Mesures incitatives autres que monétaires ou prestations publiques accordées aux partis politiques

Ces types de prestations encouragent les partis et les candidats à diversifier leurs sources de revenus. L’avantage du financement public indirect par rapport au financement direct tient à la facilité qu’il procure de réglementer la façon dont les fonds sont utilisés. En outre, il a tendance à être moins lourd pour les contribuables. Cela dit, un gros inconvénient de ce type de soutien tient au fait qu’il n’est pas toujours utile pour aider les parties concernées à se connecter efficacement à l’électorat.

Affectation de fonds publics à la promotion de l’égalité des sexes

Les inégalités entre hommes et femmes dans le processus politique demeurent une préoccupation majeure dans les pays du monde entier. Surmonter les difficultés inhérentes à la réalisation de l’égalité des sexes en politique nécessite des actions concrètes dans de nombreux domaines. Les obstacles financiers, en particulier, sont souvent cités comme étant un facteur important qui nuit à l’égalité des sexes en politique. Les femmes ont généralement moins accès que les hommes aux ressources nécessaires pour obtenir l’investiture de leur parti ou se présenter à des élections (c.-à-d. appui financier, réseaux d’influence, etc.). Les partis ont tendance à désigner des hommes dans des circonscriptions où ils ont des chances d’être élus afin qu’ils puissent bénéficier de ces ressources. Pour cette raison, le financement public ciblé en fonction du sexe peut être considéré comme un mécanisme crucial pour remédier à ces déséquilibres entre les sexes.

Le financement public ciblé en fonction du sexe est le signe de systèmes où l’admissibilité d’un parti politique à l’obtention de tout ou partie de son financement public, ou le montant du financement public que reçoit un parti politique admissible, est rattachée à des dispositions relatives à l’égalité des sexes ou prévoyant qu’un certain montant de financement public soit réservé à des fins liées à l’égalité des sexes. L’affectation de fonds publics à des initiatives liées à l’égalité des sexes peut être perçue comme une « option facile » de promotion de l’égalité des sexes en politique, dans la mesure où elle donne aux femmes les ressources nécessaires pour rivaliser au sein du contexte politique.

Limites de dépenses imposées aux candidats et aux partis

Les limites de dépenses ont pour principaux objectifs la réduction des avantages des partis et des candidats politiques ayant accès à des fonds importants, plutôt que le contrôle de l’influence de donateurs individuels. Ainsi, il est nécessaire de fixer au niveau qui convient les limites de dépenses afin de modérer l’avantage de ceux qui ont accès à de grosses sommes d’argent, sans pour autant entraver des campagnes inclusives et attirantes.

Réglementations en matière d’achat de voix

Étant donné la gravité du préjudice de l’achat de voix pour le fonctionnement normal du processus démocratique, beaucoup de pays interdisent toute forme de corruption. Des sanctions pénales sont donc nécessaires pour prévenir et sanctionner ce type de violation.

Limites des dépenses imposées aux tiers

L’absence de restrictions efficaces imposées aux dépenses des tiers ne fait que fragiliser davantage les limites de dépenses. Elle ouvre la voie à d’autres violations aux limites de dépenses en réaffectant des dépenses électorales pour les faire passer par l’intermédiaire de comités et de groupements d’intérêts supposément indépendants. Les activistes tiers sont souvent considérés comme des activistes non affiliés à un parti. On compte parmi eux des organisations religieuses, des œuvres de bienfaisance, des particuliers ou des entreprises privées. Ceux-ci militent en faveur de partis politiques, de candidats ou d’enjeux spécifiques à l’approche d’élections sans pour autant se présenter comme partis ou candidats politiques. Dans les cas où les dépenses de tiers peuvent être perçues comme un moyen de convaincre les électeurs de voter pour ou contre un parti politique ou un certain type de candidats, une réglementation doit être en place afin d’atténuer cette influence. Toutefois, dans la pratique, il est souvent difficile de mesurer les activités d’un grand nombre d’entités privées et d’organisations connexes et les impacts qu’elles peuvent avoir. La définition de l’activisme de tiers et des types d’activités politiques qu’il englobe est toujours matière à débat. Sa réglementation reste donc difficile dans de nombreux pays.

Régularité de la communication des rapports financiers des partis politiques

Le respect des principes de transparence auxquels appelle la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) implique forcément des obligations de déclaration, sous une forme ou une autre, afin de permettre aux électeurs de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils vont voter. Il est bon de rappeler que la crainte de scandales et de la perte du soutien du public peut avoir plus d’effet dissuasif que n’importe quelle sanction juridique. Pour autant, la communication régulière de rapports facilite le travail de ceux qui sont chargés de faire appliquer les interdictions et les limites en matière de dons et de dépenses pour vérifier le respect de ces règles. S’il ne faut pas s’attendre à ce que les contrevenants admettent avoir commis des violations dans leurs déclarations, les obliger à présenter des comptes financiers fournit une trace documentaire qui pourra être utile lors d’enquêtes ultérieures. À ce titre, il y aurait lieu d’obliger les partis et les candidats politiques à présenter aux autorités compétentes leurs rapports de financement de leurs campagnes au plus tard 30 jours après les élections. Cela permettrait de garder les rapports le plus à jour possible et d’atténuer les risques d’altération ou de destruction de pièces. Le dépôt de renseignements de base avant le début d’une campagne pourrait également contribuer à l’atteinte des objectifs susvisés. Dans les cas où des rapports d’activité sont exigés en période hors campagne, ceux-ci doivent être présentés au moins une fois par an afin qu’un compte exact des finances du parti puisse être établi.

Transparence en matière de financement politique

Pour contribuer aux efforts de transparence, il serait souhaitable que les rapports financiers soient mis à la disposition du public en temps opportun. Ceux-ci doivent être faciles à comprendre et présentés sous des formats aisément accessibles et faciles à consulter, par exemple sur Internet. Si la publication des rapports financiers est cruciale pour l’instauration de la confiance du public dans les fonctions d’un parti, il n’en demeure pas moins que les obligations de déclaration doivent aussi trouver le juste équilibre entre la nécessaire divulgation et la protection de la vie privée.

Exhaustivité des rapports de financement politique

Dans un souci de transparence, les rapports doivent contenir suffisamment de précisions pour être utiles et compréhensibles par le grand public. À ce titre, tous les rapports d’activité doivent être produits sur une base consolidée afin que tous les niveaux d’activités du parti y soient inclus.

Les rapports doivent faire clairement la distinction entre les recettes et les dépenses et inclure (le cas échéant) à la fois les finances générales du parti et les finances électorales. La révélation de l’identité des donateurs peut être sujette à controverse, surtout dans certains pays (moins démocratiques). Pour cette raison, un nombre important de pays (18,9 %) n’exigent la divulgation de l’identité des donateurs que lorsque leurs contributions dépassent la limite prescrite. Grâce à cette approche, les pays peuvent non seulement essayer de protéger l’identité des petits donateurs, mais aussi limiter les formalités administratives de ceux qui sont tenus d’en rendre compte.

Organes chargés du contrôle du financement politique

L’application efficace des règles nécessite une instance publique dotée d’un mandat clair et de suffisamment d’indépendance, de ressources et de bonne volonté lui permettant de s’intéresser aux questions du financement politique. Il est essentiel que les structures de contrôle soient des instances impartiales et indépendantes de toute pression politique. Dans certains pays, l’instance qui reçoit les rapports et celle qui les contrôle ne sont pas toujours les mêmes.

Mandat des structures de contrôle

Les instances publiques chargées de l’application de la réglementation du financement politique doivent avoir à la fois le mandat et la capacité nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions ; elles doivent agir de façon indépendante et avec conviction. Cela ne veut pas dire pour autant qu’elles doivent chercher à imposer des sanctions strictes pour la moindre des violations. Des échanges positifs avec les acteurs politiques auront pour effet de mieux leur faire comprendre la nécessité du contrôle financier et de renforcer leur propension à s’y plier. L’imposition de toute sanction doit se faire après que la question de la proportionnalité et de l’impact sur le pluralisme politique et le processus démocratique ait été dûment prise en compte. Les instances de mise en application doivent également respecter les bonnes pratiques réglementaires, notamment en matière de transparence, de cohérence et de redevabilité.

Pour cette raison, il est essentiel qu’elles aient le pouvoir de surveiller les comptes et de procéder à des vérifications des rapports financiers que leur soumettent les partis et les candidats. Dans tous les cas, ces contrôles doivent être non discriminatoires et d’application objective. Pour toutes ces raisons, il est essentiel que les structures de contrôle présentent les caractéristiques suivantes :

• un mandat clair et suffisant qui n’empiète pas sur celui d’autres institutions ;
• un processus inclusif et transparent de nomination des dirigeants, qui en garantit l’indépendance à l’abri des pressions politiques et assure la confiance du public ;
• un mandat ferme pour les dirigeants et le personnel, pour les protéger contre toute influence indue ;
• une institution dotée d’un niveau suffisant de financement et de maîtrise du budget ; et
• l’adoption d’une attitude résolue au sein de l’institution à agir de manière impartiale et transparente et à échanger avec la communauté réglementée (dans la mesure du possible), afin d’encourager la conformité et de prévenir les violations.

Sanctions en cas de violations en matière de financement politique

Des sanctions sont toujours nécessaires pour assurer l’application efficace de règles et punir les contrevenants. Elles doivent couvrir un éventail partant de mesures financières, telles que le refus ou la réduction du financement public, jusqu’à des mesures administratives et pénales plus fortes, telles que la radiation du parti sur la liste électorale lors du scrutin.

Les sanctions doivent toujours être exécutoires, dissuasives et proportionnées à la nature de la violation. Elles peuvent par exemple s’échelonner depuis un avertissement à une amende minime (pour la non-présentation des rapports en temps voulu) jusqu’à la retenue de fonds publics ou l’imposition d’amendes plus lourdes (pour le refus continu de présenter des rapports en dépit de rappels). En tout état de cause, il y a lieu de réserver les interdictions ou dissolutions de partis à des violations exceptionnellement graves et/ou à des cas extrêmes. Loin de se contenter de cibler les violations de la réglementation concernant le financement des partis, les sanctions doivent cibler aussi les partis qui enfreignent les mesures légales visant à assurer l’égalité des sexes. Il est important de se rappeler que si elles ne sont pas correctement appliquées, les sanctions seront privées des moyens de réaliser le moindre changement positif. Et c’est le système entier de la réglementation du financement politique qui en pâtira.