Colombia tiene una historia marcada por grandes batallas, innumerables aflicciones y por el estridente deseo del pueblo colombiano por lograr una paz estable y duradera. Es lamentable ser testigo de cómo, a pesar de los esfuerzos, no se ha logrado alcanzar con éxito dicho propósito que mueve a los oriundos de una tierra mística, que respira democracia, inundada de diversidad y de riquezas naturales, rodeada de mar, y rebasada de gente pujante y optimista.
Desde hace cuatro años el gobierno de la República de Colombia, emprendió una vez más la tarea de negociar los acuerdos de paz con el principal grupo subversivo en este país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta tarea no es nueva en el contexto político colombiano, por el contrario, es precedida por otros tres intentos fallidos de negociación de la paz, el primero de ellos llevado en cabeza de Belisario Betancourt en 1984, el segundo de la mano de César Gaviria en 1991, y el tercero acompañado por Andrés Pastrana en 1999. Cabe resaltar que todos y cada de uno de estos esfuerzos por alcanzar una paz estable y duradera fueron apoyados por el pueblo colombiano, sin necesidad de acudir a la figura del plebiscito para legitimar las decisiones que se estaban tomando en torno a este tema de incidencia nacional.
¿De dónde viene todo esto?
Como bien relata la referencia histórica, el 9 de abril de 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desata en Colombia un combate entre los militantes liberales y conservadores que se encontraban en aquel entonces en el gobierno. Dicho combate finalizó con una amnistía en 1953, y con el Frente Nacional en 1957, el cual puso un alto a la violencia con base en un acuerdo para la alternancia en el poder.
Sin embargo, con miras a luchar por una reforma agraria, campesinos liberales se organizaron en territorios bajo influencia comunista, también conocidos como repúblicas independientes, y que el Estado se propuso recuperar en 1964 mediante el uso de la fuerza. Al mando de Manuel Marulanda Vélez, también conocido como ‘Tirofijo’, cerca de 50 campesinos sobrevivientes a embate del Estado, formaron las FARC, asumiendo como fecha fundacional el 27 de mayo de 1964.
Las FARC se iniciaron como una guerrilla de autodefensa que asumió la bandera de la lucha radical agraria, y que posteriormente incorporaron el discurso marxista-leninista. Durante su etapa de gestación y desarrollo, las FARC se alimentaron de las inequidades socio-económicas y del sector más frágil de la sociedad colombiana, ganando adeptos y aumentado el número de sus combatientes. Esto, sumado a su documentada relación con el tráfico ilícito de drogas, hizo de las FARC un fuerte contrincante para el gobierno, y actor nocivo para la sociedad colombiana.
Durante los años 90, la retaliación de las FARC contra el pueblo colombiano sobrepasó todos los niveles, y sus acciones estuvieron enmarcadas en un esquema de guerra que incluyó ataques a poblados, bases militares y cuarteles de la policía. También recurrieron a secuestros y a la toma de ciudades, como es el caso de la toma en 1998 de Mitú, en el Amazonas y, en el 2002, de la masacre de Bojayá.
Del otro lado de la moneda, el gobierno colombiano tuvo siempre respuestas proporcionales a los ataques de las FARC, las cuales fueron siempre foco de críticas por tener un efecto negativo en la población civil y en las relaciones con los vecinos fronterizos, particularmente con Ecuador y Venezuela. Todo lo anterior tomó fuerza a partir de la consolidación del Plan Colombia, lanzado en el año 2000, con un presupuesto de diez millones de dólares, como un esfuerzo conjunto entre Colombia y los Estados Unidos por contrarrestar los efectos del narcotráfico y avanzar en la lucha contra la guerrilla.
Es así que con el robustecimiento de la Fuerza Armada Colombiana y el desmembramiento, y posterior debilitamiento, de la élite de las FARC durante operativos del gobierno entre el 2008-2010, se logra la coyuntura para intentar nuevamente un proceso de negociación de la Paz.
¿Qué se buscaba alcanzar con el proceso de negociación?
Este proceso de negociación, desarrollado en gran parte en La Habana, y que a lo largo de su desenvolvimiento ha contado con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), así como de varios Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y de otras latitudes, arrojó como resultado un texto que buscaba legislar definitivamente sobre:
- El fin del conflicto con las FARC – el cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas
- Justicia para las víctimas – sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición
- El problema de las drogas ilícitas
- Mejores oportunidades para el campo – desarrollo rural integral
- Apertura Democrática y más participación
Los acuerdos finales que de manera física se redactaron en 297 páginas, tenían en su espíritu lograr la paz a través de beneficios para todos los colombianos. Sin embargo, a la vista del ciudadano ordinario, luego de leer los textos y, considerando los antecedentes criminales de los militantes de las FARC, queda la sensación de que los beneficios más notorios y a más corto plazo son para los militantes de las FARC, y pone en evidencia unas cargas socio-económicas para Colombia que no tienen claro sustento en el presupuesto nacional.
A título de ejemplo, los artículos 66, 67 y 68 de los acuerdos de paz, establecen que cada integrante del grupo guerrillero en proceso de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de pesos (aproximadamente USD$ 3.000), que podrá destinar a la compra de una vivienda, a establecer un negocio o para sostenerse mientras emprende proyectos productivos colectivos asignados por el gobierno. También se establece que "Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV (cerca de USD$ 250), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos".
Además de la carga económica que esto representa, está el hecho de que con base en la Constitución Nacional y los preceptos del Derecho Internacional Humanitario; partiendo de la base del cese de hostilidades, se podrá aplicar la figura de la amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos, excluyendo a aquellos que los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad”.
En contraposición a la fuerte oposición que el Presidente Santos y la Comisión Negociadora de los acuerdos tuvieron que enfrentar, se encontraban las voces de otros varios millones de colombianos, junto con la comunidad internacional que acompañaba este proceso, que más que fijarse en la letra menuda de los acuerdos, apoyaban los acuerdos como el inicio de un proceso de consolidación de la paz. Millones de colombianos sostenían la convicción de que la firma de los acuerdos era un paso incipiente hacia el logro de una paz estable y duradera, que permitiría que la zozobra y el sufrimiento de las zonas más afectadas por el conflicto pudieran finalmente tomar un respiro.
Fue con este objetivo en mente que el 27 de septiembre de 2016, en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo la simbólica ceremonia de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Fue un evento sin precedentes y que llenó de esperanza los corazones de muchos colombianos, y generó inconformismo entre otros muchos, lo cual se vería reflejado una semana después, durante el plebiscito programado para conseguir el aval del pueblo colombiano para los acuerdos de paz.
¿Qué hay pasó con el plebiscito del 2 de octubre?
Colombia es un país plenamente democrático, con procesos y con instituciones fuertes. Esto en gran medida garantiza la participación del pueblo colombiano en la toma de decisiones políticas. Es con este espíritu que se anuncia que el 2 de octubre, luego de la firma simbólica de los acuerdos, se llevaría a cabo un plebiscito en el cual los colombianos debían responder la simple pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”, a lo cual se respondería “Si” o “No”.
Las campañas desplegadas por el “Si” y por el “No” estuvieron presentes en todos los medios, y era el tema de conversación habitual en el país, lo cual generó una marcada polarización entre un número importante de colombianos. Esto se suma a las grandes cicatrices que son evidentes por la violenta historia que precede, por lo que no resulta sorprendente que 6.5 millones de colombianos no hayan apoyado los acuerdos de Paz propuestos por el gobierno.
Por las razones que sean, incluyendo el azote del huracán Matthew en la costa norte del país, el pueblo Colombiano votó “NO” en el plebiscito, dejando a Colombia en un limbo que, como bien describe el Presidente Santos, es muy peligroso y presenta grandes riesgos para la estabilidad del país a todo nivel, incluyendo el nivel de confianza de la inversión extranjera y el sostenimiento de las relaciones internacionales del país.
Ahora, cabe resaltar que de 46 millones colombianos, ni siquiera el 14 por ciento se acercó a las urnas a ejercer su derecho y deber de votar. Eso significa que la decisión estuvo en manos de una marcada minoría, que en realidad no estaban en contra de la paz, sino en contra de la calidad de los acuerdos de paz y de su aparente tendencia a beneficiar más a unos que a otros.
En la línea base, y lo que se debe considerar, es que en un proceso que ha abatido a tantos ciudadanos, y que sigue afectando a las comunidades más vulnerables de Colombia, lo que marca el ritmo de los resultados es la pregunta sobre ¿cuál es el precio que se está dispuesto a pagar para alcanzar una paz estable y duradera? Y el verdadero escollo es que ese precio varía considerablemente dependiendo de las condiciones socio-económicas de cada colombiano, de los efectos directos que tenga el conflicto sobre una comunidad y, sobretodo, las ponderaciones individualistas sobre los beneficios que se espera recibir.
¿Qué pasa ahora?
Las grandes preocupaciones ahora radican en que Colombia está inmersa en un limbo que puede llegar a ser peligro y que puede traer nuevamente grandes enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos subversivos, incluyendo las FARC, quienes ya habían expresado en un tono poco negociador que, de no obtener el “SI” en el plebiscito, se podrían desatar lo que ellos denominan como “guerras urbanas.” Esto está todavía latente en el panorama nacional, en la medida en que el cese al fuego bilateral está vigente únicamente hasta el 31 de octubre del 2016, si no se llegan a nuevos acuerdos. ¿Qué debemos esperar después? Está por verse.
En este momento, el tono de negociación es medianamente positivo y se respiran todavía aires de conciliación, mezclados con incertidumbre. Esfuerzos de concertación, en ocasiones fallidos, y reuniones entre proponentes y opositores serán claves para definir lo que viene en los próximos días, y ver qué será lo que se establece para el futuro de la paz en Colombia.
La comunidad internacional continua apoyando el proceso de paz en Colombia, y un fuerte espaldarazo es el otorgamiento del Premio Nobel a la Paz al Presidente Juan Manuel Santos. Esta condecoración, debe recibirse como un aliciente a un proceso que aún no termina y que, sin lugar a dudas, acentúa la responsabilidad del máximo dirigente colombiano al liderar los próximos pasos. También, debe ser un reconocimiento y un llamado al pueblo colombiano que, de una u otra manera ha acompañado el proceso, para que verdaderamente se comprometa, se eduque y participe activamente en el fortalecimiento de Colombia. Esto hace eco a los comentarios del Comité del Premio Nobel, quienes acertadamente sostienen que “este premio es también un tributo al pueblo colombiano, quienes (…) no han perdido la esperanza de alcanzar una paz justa…"
En estas líneas, resulta imprescindible resaltar la falta de interés del pueblo colombiano por levantarse y hacerse escuchar, lo cual se evidencia en el 13 por ciento de colombianos que se acercaron a las urnas a ejercer su derecho y deber como ciudadanos en una democracia participativa. Este no es un fenómeno exclusivamente de la realidad colombiana, pero es un fenómeno que debería transformarse sustancialmente considerando la importancia de la decisión para la que se convoca a la ciudadanía.
Es evidente que la crisis de representatividad, sumado a tantos años de escepticismo político, de corrupción y de desconexión entre el discurso y la realidad por parte de las denominadas élites políticas, han generado una población inerte, desinteresada y etérea, incapaz de dar la lucha por los valores y principio que los hacen colombianos. Esto, a la luz de lo que está ocurriendo actualmente alrededor del tema de la paz, es muy delicado y se consolida como un verdadero reto para avanzar en un proceso en el que todos deberíamos apuntar en una misma dirección.
El problema no es lo que se decide, sino cómo se decide. Es por esto que es vital hacer un llamado al 87 por ciento de los colombianos que no votaron, por las razones que se estimen, para que tomen conciencia de la importancia de ejercer el derecho y cumplir con el deber de votar. Ese es el compromiso y la obligación que se tiene para lograr una mejor Colombia y para dar paso a una verdadera paz, estable y duradera.
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