Redes sociales, transición del poder, y financiación de las campañas en las elecciones argentinas 2019
El pasado 11 de marzo, en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo el Seminario sobre las elecciones argentinas 2019. El evento estuvo organizado por La Cámara Nacional Electoral, el Wilson Center, The Annenberg Foundation, CARI e IDEA Internacional, quien estuvo representada por su Director Regional, Dr Daniel Zovatto.
This article is available in English.
En el seminario participaron los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Dr Alberto Dalla Via y Dr Santiago Corcuera; el Presidente de la Fundación Annenberg, Embajador David Lane; La Directora del Programa para América Latina del Wilson Center, Dra Cynthia Arnson; el Magistrado del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, en calidad de invitado principal; destacados políticos y legisladores; representantes de las plataformas sociales Twitter, Facebook y Google, de la sociedad civil así como de centros de investigación especializados en la materia.
El programa abordó el análisis de tres cuestiones principales:
- Uso responsable de las redes sociales durante las campañas electorales;
- Transición ordenada del Poder; y
- Mejores prácticas internacionales en la financiación de las campañas.
Este último tema fue abordado por Julia Pomares y Carolina Tchintian de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y por Daniel Zovatto de IDEA Internacional.
Durante su presentación, el Director Regional de IDEA Internacional señaló que el sistema de financiamiento político argentino adolece de serias limitaciones. Se caracteriza por un alto grado de incumplimiento y de opacidad, la gran mayoría de los informes financieros que presentan los partidos a la Justicia Electoral no reflejan la realidad de lo gastado, y los mecanismos de control y las sanciones son lentos y débiles.
A juicio de Zovatto, estas carencias del sistema de financiamiento político demandan con urgencia una reforma profunda de las actuales reglas de juego, subrayado que hace falta una reforma de fondo e integral y no una simple colección de parches. Una reforma que sea resultado de un acucioso debate parlamentario y que cuente con un amplio consenso para que la misma tenga rigurosidad técnica y legitimidad política.
No demonizar el dinero, pero regularlo
Para el Director Regional, la democracia no tiene precio pero sí tiene un costo de funcionamiento, y por ello el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia político-electoral. De ahí la importancia de no demonizar al dinero pero sí regularlo adecuadamente para evitar que produzca graves distorsiones en el sistema democrático: entre ellos, la captura del Estado, corrupción, conflictos de intereses así como la penetración del crimen organizado. La experiencia demuestra que Argentina es vulnerable a todos estos peligros.
Para Zovatto, la sucesión de los graves escándalos que han tenido lugar recientemente en Argentina, ha tenido una consecuencia positiva: generó un sentimiento de “así no va más” unido a un importante nivel de consenso, tanto en el ámbito político como en el empresarial y en el de la sociedad civil, en torno a dos cuestiones: uno, los riesgos de ir a las próximas elecciones con las deficientes reglas actuales; y dos, el contenido mínimo que debería abarcar la reforma.
El corazón de la reforma
A juicio del Director Regional, la reforma debería tener como norte sincerar el sistema y blanquear el verdadero costo de las elecciones.
El corazón de la misma debería regular las siguientes diez cuestiones:
- Bancarizar los aportes para reducir al máximo las donaciones en efectivo y favorecer su trazabilidad;
- Mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral, regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto;
- Sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios;
- Permitir a las empresas hacer aportes a las campañas, pero estableciendo un tope máximo del 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido acompañado de claros límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas para evitar potenciales conflictos de intereses;
- Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas para combatir los altos niveles de opacidad actuales;
- Implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real;
- Poner en marcha un registro de proveedores en línea;
- Incluir la regulación de las redes sociales junto a los medios de comunicación tradicionales;
- Fortalecer la Justicia Electoral (aumentando el número de auditores de la Cámara Nacional Electoral y el flujo de información proveniente de diversas fuentes; y
- Endurecer el régimen de sanciones, incluyendo a los candidatos entre los sujetos responsables por los incumplimientos.
A juicio de Zovatto, si Argentina desea dar un salto cualitativo en materia de financiamiento político, la reforma debería apuntar a tres objetivos estratégicos adicionales. Uno, contribuir a fortalecer, institucionalizar y modernizar el sistema de partidos políticos. Dos, abrir la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional, ya que únicamente una pequeña minoría de los 24 distritos cuentan con un régimen de financiamiento político. Tres, garantizar no solo la integridad de los procesos electorales, sino también la del sistema político en su conjunto. Para ello es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral, en otras palabras, la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “ecosistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, junto a normas de compliance del sector privado.
En la parte final de su exposición, el Director Regional señaló que una reforma con estas características, además de estar alineada con las principales tendencias vigentes tanto a nivel global como regional, representaría para Argentina no solo un importante avance, sino que también ayudaría a transparentar y sincerar el actual régimen de financiamiento político, reduciendo la enorme brecha que existe actualmente entre la dimensión normativa y la realidad. Y contribuiría, asimismo, a fomentar una nueva cultura política, comprometida con el respeto de las reglas del financiamiento político para, de este modo, complementar las buenas normas con buenas prácticas.
