Dinero y política en Argentina: Hacen falta mejores normas pero también buenas prácticas

El financiamiento político (de partidos y campañas electorales) es clave para la calidad de la democracia y la integridad de las elecciones. La democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. Por ello, el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia política-electoral. Pero el dinero es una espada de doble filo: es necesario, pero también es problemático. Para decirlo de manera directa: no hay política sin dinero, pero el dinero sin una regulación adecuada suele producir graves distorsiones en el sistema democrático: en especial, la captura del Estado, graves conflictos de intereses y la penetración del crimen organizado.

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El desafío por tanto es claro, pero al mismo tiempo mayúsculo: el sistema democrático debe contar con los marcos jurídicos y las instituciones adecuadas que le permitan ejercer un control efectivo del dinero tanto en el sistema político como en el electoral. Como bien expresa Adam Przeworski que calidad democrática es evitar que el dinero controle a la política.

Por todo ello, el debate sobre el dinero y la política está en el centro de la agenda política en un importante número de países, y en este sentido Argentina no es una excepción.

El régimen actual y las propuestas de reformas

A lo largo de las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 2000 en adelante, Argentina se dotó de un sistema de financiamiento político, que ha sido fruto de varias reformas. El régimen actual, , sin perjuicio de ciertas virtudes, adolece de una serie de debilidades que aconsejan su puesta al día de previo a las elecciones generales del 2019.

En un seminario organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (celebrado en Buenos Aires, el pasado 27 de febrero), el gobierno propuso una serie de modificaciones dirigidas a mejorar el marco regulatorio vigente sobre la materia.

IDEA Internacional –quien viene brindando cooperación técnica a dicho Ministerio en esta temática desde 2017- fue invitada a participar (junto a la OCDE y representantes de las principales organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema), para compartir su experiencia comparada (buenas prácticas, tendencias, manuales y bases de datos) sobre esta cuestión.

Hay que darle la bienvenida a esta iniciativa del oficialismo. La coyuntura para debatir es propicia por dos razones: 1) los temas de alta sensibilidad política hay que discutirlos en años no electorales; y 2), existe un importante nivel de consenso (tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil) en relación con un buen número de propuestas que, de ser aprobadas, perfeccionarían el régimen vigente. Entre ellas, cabe mencionar por su importancia las siguientes: 1) mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral (nivelar la cancha), regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto;  2) sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; 3) incrementar la transparencia y la rendición de cuentas; 4) implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real; 5) poner en marcha un registro de proveedores en línea; 6) bancarizar los aportes para favorecer su trazabilidad; y 7) fortalecer los órganos de control y el régimen de sanciones. Respecto de este último punto, es importante no solo aumentar el número de auditores de la Camara Nacional Electoral sino también garantizar un adecuado suministro de información de parte de PROCELAC, UIF, AFIP, OA, IGJ, ANSES a la justicia electoral.

Existen, asimismo, varias otras cuestiones sobre las cuales no hay el mismo nivel de consenso: entre ellas, si los sindicatos y las empresas podrían hacer aportes a las campañas electorales. Respecto de las empresas, el gobierno está a favor de permitir que éstas puedan hacerlo, pero con un tope del 3% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Coincido con esta propuesta, pero estableciendo claros límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas para evitar potenciales conflictos de intereses, y con topes precisos y razonables. Respecto del tema de los aportes de lo sindicatos, la cuestión si bien es mucho más compleja que la anterior (por las características especiales del sindicalismo en la Argentina) amerita igualmente ser analizada con mucha atención.

Mi opinión

Una reforma con estas características, además de estar alienada con las principales tendencias actualmente vigentes en relación con este material, tanto a nivel global como regional, representaría no solo un importante avance, sino que también contribuiría a transparentar y sincerar el régimen de financiamiento político argentino, reduciendo la enorme brecha que actualmente existe entre la dimensión normativa y la realidad.

Pero si de verdad Argentina desea dar un salto cualitativo en esta materia, la reforma del sistema del financiamiento político debería apuntar a otros cuatro objetivos estratégicos.

Uno, contribuir a fortalecer, institucionalizar y modernizar el muy débil y altamente fragmentado sistema de partidos políticos, causa principal de muchos de los problemas que hoy afectan a la democracia argentina y repercuten de manera negativa en la calidad de la misma.

Dos, lograr avanzar simultáneamente tanto a nivel nacional como provincial, abriendo la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional o bien promoviendo que éstas adopten sus propias legislaciones sobre la materia (debido a que únicamente 5 de los 24 distritos cuentan con un régimen de financiamiento político).

Tres, garantizar no solo la integridad de los procesos electorales sino también la del sistema político en su conjunto, ya que como la experiencia comparada lo demuestra, las regulaciones sobre financiamiento político son insuficientes y pocos efectivas si existen de manera aislada. Para ello es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral. En efecto, la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “eco-sistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencia y los conflictos de interés, junto a normas de “compliance” del sector privado. En otras palabras, es preciso contar con un enfoque holístico, una alianza público-privada que involucre no solo al sector publico sino también al privado. Si queremos tener éxito en esta compleja cuestión, ambas manos, la que recibe, pero igualmente la que da, deben trabajar de manera articulada.

Y cuatro, fomentar una cultura (tanto de parte de los políticos, como de los empresarios y de la ciudadanía en general) fuertemente comprometida con el respeto de las reglas del financiamiento político, para complementar las buenas normas con buenas prácticas.

Un resumen de video de la charla se puede encontrar en este enlace.